Los límites de la fuerza: Mitos y verdades sobre derechos humanos
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¿Qué entendemos por derechos humanos? ¿Qué aristas sociales y políticas encierra este concepto? ¿Acceder a ellos es un privilegio natural o adquirido? ¿Quién tiene la responsabilidad de garantizarlos? ¿Existen los «deberes» humanos como contrapeso? ¿Qué pasa con los DD.HH. de los agentes policiales? Estas y otras preguntas surgieron tras el estallido social de octubre de 2019 producto de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el proceso.
Si bien este ensayo arranca de la experiencia chilena, no se limita al ámbito local y aclara el lugar de los derechos humanos en la historia del mundo y la sociedad en general. Destinado a un público no especializado, este libro analiza —en pleno proceso constituyente— el rol del Estado a la hora de reconocer los derechos inherentes y busca alentar una discusión sobre la educación, la memoria y otros cimientos que favorezcan su protección.
* * *
Catalina Fernández Carter (1990) es abogada de la Universidad de Chile y máster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Se ha desempeñado como abogada en áreas vinculadas al derecho internacional en el sector público y privado, y como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia. Sus intereses incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, y el derecho penal internacional. Actualmente realiza clases de Derecho Internacional en la Universidad Adolfo Ibáñez.
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Los límites de la fuerza - Catalina Fernández Carter
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Presentación
«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». Artículo 1, Declaración Universal de Derechos Humanos.
Escribir un libro sobre derecho para un público general no es una tarea fácil. Pero no porque el derecho sea algo difícil de explicar o entender: estudiarlo y ejercerlo requiere esfuerzo y dedicación, sin duda, pero no creo que presente desafíos intelectuales equivalentes a construir puentes o enviar naves al espacio. No. Cuando hablo de dificultad me refiero al desafío de convencer a la mayor cantidad de gente de que los derechos humanos no es un tema exclusivamente para abogados, que vale la pena ser aprendido y que incluso puede ser entretenido a pesar de la reputación del derecho de ser un área densa y aburrida.
El académico Fernando Atria dijo hace algunos años que vivimos bajo el imperio de ideas muertas. Y el estudio de los derechos humanos parece ser un área donde esa afirmación resulta especialmente cierta: el lenguaje sobre el tema parece estar lleno de conceptos vacíos que ya no sabemos qué significan y que nos resultan incomprensibles. ¿Qué significa, por ejemplo, decir que todos tenemos el derecho a una vivienda digna, si no existen mecanismos para obligar al Estado a proveerla? ¿Qué significa afirmar que todos tenemos derecho a la vida pero, en algunos casos, cuando una persona mata a otra no siempre diremos que hay una «violación a los derechos humanos»? ¿Qué significa reconocer que hay ciertos derechos esenciales que todos tenemos si en cualquier momento nuestros congresistas acuerdan otra cosa? ¿Tiene sentido entonces hablar de derechos humanos?
Para convencerlos de que la idea no está muerta —y que este ejercicio tiene sentido— es útil comenzar revisando algunos extractos de prensa aparecidos en medios nacionales y corroborar cómo el concepto está continuamente presente en nuestras vidas cotidianas.
El Mercurio, 28 de septiembre de 2019:
«ONU crea una comisión especial para investigar abusos a los derechos humanos en Venezuela».
Publimetro, 26 de noviembre de 2019:
«Apenas cinco días pasaron desde que Amnistía Internacional presentara un lapidario informe contra el Gobierno y Carabineros, para que los mismos recibieran un segundo golpe directo igual o más fuerte. Este martes, Human Rights Watch (HRW) presentó su propia evaluación final de la visita técnica en Chile, denunciando graves violaciones
a los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado».
Emol, 29 de diciembre de 2019:
«Sería de una miopía absoluta que una parte de la derecha crea que la paridad de género es un tema solo de la izquierda, ya que a su juicio es un tema de derecho humano que trasciende incluso las visiones ideológicas, y por lo tanto, a mí me parece que su rechazo sería absolutamente inaceptable».
El Mostrador, 9 de enero de 2020:
«La votación de ayer que rechazó consagrar el agua como un bien público y establecer el acceso al agua como un derecho humano, garantizado por el Estado, evidencia una insensibilidad demencial ante la extrema desigualdad en el acceso a dicho recurso en el país».
La Tercera, el 15 de febrero de 2020:
«¿No es tiempo de reconocer que los derechos humanos son patrimonio de todos, y que la destrucción desatada por la primera línea
también es atentatoria contra los derechos fundamentales? […] Dicho lo anterior, consideramos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos debe repensar su rol, siendo capaz de defender a personas que hayan sido víctimas de lesiones a sus derechos humanos por parte de grupos o autores particulares».
Por ahora no nos interesa analizar si lo señalado en esos extractos es cierto. Algunos de estos temas volverán a aparecer más adelante y, quizás, podamos obtener algunas herramientas para evaluarlos críticamente. Lo que por ahora importa es constatar la presencia del tema y el poder persuasivo del concepto: referirse a una «violación a los derechos humanos», o indicar que una medida gubernamental es «contraria a las obligaciones en materia de derechos humanos» resulta una acusación grave. Y es que a estas alturas referirse al tema es utilizar un comodín irrebatible: si jugamos esta carta ganamos la partida y no hay más debate posible. De hecho, se ha logrado un consenso social tal que responder «sí, X es una violación a los derechos humanos, pero…» resulta cada vez menos aceptable y cualquier justificación queda casi automáticamente excluida. Tanto así, que en muchos países defender violaciones cometidas en el pasado es un delito y existen iniciativas en el Congreso chileno que buscan el mismo resultado.
