El pasado 9 de septiembre el Senado aprobó reformas legislativas que otorgan el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena; es decir, la fuerza policial civil a nivel federal queda, a partir de ahora, en manos militares.
Esta decisión ha causado profundas preocupaciones a ciudadanos y organizaciones de derechos humanos por el riesgo que existe para la democracia y el estado de derecho que la seguridad quede en manos castrenses.
Durante décadas, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han declarado que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad
