Senador por Chile

Por Jaime Gazmuri

Ya han pasado 20 años desde la vuelta a la democracia en Chile y, sin embargo, aún son muchos los temas que deberían estar en discusión. En este contexto es que Jaime Gazmuri entrega este registro de sus reflexiones e intervenciones en el Parlamento, la prensa y el foro público acerca de la Transición, a cargo de un Estado en extremo individualista, que tiene como única responsabilidad aquello que las personas no pueden asumir, pasando por la inscripción electoral, la crisis de la Concertación y la necesidad de reformar un estancado sistema político, entre otros. El lector podrá comprobar que, antes que todo, se trata de un análisis crítico y constructivo –realizado en medio de la batalla política– que, más que buscar la autocomplacencia, intenta generar antecedentes y reflexionar con la mirada puesta en construir un Chile mejor.

• Idioma: Español
• Editorial: LOM Ediciones
• Fecha de lanzamiento: 1 may 2018

Vista previa del libro

Jaime Gazmuri

Senador por Chile

LOM PALABRA DE LA LENGUA YÁMANA QUE SIGNIFICA SOL

© LOM Ediciones

Primera edición en Chile, 2009

ISBN: 978-956-00-0106-1

Diseño, Composición y Diagramación

LOM Ediciones. Concha y Toro 23, Santiago

Fono: (56-2) 2 860 68 00

www.lom.cl

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Presentación

Comparto la idea de que con el Gobierno de la Presidenta Bachelet se cierra un ciclo largo de la política chilena. Incluso, si la definición presidencial de Enero de 2010 diera como resultado un quinto Gobierno de la Concertación –hipótesis altamente probable–, las cosas no serán como antes: no basta hacer más de lo mismo, ni de la misma manera, ni con los mismos actores.

Tengo una evaluación positiva de la obra de los gobiernos de la Concertación. Han dado al país libertades políticas, paz civil, progreso económico, social y cultural, y una inserción internacional activa y respetable. Todo ello a partir de una herencia pesadísima. La larga dictadura de Pinochet fracturó profundamente a la sociedad chilena. Las masivas y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos dejaron heridas profundas y duraderas en el alma y el cuerpo de Chile. La implantación extrema y forzada del experimento neoliberal empobreció a la mayoría del país, despojó al Estado de toda capacidad para orientar el desarrollo y proteger a los más débiles, privó a los trabajadores de derechos conquistados en decenios de lucha democrática, confiscó la prensa independiente y progresista, e instauró una cultura basada en el individualismo y el materialismo más ramplón.

La transición se desarrolló, además, en un marco institucional –la Constitución del 80– con severas limitaciones a la expresión de la soberanía popular y que solo ha podido ser modificada con el acuerdo de quienes la impusieron al país. El propio dictador acompañó el proceso durante sus primeros ocho años desde la jefatura del Ejército y luego desde el Senado.

He sido actor, desde el Senado y el partido Socialista, de todo este complejo proceso. He participado activamente en muchos de los debates de estos años, tanto con mis adversarios de la derecha como con mis compañeros de partido, de la Concertación y del Gobierno, y de la izquierda no concertacionista. Hemos ganado muchas batallas y perdido otras al interior de la Coalición gobernante, particularmente en el terreno económico-social, por la influencia desmedida que el pensamiento neoliberal ha tenido en Chile.

Junto a la valoración general positiva de estos años, tengo una aguda conciencia de que no hemos resuelto una cuestión crucial: la extrema desigualdad que acompaña a Chile desde el nacimiento mismo de la Nación. A pesar de la disminución notable de la pobreza, el patrón de la distribución de la riqueza se ha mantenido prácticamente inalterado. Esto no resulta compatible con el proyecto de una sociedad plenamente democrática, económicamente desarrollada y sustentable y socialmente justa.

Resulta indispensable generar un nuevo proceso de transformaciones y reformas de envergadura en todos los planos de la vida nacional. Un impulso transformador análogo al que se desarrolló a partir de finales de los ochenta. Se hace necesario un nuevo acuerdo constitucional, una nueva estrategia de desarrollo, una profunda reforma del Estado, un nuevo Código Laboral, el fortalecimiento de los sistemas de protección social y de la educación pública. Todos estos temas ya están en el debate y en la agenda nacional. Para hacerlos realidad será necesario construir una mayoría política y social a partir de una renovación y ampliación de la Concertación.

La crisis económica que vivimos –la más profunda desde la Gran Depresión– ha puesto en entredicho el paradigma neoliberal. Por todos lados vuelven los fueros de la política, la buena idea de que la sociedad la podemos gobernar los ciudadanos y ciudadanas, y no oscuras e invisibles fuerzas que operan al margen de la voluntad humana. Política significa debate público, que será en el futuro de nuestro país más necesario que nunca.

Este libro pretende ser una contribución a los debates del futuro. Es un registro de mis intervenciones en el Senado, la prensa y diversos foros sobre un conjunto de temas que han estado en la agenda pública de estos años, muchos de los cuales son plenamente vigentes. Son intervenciones hechas al calor de la lucha política y parlamentaria, tal como se dieron en su momento. Agradezco a LOM la oportunidad de compartirlas con ustedes.

Jaime Gazmuri

Sociedad, política e instituciones

Una sociedad más democrática

Constitución y reformas

Cuando había transcurrido una década desde el inicio de la transición a la democracia, el país estaba en condiciones de discutir la construcción de un orden político basado en una Constitución que contara con el respaldo mayoritario de los ciudadanos, y así lo manifestábamos públicamente tanto en el Senado como en la prensa:

La que hoy nos rige es objetada tanto por su origen –ya que fue impuesta por la dictadura mediante un plebiscito que no cumplió con ninguna de las condiciones de una consulta democrática– como por muchos de sus contenidos, que se apartan de la tradición constitucional chilena y de los principios democráticos universalmente reconocidos (Diario La Tercera, 9 julio 2000).

