24 de noviembre de 1948

Por Marco Tulio Bruni Celli

Ciertas fechas históricas están condenadas a permanecer en el tiempo cargadas de incógnitas.
El golpe de Estado militar que derrocó el Gobierno constitucional del presidente Rómulo

• Idioma: Español
• Editorial: Dahbar
• Fecha de lanzamiento: 10 nov 2021
• ISBN: 9789804250712

Marco Tulio Bruni Celli

Sociólogo y abogado venezolano Marco Tulio Bruni Celli se graduó en la Universidad Central de Venezuela. Obtuvo la M.A. y el PhD (tp) en Cornell University. Profesor jubilado de la UCV, fue embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y ante el Gobierno de la antigua República Federativa de Yugoslavia. Fue presidente de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos de las Naciones Unidas. Diputado en el Congreso Nacional de Venezuela por el estado Lara, durante tres períodos, ha publicado varios libros sobre temas políticos y sociales. Ha publicado en Editorial Dahbar El 18 de octubre de 1948.

Vista previa del libro

MARCO TULIO BRUNI CELLI es venezolano. Sociólogo (UCV, 1956), abogado (UCV, 1958), M.A. y PhD en Ciencias Políticas (Cornell University, 1973). Ha sido miembro y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU; profesor de la UCV; diputado al Congreso de la República de Venezuela (1979-1993); embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas; embajador de Venezuela en la antigua Yuguslavia; autor de libros, ensayos y artículos sobre historia, sociología y ciencias políticas, entre ellos El 18 de Octubre de 1945, publicado por esta misma editorial.

El 24 de Noviembre de 1948

Primera edición, 2021

© Cyngular Asesoría 357, C. A.

© De la presente edición, Editorial Dahbar

DISEÑO DE PORTADA:

Jaime Cruz

REVISIÓN DE TEXTOS:

Mauricio Vilas

ISBN: 978-980-425-071-2

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistema recuperable, o trasmitida en forma alguna o por ningún medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin el previo permiso de Cyngular Asesoría 357, C. A.

Índice

Nota introductoria

PRIMERA PARTE

Origen, naturaleza, significado y alcances del 24 de Noviembre de 1948

Capítulo I

¿Por qué cayó el Gobierno de Gallegos?

Capítulo II

¿Por qué se produjo el 24 de Noviembre de 1948?

Capítulo III

La tesis de la secuencia normal

Capítulo IV

Las diferencias entre el 18 de Octubre de 1945 y el 24 de Noviembre de 1948

Capítulo V

La interpretación interesada

Capítulo VI

La interpretación cívico-democrática

SEGUNDA PARTE

Candidatura, elección, desempeño y caída de Rómulo Gallegos

Capítulo I

La candidatura

Capítulo II

Betancourt: gran impulsor

Capítulo III

La democracia amenazada

Capítulo IV

La crisis política

Capítulo V

La caída

TERCERA PARTE

La guerra civil incruenta

Capítulo I

El ambiente político

Capítulo II

Se había entrado en una situación de peligro

Capítulo III

Reacción frente a los cambios

Capítulo IV

La educación religiosa y la Iglesia

Capítulo V

El regreso del andinismo

CUARTA PARTE

La conspiración militar

Capítulo I

El punto de partida: el acuerdo imperfecto

Capítulo II

La siempre difícil alianza cívico-militar

Capítulo III

Militares y civiles: objetivos distintos

Capítulo IV

El reparto del poder

Capítulo V

Las razones para la conspiración, según los militares

Capítulo VI

¿Totalidad de las fuerzas armadas?

Capítulo VII

El caso del coronel Adams

QUINTA PARTE

Los villanos del 24 deNoviembre: Delgado Chalbaud y Pérez Jiménez

Capítulo I

Chalbaud y Pérez Jiménez: Dos personajes diferentes

Capítulo II

Militar en un ambiente hostil

Capítulo III

Las vinculaciones de Delgado Chalbaud con López Contreras

Capítulo IV

Entre la lealtad y la traición

Capítulo V

La pretendida candidatura militar

Capítulo VI

¿Delgado Chalbaud, traidor?

Capítulo VII

Las aspiraciones de Delgado Chalbaud

SEXTA PARTE

El ambiente internacional

Capítulo I

La democracia como propósito

Capítulo II

La Guerra Fría

Capítulo III

El gobierno comunista

Capítulo IV

Primera expresión de la Doctrina Betancourt

Capítulo V

Reconocimiento por Washington

SÉPTIMA PARTE

Defensa del gobierno

Capítulo I

Necesidad de la defensa

Capítulo II

¿Pudo hacer más AD para evitar el derrocamiento de Gallegos?

Bibliografía

Nota introductoria

¿Por qué se produjo el golpe de Estado que derrocó al Gobierno Constitucional del presidente Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 1948? A lo largo de siete décadas se han propuesto diversas explicaciones, en su mayoría polémicas y contrapuestas. Son disímiles los análisis, opiniones y apreciaciones sobre las circunstancias y hechos relacionados que habrían conducido a la conspiración militar que desembocó en el golpe de Estado. No hay acuerdo sobre las distintas causas ni en la calificación del papel jugado por los actores o de sus específicas responsabilidades en aquellos acontecimientos. Tampoco sobre las circunstancias de orden interno e internacional que los habrían provocado. Las páginas que siguen tienen el propósito de poner juntos e interpretar estos hechos, registrar explicaciones y sugerir respuestas que pudieran ser apropiadas y creíbles ante las muchas interrogantes que aún siguen planteadas.

Los estudios sobre las causas del 24 de noviembre de 1948 sugieren una amplia variedad: la tradición española de los pronunciamientos; el difícil y siempre inestable desempeño y las amenazas y riesgos propios a la estabilidad de cualquier ensayo de cogobierno cívico-militar; el pecado original de AD de llegar al poder en brazos de los militares; los reclamos y presiones por mayores cuotas de influencia y de poder de los oficiales militares, que en todo momento alegaron ser los verdaderos padres de la revolución; la perversa vocación subversiva de las logias militares, entonces muy activas en la región; la comunión de intereses de los militares criollos con la internacional de las espadas; la política injerencista de los Estados Unidos sobre los países de América Latina, especialmente intensa en aquellos años de inicio de la guerra fría; la dura confrontación entre el partido de Gobierno y los partidos de oposición y los muchos otros conflictos que entonces se dieron en el mundo civil, en buena parte derivados de la inexperiencia y carencia en la sociedad venezolana, especialmente en el liderazgo civil de los partidos, de una cultura política de la democracia; las prácticas y manifestaciones de sectarismo atribuidas con razón al partido Acción Democrática; la apabullante fuerza electoral y la popularidad que a lo largo de aquellos tres años alcanzó el partido de Gobierno; la debilidad de la defensa por parte del liderazgo civil bajo la presidencia de Rómulo Gallegos en momentos cuando debió enfrentar las presiones y amenazas militares; las fisuras internas que en momentos críticos se produjeron y se hicieron evidentes entre los principales líderes de Acción Democrática; la ineficacia y no aplicación de los pocos instrumentos jurídicos y políticos a disposición del Gobierno democrático para enfrentar la conspiración, y, finalmente, las debilidades y vacilaciones en el momento de defender la institucionalidad y de enfrentar las amenazas y acciones de los militares golpistas.

El golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948 tuvo la particularidad de crear una situación en que todo el poder político, por primera vez en nuestra historia, pasó a manos de las fuerzas armadas como institución. Antes habían gobernado caudillos, jefes civiles o generales y coroneles que por su carisma, o por la posesión y disposición de recursos materiales o por alguna otra circunstancia se habían alzado, combatido y llegado al poder desplazando a algún otro caudillo o jefe civil o militar.

