Legitimidad del monopolio y uso de la fuerza en Chile

Por Augusto Varas Fernández

La legitimidad del monopolio y uso de la fuerza por parte del Estado es condición necesaria para la estabilidad de la nueva institucionalidad democrática que se intenta construir en Chile. La Convención Constituyente tiene la tarea trascendental de proveer al país una nueva Carta Magna que contenga la disposiciones apropiadas para darle a este monopolio y uso de la fuerza estatal la legitimidad social que requiere en una sólida democracia. A través del análisis histórico y político de los orígenes y funciones desempeñadas por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros se establecen los principales desafíos que actualmente enfrenta la legitimidad social de estas instituciones, y se formulan los criterios y normas constitucionales, legales y administrativas que se deberían considerar para un exitoso proceso constituyente. Una investigación rigurosa y exhaustiva para la reflexión ciudadana sobre un tema insoslayable.

• Idioma: Español
• Editorial: Editorial Catalonia
• Fecha de lanzamiento: 25 jun 2021
• ISBN: 9789563248623

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Introducción

El período que va desde la gran protesta nacional del 18 de octubre de 2019 hasta la actualidad puede verse como un solo proceso de permanente crisis que ha puesto en cuestión al conjunto de las instituciones políticas, económicas y sociales en el país. Desde el punto de vista de la política y del poder, el momento constitucional iniciado el 18/O persiste hasta hoy. 

El 25 de octubre de 2020, la gran mayoría del país legitimó la continuación del actual proceso constituyente, iniciándose la construcción de una nueva democracia. Con una participación del 51% del padrón electoral, el plebiscito de entrada a la nueva constitución fue aprobado por un macizo 78%.

Producto de la presión ciudadana estallaron los limitados marcos institucionales vigentes por treinta años y la gran mayoría de la sociedad manifestó en las calles su descontento con el país real. La respuesta gubernamental intentó frenar tales expresiones con el uso indiscriminado de la fuerza policial y militar violando masivamente los derechos humanos, tal como diversos organismos internacionales así lo denunciaron. 

La militarización de la represión de esas manifestaciones -simbólica (presidente rodeado de militares), retórica (estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable), y de hecho-, puso en evidencia la propia incapacidad del uso de la fuerza para lograr detenerlas, lo que insensatamente llevó al gobernante a incrementar su uso con irreparables daños a las personas. No obstante, la protesta no cejó.

La razón de fondo de esta ineficacia represiva radica -como esperamos mostrar- en la pérdida de legitimidad del monopolio y uso de la fuerza por parte del Estado. Si las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Carabineros carecen de legitimidad de su monopolio y ejercicio no hay orden público en democracia. 

La actual pérdida de legitimidad estatal en estas materias tiene una historia política e institucional que requiere de profundas modificaciones de las instituciones que la monopolizan para crear una real democracia. 

Desde esta perspectiva analizaremos, en el Capítulo I, los antecedentes del 18/O -origen del momento constitucional existente-, las diversas razones de su ocurrencia e identificaremos algunos factores estructurales y de contexto, así como aquellos que gatillaron coyunturalmente su inicio. 

En el capítulo siguiente describiremos y analizaremos la histórica tensión entre militares y política producto de la adscripción de las instituciones armadas a determinadas ideologías que han legitimado su deliberación y uso en materias de orden interno. 

El capítulo III se detiene en el análisis de una noción central en la arquitectura constitucional autoritaria, tal es la seguridad nacional, sus orígenes, su rol constitucional y legal, así como su función de base ideológica conservadora legitimadora de las funciones represivas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. 

Los capítulos que siguen alternan el análisis de la crisis actual de las Fuerzas Armadas y de Carabineros con un conjunto de propuestas que permitirían reinsertarlas en un efectivo marco institucional democrático.

Esperamos que estos aportes sean de utilidad para quienes tienen la responsabilidad de proveernos de una nueva Carta Magna que, ahora sí, refleje el profundo sentir de nuestros pueblos, así como el de la ciudadanía que deberá aprobarla.

Capítulo I

Ilegitimidad del uso de la fuerza

Considerando que las grandes crisis políticas se inician y terminan en la propia política, el Canciller Talleyrand aconsejaba a Napoleón, usted puede hacer muchas cosas con las bayonetas, Siré, excepto sentarse en ellas (Lawday, 2006:174). En Chile, civiles y militares que se mantuvieron en el poder por las armas durante más de dieciséis años intentaron legitimarse en una imperecedera constitución protegida por un poder de seguridad. 

