El escándalo por la compra de mascarillas durante la pandemia que estalló hace dos semanas se sigue cobrando víctimas en la prensa, aunque, eso sí, todavía ninguna dimisión. Algo que en un principio afectaba sólo a Koldo García Izaguirre, un oscuro asesor del ministro de Transportes, ha ido escalando hasta convertirse en un problema serio para el PSOE y para el Gobierno, donde no encuentran el modo de salir de esta espiral diabólica. Este martes compareció en el Congreso de los Diputados Francina Armengol, actual presidenta de la cámara y, hasta junio del año pasado, presidenta de las Islas Baleares. Habían pasado trece días desde que se produjeron las primeras detenciones y su nombre rondaba el caso desde los primeros momentos, ya que la autonomía que ella presidía entonces hizo un pedido de mascarillas muy grande a la empresa que se sitúa en el centro de la trama.

Pero pasaban los días y Armengol no se daba por aludida, quizá porque pensaba que el asunto se agotaría al poco tiempo como sucedió hace un año con el de Tito Berni. Pero no ha sido así. Desde el 19 de febrero no hay día sin que los periódicos aporten revelaciones nuevas extraídas del sumario o fruto de investigaciones propias. Muchas, demasiadas, preguntas apuntan directamente a Francina Armengol. La última ayer mismo, cuando se supo que había ocultado de forma sistemática y reiterada a distintas instancias de control que las mascarillas eran defectuosas. Sobre eso no pudieron preguntarle durante su rueda de prensa en el Congreso, pero, de haberlo hecho, seguramente hubiese respondido con una evasiva como hizo con todo lo demás.

Armengol, que se siente fuerte porque el cargo que ostenta es de gran importancia institucional (como presidenta de las Cortes Generales es la tercera autoridad del Estado), eludió dar una respuesta convincente a las dos grandes cuestiones que pesan sobre su gestión en este tema. No ha explicado por qué decidió contratar con la empresa Soluciones de Gestión, la empresa que Koldo García recomendaba desde el ministerio de Transportes, y que la Fiscalía cree que se encargaba de facturar y luego repartir comisiones entre los miembros de la trama. Otros Gobiernos autonómicos controlados por el PSOE como el de Aragón o el de Castilla-La Mancha se negaron a contratar con esta empresa porque el material que entregaba no era de la calidad requerida. Tampoco ha aclarado por qué, a pesar de que nada más recibir las mascarillas se descubrió que eran inservibles, no reclamó el reintegro del importe abonado ni devolvió el pedido al proveedor hasta unas horas antes de abandonar el cargo en junio de 2023.

Ante las preguntas de la prensa se limitó a decir que la elección del proveedor no fue cosa suya, que eso lo hicieron los técnicos del Servicio Balear de Salud. Respecto a por qué tardó tanto en reclamar el pago aseguró que poco importaba hacerlo en el momento o tres años después. A nadie salvo al Gobierno, ya completamente superado por este caso, y sus medios afines han convencido las explicaciones de Armengol, cuya vulnerabilidad quedó de manifiesto el martes durante su comparecencia. Pero Sánchez no se puede permitir el lujo de sacrificar una pieza tan importante y que tan buenos servicios le está prestando en el Congreso facilitando los trámites para que se apruebe la ley de amnistía, verdadera clave de arco de esta legislatura. El partido se ha limitado a apelar a la resistencia con la esperanza de que el temporal amaine cuanto antes y esto se olvide.

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