El viernes pasado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó el bloqueo cautelar de Telegram en todo el territorio español. La resolución del juez llegaba tras una demanda interpuesta el año pasado por Mediaset, Atresmedia, Movistar y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, más conocida como Egeda. Según los demandantes en esta aplicación se están difundiendo de forma sistemática y reiterada contenidos protegidos por derechos de autor sin consentimiento de sus propietarios.

Pedraz tomó cartas en el asunto y envió una comisión rogatoria a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas, jurisdicción donde tiene su sede legal Telegram Messenger Inc. Esta empresa fue fundada por dos ciudadanos rusos, Nikolai y Pavel Durov hace once años, pero se decantaron por Tórtola, la mayor de las islas Vírgenes Británicas, un territorio de ultramar cercano a Puerto Rico que disfruta de una fiscalidad muy ventajosa, para ubicar su sede social. Pasaban los meses y nadie desde las islas Vírgenes se dignaba a responder a los requerimientos del juzgado, lo que terminó ocasionando que Pedraz decidiese adoptar la drástica decisión de bloquear el acceso a esta aplicación desde cualquier punto de España.

Telegram tiene unos 900 millones de usuarios en todo el mundo, ocho de los cuales están en España, es decir, que España supone el 0,8% de su mercado total. Los porcentajes cambian si nos centramos sólo en España, donde aproximadamente el 16% de la población utiliza Telegram de forma regular. No es tan popular como Whatsapp, que tiene 36 millones de usuarios en el país (el 75% de la población), pero, como vemos, es mucha gente la que se sirve de Telegram a diario tanto para cuestiones personales como profesionales.

Para hacer efectivo el bloqueo de Telegram, Pedraz daba tres horas a los operadores desde la recepción de la comunicación judicial para que desconectasen Telegram de sus servidores. En el auto el juez consideraba que esta medida cautelar es “necesaria, idónea y proporcional” ya que, según él, no existe otra alternativa que “pueda detener la reiteración de los hechos denunciados”. Es cierto que las autoridades de las islas Vírgenes Británicas no han colaborado con la comisión rogatoria que envió, pero también lo es que la medida es un tanto radical y desproporcionada ya que entra en colisión con otros derechos fundamentales como los contenidos en el artículo 20 de la Constitución que protege la libertad de expresión.

El tema ha desatado un apasionado debate en España, tanto en prensa como en las redes sociales e incluso en la calle. Unos hablan de exceso de celo por parte del magistrado, otros directamente de prevaricación, algunos de manifiestos errores en la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A modo de remate de esta telenovela jurídico-digital este lunes el juez se echó para atrás y suspendió temporalmente el bloqueo. Al parecer Pedraz ha decidido tomarse algo más de tiempo. Ha solicitado más información a la policía Nacional sobre la incidencia que el cierre de la aplicación puede tener sobre los usuarios.

Para analizar este tema que tiene un componente jurídico evidente visita hoy La ContraCrónica Juan Antonio Frago, fiscal en excedencia y abogado penalista del despacho Frago & Suárez. Juan Antonio ha estudiado el auto del juez Pedraz y sus conclusiones las expuso ayer en un magnífico artículo que publicó el diario The Objective.

El artículo de Juan Antonio Frago lo podéis encontrar aquí: https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2024-03-25/fisuras-decision-judicial-cierre-telegram/

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