Esta vez las fuerzas armadas, ya como institución, como cuerpo orgánico y estructura modernizada, con el beneplácito de heterogéneos sectores sociales, se hicieron de todo el poder político mediante un acto de fuerza, imponiendo las armas sobre la voluntad que el pueblo ya había expresado por amplia mayoría en las primeras elecciones de masiva participación popular. Todas estas circunstancias hicieron del 24 de noviembre de 1948 un acontecimiento distinto, hasta entonces inédito en nuestra historia. Su análisis ofrece útiles enseñanzas para cualquier investigación que pretenda identificar y analizar los riesgos y peligros que amenazan las nacientes democracias en sociedades sometidas a un rápido desarrollo político.

Los historiadores y testigos de aquellos acontecimientos han sido parcos en el análisis y en la descripción de los detalles de la crisis. También en Acción Democrática el asunto se ha manejado con especial prudencia y más bien se han silenciado hechos y circunstancias, bien por temor a críticas o a sesgadas interpretaciones, bien por respeto a la ilustre personalidad de Gallegos, o porque no se quiere admitir el mal manejo de la crisis o el haber cometido errores políticos, o bien porque se quieran olvidar etapas dolorosas. Lo cierto es que el tema y la descripción de los pormenores de la caída del Gobierno civil de Rómulo Gallegos no han sido estudiados en sus detalles. Como puede constatarse, por el lado de Acción Democrática, aparte de los trabajos de Rómulo Betancourt, Alberto Carnevali y Simón Alberto Consalvi poco se ha escrito sobre el 24 de noviembre.

Creemos que el empeño en evadir el análisis de un hecho de tanta trascendencia no ayuda a su necesario conocimiento o correcta investigación. Desde nuestro punto de vista, aquel acontecimiento pertenece a la historia, y la historia debe ser contada, y los hechos y circunstancias deben ser conocidos tal como sucedieron, y en la medida de lo posible deben ser descritos e interpretados de la manera más objetiva posible. Después de todo, el recuento objetivo de los hechos del pasado, junto con su interpretación, constituyen un valioso recurso, necesario e ilustrativo para la planificación y la estrategia política del presente.

Este trabajo no pretende llegar a afirmaciones y menos aun a proponer conclusiones definitivas sobre un acontecimiento histórico cuyo origen, naturaleza y consecuencias permanecen en la controversia. El propósito más bien es suministrar nuevos elementos e ideas y contribuir al necesario debate objetivo que después de tantos años aún se reclama sobre aquel acontecimiento histórico. Para ello hemos utilizado fuentes directas e indirectas, y enseñanzas extraídas de la teoría política, del análisis comparado y de estudios de casos específicos, con especial referencia a otros países de América Latina.

En el curso de la investigación se recogieron y analizaron testimonios de protagonistas y opiniones de testigos que vivieron los hechos, con quienes tuvimos oportunidad de conversar a lo largo de muchos años. Se examinó y utilizó la voluminosa documentación disponible, en su inmensa mayoría ya publicada pero dispersa en periódicos y revistas, más la contenida en archivos privados y en escritos, algunos aún no publicados, dejados por los protagonistas; así como los ensayos y trabajos de investigación sobre los hechos ocurridos, y las controvertidas opiniones emitidas por defensores y detractores del golpe militar a lo largo de varias décadas.

Por muchos años recogí, recopilé y anoté opiniones, juicios e informaciones que me fueron suministrados directamente, en conversaciones con protagonistas. Sobre el tema, naturaleza, origen, causas y consecuencias tuve el privilegio de conversar con actores principales como Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios, Carlos Andrés Pérez, Eligio Anzola Anzola, José Manuel Gámez Arellano, Luis Augusto Dubuc, Edmundo Fernández, Carlos D’Ascoli y otros militares y dirigentes políticos. A lo largo del trabajo hago citas y mención de sus apreciaciones y testimonios, algunos hasta ahora no publicados.

Debo especial agradecimiento a la profesora Mirela Quero de Trinca, quien generosamente leyó los originales de este libro. Con dedicación y profesionalismo, y por sus conocimientos sobre esta específica etapa de la historia política venezolana, me ayudó a precisar conceptos, a investigar más profundamente sobre ciertos hechos relevantes, circunstancias y fechas, y en la corrección de forma y fondo de estas páginas. Su contribución fue esencial para la realización del trabajo.

Igualmente agradezco los comentarios críticos, sugerencias e informaciones que en el curso de la investigación me brindaron mis amigos de muchos años Octavio Lepage, recientemente fallecido, y Carlos Canache Mata, activo intelectual, ambos veteranos políticos dirigentes del partido Acción Democrática, así como el coronel Oscar Zamora Conde, también recientemente fallecido, quien fuera edecán del presidente Gallegos al momento del derrocamiento de su Gobierno. Ellos también fueron protagonistas estelares en aquellos acontecimientos que marcaron el inicio de la dictadura militar que principió el 24 de noviembre de 1948.

Marco Tulio Bruni Celli

PRIMERA PARTE

Origen, naturaleza, significado y alcances del 24 de Noviembre de 1948

CAPÍTULO I

¿Por qué cayó el Gobierno de Gallegos?

Pocas semanas después del 24 de noviembre de 1948, Alberto Carnevali, quien ya se desempeñaba como uno de los jefes políticos de la resistencia, en aquellos días iniciales de heroica lucha clandestina, al reflexionar sobre las causas y desarrollo de los hechos, en un apretado análisis-testimonio titulado Intimidades del Golpe Militar, intentó una explicación con estas dramáticas reflexiones:

¿Por qué cayó AD tan estrepitosa y rápidamente?, es la pregunta que millares de demócratas se formulan en América con la amargura de quien ha perdido un libro o cancelado forzosamente una esperanza. Si Gallegos era la más elevada encarnación moral y espiritual del pueblo venezolano, y el partido que lo respaldaba un ariete poderoso, ¿por qué se vino abajo en el estrecho espacio de unas horas el régimen surgido de esa armoniosa combinación?

El mismo Carnevali propuso la respuesta:

Esta pregunta tiene, aunque parezca extraño, una explicación clarísima para quien conozca las características de violencia, injusticia y opresión que han campeado consuetudinariamente en la historia venezolana. De Páez a Gómez corre un cinturón de dictadores que asfixió en Venezuela todo asomo de dignidad civil y de progreso cultural. El 24 de noviembre no es más que la reminiscencia obligada de ese pasado histórico, la revancha de la barbarie, el renacer de los elementos sórdidos que AD había soterrado sin extinguirlos definitivamente. El espíritu de Boves, los manes de Páez, las ideas de Guzmán Blanco y la moral de Juan Vicente Gómez, se conjugan en esa fecha aciaga que es el último esfuerzo de la anti-Venezuela para asegurarse feudo tranquilo para sus depredaciones¹.

