4 octubres, dos procesos: Chile 2019-2023

Por Jorge Jaraquemada

Cuatro años han pasado desde aquel viernes 18 de octubre de 2019 en que la violencia se tomó las calles de nuestro país. Su radicalidad amenazaba nuestra convivencia, mientras la indiferencia de autoridades y líderes de opinión frente a ella debilitaba cada vez más el estado de derecho. La respuesta de nuestro sistema político fue que la concordia llegaría junto con el advenimiento de una nueva Constitución. Fue así como transitamos hacia un acuerdo que implicaba una doble promesa: elaborar un andamiaje institucional donde todos nos sentiríamos representados y poner fin a la conflictividad política. El primer intento fracasó con estrépito. Está por verse qué ocurrirá con el segundo. Este libro compila las columnas de opinión publicadas por el autor en El Líbero y constituyen un aporte a la reflexión y discusión racional en la medida que acompañaron el largo sendero por el que caminó el país en su búsqueda de un reemplazo constitucional.

• Idioma: Español
• Editorial: Ediciones El Líbero
• Fecha de lanzamiento: 1 nov 2023
• ISBN: 9789569981432

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De la presente edición

El Líbero

1ª edición en español en El Líbero,

Noviembre de 2023

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ISBN: 978-956-9981-42-5

ISBN digital: 978-956-9981-43-2

Las columnas reunidas en este libro fueron publicadas entre mayo de 2021 y noviembre de 2023 en El Líbero.

Diseño & diagramación: Huemul Estudio / www.huemulestudio.cl

Esta publicación no puede ser reproducida o transmitida, mediante cualquier sistema – electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de recuperación o de almacenamiento de información – sin la expresa autorización de El Líbero.

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PRESENTACIÓN

Cuatro años han pasado desde que se inició abruptamente en Chile un estallido de violencia de carácter insurreccional que, con curiosa premura, medios, actores políticos y comentaristas concordaron en llamar estallido social. Aunque el 18 de octubre de 2019 representó la efervescencia de múltiples necesidades sociales que no encontraban respuestas en la institucionalidad política a través de masivas manifestaciones en las calles de nuestro país, lo cierto es que estos hechos se usaron para justificar el destape explosivo de una escalada de violencia política que, desde hacía tiempo, venía socavando nuestra convivencia política. Basta recordar que el Partido Comunista chileno le pidió a través de los medios de comunicación la renuncia al Presidente de la República a pocas horas de iniciados los hechos.

Chile entró en un momento insurreccional que, desde el primer día, destruía y saqueaba todo lo que encontraba por delante. Los pequeños locales comerciales colocaban carteles en sus vitrinas rogando que no los destruyeran, mientras muchas personas eran humilladas durante su trayecto al volver a casa. Mobiliario público, buses, estaciones de transporte, cuarteles policiales, centros de salud y supermercados fueron azotados por la violencia. Sin metro, con toque de queda, con comercio y bancos funcionando irregularmente, una ciudad sitiada por todos lados y una fuerza pública que día a día era debilitada, padecimos una anomia devastadora que solo las cuarentenas lograron sacar de las calles. El Gobierno de entonces tomó la decisión inédita de decretar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia por grave alteración del orden público.

Tengo el recuerdo vívido de una reunión en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia que tuvo que ser suspendida por los hechos. Los días previos, en los cuales se vivían las evasiones masivas avaladas por dirigentes políticos y parlamentarios en ejercicio, no se vislumbraba que esto pudiera crecer al punto de transformarse en la mayor crisis institucional en casi 50 años en nuestro país. También recuerdo que en los días siguientes, en sesiones diarias en el Congreso y sin interrupciones, parlamentarios de la entonces oposición se manifestaban muy sorprendidos, preocupados, estupefactos. Sin embargo, no hubo una condena enérgica y definitiva de la violencia de parte de esos dirigentes políticos. De hecho, aquello ha llegado de manera tibia y en formato de autocrítica política bastante tiempo después.

