Soberanía y dignidad: hacia un acuerdo ciudadano en seguridad y defensa

Por Gabriel Salazar Vergara, Roberto Sáez Olivares, Pablo Andres Franco Severino y Catherine Valenzuela Marchant

Ensayo histórico que aborda el concepto de la seguridad nacional desde el punto de vista de la ciudadanía. Primero con un análisis histórico de las fuerzas armadas, y segundo, en la aplicación del poder de seguridad en la coyuntura constituyente.

• Idioma: Español
• Editorial: LOM Ediciones
• Fecha de lanzamiento: 29 jun 2022
• ISBN: 9789560015051

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Presentación

El proceso constituyente desencadenado en octubre de 2019 es una convocatoria abierta a todos los pueblos de Chile para definir su futuro. Todas las clases sociales, actores políticos e intereses económicos se verán tensionados en torno a un proceso que tiene como objetivo último la redistribución del poder. Su resultado dará forma a un nuevo ciclo político, el que esperamos sea de carácter posneoliberal y con mayores niveles de protagonismo ciudadano.

No cabe duda de que este proceso está atravesado de tensiones y conflictividades, toda vez que el debate constitucional es expresión de intereses, algunos de ellos antagónicos. En ese sentido, y teniendo presente el diseño institucional de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, este texto invita a realizarnos dos interrogantes estratégicas: ¿Cuál será la actitud de las Fuerzas Armadas hacia estas tensiones estructurales? ¿Qué rol le cabe a la defensa nacional para asegurar y garantizar la irreversibilidad de este proceso de cambio?

En teoría, la respuesta a la primera pregunta está en la misma Constitución Política de la República: las Fuerzas Armadas son «obedientes y no deliberantes». Sin embargo, la experiencia ha revelado que esta «verdad jurídica» es relativa. Durante estos treinta años de democracia neoliberal, los ministros de Defensa –con tono militar– se han dirigido en reiteradas oportunidades a la opinión pública para reivindicar la obediencia y no deliberancia de las FF.AA. cuando, ni en términos operacionales, financieros ni administrativos, la autoridad civil ha ejercido control o conducción efectiva de nuestras FF.AA. dejando amplios márgenes de autonomía y autorregulación, amparadas en la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas.

Por ejemplo, cuando asumí la responsabilidad parlamentaria de presidir la Comisión Investigadora del Fraude en el Ejército y la Comisión de Defensa Nacional, en ambas oportunidades recibimos a algunos comandantes en jefe de las FF.AA., quienes asistieron solos, sin la compañía del ministro de Defensa, para referirse a los escándalos de fraudes e investigaciones judiciales. Al parecer, hay momentos en que la supuesta obediencia no es conveniente para un ministro, que en su carrera política da prioridad a la apariencia y el marketing político antes que a su deber patriótico.

Lo anterior es un signo claro e inequívoco de que los principales responsables civiles de garantizar la obediencia, no deliberancia y no intervención de las FF.AA. en los procesos de transformación política, por acción u omisión, han dejado un vacío profundo, vacío que nos deja en una situación de incertidumbre estratégica.

Ahora bien, esta autonomía operacional, administrativa y financiera es una condición básica para lo que Augusto Pinochet denominara «Poder de Seguridad», entendido como las atribuciones y cualidades políticas y operacionales de las Fuerzas Armadas para defender el orden institucional vigente. Al respecto, los autores de este texto señalan que los cambios producidos el año 2005 por Ricardo Lagos Escobar, más que un desmantelamiento de dicho poder, constituyeron una transformación del mismo para dar continuidad a la gobernabilidad neoliberal en un contexto de pos-Guerra Fría.

Al respecto, nos asiste la absoluta convicción de que las Fuerzas Armadas pertenecen a todas y todos los chilenos y no son patrimonio de ningún sector político; sin embargo, quedará en los registros de la historia cómo el gobierno de Sebastián Piñera utilizó antojadiza y vergonzosamente a nuestros uniformados para resolver un problema originado por la élite neoliberal. La derecha, que dice amar y defender a las Fuerzas Armadas, terminó usándolas para evadir su responsabilidad histórica frente a la rabia y desesperación de un pueblo que dijo basta a tanto maltrato. 

Pudimos observar, durante los primeros meses del estallido de esta coyuntura histórica, la reactivación del denominado Poder de Seguridad, que en defensa de la normalidad neoliberal enfrentó a militares contra una ciudadanía desarmada. Ahora bien, es preciso tener presente que no todo es responsabilidad de la derecha; no debemos perder de vista que, en definitiva, ha sido la política militar de la transición la que configuró las condiciones de esta situación.