Cuatro décadas más tarde, ante la crisis en la Araucanía, Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo, afirmaba que a los violentos se les enfrenta con la fuerza legítima del Estado,¹ y con algunos matices, pero en la misma dirección, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) en carta a las autoridades estatales, estimaba que parte de la solución al conflicto era validar y legitimar el rol que ejercen las fuerzas de orden y seguridad, por lo que consideraba que era imperativo dotar de más legitimidad al ejercicio de sus funciones.² Sin embargo, quien estaba a cargo de proteger el orden público, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, reconocía que hay un uso de la fuerza que se ha visto deslegitimado,³ confesando de hecho la crisis de un Estado incapaz de aplicar la fuerza legítimamente.

El que policías y civiles partidarios de la mano dura en la Araucanía coincidan en la ilegitimidad de hecho del monopolio estatal de la fuerza, muestra una crisis más profunda que la explica, tal es la deslegitimación del poder político expresado en el actual Estado.

Para explorar las razones de esta crisis -nunca mejor expresada que a través del momento constitucional existente- es precisa una breve aproximación conceptual al fenómeno de la ilegitimidad del monopolio y uso de la fuerza por el Estado, para luego adentrarnos en el proceso histórico-político que permite descifrarla y así proponer los necesarios cambios constitucionales, legales y administrativos que permitan reinsertar las instituciones que monopolizan la fuerza en el país en una institucionalidad efectivamente democrática.

1. El poder requiere legitimidad

Según Max Weber todos los sistemas políticos procuran despertar y fomentar la creencia en su ‘legitimidad’ y es la propia "pretensión de legitimidad, [que] por su índole la hace ‘válida’ en un grado relevante, consolida su existencia y codetermina la naturaleza del medio de dominación. El fundamento de esta legitimidad, agrega, se debe a ese otro hecho general inherente a toda forma de dominación e inclusive a toda probabilidad en la vida: la autojustificación (Weber, 1964:170-171). Desde otra perspectiva, pero coincidiendo con tales conclusiones, para Hanna Arendt el poder no necesita justificación, siendo inherente a la propia existencia de las comunidades políticas; lo que necesita es legitimidad (Arendt, 1970:52). Desde la ciencia política, Lipset y Lakin afirman que la legitimidad significa que la sociedad como un todo cree que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas (Lipset & Lankin, 2004:209-210), esto es, la legitimidad debe asentarse sobre una amplia base ciudadana. Alejado de las determinaciones sociológicas o políticas, desde su enfoque positivo del derecho, Kelsen reconoce que un orden jurídico solo es válido si de una manera general los individuos a los cuales se dirige conforman sus conductas a las normas que lo constituyen [...] un orden jurídico puede ser considerado eficaz cuando la amplitud de este desacuerdo no traspasa cierto límite [...] un orden normativo pierde su validez cuando deja de estar en cierta medida de acuerdo con la realidad" (Kelsen, 1973:52-53). Así, sociología, filosofía y derecho coinciden en que la legitimidad estatal -y por ende el monopolio y el uso de la fuerza- requiere de un apoyo o cierto acuerdo societal, sea este implícito o explícito.

2. Metas sociales y medios para alcanzarlas

El 18/O mostró en los hechos la deslegitimación del régimen y de la autoridad política. Analizando la conducta de algunas instituciones y actores sociales y políticos en ese proceso algunos analistas identificaron la anomia como principal rasgo de este período, esto es el rechazo de los fines societales y medios institucionalizados para alcanzarlos. Para Carlos Peña, esta falta de normas socialmente compartidas llevaría a desarrollar culturas institucionales propias donde la subjetividad de cada uno es el árbitro final y los sujetos dejan de interesarse por las reglas y las normas, creyendo que de esa forma la libertad alcanza su máxima expresión (caso de las nuevas generaciones), momentos en los cuales se viviría una situación de anarquía o anomia.⁴ Marta Lagos consideró que esta anomia, con su falta de normas compartidas, genera una ausencia de vínculos, ligaduras, que entregan sentido, propósito en una sociedad, vínculos sociales necesarios para que una sociedad funcione.⁵ Sin entrar en disquisiciones sociológicas sobre la anomia, podemos concluir que el 18/O develó un rechazo mayoritario a los objetivos sociales oficiales y a las normas institucionales establecidas para lograrlos, lo que transformó la protesta en rebelión endémica (Merton, 1964:198). 

