Ayuda militar al poder civil: Fortalecimiento de la seguridad nacional y el orden público

Por Fouad Sabry

¿Qué es la ayuda militar al poder civil?

La Ayuda al Poder Civil (ACP) o Ayuda Militar al Poder Civil (MACP) es el uso de las fuerzas armadas en apoyo a las autoridades civiles de un estado. Los diferentes países tienen diferentes políticas con respecto a la relación entre sus autoridades militares y civiles.

¿Cómo te beneficiarás?

(I) Insights y validaciones sobre los siguientes temas:

Capítulo 1: Ayuda militar al poder civil

Capítulo 2: Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia

Capítulo 3: Fuerzas Armadas de Malasia

Capítulo 4: Fuerzas Armadas de Nigeria

Capítulo 5: Ley Posse Comitatus

Capítulo 6: Ayuda militar a la comunidad civil

Capítulo 7: Comandante en jefe

Capítulo 8: Policía militar

Capítulo 9: Mariscal del cielo

Capítulo 10: Fuerzas de Defensa (Irlanda)

(II) Responder a las principales preguntas del público sobre la ayuda militar al poder civil.

para quien es este libro

Profesionales, estudiantes de pregrado y posgrado, entusiastas, aficionados y quienes quieran ir más allá del conocimiento o información básica para cualquier tipo de Ayuda Militar al Poder Civil.

• Idioma: Español
• Editorial: Mil Millones De Conocimientos [Spanish]
• Fecha de lanzamiento: 19 jun 2024

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Capítulo 1: Ayuda militar al poder civil

Con el fin de prestar asistencia a las autoridades civiles de un Estado, el uso de las fuerzas armadas se denomina ayuda al poder civil (ACP) o ayuda militar al poder civil (MACP). Las diferentes naciones tienen diferentes políticas que abordan la interacción entre sus fuerzas armadas y la autoridad civil en sus propios países.

En el caso de que se cumplan condiciones específicas, se puede solicitar a la Fuerza de Defensa Australiana que brinde asistencia con la aplicación de la ley. La responsabilidad primordial del mantenimiento de la paz y el orden recae en la policía civil del Estado o territorio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución de Australia, el Commonwealth protegerá a todos los Estados contra la invasión y, a petición del Gobierno Ejecutivo del Estado, contra la violencia doméstica. Una explicación adicional de esto puede encontrarse en el artículo 51 de la Ley de defensa, que establece que:

En el caso de que el Gobernador de un estado haya declarado que la violencia doméstica está presente en ese estado, el Gobernador General, a petición del Gobierno Ejecutivo de ese estado, tiene la autoridad para emitir una proclamación en la que se declare que la violencia doméstica está presente en ese estado. El Gobernador General también puede llamar a las Fuerzas Permanentes, y en el caso de que su número sea insuficiente, también puede llamar a las Fuerzas de Emergencia y a las Fuerzas de Reserva que sean necesarias para la protección de ese Estado. Los servicios de las Fuerzas Armadas que han sido llamados pueden utilizarse de acuerdo con las necesidades del Estado para protegerlo de la violencia doméstica.

En respuesta a las solicitudes de las administraciones estatales o territoriales, se ha desplegado personal militar en dos ocasiones distintas. Además, se ha autorizado el despliegue en otra ocasión, aunque no era obligatorio:

Con la firma de una orden del consejo en septiembre de 1970, el gobernador general autorizó el despliegue del ejército en la provincia de Nueva Bretaña Oriental de Papúa Nueva Guinea, que era un territorio de Australia en ese momento, con el fin de proporcionar asistencia a la policía local en caso de que se requirieran medidas de control de disturbios. En abril de 1971, la orden fue declarada nula porque el ejército no era necesario.

A raíz del atentado con bomba en el Sydney Hilton en febrero de 1978, un total de dos mil soldados armados fueron enviados a Bowral y Mittagong con el fin de salvaguardar la Reunión Regional de Jefes de Gobierno de la Commonwealth, así como las conexiones por carretera y ferrocarril que conectaban Sydney con las Tierras Altas del Sur.

En marzo de 2002, pocos meses después de los hechos terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2002, 2.400 soldados militares fueron desplegados para defender la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth que se celebró en Coolum Beach, Queensland. Esto incluía F/A-18 Hornets armados que patrullaban por encima.

Además, las regulaciones que rigen a las fuerzas armadas en Australia permiten al gobierno federal emplear tropas armadas por iniciativa propia, para la protección de sus sirvientes o propiedades, o para salvaguardar sus intereses. Este acto se ha llevado a cabo en tres ocasiones:

Los aviones de reconocimiento RF-111C fueron utilizados en abril de 1983 con el propósito de llevar a cabo una investigación sobre las actividades de construcción llevadas a cabo por el gobierno de Tasmania, que estaba en proceso de prepararse para represar el río Gordon en violación de la ley federal. El Tribunal Superior de Australia emitió una orden judicial contra el trabajo basándose en las pruebas que se recopilaron en los vuelos de reconocimiento.