En medio de esta crisis y como consecuencia del descontrol y la amenaza persistente a nuestro Estado de Derecho, las diferentes fuerzas políticas con representación en el Parlamento lograron un Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución que contribuyó a templar los ánimos del sistema político y aliviar la sensación de incertidumbre de los mercados, pero que no puso fin a los ataques violentos, llegando incluso a intensificarse en algunas dimensiones como la campaña de odio y desprestigio hacia Carabineros de Chile. La violencia no se detuvo ni fue condenada por las izquierdas.

El desborde institucional en que nos encontrábamos -y que las columnas que recoge este libro fueron describiendo en tiempo real mientras ocurría- fue revelador de un Chile que venía saltando torniquetes desde hacía tiempo. Así como ya había ocurrido en el Congreso con los intentos por instalar un parlamentarismo de facto, propiciado nada menos que por el Presidente del Senado en ejercicio, también sucedió en la propia Convención Constitucional que se auto atribuyó facultades que la excedían por completo. La polarización, el voluntarismo, el resentimiento, la violencia y un país que se hacía cada día más pobre levantaron una sombra preocupante sobre el proceso constitucional. Muchos de los convencionales constituyentes se creyeron soberanos del poder constituyente total y sin límites, cuestión que se tradujo en variadas y excéntricas exigencias. De hecho, antes de dar por terminada la ceremonia de instalación de la Mesa electa de la Convención Constitucional por la tarde del 4 de julio, la propia Mesa citó para el día siguiente con el objeto de tratar el tema de los presos de la revuelta. Para la izquierda más radical la Convención Constitucional no era sólo una instancia redactora, era en sí misma una instancia redentora y con vocación de poder total.

El primer proceso -como se constata en las columnas que compendia este libro- mostró su espíritu octubrista de principio a fin: desde el reconocimiento por el convencional Atria de que el momento constitucional fue impulsado por la violencia, hasta los intentos por poner en jaque la libertad de expresión y cancelar a personas e instituciones que solicitaban exponer en audiencia ante los convencionales, la Fundación Jaime Guzmán entre ellas. Siempre hubo una disposición hegemónicamente refundacional.

El minoritario espacio de representación que le quedó a la derecha al interior de la Convención abrió los apetitos maximalistas de la mayoría izquierdista que triunfó. A punta de funas a quienes no votaban como ellos esperaban -que incluso afectaron a sectores de la centro izquierda- impulsaron un proyecto constitucional plurinacional que fragmentaba al país, que incluía diferentes sistemas de justicia en paralelo, que atropellaba el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos y un amplio articulado que, en su conjunto, como bien señala Jorge Jaraquemada, se apartaban prosaicamente de nuestras tradiciones jurídicas y constitucionales, y daban paso a una nueva forma de desigualdad, en la que los ciudadanos quedábamos desprovistos frente al inmenso poder del que se dotaba al Estado. Por estas razones, después del amplio apoyo en el plebiscito de entrada a la opción de darnos una nueva constitución, el país, con una mayoría tan rotunda como incuestionable, rechazó el proyecto ofrecido por la Convención Constitucional. Chile dijo rechazo a la redención constitucional octubrista.

La pandemia impactó directo la energía octubrista de la calle y nuestras urgencias se elevaron a nivel vital. El país padeció cuarentenas, destrucción de empleo, cambios en sus modos de trabajar y ofrecer servicios. Como colaborador del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, puedo decir que las primeras tesis octubristas comenzaron a derrumbarse cuando se mostró, en plena pandemia, la importancia decisiva de la colaboración público-privada. Luego, la delincuencia, los crímenes inéditos en nuestro país como consecuencia del ingreso de nuevas bandas delictivas, se volvieron la primera preocupación ciudadana y cambiaron el eje de la discusión constitucional.