Carnevali apela al recuerdo y a la descripción de la realidad histórica y se interna en la explicación y búsqueda de por qué esa reacción militar contra el Gobierno civil había sido y probablemente seguiría siendo también la suerte de otras nacientes democracias latinoamericanas. Y entonces escribe:

…cuando el Mandatario extiende su mano temblorosa de emoción sobre el texto de la Carta Fundamental para prestar el juramento de rigor, muchas gentes creen adivinar en los bolsillos del traje de etiqueta el pasaje aéreo hacia el exilio que le dan quienes le derriben. Mientras el Presidente adelanta su trabajo administrativo, algún oscuro teniente estará fraguando en la ronda de los círculos conspirativos su traición armada. Y en la media noche más solitaria, al tiempo en que el país duerme confiado en la eficacia de las instituciones, un grupo de militares introducirá sus espuelas en el Palacio Presidencial para anunciar que un mandatario salió hacia un calabozo o marcha hacia el extranjero. Horas más tarde, andarán por las calles patrullas armadas y una voz dirá por la radio que las Fuerzas Armadas asumieron el control de la Nación para salvarla del desbarajuste administrativo y de la corrupción política. El toque de queda, el allanamiento masivo de domicilios, el secuestro de millares de ciudadanos y la absoluta privación de derechos para todo el país, serán siempre los instrumentos con que los acuciosos militares iniciarán su tarea salvadora. Para justificar estos procedimientos se apela invariablemente a complacientes teorías o se alquila la pluma de algún político en cesantía, de esos que no encuentran obstáculos para deformar la historia, el derecho o la sociología².

El pretorianismo como elemento subyacente

En el intento de encontrar explicaciones, historiadores e intérpretes hacen referencia de un elemento primario, subyacente, que explicaría por qué se produjo el 24 de noviembre, y que también ayudaría a entender los muchos otros casos de conspiraciones y de asaltos militares al poder que se han intentado y producido en Venezuela y en otros países de la región. Ese elemento es el rampante pretorianismo que desde el comienzo de nuestra era republicana penetró y se instaló en los centros de poder, contaminó la actividad política y que, a lo largo del tiempo desde entonces hasta hoy, ha definido la naturaleza, alimentado el pensamiento y orientado la conducta de buena parte de los oficiales de las fuerzas armadas venezolanas y de otros países de América Latina.

Entendido en su específica acepción de papel protagónico dominante y abusivo por parte de los militares y su participación e intervención en la definición y ejercicio de la política, el pretorianismo se implantó aquí desde la formación de la República, siguió luego de concluido el proceso bélico de la Independencia, y ha permanecido como obsesión en la mentalidad y como propósito de acción, con variaciones en intensidad y estilo, en un significativo número de oficiales de las fuerzas armadas, a lo largo de los años.

Sus consecuencias negativas están a la vista: ese continuado pretorianismo, en sus diferentes formas y estilos, expresado bien por la formación de Gobiernos netamente militares o de activa, aunque variable, participación castrense en la toma de decisiones políticas, ha impedido en unos cuantos casos, y obstaculizado en muchos otros, el desarrollo institucional democrático. También ha provocado costosos conflictos sociales, una visible y continuada inestabilidad institucional, la instauración y permanencia de férreas dictaduras, corrupción e ineficiencia administrativa, retrasos en el desarrollo, largos períodos de incertidumbre y un sistemático desconocimiento y violación de los más elementales derechos humanos.

Esa realidad histórica abre cauce a reflexiones y preguntas. Vemos que en otros países y regiones del mundo los Gobiernos civiles y sus instituciones legitimadas por la elección popular y por su desempeño democrático, han funcionado y funcionan normalmente, sin amenazas ni riesgos de estabilidad. Al mismo tiempo allí los militares, de manera regular y efectiva cumplen, sin acariciar otros propósitos, sus funciones naturales y legales de defensa de la integridad territorial y de guardianes de la soberanía, permaneciendo subordinados al poder civil, en acatamiento a lo que ordenan y exigen las leyes.

¿Por qué entonces en muchos países de América Latina, desde su nacimiento como repúblicas independientes, hace doscientos años, los jefes militares se han empeñado en dominar o participar, y efectivamente han dominado y participado en la política, al extremo de manejar abiertamente, en modo de actores principales y por tanto tiempo, los resortes del poder? ¿Por qué siguen siendo, como ocurre en Venezuela hoy, y como también ha sido y es el caso en algunos otros países de la región, protagonistas de primer orden en la actividad política?

Buscando el origen del pretorianismo latinoamericano

Mucho se ha escrito sobre el fundamento sociopolítico y sobre los orígenes de la perversa desviación pretoriana que a lo largo de tanto tiempo ha impedido, retrasado e interrumpido el desarrollo político de los países de América Latina. Se sabe que una vez terminada la guerra de Independencia, ante la carencia o debilidad de las instituciones civiles, aquellos hombres que habían sido los jefes militares en la contienda, ya para entonces proclamados y reconocidos como héroes, libertadores y padres de la Patria, devinieron en los verdaderos jefes políticos de las nacientes repúblicas. En la original Gran Colombia y en sus regiones o Estados integrantes –Colombia, Ecuador, Venezuela–, surgieron de inmediato, luego de la guerra, las figuras de Urdaneta, Páez, Sucre, Flores, Soublette, Mariño, Santander, quienes luego de ejercer la jefatura militar cumplida al frente de sus ejércitos, buscaron y de inmediato pasaron a ocupar los más altos cargos políticos.

A partir de entonces el pretorianismo se afianzó cuando los mismos militares y también destacadas personalidades del mundo civil, creyeron y sostuvieron que asumir y manejar el poder político una vez lograda la independencia era un derecho adquirido por los militares, hasta por la sola razón de haber hecho la guerra. Al respecto el historiador venezolano Felipe Larrazábal narra un hecho que expresa, además de ese sentimiento, el desprecio de los militares por el mundo civil y sus tempranos propósitos de tomar y ejercer todo el poder político:

...el general José María Córdova… habló al general Tomás Cipriano Mosquera para que lo ayudase a combinar y asegurar los planes de una revolución que meditaba. Debemos pensar seriamente en salvar nuestro país –le dijo–, y para esto es preciso segregar a la Nueva Granada de Venezuela. El Libertador está viejo; ya pocos serán sus días, y sin faltarle el respeto, debemos separarlo del mando... yo seré el Jefe Supremo y Usted mi Secretario General y de Guerra…. ¿Y dónde y cuándo reunirá usted la representación nacional? –Le preguntó Mosquera–. Córdova respondió: ¡Qué representación, nada de representación. Esas son necedades. Es preciso exterminar a los abogados. Nuestra República debe ser militar. El espíritu militar la ha formado; y después que existe por nuestro valor, están mandándola las togas y los leguleyos….³

Más tarde, a lo largo de todo el siglo XIX, en nuestros países, entonces independientes, ya desaparecidos físicamente aquellos héroes de la guerra frente a España, vino el turno de los caudillos militares surgidos de las contiendas internas, que se impusieron como jefes políticos al mando de sus ejércitos irregulares. No eran militares propiamente dicho puesto que, en realidad, en su mayoría eran civiles autonombrados y luego reconocidos como si de verdad fueran coroneles y generales. Y también, mucho más tarde, entrado el siglo XX, reafirmando la naturaleza pretoriana del proceso político, aunque ya modificada por las circunstancias, vinieron los primeros casos en que el poder pasó a manos de oficiales profesionales. Estos eran egresados de las recientemente creadas escuelas militares.

Fuese por jerarquía y antigüedad, o por golpes de suerte, por audacia o por alguna otra circunstancia, ellos emergieron y se hicieron reconocer como jefes dentro del estamento castrense. Fue a partir de entonces cuando los jefes militares profesionales pasaron a actuar y a ocupar la jefatura política que solo en algunos casos y en proporciones variables compartieron con los civiles.

Este proceso no se dio al mismo tiempo en todos los países de la región. En unos sufrió un evidente retardo cuando el viejo caudillismo se prolongó hasta la segunda y tercera década del siglo XX. Pero con el inicio de esta modalidad, hace ya un siglo, y a lo largo de todo el tiempo, hasta ahora, en términos generales, han sido los militares profesionales, y ya no los viejos caudillos, quienes han cultivado, desarrollado y logrado el propósito pretoriano de satisfacer la permanente ambición de hacerse de parte y aun de todo el poder político.

