Desde que comenzó la presente legislatura hace poco más de cuatro meses todo parece haber enloquecido en España. El Gobierno de Pedro Sánchez hace aguas desde el mismo día de la investidura, una investidura que consiguió tras unas negociaciones con Junts per Catalunya a cambio de la concesión de amnistía a todos los implicados en el procés, incluyendo, naturalmente, a su jefe de filas, Carles Puigdemont, huido de la Justicia desde octubre de 2017. Ese fue tan sólo el aperitivo de lo que estaba por venir. A finales de febrero, y tras ver el Gobierno como sus socios no lo eran tanto (le tiraron a la cara la primera ley de amnistía que se presentó en la cámara), estalló un escándalo de corrupción de grandes dimensiones en torno a Koldo García, un asesor de confianza de José Luis Ábalos, exministro, exsecretario general del PSOE y persona muy cercana a Sánchez.

Desde entonces la crispación es la norma y todas las líneas rojas se han traspasado. El caso Koldo y sus numerosas derivaciones (una de ellas salpica directamente a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez), ha enrarecido el ambiente hasta hacerlo irrespirable. El Gobierno ha entendido que la mejor defensa es atacar y a eso mismo lleva afanado mes y pico. Sin necesidad de dar una sola explicación sobre las irregularidades cometidas por distintas administraciones socialistas en las compras de mascarillas y otro material sanitario durante la pandemia, la ha emprendido contra su rival habitual, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hace unas semanas la Agencia Tributaria filtró de forma abiertamente ilegal que la pareja sentimental de Díaz Ayuso tenía problemas con Hacienda, elevando de este modo el “y tu más” a categoría política.

Eso y el goteo incansable de exclusivas que publican los periódicos desde hace semanas han hecho estallar una guerra que está rompiendo con furia contra los siempre traicioneros bajíos de las redes sociales. Nos hemos encontrado con que figuras de la talla de un ministro -Óscar Puente, para más señas, titular de Transportes-, dispara sin piedad y sin escatimar groserías desde su cuenta de Twitter. Algo parecido sucede con personajes menores como el jefe de prensa del PSOE, Ion Antolín, o, ya en el otro lado, con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. De ahí hacia abajo cualquier hipérbole y vituperio tiene cabida.

El activismo online, esa tóxica especie de bots y guerrilleros cibernéticos que pulula a todas horas por las redes sociales repitiendo consignas y persiguiendo al discrepante, está haciendo su agosto. En los últimos meses todo son insultos, amenazas, zascas, señalamientos y malas formas. La prensa militante, cabeceras que muchas veces son indistinguibles de los departamentos de comunicación de los partidos y que viven permanentemente atrincheradas, han encontrado en este ambiente un caldo de cultivo idóneo que tiene su reflejo en las Cortes y en cualquier parlamento autonómico o pleno municipal. Lo más preocupante es que al público, al menos al que se muestra interesado por temas políticos, parece que esto le gusta y participa del espectáculo valiéndose de las herramientas que la red le brinda.

A modo de recapitulación sobre este trimestre maldito tenemos hoy en La ContraCrónica a uno de los invitados favoritos de la audiencia, Rubén Arranz, que acaba de estrenarse en el diario El Independiente y que esta guerra la está viviendo en primera línea.

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