Esto explica la conformación política del Consejo que alumbró el segundo proceso constitucional y también que el nuevo proyecto proponga diferentes instituciones que se hacen cargo de la seguridad, como la nueva Defensoría de las Víctimas o la nueva Fiscalía Supraterritorial. Además -como se lee en las columnas contenidas en este libro- este segundo proceso, como efecto de su marco legal y del giro social expuesto, ha sido notablemente más sobrio, eficiente y sensato. Hemos vuelto a hablar de bien común, de derechos fundamentales, de libertad de elegir y de unidad. Pero, sobre todo, diferentes sectores han vuelto a realizar esfuerzos por aplicar ese elemento tan fundamental para la política: el diálogo.

Este segundo proceso, que se gestó con un amplio y transversal consenso político que depositó la legitimidad democrática en doce bordes acordados por el Congreso, en una Comisión de Expertos mandatada por el Congreso Nacional y en un Consejo Constitucional electo, no fue suficiente para la izquierda. Una parte muy amplia de ella, con mucha anticipación, decidió votar en contra de la propuesta recién culminada a pesar que múltiples e importantes contenidos se fraguaron en la Comisión Experta y se mantuvieron y mejoraron en las instancias reglamentarias posteriores.

Este escenario nos revela que, para la gran mayoría de la izquierda, el principal problema de la Constitución que hoy nos rige no es su legitimidad, alegada hasta la majadería, ni tampoco que un nuevo texto estuviera cubierto por procedimientos e instituciones que garantizaran sus estándares democráticos. Todo indica que lo que esa izquierda nunca va a ceder son los contenidos ideológicos que pretende plasmar en una constitución. Para ellos se trata de intentar nuevamente refundar Chile a su manera, bajo su modelo y visión de sociedad, aunque tengan que esperar el momento propicio para ello. Por esto, es de esperar que esta segunda oportunidad que nos hemos dado de redactar una Carta Magna permita poner fin al ciclo de conflictividad constitucional.

Este libro -resultado de la compilación de columnas que acompañaron los dos procesos constitucionales- nos muestra los ejes sobre los que ambos han girado y entrega pistas de por qué, luego de cuatro años, aún no hemos cerrado esta etapa, pues nuestra clase política sigue polarizada aunque intente resolver sus fricciones por la vía de la representación y la institucionalidad. Es un libro que repasa un ciclo de conflictividad que nos transporta hacia las ideas y principios que debieran sustentar una constitución moderna, pero también es un libro sobre la memoria que nos recuerda el germen del primer y del segundo proceso, y el modo en que ambos se han desarrollado y resuelto. Y, sobre todo, es un libro de política, porque el autor toma siempre posición sobre los debates constitucionales que se han generado. No tengo dudas que será una importante contribución para entender el Chile de nuestros días.

Máximo Pavez Cantillano

Ex Subsecretario General de la Presidencia

Miembro del Comité de Expertos del Consejo Constitucional

Índice

Introducción

Sociedad libre v/s socialismo

Mayo 2021

El reglamento

Junio 2021

Poder constituyente

Julio 2021

Libertad de expresión en riesgo

Agosto 2021

Los excesos de la Convención

Septiembre 2021

Plebiscitos dirimentes y estado de derecho

Octubre 2021

Una Convención perpleja.

Noviembre 2021

La Convención y el presidente electo

Diciembre 2021

Primeras normas constitucionales: De lo nocivo a lo exótico

Enero 2022

Convención: avances de verano

Febrero 2022

Hacia el poder total

Marzo 2022

La Eco-Constitución que no fue… al menos por ahora

Abril 2022

Una Constitución indigenista para Chile

Mayo 2022

Poderes sin equilibrios ni contrapesos

Junio 2022

Derechos con letra chica

Julio 2022

En síntesis

Agosto 2022

Una victoria amplia, rotunda y épica

Septiembre 2022

¿Y ahora qué?

Octubre 2022

El fracaso de una Convención, de un