Hace sólo quince meses los chilenos rechazaron de forma rotunda la nueva constitución elaborada por una convención constitucional que había sido elegida año y medio antes. La constitución, caracterizada por un marcado sesgo izquierdista, contemplaba profundas reformas que alteraban de forma significativa el modelo político y económico chileno. Preveía, por ejemplo, una legislación ambiental muy ambiciosa y nuevos derechos sociales que habrían supuesto una onerosa sobrecarga en los presupuestos del Estado. Sólo un 38% de los votantes aprobaron el texto, lo que prolongó un año más el proceso constituyente, al que decidieron dar una nueva oportunidad eligiendo un consejo constitucional que ha invertido los últimos meses en la redacción de una nueva propuesta.

Este domingo se sometió a referéndum esa nueva propuesta, esta vez de carácter más conservador. La participación ha sido también muy alta (del 84%) y el resultado es parecido al del año pasado, aunque el rechazo no ha sido tan masivo. El 44% de los votantes se han mostrado a favor de la nueva constitución, el 55% en contra. Esto implica que se mantendrá la constitución de 1980, la misma que estaba en entredicho desde el estallido social de 2019. Implica también el fin a cuatro años de proceso constituyente que han provocado la elección de dos asambleas constituyentes y la convocatoria de tres plebiscitos nacionales. Entre medias, a finales de 2021, hubo también unas elecciones legislativas y presidenciales que se saldaron con una victoria del izquierdista Gabriel Boric, uno de los principales partidarios de la nueva constitución.

En estos cuatro años todo en la política chilena ha orbitado en torno a este asunto que empezó con unas protestas callejeras a causa de la subida de las tarifas en el metro de Santiago. Esas protestas se convirtieron pronto en un problema de orden público. Fue entonces cuando surgió la cuestión constitucional. El entonces presidente Sebastián Piñera dio su brazo a torcer y la izquierda chilena supo transformar el descontento de los chilenos derivado de la crisis económica en un debate constitucional. Argüían que el origen de los problemas era la constitución de 1980, aprobada en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet, pero que desde entonces ha sido reformada en más de sesenta ocasiones. Fue esa constitución la que facilitó la transición a la democracia a finales de la década de los ochenta y la que ha dotado a Chile de un marco estable que le ha permitido convertirse en el país más desarrollado de Sudamérica.

Las preocupaciones de los chilenos, tanto en 2019 como ahora, son más de tipo económico que político. La crisis económica que dio origen al llamado estallido social no ha remitido y, para colmo de males, la delincuencia es anormalmente alta. Según los sondeos en torno al 60% de los chilenos quiere que el gobierno se centre en mejorar la seguridad ciudadana, un 35% cree que el gobierno debería centrarse en la economía. Sólo el 2% piensa que el foco principal del Gobierno debería estar en cuestiones de género o en el medio ambiente, los dos aspectos en los que más incidió la constitución que los chilenos rechazaron el año pasado.

Hoy Chile se encuentra en un momento muy diferente al de hace cuatro años cuando todo este proceso dio comienzo. El giro chileno hacia la derecha tras estos años de inestabilidad refleja una tendencia que se ve en otras partes de Hispanoamérica como la vecina Argentina, donde hace sólo unos días ascendió a la presidencia Javier Milei tras una campaña en la que prometía poner fin al gasto estatal. En Colombia las elecciones regionales del pasado mes de octubre votantes dieron una amplia victoria a las formaciones de centroderecha. Los chilenos quieren poner fin a estos años locos y centrarse en el crecimiento económico, justo lo que debieron hacer cuando todo esto empezó.

En La ContraRéplica:
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