3. Ilegitimidad del poder

¿Qué razones subyacen en esta falta de acuerdo social sobre los medios y fines societales, sobre el ejercicio del poder y de la autoridad, así como respecto del monopolio y uso de la fuerza por el Estado? David Beetham propone tres factores que, sucesiva y acumulativamente, legitiman/deslegitiman el poder (Beetham, 2013:16-20).

El primero es el de las reglas. Existe legitimidad del poder si este muestra validez jurídica en su adquisición y ejercicio. Así, el poder sería válido en términos de la ley, se ajustaría a las reglas establecidas. Por el contrario, el poder será ilegítimo cuando se adquiere en contravención de las reglas (expropiación, usurpación, golpe de estado) o se ejerce de manera que las contraviene o las excede.

El segundo factor es el de las justificaciones basadas en creencias. La legitimidad existe cuando la justificación de las reglas que gobiernan una relación de poder es consistente con las creencias y valores vigentes en la sociedad, compartidas por dominantes y subordinados. Para estar justificado el poder político las reglas deben prever que quienes lo ostentan tengan las cualidades adecuadas para su ejercicio y que la estructura del poder sirva a un interés general reconocible, más que simplemente a los intereses de los poderosos. Por el contrario, existirá un déficit de legitimidad cuando las reglas del poder no puedan justificarse en términos de creencias compartidas, ya sea porque no existe una base de creencias compartidas o por cambios en las creencias existentes.

El tercero son las acciones. Existe evidencia demostrable del consentimiento en las relaciones de poder cuando se producen acciones que lo expresan creando un compromiso normativo por parte de quienes las inician. Las acciones no cooperativas, la resistencia pasiva, la desobediencia abierta y la oposición militante por parte de aquellos calificados para dar su consentimiento erosionarán la legitimidad. Cuanto mayor sea el número de involucrados mayor será esta erosión. Es la llamada deslegitimación.

En nuestro caso, y siguiendo a Beetham, la arquitectura del poder generada en dictadura y mantenida institucionalmente hasta la actualidad fue originada contra las reglas establecidas, los actuales valores y creencias vigentes en nuestra sociedad no se corresponden con ella, no se les reconoce mérito a quienes ostentan estas posiciones y estos no son percibidos como sujetos orientados por el interés general. Las permanentes acciones colectivas de desobediencia y resistencia así lo atestiguan.

Todo lo anterior muestra que, con frecuencia, durante casi un cuarto de siglo post dictadura, el poder ha sido considerado ilegítimo, ha mostrado un déficit de legitimidad social, y que las reiterativas acciones colectivas en su contra han deslegitimado paulatinamente la estructura de poder existente en el país.

4. Afrenta e indignación moral

Las reiteradas muestras de desconexión entre las elites en el poder y las creencias y valores colectivos vigentes en la sociedad se evidenciaron en los reiterados escándalos de colusión empresarial; la incumplible promesa de un adecuado sistema previsional vía AFPs; la captura del Estado por el sector privado en la educación, salud y vivienda; el ocultamiento de pederastas por la Iglesia Católica; los escándalos de probidad en las Fuerzas Armadas; y el financiamiento irregular de la política. Estas conductas fueron muestras sucesivas del uso malicioso del poder privado o corporativo que las instituciones existentes no fueron capaces de impedir o contener. Ya lo advertía Montesquieu: En una república donde un ciudadano logra que le den un poder exorbitante, es mayor el abuso que de este poder hace, porque no habiéndolo previsto las leyes, nada han dispuesto para contenerlo (Del espíritu de las leyes, Libro II, Capítulo III)).

Por otra parte, y en el mismo período en que se daban estas señales desde el poder, el horizonte de la democratización, emprendida en los noventa en el contexto del llamado proceso de ciudadanización discutido para América Latina, a pesar de los límites de su realización, condujo a que el ideal de derecho y la noción de ciudadanía, y con ellos necesariamente el principio de igualdad, se convirtieran masivamente en horizontes normativos para la sociedad (Araujo, 2016:71-72). Estos nuevos imaginarios políticos -creencias y valores- se enfrentaron a un poder que no se ocupaba del interés colectivo, privilegiaba lo privado e individual, con lo que continuaba deslegitimándose, ante lo cual gran parte de la sociedad se indignó. Como lo indica Beetham, el poder que no es legítimo ofende nuestro sentido moral (Beetham, 2013:22).