La historia muestra las distintas formas en que los militares de América Latina han manejado las riendas del poder, bien directamente, con la instauración de Gobiernos de naturaleza netamente militar, que los ha habido, o por la vía de visible participación e influencia compartida con sectores civiles, o por las presiones o el reclamo, o por la tenencia y ejercicio de variables cuotas de poder y de influencia, cuando se han asociado con las tradicionales oligarquías sociales, políticas y económicas. O, en otras ocasiones, cuando formal o informalmente lo han ejercido asociados a sectores civiles organizados en partidos políticos. Pero lo cierto es que nunca los militares han dejado de tener altas cuotas de poder y de influencia, que han compartido, en mayor o menor grado, en unos casos con cierta moderación y recato, abiertamente o desde detrás de la escena, en el curso de Gobiernos de origen legítimo electoral popular y de aparente o franca naturaleza civil.

En cualquiera de los casos ese poder militar siempre se ha dado, aun cuando dirigentes de partidos políticos con arraigo popular fueron elegidos por el voto mayoritario del pueblo y ocupado formalmente la Jefatura del Estado. Es así como, negando uno de los primarios requerimientos de la democracia y en contra de lo que ordenan las Constituciones y Leyes, la historia de nuestros países muestra que en la mayoría de los casos, los coroneles y generales han manejado altas cuotas de poder mediante el uso o la amenaza de la fuerza hasta convertirse en jefes políticos supremos o compartiendo el poder con sectores civiles.

Como comprobación del acentuado pretorianismo también se ha hecho evidente esta otra verdad histórica: en América Latina –y en Venezuela– han sido muchos más los Gobiernos originados en los golpes de Estado o sostenidos y basados en la fuerza de las bayonetas que los que han tenido su origen y sustentados en el voto popular libremente expresado.

No es exagerado decir que lo normal –normalidad interpretada en el sentido de la existencia de una realidad continuada en el tiempo– ha sido que el poder político en nuestras sociedades latinoamericanas, bien en lo que toca a la definición del rumbo y de la dirección de la política, a la toma de decisiones, y aún al manejo de la administración pública, ha permanecido por más tiempo y en mayor proporción, en manos de los militares que de los civiles⁴. Aquellas ocasiones en las que los civiles, una vez llegados al poder, han hecho valer su autoridad y logrado mayores cuotas de poder y de influencia sobre los militares, han sido más bien excepcionales.

Ambición y vocación de mando de los militares venezolanos

Hasta hace apenas dos décadas, antes de que se impusiera el actual Gobierno militar, durante los cuarenta años de democracia en Venezuela fue visible un hecho cierto, también repetido en otros países de la región: la existencia de un informal acuerdo o entendimiento entre las élites civiles y militares en el reparto de variables cuotas de poder y de influencia. Esto se dio aquí en Venezuela, y también en otros países, aun en los casos en que después de los grandes esfuerzos y de luchas contra las viejas dictaduras militares, finalmente se había logrado crear y consolidar un sistema político de derecho, con autoridades civiles ejecutivas y legislativas electas en procesos democráticos, con libre juego de partidos y franca división y cooperación entre los poderes.

Por ejemplo, esa fue la realidad venezolana durante los cuatro décadas de la democracia. Entre 1958 y 1998 en Venezuela tuvimos consecutivamente ocho quinquenios de Gobiernos presididos por civiles elegidos en procesos electorales limpios y con pleno funcionamiento del Estado de Derecho. Pero como expresión del fenómeno descrito, en ese lapso se mantuvo la vieja y generalizada desviación pretoriana, que se hizo evidente con las altas cuotas de influencia y de poder manejadas por el estamento militar, que entonces gozó de autonomía administrativa y funcional y que expresó su poder y su influencia a través de demandas y presiones ejercidas por los oficiales militares sobre el Gobierno civil⁵.

El general Fernando Ochoa Antich, quien en los años finales de esa etapa democrática se desempeñó como ministro de la Defensa, se ha referido a las consecuencias negativas de lo que él mismo llamó el papel exagerado que sobre las autoridades civiles jugaron las Fuerzas Armadas durante todos aquellos años de Gobiernos democráticos⁶. El profesor Domingo Irwin señala también las presiones ejercidas y recuerda cuáles fueron las áreas de mayor influencia en la toma de decisiones por parte del sector militar durante los años de la democracia. Escribió que entonces los militares ejercieron:

...presión por la adquisición de armamento, mejoras en infraestructuras y entrenamientos castrenses modernos. Este tipo de presiones son normales en toda sociedad contemporánea, pero en el caso criollo se presenta con el agravante de mantener un control monopólico sobre los temas de seguridad y defensa; más aún, logrando extenderlos hasta áreas vitales de la seguridad interior, las relaciones exteriores y política de fronteras de la Nación. Básicamente esta última situación se desarrolla a un tiempo que avanzan los estudios sistemáticos e institucionales del sector militar: fortalecimiento de las Escuelas Superiores de las distintas Fuerzas, hoy llamadas constitucionalmente Componentes, creación del Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas (hoy universidad experimental (Iuffan) y el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional Gran Mariscal de Ayacucho (Iaeden)… Otros aspectos que evidencian la influencia política recurrente del sector militar venezolano lo tenemos en un ministro de la Defensa militar activo, cuando constitucionalmente podría ser un civil. Otro tanto puede decirse de las acciones del llamado Plan República, de supervisión imparcial y apoyo logístico en los procesos electorales. Necesidad obvia ante la situación de violencia política de la década de 1960, pero innecesarios desde las elecciones de 1967 o 1973, aunque de nuevo necesarios desde finales de la década de 1990. Esto último como un resultado más de la politización partidista de la Fuerza Armada Nacional, o al menos de un sector socialmente visible de ésta. También, last but not least, en la ausencia de civiles especialistas en temas de seguridad y defensa con institucionales responsabilidades en el diseño de las políticas de este específico campo…⁷.

Somos sociedades pretorianas

En cualquiera de las fórmulas o estilos, a lo largo de los dos siglos de independencia, en Venezuela y en otros países de América Latina la conducción de los Gobiernos, su orientación, la definición de sus propósitos y su naturaleza han estado asociados y dependido, en diferentes grados y de acuerdo a circunstancias y realidades específicas de cada país, mucho más de las decisiones de los militares y del poder de las armas, que de la voluntad popular expresada en procesos electorales democráticos. En definitiva, hemos sido desde el comienzo, y seguimos siendo, con diferencias de grado y de estilos en el tiempo y entre los países, sociedades pretorianas.

Por lo demás, como puede apreciarse a partir de sus actuaciones a lo largo del tiempo, pudiéramos afirmar que los militares nunca han aceptado de buena gana la existencia de Gobiernos civiles y siempre han intentado su derrocamiento. Cuando no han ejercido todo el mando, entonces han hecho punto de honor conservar un alto grado de autonomía funcional y administrativa, y de ejercer variables –pero siempre importantes– cuotas de poder y de influencia. Fue el caso de Venezuela, como ya apuntamos, cuando en el curso de los Gobiernos civiles el estamento militar conservó y ejerció un apreciable grado de autonomía, con apenas un relativo mínimo y meramente formal control civil. Estas licencias de autonomía y permisividad bajo Gobiernos civiles fueron determinantes para que los militares conservaran y hasta potenciaran aquella vieja creencia de que tienen el derecho de ejercer el poder político. Sobre esa realidad el general Fernando Ochoa Antich escribió lo siguiente, refiriéndose a los 40 años de democracia entre 1958 y 1998:

En algunas oportunidades he sostenido que las Fuerzas Armadas no aceptaron voluntariamente el régimen democrático. El triunfo de Betancourt siempre lo consideraron una derrota. Los militares venezolanos han estado convencidos de que tienen el derecho de dirigir a Venezuela. Esa es la verdad. Ese sentimiento generalizado facilitó los intentos conspirativos que se originaron en su seno. El éxito de los primeros veinte años de vigencia de la democracia permitió un importante proceso de institucionalización de las Fuerzas Armadas, que parecía indicar que la tendencia conspirativa había sido superada. Así lo percibió la dirigencia política de los partidos democráticos.