Por otro lado, respecto al rol que le cabe a la defensa nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar la irreversibilidad de este proceso de cambio, el texto sugiere una matriz de pensamiento general: pasar de la «subordinación hemisférica a la dignidad nacional», en el cual se proponen algunas coordenadas generales para transitar hacia una transformación del Poder de Seguridad, principalmente en lo referido a la relación entre las FF.AA., la ciudadanía y la autonomía estratégica.

Lo anterior nos recuerda planteamientos como los realizados hace un siglo por el comodoro Arturo Merino Benítez, quien defendía la necesidad de contar con una Fuerza Aérea al servicio del progreso y desarrollo de Chile, luchando por tener una línea aérea nacional para evitar la intervención de capitales extranjeros en un aspecto estratégico, como es la conectividad e integración de todo el territorio nacional. Un enfoque que fue desmantelado con la política de privatizaciones realizadas durante la dictadura cívico-militar y profundizada durante los gobiernos posteriores.

En la actualidad, la situación de la industria militar da cuenta de esa contradicción profunda. Mientras las FF.AA. desean invertir y desarrollar tecnología en Chile, como ya se ha hecho con los buques auxiliares de la Armada y con aviones de instrucción militar, la élite política y económica insiste en perpetuar la dependencia tecnológica, impidiendo el desarrollo de nuestras propias capacidades, aumentando los costos de mantención y condenando a nuestro país a una subordinación hemisférica en materia de defensa. Esta perspectiva está amparada, señalan los autores, en un enfoque hemisférico de seguridad, que desde 1991 en adelante ha tenido dos pilares principales: el libre comercio y la democracia liberal representativa.

A nuestro parecer, la supremacía de una nueva institucionalidad civil en la defensa y el desarrollo de una industria militar moderna, que nos permita el dominio de tecnologías avanzadas en coherencia con nuestra realidad nacional, con nuestra condición geopolítica y en sintonía con un nuevo modelo de desarrollo, es el puntapié inicial para ir terminando con esa subordinación.

Toda esta discusión es parte integrante y está relacionada dialécticamente con el surgimiento de un nuevo proyecto para Chile, y nos exige elaborar una nueva concepción de nuestra soberanía nacional. Mientras los conservadores restringen el concepto al control fronterizo, los grandes poderes económicos –privados y transnacionales– se han apropiado de las riquezas y bienes naturales estratégicos de las naciones, amenazando incluso la vida de quienes habitamos Latinoamérica. El caso crítico del mercado del agua o la expansión forestal sobre suelo cultivable, son expresión de esta situación.

La discusión acerca de las orientaciones para defensa no es exclusivamente académica y no debiera restringirse a un selecto grupo de expertos; es una discusión esencialmente política y a la que están abiertamente convocados todos los pueblos de Chile. Sus alcances e implicancias en la vida cotidiana y en las relaciones de poder son profundas. La historia reciente de Chile así lo evidencia.

Soberanía y dignidad: hacia un acuerdo ciudadano en seguridad y defensa es una incitación a una discusión urgente y necesaria. Esperamos que la difusión de estas ideas contribuya a la necesaria apertura de consciencia entre los sectores críticos al neoliberalismo y nos entusiasme a asumir alguna responsabilidad en la defensa de nuestros pueblos. También sabemos que hay quienes, en una perspectiva antihistórica, temen al cambio y a conceptos como «soberanía popular» o «autonomía estratégica», y no será extraño que busquen malinterpretar estas reflexiones para impedir el avance del pensamiento crítico en materia de seguridad y defensa.

Solo queda agradecer a los autores de estas reflexiones y a todos los militares y civiles que, de alguna forma, han alimentado la producción de estas conclusiones.

Jorge Brito Hasbún

Integrante de la Comisión de Defensa

de la Cámara de Diputadas y Diputados Valparaíso,

Enero de 2021

Introducción

Este trabajo se inscribe en el contexto del proceso constituyente que apunta a producir cambios sustanciales en el modelo neoliberal que rige en Chile desde 1973. Y está pensado para contribuir, en el tema de la Seguridad y Defensa, a la deliberación que se está desarrollando en la base social, dado que, desde allí –donde, suponemos, radica la soberanía popular– se irradiará legítimamente al resto de la sociedad.