Junto a esta indignación moral se generó un extrañamiento o alienación del ciudadano respecto de las instituciones que representaban el poder. Norbert Lechner lo indica cuando se pregunta ¿cómo sentir el orden establecido como algo propio cuando le han sido borradas todas mis huellas? (Lechner, 2006:535). Este extrañamiento se agrega a la indignación moral provocada por la percepción que un estándar moral -usualmente de equidad o justicia- ha sido violado (Batson et alia, 2007:1272;1283). Indignación que se produce frente a la transgresión de los patrones sociales de justicia o equidad, cuando afecta a grupos específicos, e incluso si los afectados son otros por los que se tiene empatía. Una de las consecuencias de esta indignación son las acciones colectivas que aspiran a un cambio de la estructura de poder (Johansen, Sandrup & Weiss, 2018:5-6).

A esta contradicción entre valores sociales y la forma de ejercer el poder por quienes lo detentan, se sumaron permanentes afrentas morales por parte de autoridades gubernamentales. A las declaraciones del exministro de Economía Juan Andrés Fontaine, a propósito del alza de treinta pesos en la tarifa del Metro (el que madrugue será ayudado, de manera que alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy) que incendiaron la pradera, se sumaron las del exministro de Hacienda Felipe Larraín, previo al 18/O comentando el IPC (los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,6%), del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, ante la crisis del sistema de salud público (los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos, porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social), del exministro de Vivienda y Urbanismo Cristián Monckeberg, comentando la situación de vivienda el país (la gran mayoría son o somos propietarios, no tenemos mucho más, porque es nuestro patrimonio… La casita, dos departamentos), a las que se sumaron las del ministro de Economía, Nicolás Palacios, ante las críticas del profesorado por el regreso presencial a clases (llama la atención que busquen por todas las formas no trabajar. Es un caso único en el mundo y yo diría que de estudio). Así, la afrenta moral como estilo de gobierno se sumó a la indignación antes señalada dando por resultado las acciones colectivas que terminaron iniciando el momento constitucional existente.

Estas reacciones de la elite gobernante recuerdan el aserto de Maquiavelo en El Príncipe, cuando señala que no existe hombre lo suficientemente dúctil como para adaptarse a todas las circunstancias, ya porque no puede desviarse de aquello a lo que la naturaleza lo inclina, ya porque no puede resignarse a abandonar un camino que siempre le ha sido próspero (Capítulo XXV). Sebastián Piñera y su equipo han sido los menos dotados para enfrentar la magnitud de esta crisis del Estado, del gobierno y de su coalición ya que su naturaleza los ha condenado a mantener el camino que tanta prosperidad les ha proporcionado. De acuerdo a Pierre Dardot, "ahí radica el corazón de la dimensión autoritaria de la política neoliberal: la estructura del Estado puede variar, los gobernantes y sus modales también, lo principal es que los gobernantes sean lo suficientemente fuertes como para imponer, de una forma u otra, la constitucionalización del derecho privado. Porque lo que está en juego es la decisión fundacional de restringir a priori el campo de la deliberación, excluyendo la política económica de la deliberación colectiva" (Dardot, 2021:8). En esto también fracasaron.

A lo anterior se suma la falta de cualidades adecuadas para el ejercicio del poder de quienes lo ostentaron en ese período. Kathya Araujo confirma que son las habilidades prácticas de la persona que ejerce la autoridad, así como sus múltiples pruebas de eficacia en la tarea, que en última instancia proporcionan las razones para la obediencia (Araujo, 2021:4) y que, por lo tanto, le dan eficacia al poder en un contexto social determinado. 

En suma, en las últimas décadas la legitimidad del poder se ha visto vaciada de apoyo social mayoritario por normas, creencias y acciones que no se la reconocen, a lo que se sumó la indignación moral anidada en las nuevas creencias y valores sociales propias del proceso democratizador, agudizada por las afrentas morales recibidas por amplias capas de la ciudadanía y la ineficacia del gobernante.⁶Frente a las demandas y acciones colectivas resultantes -a ser resueltas políticamente- la represión gubernamental con fuerza policial y militar profundizó la ilegitimidad de las instituciones y titulares que detentaban el poder.