Los sectores de izquierda, derrotados militarmente en la época de los sesenta, tuvieron una visión distinta de esta situación. Entendieron que el golpe militar era el único camino existente para comprometer la estabilidad del régimen democrático. Convencidos de esta verdad se dedicaron a penetrar los cuadros de oficiales. Aquí comienzan los pecados: los institutos de formación de oficiales no tuvieron suficiente capacidad para detectar esta penetración, ni para cambiar la manera de pensar de esos jóvenes a través de la formación militar. Los organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas tampoco tuvieron la idoneidad requerida, para demostrar las actuaciones conspirativas de algunos oficiales. Los Altos Mandos de esos años consideraron equivocadamente que esos señalamientos eran intrigas para perjudicar a algunos oficiales en su carrera profesional...⁸.

Un análisis detallado de cómo funcionaron entonces las relaciones entre el sector militar y los gobernantes civiles muestra que, en ocasiones, los oficiales de las fuerzas armadas lograron interferir en actividades políticas, en decisiones relativas a negociaciones internacionales, en momentos alcanzaron altas cuotas de autonomía, de poder y de influencia, y e incluso a veces actuaron ejerciendo presiones de distinto orden, exigiendo ciertos derechos, y hasta asumiendo posiciones críticas o amenazantes cuando el Gobierno debió tomar determinadas decisiones. Y también, en aquellos años, las Fuerzas Armadas como institución, y sus integrantes, disfrutaron de independencia, privilegios y prerrogativas sin someterse al legítimo control que las autoridades civiles deben y están llamadas a ejercer sobre la institución militar y sus integrantes. Esa relativa autonomía y permisividad de que gozaron los militares bajo la administración de los Gobiernos civiles y el tradicional uso y disfrute de esos privilegios, alimentó y potenció viejos vicios⁹.

Los privilegios como derechos

Es bien sabido que la posición que ocupan las personas en el medio social, la manera como se desempeñan y como viven, el reconocimiento que reciben, y en general los privilegios de que disfrutan, son factores condicionantes de la conducta, de la consciencia y del pensamiento, pues influyen poderosamente en lo que creen que son y en lo que significan, lo que termina por modelar y definir sus propias actitudes frente a los demás. A lo largo de los años, como ya se ha dicho, los militares, al retener en sus manos y ejercer el poder político y al disfrutar de privilegios, además de ser generalmente reconocidos como importante factor de poder, han devenido en la realidad y así lo perciben ellos mismos, en una especial categoría dentro de la sociedad. Sienten que son una especie de casta privilegiada y, por tanto, titulares de especiales derechos.

La experiencia muestra que en la mentalidad de quienes los disfrutan, los privilegios pronto se convierten en derechos, que luego se reclaman y se mantienen como si fueran tales. Esta actitud se corresponde con una de las clásicas observaciones que sirvieron de base al materialismo histórico y que fue uno de los principios del marxismo original: la afirmación de que no es la consciencia la que hace la existencia sino que es la existencia la que modela y hace la consciencia. En otras palabras, los seres humanos pensamos y actuamos de acuerdo con nuestro nivel de vida, con nuestra posición en la sociedad y nuestras condiciones objetivas de existencia.

La tradicional primacía política y la autonomía de que han disfrutado los oficiales en lo individual y el estamento militar en su conjunto en nuestros países, el continuado ejercicio y goce de ciertos privilegios personales y de grupo, la simbología y los mitos cultivados, el continuado ejercicio del poder y el papel político de primer orden desempeñado a lo largo de la historia, todos estos elementos juntos, han producido y desarrollado en el pensamiento de buena parte de la oficialidad la idea de que ellos, los militares, constituyen una categoría social superior y distinta de los civiles. Y a la vez, buena parte del mundo civil admite como normal esa relación de minusvalía o inferioridad ante el mundo militar.

Los militares sienten que son superiores y distintos, y están convencidos de que son ellos y solo ellos, y nunca los civiles, quienes han recibido el mandato de cumplir la misión histórica de defender y enaltecer la Patria. Piensan que la providencia les ha encomendado la noble tarea de salvaguardar las glorias del pasado, de garantizar la seguridad del presente y de defender la integridad y la existencia misma de la Patria. Y lo más grave es que ese convencimiento de que efectivamente son acreedores de especiales derechos y privilegios en la práctica es generalmente reconocido y aceptado sin mayor discusión por el mundo civil. De esta manera el pretorianismo militar es complementado y apuntalado por una suerte de pretorianismo civil.

Todo ese proceso histórico-social, desde los primeros tiempos hasta hoy, que se inició en Venezuela con el nacimiento de la República, ha llevado a los militares a ocupar una posición de privilegio en la sociedad, que asocian con un pretendido destino manifiesto que ha alimentado y sigue alimentando el pretorianismo tradicional. Sobre esos hechos e ideas, y por derivación de ellos, los militares están persuadidos, y así lo demuestra su actitud, de que tienen el derecho y el deber de intervenir en la política cuando ellos mismos lo juzguen necesario. Y de desplazar a los gobernantes civiles, aun aquellos elegidos por el pueblo, siempre con el pretexto de salvaguardar la sociedad, de defender la Patria ante cualquier tipo, real o imaginario, de división, amenaza o peligro. Lo hacen generalmente aferrados al recurrido expediente de despolitizar la administración como fórmula para la solucionar las crisis. Lo paradójico es que con el manido pretexto del apoliticismo los militares siempre terminan por asumir, por vía de la fuerza y no por voluntad popular, la conducción del Gobierno y el poder político de la nación y a ejercerlo de manera despótica.

Sobre la base de ese pensamiento y tradición, y aprovechándose de las inmensas ventajas que les proporciona el monopolio de la tenencia y manejo de las armas, los militares se han convertido en gobernantes las más de las veces mediante acciones de fuerza, cada vez que las circunstancias les han sido favorables. Es el caso de Venezuela, como bien lo registra su historia. Una de esas ocasiones fue la toma de todo el poder político por los militares el 24 de noviembre de 1948, fecha de inició la dictadura que duró diez años. Pero también, como ya hemos dicho, hubo influencia y poder militar antes y también después, durante el tiempo que tuvimos Gobiernos electos por el pueblo y presididos por civiles, a lo largo de los cuarenta años de la democracia, aunque en ciertos momentos esos poderes e influencias militares se ejercieron con cierta prudencia y sobriedad.

Los efectos negativos de la autonomía y la permisividad

El mundo político-civil venezolano está obligado a reconocer, con propósitos de futura corrección, que hubo evidente y exagerada complacencia y hasta debilidad frente a las demandas y presiones indebidas, y en el reparto y entrega de las cuotas de poder exigidas por los militares a lo largo la historia, incluyendo las últimas cuatro décadas de democracia. La autonomía y la permisividad de que gozaron en esta última etapa tanto la institución castrense en su conjunto, como los oficiales de las fuerzas armadas individualmente, en el corto plazo provocaron, abrieron camino y estimularon la formación de grupos conspirativos, que luego se organizaron y fortalecieron, para producir los intentos subversivos de 1992 y finalmente formar el Gobierno militar que ahora nos agobia.