El texto consta de dos ensayos referentes a los problemas que han afectado, en Chile, a las relaciones cívico-militares; el primero, desde la perspectiva de la historia social, y el segundo, a partir del análisis conceptual de las teorías vigentes de Seguridad y Defensa. Ambos son el resultado de la investigación y la reflexión colectiva –realizadas entre mayo y diciembre de 2020– por los componentes del Grupo de Estudios Cívico-Militares «Pelantaro».

El primer ensayo, «Seguridad nacional: ¿del Estado o de la sociedad civil? Un dilema militar», examina el problema de cuáles han sido los actores estratégicos de la relación

cívico-militar que garantiza la Seguridad Interior de la sociedad chilena. Históricamente, esos actores han sido, de una parte, la Clase Política Civil, y de otra, las Fuerzas Armadas, a título de que la primera representa la Ley y la Constitución, y las segundas, el «monopolio de la violencia legítima». En este plano, se detecta el problema de que, a lo largo de la historia, ni una ni otra han representado fiel y legítimamente a la ciudadanía soberana. Y que, además, sus relaciones recíprocas han sido cambiantes y aun contradictorias. En el presente, la clase política civil está proponiendo una política neoliberal de Defensa y Seguridad, pero en dos versiones diferentes, ninguna de las cuales interpreta el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía. Se requiere construir una política nueva, que refleje directa y legítimamente esa voluntad soberana. Se propone que los militares deben obedecer a la voluntad soberana del pueblo en su misma fuente (esto es: en el momento de su deliberación) no en su formulación constitucional, porque ésta, en 200 años, ha carecido de legitimidad. Esto significa que el Ejército debe abandonar sus rasgos pretorianos, heredados de la revolución oligárquica de 1829-1830. En este sentido se examina la posibilidad de establecer un «ejército de ciudadanos» (es decir: que delibera junto al pueblo). Y la investigación histórica revela que, en Chile, en al menos dos oportunidades, el ejército «de la Patria» actuó como tal: asociado políticamente al movimiento ciudadano. Y que, en su origen colonial mismo, fue también un ejército de «comuneros» (ciudadanos).

El segundo ensayo, «Seguridad y defensa en Chile: de la subordinación hemisférica a la dignidad nacional», aborda la aplicación en el país del concepto de «Poder de Seguridad» (acuñado por los militares asociados al general Pinochet). En sí mismo, es el poder militar que asegura el orden público interior del modelo neoliberal instalado en Chile desde 1973. Según su definición original, es un poder elevado al rango de cuarto poder del Estado. En rigor, no es sino un superpoder policial por el que el Ejército garantiza la mantención absoluta del orden constitucional de 1980. El ensayo indaga en el contexto de origen y en los elementos que componen ese poder. Se sostiene, en este sentido, que los elementos fundamentales del Poder de Seguridad se basan en la autonomía de las Fuerzas Armadas y en su afiliación estratégica a los enfoques hemisféricos y globales de seguridad. Después de 1990, estos conceptos y su filiación al sistema de seguridad global se discutieron y afianzaron en las mesas de diálogo y en los acuerdos tomados en ellas por los gobiernos neoliberales, y publicados en el gran Libro de la Defensa Nacional. Considerando lo anterior, los autores ofrecen una propuesta alternativa, centrada en la defensa de la «dignidad nacional» y en la búsqueda colectiva (ciudadana) de un nuevo paradigma de Seguridad Interior y Defensa Nacional.

Este texto, como es obvio, no está escrito por afanes puramente académicos ni para ser debatido entre «expertos». Y tampoco como un aporte a los intercambios esporádicos entre políticos de profesión y militares de profesión. El objetivo de sus autores es aportar y entregar insumos seriamente construidos para el gran debate ciudadano que, en este momento, tiene lugar en Chile a efecto de rectificar profundamente los destinos del país. Y en este sentido, el problema de la Seguridad y la Defensa tiene una importancia fundamental.

Es, con todo, un documento inicial, una introducción y una sana provocación al tema, la cual exigirá, en adelante, un trabajo investigativo, analítico, y aun más sistemático, dada la envergadura del problema militar en Chile. 

Los eventuales cambios en la estructura constitucional del país, la visualización de un nuevo modelo de desarrollo de las fuerzas productivas y la implementación de paradigmas sociales, culturales y políticos opuestos al individualismo neoliberal, tendrán inevitablemente un fuerte impacto en las concepciones estratégicas de la Defensa, porque ellas están asociadas indisolublemente al carácter soberano de la sociedad y legítimo del orden constitucional del Estado.