Durante una manifestación política masiva que tuvo lugar en septiembre de 1989, los soldados fueron enviados a la Instalación de Defensa Conjunta de Nurrungar. Durante el evento, 300 manifestantes ingresaron a las instalaciones rompiendo la puerta exterior.

Durante el incidente de Tampa, que ocurrió en agosto de 2001, se utilizó el Regimiento de Servicio Aéreo Especial.

Además, en virtud de las disposiciones de la cláusula de salvaguardia de sus intereses, se ha utilizado personal y equipo desarmados de las fuerzas de defensa en conflictos laborales, como la huelga minera que tuvo lugar en Australia en 1949 y el conflicto de pilotos que tuvo lugar en Australia en 1989.

Durante los acontecimientos extraordinarios, las Fuerzas Armadas austríacas están disponibles para ser llamadas por todas y cada una de las autoridades que operan a nivel federal, estatal, de distrito o municipal, dependiendo de sus respectivas áreas de responsabilidad. Cuando se solicita un despliegue de más de cien soldados, es absolutamente necesaria la aprobación del gobierno federal. Solo es posible que ACP y MACP, que también se conocen como Assistenzeinsatz o AssE, sean temporales, sin embargo, se utilizan con frecuencia en Austria:

Ayudar a apoyar a las fuerzas del orden en Austria a través de despliegues:

El Telón de Acero fue derribado en septiembre de 1990, tras la conclusión del período de la Guerra Fría. Sin embargo, Austria no tenía una guardia fronteriza en ese momento, por lo que se le dio a los militares la responsabilidad de vigilar las líneas fronterizas. Se había anticipado que este despliegue se completaría después de diez semanas, sin embargo, continuó hasta diciembre de 2011.

Durante el tiroteo de Annaberg que tuvo lugar en septiembre de 2013, se exigió a los militares que prestaran asistencia a la policía federal. El incidente involucró el asesinato de tres policías y un paramédico a manos de un cazador furtivo.

En septiembre de 2015 se produjo un segundo despliegue de personal militar austriaco en las fronteras como respuesta directa a la crisis con los migrantes en Europa. A partir del año 2023, este despliegue aún está en curso.

La vigilancia de las misiones diplomáticas y otras instituciones vulnerables en Viena ha sido responsabilidad de los militares desde agosto de 2016.

A partir de mayo de 2020, los miembros de las fuerzas armadas y los reservistas comenzaron a brindar asistencia a las fuerzas del orden en Austria durante la epidemia de COVID-19. La duración de este despliegue fue hasta 2022.

Disposiciones para ayudar a las autoridades civiles:

El ejército austriaco suele entrar en acción en caso de desastres naturales o catástrofes relacionadas con el clima.

Durante la epidemia de COVID-19 que estaba ocurriendo en Austria en mayo de 2020, los militares y los reservistas estatales comenzaron a brindar asistencia a las autoridades cívicas y a los centros de atención médica. La duración de este despliegue fue hasta 2022.

La Ley de Defensa Nacional del Canadá contiene disposiciones relativas a la ayuda militar al poder civil, que son comparables a las medidas que el Reino Unido ha adoptado para la asistencia militar a las autoridades civiles. Estas leyes son una herencia histórica de los días de Canadá como dominio británico. Por otro lado, la aplicabilidad es muy diferente debido a la naturaleza federal de Canadá, lo que significa que las provincias tienen el único derecho y responsabilidad de garantizar que se mantenga la ley y el orden.

En consecuencia, es el procurador general de la provincia afectada la autoridad política que está autorizada a requisar la ayuda militar armada al poder civil de conformidad con la Ley de Defensa Nacional. Esto contrasta con la Ley de Medidas de Guerra o su eventual sustitución, la Ley de Emergencias. En lugar de enviarse al gobierno federal de Canadá, esta solicitud se envía directamente al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, que está legalmente obligado a llevar a cabo la solicitud. Sin embargo, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa es la única persona que tiene la autoridad para decidir el tipo y el nivel de fuerzas que se comprometerán.

Existe la posibilidad de que se solicite a la provincia que hizo la solicitud que pague el costo de la asistencia militar; Sin embargo, el gobierno federal normalmente renunciará a esta obligación. Como resultado de la solicitud de asistencia militar del alcalde de Toronto, Mel Lastman, después de una tormenta de nieve en 1999, se desplegaron al menos 438 soldados después de que el gobierno de Ontario accediera a la solicitud. El gobierno canadiense consideró que este despliegue era una trivialización del papel de respuesta de emergencia de los militares, y se facturó a la autoridad solicitante en consecuencia. Esta es una excepción que ha ocurrido en los últimos años.