En el curso del tiempo, muy particularmente en la segunda mitad del período democrático-civil de los cuarenta años, se dieron hechos y circunstancias que pusieron en evidencia ante todos algo que ya se había hecho especialmente visible a los ojos de los propios oficiales: la debilidad y/o el temor del mundo civil ante las diversas amenazas y francas manifestaciones de pretorianismo. Entonces unos cuantos oficiales conspiraron abiertamente y aun descubiertos o fracasados en sus aventuras, nunca fueron debidamente castigados. Fallaron las investigaciones y aun cuando las responsabilidades fueron comprobadas, los castigos recibidos no pasaron de ser meras formalidades.

Cuanto más, a los conspiradores se les enviaba como agregados militares de alguna embajada. Asombrosamente, se dejaba cualquier investigación en manos de los mismos oficiales integrantes de los muy desordenados e inexpertos, y quizás comprometidos, servicios de inteligencia militar. Esas muestras de debilidad del poder civil legítimo ante la deslealtad, amenazas y acciones del mundo militar, y la ausencia de castigos aun cuando los oficiales hubiesen estado involucrados y cometido graves delitos, estimularon y dieron paso a que, a la vista de todos, desafiando principios esenciales de disciplina y lealtad, negando deberes y violentando juramentos, grupos militares, particularmente del Ejército, la Aviación y la Marina de Guerra, a lo largo del tiempo, y cubriendo varios cuarteles y guarniciones, pudieran concertarse y preparar las conspiraciones que desembocaron en los sangrientos y muy negativos acontecimientos del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992¹⁰.

El partido militar

A partir de 1999, con la elección y llegada de Chávez al poder, desapareció la actitud de relativo e interesado recato en el ejercicio de la actividad política por parte de los oficiales. En los años más recientes los militares han pasado a ejercer de manera abierta y franca la actividad y la militancia política. La razón de esta actitud más abierta y visible es que ahora no necesitan de prudencia alguna. Primero bajo el Gobierno de Chávez y más recientemente bajo Maduro, los militares activos se presentan abiertamente, sin disimulos, como dirigentes políticos y actúan como jefes y directivos de un virtual partido militar, no solo porque muchos de sus jefes están ocupando importantes cargos en la administración, como ministros, directivos de institutos autónomos y gobernaciones de estado, sino también porque a diario hacen declaraciones de compromisos político-partidistas, actúan en defensa de intereses de grupos ideológicos y conforman el núcleo central de una nomenclatura donde se toman las más importantes decisiones políticas y administrativas de Estado.

La debilidad en el control civil sobre el mundo militar, que durante las cuatro décadas democráticas fue franca expresión de temor del mundo civil frente a las presiones y amenazas de los militares, también especialmente en los últimos meses antes del golpe de Estado que derrocó al Gobierno del Presidente Gallegos el 24 de noviembre de 1948.

En definitiva, el legítimo y necesario control civil sobre el mundo militar, norma y principio fundamental de los sistemas políticos democráticos desarrollados, no funcionó entonces, como tampoco había funcionado antes ni ha funcionado después. El profesor Hernán Castillo, de la Universidad Simón Bolívar, con base en sus estudios sobre las relaciones entre los civiles y los militares en el curso de las cuatro décadas de democracia, entre 1958 y 1998, afirma que

...el liderazgo civil no tuvo, ni ha tenido hasta ahora la capacidad, el interés, la voluntad y claridad políticas, consistencia conceptual y convicción doctrinaria para implementar un conjunto de mecanismos institucionales y técnicas para ejercer un efectivo control civil sobre el histórico potencial pretoriano de los militares venezolanos…¹¹.

En realidad, en el curso de las cuatro décadas de democracia los Gobiernos no cumplieron ni siquiera con las muy pocas y débiles normas de la Constitución de 1961, que establecían y ordenaban un mínimo control civil sobre el mundo militar. Como se sabe esas mínimas normas desaparecieron en la Constitución de 1999.

El ciudadano, el hombre armado y los derechos políticos

Sabemos que el hombre armado (el oficial, suboficial y personal de tropa de las fuerzas armadas en situación de actividad) no es un ciudadano común llamado a ejercer libremente todos sus derechos políticos. La Constitución Nacional y las Leyes correspondientes en todas partes se los restringen al ordenar que no debe ni puede deliberar en el campo de la política durante el tiempo que esté en situación de actividad. En esa etapa los militares activos tienen la obligación de obediencia a las autoridades civiles y no les está permitido expresar sus opiniones políticas ni de actuar de acuerdo a ellas. Al respecto Buttó dice que

...la divisoria estriba en la condición de desarmado que caracteriza al sector civil y en la condición de armado que identifica al sector militar, razón por la cual la norma escrita hace a éste competente para ejercer la coerción y la fuerza legal del Estado (…), en pocas palabras, los militares no son ciudadanos armados, como cierto discurso empeñado en justificar la aparición y el desarrollo del pretorianismo y del militarismo (versión más acabada y perversa de pretorianismo) pretende vender como aceptable y socialmente necesario. Los militares son soldados y punto, con todo lo que el vocablo implica en términos de restricción de ciudadanía, en especial a la subordinación, la obediencia y la incapacidad de deliberar…¹².

Por la naturaleza de sus funciones y por la formación profesional que reciben en sus estudios especializados, los oficiales no están preparados para cumplir responsabilidades de Gobierno, y mucho menos para las correspondientes a la actividad política militante y el ejercicio del poder político. Y además, por la Constitución y Ley les está prohibida la militancia política.

Su apoliticismo no debe interpretarse como una castración intelectual o ideológica. Tiene que ver con el mandato lógico y obligatorio de que mientras estén en tiempo y condición de actividad y manejen las armas de la República no les está permitido actuar con base en compromisos partidistas o ideológicos, pues son servidores del Estado dedicados a su defensa frente a peligros y amenazas exteriores, y por tanto no son militantes de ideologías ni pueden declararse o desempeñarse como partidarios de banderías políticas. Esta exigencia no es una imposición discriminatoria. De nuevo, esta es norma vigente y de exigible cumplimiento en todo el mundo democrático. Tiene su fundamento en un razonamiento lógico: el militar activo, en su condición de persona legítimamente armada, está en evidente ventaja física y de seguridad y defensa personal y colectiva frente a los demás ciudadanos. La confrontación política democrática requiere de absoluta igualdad entre los ciudadanos que deliberan y militan con ideologías e intereses distintos. Como escribe Buttó:

...ningún supuesto teórico o programático puede servir de soporte para encausar la propuesta de otorgarles a los integrantes de la fuerza armada la condición de deliberantes, pues, en el mejor de los escenarios, avanzar en esa dirección implica igualarlos al sector civil en el proceso de toma de decisiones, lo cual da pie para que la óptica militar pueda sentir su influencia y pueda, eventualmente, encausar la decisión correspondiente en concordancia con la orientación preferida por el mundo castrense, lo cual de suyo, en la mayoría de los casos, conlleva altos costos materiales y humanos que la sociedad como un todo debe a todo trance evitar pagar.

En el peor de los escenarios, otorgar capacidad de deliberación a los militares va a significar que aquellas decisiones las cuales los civiles efectivamente podrán tomar no serán otras sino las bendecidas con el beneplácito del estamento armado, en la práctica el secuestro de las maquinarias estadal y gubernamental por parte de la institución castrense, erigida entonces en árbitro u órgano tutelar colocado incluso por encima de la totalidad del Estado. En otras palabras, el mundo al revés, pues el control no sería en consecuencia de los civiles sobre los militares (control civil) sino de los militares sobre los civiles, mentís brutal al sistema democrático liberal representativo, pues los militares, en ninguna parte del mundo, son representantes electos por la colectividad para desempeñar poderes públicos¹³.