Se debe tener presente que las transformaciones estructurales en esta materia no serán obra de un reducido grupo de expertos, sino del avance en la conciencia y unidad de todo un pueblo, que ya ha decidido iniciar un nuevo rumbo, para alcanzar, al fin, su dignidad plena.

Grupo de estudio

Santiago, Enero de 2021.

PRIMERA PARTE

Seguridad nacional:

¿del Estado o de la sociedad civil?

Un dilema militar

Gabriel Salazar V.

Catherine Valenzuela M.

1. De la Seguridad Nacional: las políticas neoliberales (Chile, 1997-2020)

a) Política del centro liberal

«Seguridad Nacional es toda acción encaminada a procurar la preservación del orden jurídico institucional del país, de modo que asegure el libre ejercicio de la soberanía de la Nación, tanto en el interior como en el exterior… Con arreglo a las normas… nacionales e internacionales»¹.

«La Seguridad Nacional es un problema esencialmente de nivel político… Consiste en una condición que se desea establecer para que se realicen los fines del Estado y de la Nación… Se obtiene mediante funciones estatales bien definidas»².

«La participación ciudadana consiste en el derecho de la ciudadanía a incidir en las políticas, planes, acciones y programas del Estado… Los Consejos de la Sociedad Civil tienen carácter consultivo»³.

Resulta evidente, a toda memorización analítica, que la normativa constitucional que resguardaba la «seguridad interior» de la sociedad chilena fue desacatada, violada y abolida por la tiranía militar que dominó el país entre 1973 y 1990. De modo que, tras consumarse el desacato, quedó allí, después de 1990, un explosivo vacío de seguridad que podía dar lugar, en cualquier momento, al estallido de una nueva crisis en la vida interna de la sociedad chilena.

El vacío debió –teóricamente– ser eliminado y reemplazado por una nueva política de «seguridad interior», en cuyo diseño y promulgación, como es de toda lógica, la sociedad civil debió haber dicho la primera y la última palabra... pues el dicho vacío apelaba a un acuerdo soberano, no a una mayoría ‘legislativa’ convencional.

No obstante, los gobiernos ‘constitucionales’ que ha tenido Chile desde 1990 hasta hoy no han convocado al pueblo soberano para que delibere y promulgue los fundamentos de una nueva política de Seguridad y Defensa… lo cual era urgente y necesario, puesto que las dos clases políticas encargadas legalmente de ella: la civil (CPC), y la militar (CPM), terminaron dramáticamente desprestigiadas ante la opinión ciudadana. La segunda (la CPM) por la violación de derechos humanos que perpetró entre 1973 y 1990, y la primera (la CPC), por haberse prestado dócilmente a la «legitimación tardía» del modelo neoliberal ilegítimo impuesto por los militares (con inspiración y apoyo externos), y por haberlo administrado después, solícitamente⁴.

A lo que se debe agregar el hecho de que ambas clases políticas quedaron recíprocamente resentidas y antagonizadas: a) la CPM, por el fracaso rotundo de la CPC en lograr el desarrollo económico-social y el entendimiento político de los chilenos entre 1938 y 1973, y por permitir que la justicia ordinaria eludiera el «decreto de autoamnistía» del general Pinochet, lo que permitió juzgar y condenar a centenares de oficiales, y b) la CPC, sobre todo, por la forma humillante como la CPM la defenestró del Gobierno de la República desde 1973, y por no invitarla después a la redacción unilateral de la Constitución Política de 1980.

Ese alto nivel de desprestigio y de antagonismo desencadenó en Chile, después de 1990, una profunda crisis de representación, la más grave de los últimos cien años (sólo es comparable con la crisis de la oligarquía parlamentaria. entre 1901 y 1925, que desembocó en una revolucionaria coyuntura constituyente)⁵.

La dicha crisis de representatividad divorció a la ciudadanía de las dos clases políticas encargadas de la «seguridad interior» del país, situación que condujo a un generalizado sentimiento ciudadano de inseguridad interna, tanto en lo que se refiere a la estabilidad del sistema político, como a la confianza de la sociedad civil en sí misma.

En efecto, al entrar en el siglo XXI, la ciudadanía se halló: a) sin representación suficientemente legitimada, b) marginada del policy-making esencial del Estado, y c) falsamente integrada a un modelo económico definido por el individualismo, la competitividad, el endeudamiento y la desigualdad. Estaba además, desde 1829 (dos siglos), despojada de su poder constituyente, encadenada a pliegos de petición, al sufragio individual numérico, a una memoria social humillada y a una irascibilidad callejera creciente⁶… Es decir: era, producto de su historia secular, una