Desde este marco referencial analizaremos más en profundidad las características de las instituciones que han monopolizado la fuerza en el país, identificando los principales aspectos que una nueva constitución, leyes y reglamentos deberían considerar para reinsertarlas en un marco efectivamente democrático. 

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¹ Luis Larraín, La tentación de Piñera. https://kiosco.latercera.com/reader/27-02-2021-la-tercera?location=6

² https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/02/27/1013429/Sofofa-Carabineros-Araucania-legitimidad.html

³ https://m.elmostrador.cl/dia/2021/02/23/general-director-de-carabineros-dice-que-se-deben-incorporar-a-las-fuerzas-armadas-con-todas-sus-capacidades-en-la-araucania/

⁴ Algunas columnas de Carlos Peña al respecto en El Mercurio: La anomia de Carabineros, 23 de diciembre, 2018; El malestar en la cultura, 20 de octubre, 2019; Viejas verdades, 1 de diciembre, 2019. https://www.elmercurio.com/blogs/columnistas/1/pena-carlos.aspx

⁵ Marta Lagos, La anomia que nos hunde, El Mostrador, 4 de diciembre, 2019, proporciona información empírica al respecto.

⁶ Sobre el estilo de gobierno de Sebastián Piñera, ver: Varas (2014b) y Carlos Huneeus, Las seis debilidades presidenciales de Sebastián Piñera: algo más que simples ‘piñericosas’, El Mostrador, 16 de abril, 2020; y El liderazgo presidencial de Piñera: rigidez y destemplanza al gobernar, El Mostrador, 6 de abril, 2021. 

Capítulo II

Crisis y momento constitucional

Cabe esperar que estas clases relegadas envidien a los privilegiados sus prerrogativas y lo hagan todo para librarse de su ‘plus’ de privación. Donde esto no es posible, se consolidará cierto grado permanente de descontento dentro de esa cultura, que puede llevar a peligrosas rebeliones.

SIGMUND FREUD, El porvenir de una ilusión (1927)

Jamás se le pasó por la mente a Sebastián Piñera que su propuesta programática de segunda transición hacia el desarrollo integral se transformaría en los inicios de una transición hacia una nueva constitución. De hecho, la mentada transición no fue otra cosa que una amplia contrarreforma orientada a revertir los cambios estructurales impulsados por Bachelet II.

Creyendo que su triunfo electoral con más de nueve puntos porcentuales sobre su rival expresaba un macizo apoyo nacional (solo fue el 26% del universo electoral), el recién elegido mandatario proyectaba gobiernos de derecha, a lo menos, por dos períodos consecutivos y preparaba a su ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, como seguro sucesor. Pasados los primeros tres meses de su gobierno la creciente desaprobación de su gestión no fue señal suficientemente potente para corregir el rumbo.

La implementación de su programa de gobierno alertó a la ciudadanía que vio cómo se frenaba y revertía el proceso de profundización democrática iniciado en la administración anterior. Esto se evidenció en las artimañas gubernamentales para no implementar debidamente la ley de aborto en tres causales, demorar sine die la desmunicipalización de la educación pública, la reinstalación de hecho de la selección en el ingreso escolar, o en las modificaciones al Plan de Derechos Humanos, entre las cuales no se procedió a la aprobación del matrimonio igualitario. De igual forma, las propuestas de reformas laborales y la flexibilización de la jornada de trabajo, la erosión del poder sindical y fortalecimiento de los grupos negociadores, el debilitamiento de la Dirección del Trabajo, la reintegración tributaria, los cambios al sistema de evaluación ambiental y la eliminación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en el proceso de establecer restricciones de agua, entre otras, dieron claras señales sobre la estrategia gubernamental.

A las anteriores reversiones se agregó el pobre desempeño de la economía en el mismo período producto de la situación económica mundial y de la ausencia de una efectiva política contracíclica del Gobierno, todo lo cual empeoró las expectativas de mejoramiento económico-social familiar e individual. 

Posterior al 18/O la gestión de la pandemia profundizó la crisis. En el marco de la tensión entre la política económica y la necesaria protección de los derechos amenazados por la pandemia (salud, empleo, educación, vivienda), las respuestas gubernamentales se caracterizaron por priorizar la ortodoxia financiera, aislamiento de la sociedad civil, mal manejo de la información, protección al sector empresarial, asistencia económica lenta y parcial a los sectores más necesitados y énfasis en el uso de las Fuerzas Armadas en el orden interno.