Sin embargo, sin rubor alguno el discurso de la dirigencia oficial política en la Venezuela de estos años (1999-2021) afirma reiteradamente que la suya es una revolución armada. A diario vemos que los oficiales militares en situación de actividad pronuncian discursos políticos encendidos, repiten consignas y saludos partidarios, y actúan como dirigentes de la organización política oficialista. Todo esto se hace en abierta violación de normas y principios constitucionales y legales. El campo de acción y las responsabilidades y competencias de los militares y sus obligaciones y derechos están señalados en las leyes y aquí, como en muchas otras partes, es asunto definido en la Constitución de la República. Los principios y normas constitucionales sobre el asunto, aun las muy pocas de la Constitución de 1999, han sido desconocidos y violados en la práctica, luego de la absurda sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela¹⁴.

Efectos inmediatos del pretorianismo

El ya viejo y generalizado pretorianismo ha sido uno de los principales obstáculos para el pacífico y continuado desarrollo democrático de los países de la región. Una revisión superficial de la evolución histórica deja ver que casi todos han tenido, y por largos períodos, Gobiernos militares, aunque de distinto origen, naturaleza, alcances y propósitos. También es diversa la forma como se han gestado y realizado las revoluciones y los golpes de Estado que han llevado al poder a los oficiales. Resulta evidente que todos se han inspirado en la vieja y permanente tentación pretoriana del llamado destino manifiesto militar, vicio histórico que a su vez ha contribuido a definir la naturaleza autocrática de muchos de los Gobiernos de la región.

Los Gobiernos militares, por su origen, integración y naturaleza, sustentados en la represión, la fuerza y en el poder de fuego, y no en la legitimidad de sus acciones ni en la voluntad popular, han sido negadores sistemáticos de los derechos humanos, y responsables, como lo demuestran innumerables casos y estudios sobre el tema, del retraso en el proceso de desarrollo político democrático. Al respecto afirma el profesor Buttó:

...cualquier Gobierno militar es en sí mismo una negación de la democracia (…) el ejercicio militar del poder Ejecutivo tiende inexorablemente al autoritarismo. Y en verdad, no podría ser de otra manera dadas las características de la organización matriz de los hombres y mujeres de uniforme en funciones gubernamentales, centrada como está la garantía de su operación en la concepción de un sistema donde órdenes e instrucciones deben cumplirse sin dilación, aun cuando a posteriori se intente discutirlas¹⁵.

La explicación histórico-sociológica

En busca de razones, unos sostienen que hay fundamentos histórico-sociológicos comunes a los países latinoamericanos que explicarían por qué, desde el comienzo, se impuso, ha durado en el tiempo y aún persiste en tal alto grado el poder y la influencia militar en la política. En esa afanosa búsqueda por explicar el origen del pretorianismo se hace referencia a un hecho concreto: que para desgracia del desarrollo cívico-institucional de la mayoría de los países latinoamericanos, y de manera muy especial y visible en el caso venezolano, el proceso de independencia, antes que resultado de una negociación política de naturaleza civil, fue más bien una larga y sangrienta guerra que, por su propia naturaleza y características, fue dirigida y ejecutada primeramente por jefes militares.

Contrariamente a lo que ocurrió en algunos otras regiones y países del mundo, donde los grandes procesos de cambio político y los logros de independencia nacional fueron resultado de exitosas negociaciones, acuerdos y otras acciones políticas concertadas dentro de la sociedad y entre los representantes de las colonias y de los Gobiernos de las metrópolis, negociaciones que por sus éxitos y alcances en muchas partes dieron protagonismo y prestigio al liderazgo civil, nuestro proceso de independencia, por su naturaleza principalmente militar, dio preeminencia a los jefes militares. Como consecuencia, en buena parte la historia de nuestra Independencia, tal como la conocemos y como ha sido escrita y es estudiada en nuestras escuelas, es esencialmente una historia militar, una continuada relación de campañas y batallas, de victorias y derrotas¹⁶. Esa sola circunstancia favoreció la creación y una mayor presencia y reconocimiento del procerato militar, muy por encima del que pudo y debió tener y ser reconocido como contribución a nuestra independencia por parte del mundo civil. Así, una vez terminada la guerra y alcanzada la victoria, el ejercicio y la jefatura de la política quedó en manos de aquellos héroes militares, que luego la manejaron a su antojo, y a partir de entonces entre ellos se disputaron el poder, lo que hicieron no mediante procesos cívicos sino mediante el método que mejor conocían, es decir, por la fuerza de las armas.

Lo que vino después fue una sucesión de golpes de Estado, de revoluciones, de permanente inestabilidad, de Gobiernos provisionales, de renuncias y de derrocamientos¹⁷. Desde entonces hemos tenido revoluciones, insurrecciones, golpes de Estado y golpes de Palacio, que hicieron de los siglos XIX y XX un tiempo de inestabilidad política, de apresurados cambios de Gobiernos y de guerras civiles¹⁸. Entre nosotros, como recuerda Consalvi:

…además de la renuncia de Vargas en 1835 aparecen como derrocados, derrotados o renunciantes José Tadeo Monagas, derrocado (1858); Julián Castro, forzado a renunciar (1860); Manuel Felipe Tovar, renuncia (1861), Pedro Gual, derrocado (1863), José Antonio Páez, derrotado (1868); Juan Crisóstomo Falcón, renuncia (1868); Manuel Ezequiel Bruzual, renuncia (1868); José Ruperto Monagas, derrocado (1870); Raimundo Andueza Palacios, derrocado (1892); e Ignacio Andrade, derrocado (1899)¹⁹.

Luego llegaron las conspiraciones de los militares profesionales a lo largo de todo el siglo XX, que se dieron contra los presidentes Gómez, López Contreras, Medina Angarita, la Junta Revolucionaria, Gallegos, Pérez Jiménez, y finalmente los muchos intentos de golpes de Estado durante los cuarenta años de democracia, hasta llegar al Gobierno militar que hoy nos agobia²⁰.

El procerato civil de independencia, que en los comienzos del movimiento emancipador estimuló y organizó la protesta, definió las estrategias y dirigió con tino político las primigenias y muy exitosas jornadas cívicas de Independencia de 1810 y 1811, en buena parte fue físicamente aniquilado a comienzos de la lucha armada, entre los años terribles de 1812 y 1814; y luego, los pocos que lograron sobrevivir fueron forzados al exilio, o simplemente apartados y neutralizados cuando la lucha por la independencia, por sus propias características de guerra intensa y sangrienta, requirió en lo inmediato mucho más de la fuerza de los fusiles, de la heroicidad en la lucha, de la audacia y valentía de los jefes militares, de las campañas y las batallas, que del talento y la sabiduría para la negociación política y de los conocimientos jurídicos y de otro orden que pudieran aportar los civiles.

En definitiva, el proceso de independencia de Venezuela, a diferencia de lo que ocurrió en otras partes del mundo, pero al igual que otros países de América Latina, fue principalmente de naturaleza bélica, y por tanto estuvo dirigido, orientado y ejecutado mayormente por militares. De allí que al registrar y analizar nuestro pasado, la historiografía relata fundamentalmente las campañas militares y las batallas libradas por los ejércitos, mientras que el pensamiento y las acciones civiles, tan importantes y necesarios como fueron para alcanzar la independencia, apenas aparecen y se aprecian como si fueran acontecimientos y acciones secundarias.