En la práctica, el ejército opera bajo el mando de las fuerzas policiales o de la administración de la provincia que ha solicitado su asistencia, a pesar de que legalmente es libre de decidir cómo hacer frente a un problema que se le ha señalado. Con mucha frecuencia se solicitan recursos especializados, como vehículos blindados (por ejemplo, en circunstancias en las que intervienen rehenes) y capacidades tecnológicas de las que no disponen los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

En el caso de que haya una huelga de la policía en una provincia que tenga una policía provincial sindicalizada, también se les convoca. La Real Policía Montada de Canadá tiene pocas reservas que puedan proporcionar una capacidad de aumento, y su capacidad de habla francesa es limitada. Como resultado, Quebec no ha dudado en pedir ayuda al Ejército, ya que el Ejército es la única otra agencia que posee personal francófono capaz de reemplazar a la policía en huelga.

Las Fuerzas Armadas Canadienses han sido utilizadas de manera significativa para ayudar al poder civil de Quebec, incluyendo dos grandes crisis civiles que ocurrieron relativamente recientemente:

situación ocurrida en octubre de 1970

La crisis de Oka de 1990 fue una crisis.

Además, con el propósito de abordar los problemas laborales, las Fuerzas Armadas canadienses han sido llamadas a la acción, por ejemplo, las fuerzas de caballería fueron enviadas a Edmonton en 1931 para hacer frente a un motín anticipado de desempleados, y se utilizaron automóviles blindados para usar a los huelguistas en Stratford en 1934.

Además, antes de la Confederación, en el año 1837, con el propósito de sofocar los levantamientos internos en el Alto y Bajo Canadá, se utilizaron tropas británicas, y durante los primeros años de la existencia de la federación en su conjunto, la Milicia Canadiense fue movilizada para las insurrecciones de las Primeras Naciones y los Métis en sus territorios, la primera y segunda rebelión de Riel ocurrieron en los años 1869 y 1885.

Cuando se trata de ayudar con sus propias responsabilidades, como la protección de edificios e instalaciones federales, el gobierno federal puede hacer uso de las fuerzas armadas cuando es necesario. En lugar de la Real Policía Montada de Canadá, las Fuerzas Armadas de Canadá han estado proporcionando las fuerzas federales antiterroristas para el país desde 1993. Este trabajo lo realizaba anteriormente la Policía Montada. Consulte JTF2 para obtener más información sobre la solicitud y el control de esta capacidad.

La Constitución de Alemania, redactada después de la guerra, prohíbe el uso de la fuerza militar en cualquier función relacionada con la aplicación de la ley. En otros países, las funciones que le corresponden al MACP son llevadas a cabo por fuerzas policiales especiales o especializadas, como las unidades Bereitschaftspolizei, que están compuestas por un gran número de agentes y forman parte de cada fuerza policial estatal. Estas unidades están bajo el control de los gobiernos estatales y no del gobierno federal, como es el caso de los Estados Unidos.

Para algunos actos, las fuerzas de la policía federal pueden ser utilizadas por órdenes emitidas por la administración federal y el poder judicial federal o por el gobierno estatal en respuesta a una solicitud de su asistencia. Es bien conocido en Alemania por sus misiones antiterroristas, ya que la unidad antiterrorista conocida como GSG 9 forma parte de la Bundespolizei, que anteriormente se conocía como Bundesgrenzschutz hasta 2005. Estas unidades SEK (Spezialeinsatzkommando) son mantenidas por varios cuerpos de policía estatales, todos los cuales son comparables entre sí. Tanto la Bundesgrenzschutz como la GSG 9 fueron históricamente combatientes y tenían rangos militares. Sin embargo, siempre han estado bajo la supervisión del Ministerio del Interior, lo que es comparable a la situación que existía con las tropas internas en Europa del Este durante la época del conflicto de la Guerra Fría.

Se impuso una rigurosa división entre el poder civil y el militar para garantizar que el ejército permaneciera subordinado al poder civil y evitar que el ejército volviera a ser un poder político en asuntos relacionados con los asuntos internos del país. Varios políticos conservadores han estado abogando por la eliminación de esta regla desde la década de 1990; Sin embargo, parece que no hay una mayoría de personas que estén a favor de tal medida.

Sin embargo, en septiembre de 2004, se promulgó una nueva ley conocida como la Luftsicherheitsgesetz (Ley de Seguridad Aérea) a nivel federal. Hubo un período de tiempo entre el 24 de septiembre de 2004 y febrero de 2005 durante el cual hubo una exención del uso de la fuerza armada en el contexto de la seguridad aérea: la Bundeswehr y su componente de la fuerza aérea, la Fuerza Aérea Alemana, estaban autorizados a usar la fuerza contra una aeronave en caso de que hubiera una amenaza inmediata asociada con la situación.

Como ultima ratio, el Ministro de Defensa tenía la autoridad para emitir una orden para derribar una aeronave si la aeronave estaba siendo utilizada como arma contra la humanidad y no había otro método para defenderse del ataque. La Fuerza Aérea Alemana tiene un largo historial de realización de tareas de policía aérea. A pesar de esto, el Bundesverfassungsgericht de Alemania emitió un fallo el 15 de febrero de 2006 que determinó que la Luftsicherheitsgesetz violaba la Constitución de Alemania. El tribunal dictaminó que es ilegal derribar