1. El malestar se expresa en las calles: la gran protesta nacional

El 18/O reflejó la pobre vinculación orgánica entre la base social y las instituciones representativas, fenómeno que se venía observando de manera recurrente a lo menos desde fines de los noventa (Segovia, 2017; Heiss, 2018). Reconocíamos esta desconexión años atrás, cuando afirmamos que la demanda ciudadana por una nueva representación es clara, pero no cuenta con organizaciones sociales que le den la fuerza política necesaria para apoyar una movilización nacional en tal dirección (Varas, 2016:33). De esta manera, la gran protesta nacional fue el curso natural de una crisis de representación a todo nivel.

Con su amplia lista de demandas socioeconómicas, su carácter extrainstitucional, multiclasista, multigeneracional y una nunca vista masividad a escala nacional, esta forzó al Gobierno a un cambio de gabinete, a ofrecer una limitada agenda social y aceptar el reinicio del curso institucional hacia una nueva constitución.

La frustración y malestar social manifestados a partir del 18/O no eran nuevos, ya se habían observado señales de ello en pleno gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle a fines de los noventa. Así, en el marco de las movilizaciones de 1997-1998, señalamos que:

El malestar con la política recorre Chile y divide a los chilenos. Esta molestia se expresaría frente al sistema de representación política, habría un profundo malestar en materias económico-sociales, y un difuso inconformismo producto de la contradicción entre una aceptación de las metas de desarrollo económico y un rechazo a las políticas para lograrlas. Estas tres grandes expresiones del malestar con la política están mostrando la existencia de una grieta creciente entre las instituciones políticas y económicas existentes, y sus titulares, y el resto de la ciudadanía (Varas,1998:s.p.).

Como señalamos anteriormente este temprano malestar continuó profundizándose y se manifestó recurrente y crecientemente a través de movilizaciones sectoriales, como aquellas de los estudiantes universitarios contra la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) en 1997; de los Pingüinos (estudiantes secundarios, en 2006) y de los universitarios y secundarios contra la privatización de la educación (2011-2012); las asambleas ciudadanas territoriales (2011); protestas medioambientales (2012-2017); de los pensionados por No+AFP (2016); de las estudiantes universitarias (2018); y de la huelga feminista organizada por la Coordinadora Feminista 8M (2019), además de la permanente movilización de comunidades Mapuche en el Wallmapu (Namuncura, 2016).

Las dos últimas movilizaciones de mujeres, propias de la cuarta ola feminista, fueron particularmente importantes para entender la naturaleza de la gran protesta nacional. Por una parte, ellas rompieron el marco cultural y formal de las manifestaciones anteriores con su combativa irreverencia antipatriarcal. Por la otra, como lo señala Pamela Díaz-Romero (2019), resignificaron el sentido de la movilización político-social en el país dándole un carácter derechamente anticapitalista y antineoliberal. Así, estas movilizaciones significaron la reconversión del movimiento: anticapitalista, antirracista, ecologista, conectado con los derechos de la clase trabajadora y los inmigrantes (Díaz-Romero, 2019:145). Estas protestas dieron lugar a nuevos repertorios —nuevos tipos de intervenciones públicas, iconografías y otras manifestaciones— que han renovado la relación entre el movimiento social y la opinión pública, permitiéndole al primero alcanzar la aprobación de la segunda, y sobrepasando las típicas marchas, tomas o actos de violencia.

Por otra parte, los incendios de bancos, empresas sanitarias y eléctricas, AFP, universidades, sedes partidarias y de congresistas, cuarteles policiales, cadenas de supermercados y farmacias por algunos manifestantes, simbolizaron el sentido político de las movilizaciones. Así, la protesta no solo cuestionó el sistema capitalista neoliberal existente obligando a las autoridades a ceder la posibilidad de un cambio estructural en una nueva constitución, también evidenció la profunda deslegitimación de la mayoría de los ámbitos desde donde se ejerce el poder y la autoridad.

Las precondiciones de la crisis estaban dadas y el país se aproximaba a ella sin que los actores políticos —o una buena parte de ellos— advirtieran su llegada. Tres meses antes de su irrupción, aunque nunca imaginamos la intensidad y extensión de la misma, afirmamos que:

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