Desde su comienzo, repetimos, la historia de la independencia ha sido básicamente una historia militar, y más allá de la muy concreta naturaleza bélica de los acontecimientos –también porque deliberadamente se ha silenciado buena parte de los asuntos políticos y cívicos del proceso emancipador, tan rico en ideas, principios, propósitos, proposiciones de unidad regional y continental, de iniciativas de formación y aplicación de derecho humanitario, y de propuestas de constitucionalismo democrático. Ese mismo olvido se registra con respecto a los aspectos positivos de las propuestas y logros del desarrollo político, obra del mundo civil durante el tiempo de la Venezuela independiente²¹. Este olvido deliberado ha pesado y sigue pesando, para mal, sobre la naturaleza y el fundamento y desarrollo del proceso político venezolano de hoy. No dudamos en decir que esta grave falla también está en la base del pretorianismo, pues ha sido uno de sus condicionantes. Con razón el profesor Hernán Castillo ha escrito que: "el pretorianismo venezolano tiene sus orígenes históricos más remotos en la exaltación de la tradición acerca del papel que desempeñó el ejército en las luchas por la independencia…²².

La exaltación del papel jugado por los militares y la relativa ignorancia o desconocimiento de la contribución del mundo civil tanto en el proceso de independencia y a la posterior evolución republicana, ha servido para crear mitos que a lo largo de la historia han perseguido y persiguen el perverso propósito de dar preeminencia histórica y política al estamento castrense por encima de los civiles. Sin darnos cuenta seguimos cultivando y practicando una continuada adoración por aquellos mitos y hasta llegamos a admitirlos como si fueran verdades incontestables. Por ejemplo, después de doscientos años, se ha llegado al extremo de calificar como ejército libertador al contemporáneo componente mayoritario de las Fuerzas Armadas (el Ejército), afirmación que se repite a diario y se proclama sin rubor alguno en decretos, alocuciones, desfiles, estandartes y consignas²³.

Esa interesada exaltación se fundamenta en una mentira que algunos han tratado de convertir en verdad. Apelando al negativo y engañoso recurso de su permanente repetición, voces interesadas se han empeñado y siguen empeñadas en calificar e identificar a las actuales Fuerzas Armadas (herederas o simple continuación de las que se alzaron y derrocaron a Rómulo Gallegos el 24 de noviembre y luego sirvieron de apoyo a la dictadura de Pérez Jiménez, así como las que hoy sostienen y protegen al régimen castro-chavista, violador sistemático de los derechos humanos y responsable de la entrega de nuestra soberanía a un país extranjero) con el Ejército Libertador, como si este de hoy fuera el mismo ejército de la Campaña Admirable, o del Paso de los Andes, o el de la Batalla de Carabobo, o como aquel que más allá de nuestras fronteras contribuyó a la independencia de los países bolivarianos²⁴.

De aquella distorsionada interpretación de la historia de la independencia, reducida en buena parte a la descripción de las campañas militares y a las batallas libradas, así como la posterior exaltación y adoración de esos mitos, emergió, como su lógica consecuencia –por supuesto que más en la descripción interesada que en la verdad y el sentimiento– un procerato principalmente militar.

Fue así como una vez terminada la contienda, los generales de la Independencia devinieron en los jefes políticos de estos países, exhibieron el prestigio de los vencedores y se autoproclamaron como los genuinos Padres de la Patria. Cobraron entonces, y sus sucesores en la jefatura de la institución militar también, muy altas y costosas cuotas de poder y de influencia, autoproclamándose como herederos y reencarnación de aquellos primeros héroes. Sin rubor alguno, no obstante su comportamiento, a diario afirman que todo lo hacen en defensa de la Patria con el agravante de que, como bien sabemos, para el pensamiento y la devoción pretoriana

…la mentalidad militar identifica los destinos nacionales con las esperanzas de las Fuerzas Armadas, haciendo que la medida del patriotismo esté en relación directa con la aceptación de los criterios y valores de las fuerzas armadas. Existe, para los militares, un patriotismo que es también muy propio y muy subjetivo, y que constituye el terreno donde nace y se desarrolla la decisión de intervenir, apareciendo entonces el fenómeno militarista²⁵.

Allí, en esas distorsiones, debe encontrarse el origen de aquellas tempranas manifestaciones de pretorianismo, que se han proyectado y manifestado abiertamente y mantenido a lo largo del tiempo. De esa accidentada historia, viene el mito que dio legitimidad y origen al mando y poder político de José Antonio Páez; a las razones de fuerza de Pedro Carujo frente a la majestad civilista de José María Vargas; a las sucesivas acciones militares y dictaduras personalistas de los Monagas, Falcón, Guzmán Blanco, Crespo, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, pasando por la deslealtad de Carlos Delgado Chalbaud, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, los muchos intentos de golpes contra la democracia de los cuarenta años y, en la actualidad, al militarismo implantado en Venezuela desde 1999.

Todos esos jefes militares tomaron el poder y se convirtieron en caudillos o cabezas visibles dominantes de la política por casi todo el tiempo desde el inicio de la era republicana, siempre en nombre de la Patria. Como consecuencia de ese protagonismo militar se ha dejado a un lado y se ignora la inmensa contribución que durante los siglos XIX y XX hicieron el conocimiento y la inteligencia a la formación de la Nación los héroes civiles de la nacionalidad.

No por mera casualidad y más bien con claro propósito de rectificación, tuvo que ser uno de los más reconocidos dirigentes políticos democráticos de Venezuela quien recordó y exaltó el papel jugado por el procerato civil a lo largo de la vida republicana. Escribió Betancourt:

El procerato civil de Venezuela tiene nombres que son símbolo de militante lealtad al ideario democrático. Libros y actividades de algunos de los que lo integran han influido en el pensamiento liberal hispanoamericano, trascendido más allá de las fronteras del país. La obra de Juan Germán Roscio sobre el conflicto entre libertad y despotismo contribuyó a modelar, en forma decisiva, la conducta política de Benito Juárez. Andrés Bello es uno de los forjadores del ordenamiento jurídico y de las instituciones democráticas de Chile. Miguel José Sanz, el maestro de Bolívar, caído en los campos de batalla de las guerras de independencia, se adelantó a su tiempo al intuir el moderno concepto de la educación de masas. Fermín Toro formuló, a mediados del siglo pasado, la crítica del liberalismo económico y de la autocracia como sistema político, con extraordinario valor dialéctico. En Cecilio Acosta encontró y exaltó José Martí a un par suyo en la devoción a los ideales de libertad y en la densa cultura humanística²⁶.

Primero fue el tiempo de los caudillos

La solución política y el aseguramiento del orden social durante todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX, así como el ejercicio del poder, fueron obra y oficio de caudillos y de audaces militares autodesignados generales y coroneles, que encabezaron ejércitos primitivos y llegaron al poder reclutando y armando, para la contienda civil, a campesinos e improvisados seguidores, a quienes usaron como su principal y en momentos, como su único recurso.

La violencia política, como expresión del viejo caudillismo, materializada en las guerras civiles, costosas en vidas, desarrollo y tranquilidad, duraría hasta la conformación de un efectivo ejército nacional con oficiales profesionales que se consolidó con la creación de las Escuelas Militares en la mayoría de los países de América Latina, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hasta entonces, en el caso de Venezuela, como bien lo explica Ramón J. Velásquez:

La verdadera fuerza para la defensa del Gobierno estaba constituida por los ejércitos particulares que los jefes locales reclutaban en los momentos de peligro. Al volver la paz, regresaban los soldados a las haciendas y a los hatos