Es precisamente este rol persuasivo de los DD.HH. —esa capacidad de cerrar y ganar las discusiones— lo que hace que todos quieran apropiarse del concepto. Todos quieren estar de su lado y, al mismo tiempo, todos alegan que su opositor político es quien los viola. El estallido social chileno iniciado el 18 de octubre de 2019 es un buen ejemplo de este fenómeno. Mientras la oposición acusaba al gobierno de una serie de violaciones a los DD.HH. cometidas por la policía en el marco de las labores de mantenimiento del orden público, el oficialismo señalaba que algunos de los manifestantes —apoyados por la oposición— también cometían violaciones a los DD.HH. contra carabineros, dueños de negocios saqueados o personas cuya libertad de movimiento se había limitado.
Los últimos años han mostrado otros debates similares. Pensemos en la izquierda acusando las violaciones a los DD.HH. cometidas en la dictadura, en las cuales habían participado algunos miembros de la derecha. Pensemos en la derecha refiriéndose a las violaciones que han tenido lugar en Venezuela y criticando el apoyo de una parte de la izquierda al gobierno venezolano. Es claro que ninguno de los dos sectores políticos está dispuesto a perder la autoridad moral que otorga estar «del lado correcto».
Desde ya, podemos entender lo fundamental que resulta entender qué significa precisamente el concepto. Comprender los aspectos generales nos permite —entre tantas discusiones cruzadas— separar la paja del trigo. Al mismo tiempo, los ejemplos que hemos visto nos muestran que los DD.HH. son un comodín poderoso, pero son también objetos de manipulaciones y tergiversaciones. Y si hay personas o instituciones que moldean el concepto para defender su actuación o criticar la de otros, por supuesto no demoran en surgir los mitos.
Para estructurar este libro, he seleccionado algunos mitos que escuchamos frecuentemente en el debate público. El objetivo es que nos sirvan de guía para revisar qué son los DD.HH., quiénes los tienen, y quién tiene la obligación de respetarlos y garantizarlos. En su versión más exagerada, algunos mitos concluyen que prácticamente todo es un derecho humano y que cualquier afectación es una violación a ellos. Por el contrario, otros mitos buscan restringir el concepto hasta transformarlo en algo casi inexistente. Esta revisión permitirá también discutir ciertas garantías que a veces no son reconocidas, pero son igualmente fundamentales.
A partir de estos mitos, nuestro objetivo es realizar un análisis crítico de los derechos humanos, reconociendo tanto sus ventajas y bondades como sus deficiencias y problemas. La idea no es ponernos «del lado» de los violadores de los DD.HH. o de quienes minimizan su importancia en la sociedad, sino tomarnos el concepto en serio y entender tanto su potencial transformador como sus riesgos.
Por supuesto que nuestra elección de ciertos mitos deja inevitablemente fuera otros temas igualmente importantes. Asimismo, para examinar los fundamentos de la noción, necesariamente debemos reducir y simplificar ciertas ideas. El carácter divulgativo de este texto, no permite tratar temas complejos con el desarrollo que normalmente se requeriría. La lectora o lector cercana a la religión, la filosofía, la historia o el derecho tendrá que perdonar la reducción de importantes hitos o debates. Pero sin perjuicio de ello, hemos dejado al final del texto referencias de lectura para quienes se interesen en profundizar en lo aludido.
Vale decir que los mitos presentados no son exclusivos ni de la derecha ni de la izquierda, al igual como los DD.HH. no son patrimonio de ningún sector político. Sin embargo, ello no significa que no sean políticos: al referirse a la relación entre los individuos y el Estado, el concepto es eminentemente político. Pensemos, por ejemplo, en su íntima relación con la democracia. No es posible tener democracia sin DD.HH. y, de hecho, un grupo importante de ellos se vinculan directamente con la idea: el derecho a voto o el derecho a ser elegidos, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y la libertad de asociación, son todos derechos esenciales para que exista una democracia real. Y esos no son los únicos derechos relevantes: los derechos económicos, sociales y culturales también están vinculados con la idea de democracia, puesto que buscan facilitar que todos los individuos puedan acceder a un estándar de vida que precisamente les permita ejercer —en igualdad de condiciones— dichos derechos políticos: en palabras simples, para poder votar, hay que primero poder comer.
¿Cómo no van a ser políticos los derechos humanos si son las garantías que nos permiten la participación política? ¿Cómo vamos a «despolitizar» la pregunta sobre los límites de la actuación del Estado y las protecciones que tienen los ciudadanos? Pedir que el debate sobre derechos humanos no esté cruzado por la política es tan absurdo como pedir que el debate sobre la Constitución no sea político. No puede sino serlo.
Antes de comenzar, una última precisión resulta pertinente: si bien hemos adelantado que este libro incluye un análisis crítico a la idea de DD.HH. y busca hacerse cargo de algunos de sus problemas y falencias, el mismo se escribe desde la perspectiva de una persona comprometida con el tema. No pretendo engañarlos con una falsa pretensión de neutralidad: este libro tiene la pretensión de convencerlos de que esta área del derecho debe ser protegida, desarrollada y enseñada de mejor manera. El objetivo explícito es lograr conseguir más adherentes a la causa. No es un libro escrito por una persona cansada del sistema o decepcionada del mismo: es un libro escrito por alguien convencida de que esto es algo valioso y que debe ser comprendido por todos los habitantes de la sociedad. Y es precisamente para ello que se busca derribar algunos mitos de la opinión pública: así podremos despejar el camino y avanzar de mejor forma en la protección de todas las personas.
Primer mito
«Solo se preocupan de los derechos humanos de los delincuentes. ¿Qué pasa con los derechos humanos de los policías (o de los ciudadanos honestos)?»
Este mito debe ser probablemente uno de los más extendidos por la opinión pública, y no solo en Chile sino también en el extranjero: la idea de que la protección de