Aspectos centrales de la actual Carta no cumplen con esa condición por su origen. Porque las mayorías ciudadanas expresadas ya en siete elecciones generales, desde el plebiscito de 1988 a esta parte, han triunfado con planteamientos que introducen, conforme a los programas respectivos, reformas profundas a partes del texto, y, sin perjuicio de ello, esos aspectos centrales se han mantenido inmodificados: los que nosotros llamamos enclaves autoritarios (Senado, abril 1999).

Con todo, el orden constitucional que nos regía en ese momento había sido aceptado para hacer viable la transición en un marco de derecho que hiciera posible la convivencia civil. Sin embargo, esa Constitución no era democrática ni era aceptada por la mayoría del país, lo que provocaba una disputa permanente e interminable acerca de los principios básicos del ordenamiento político:

Lo anterior tiene que ver con las modalidades de nuestra propia transición. Ha faltado aquí lo que se ha registrado en muchos países después de trastornos institucionales graves, que es el ejercicio de un nuevo acuerdo constitucional. Y tengo la impresión de que en el tiempo venidero ése será un desafío mayor de la institucionalidad política. No creo que el asunto se resolverá en torno del proyecto en análisis, pero es la única manera de enfrentar una serie de debates institucionales con una visión de conjunto y, en consecuencia, de llegar a un acuerdo también de conjunto y de no seguir el camino de las reformas parciales, que no dan coherencia al sistema político.

(…) Estimo que éste es un tema muy de fondo: aún existen en la sociedad chilena sectores políticos que tienen graves resistencias a aceptar algunos de los principios universales de la democracia moderna, tal como se ha practicado y se conoce en Occidente.

Y cito: La libre expresión de la ciudadanía. El gobierno de las mayorías, manifestado en los órganos del poder electivos.

(…) Tenemos en el país un sistema que efectivamente permite que las mayorías se expresen solo en las elecciones presidenciales. En ese aspecto, en la Constitución del 80 hemos mejorado la del 25, que posibilitaba que un Poder tan importante en Chile como la Presidencia de la República fuese obtenido por una minoría ciudadana. Y eso –por cierto, no es toda la explicación– contribuye a la explicación de la inestabilidad a que llegó el sistema político en nuestro país durante los años 60 y 70, que terminó con la destrucción de la democracia.

Expresión de las mayorías en el Parlamento como el lugar por excelencia de la manifestación de la soberanía popular. Ello no se da en este Congreso. Por tanto, tenemos la paradoja de que las mayorías ciudadanas expresadas en siete u ocho elecciones generales no se pueden manifestar en el hogar de la democracia representativa, que es el Parlamento, lo que incluye, por cierto, el pleno respeto a las minorías y la factibilidad de la alternancia en el poder.

Y estos elementos, que son como el abecé de cualquier democracia moderna, todavía no pueden ser considerados principios compartidos por todos, inclusive por quienes hoy día nos encontramos en esta Sala (Senado, abril 1999).

Una sociedad política madura no puede estar discutiendo permanentemente acerca de las normas mínimas de convivencia. Sus preocupaciones deben ser los problemas sustantivos vinculados a la vida cotidiana y colectiva: económicos, sociales, culturales, internacionales y proyecciones de futuro.

Para abocarse a esas necesidades inmediatas es necesario resolver y finalizar, y no posponer, el debate constitucional.

En el año 2000 ocurrió un hecho nuevo, cuando la derecha en conjunto propuso algunas reformas constitucionales a través de una moción presentada por algunos senadores de Renovación Nacional, con el apoyo de ese partido y de la UDI, este último partido que hasta el momento se había negado incluso a aceptar la posibilidad de hacer modificaciones de alguna significación. Considerábamos que el hecho era promisorio porque abría la posibilidad de un debate a fondo de temas constitucionales largamente postergados.

La forma de llegar a un acuerdo acerca de las reformas, propuesta por la Concertación, fue no discutir reforma por reforma ni que se transara unas por otras, sino llegar a acuerdo para que el orden constitucional asumiera los elementos básicos de la democracia contemporánea, que la Constitución de 1980 contradecía de manera evidente. Para ello era necesario que se hicieran los cambios para que el Congreso fuera generado, en su totalidad, por la soberanía popular; un estatuto de las Fuerzas Armadas que estableciera su plena subordinación al poder político, y un sistema electoral que garantizara el principio de las mayorías en todas las instituciones que se originan en el voto ciudadano.

En el país se enfrenta la dificultad de que la Constitución Política carece de uno de los fundamentos esenciales que una Carta debe presentar para ser efectivamente no solo legítima desde el punto de vista formal, sino también eficiente desde el punto de vista social, político y cultural, que es el de que exista en torno a ella un acuerdo de la mayoría sustantiva de la ciudadanía y de la nación. Se trata de un elemento central de todo análisis político.

Una propuesta democratizadora

En marzo de 2004, con ocasión de constituirse la mesa que dirigiría el Senado en período legislativo correspondiente, mi discurso de asunción a la Vicepresidencia de la Corporación contuvo, además de los agradecimientos, la exposición de los fundamentos de los necesarios cambios que debían realizarse con miras a una mayor democratización de la sociedad chilena:

El señor GAZMURI (Vicepresidente).– Señor Presidente, Honorables señoras Senadoras y señores Senadores, queridas amigas y amigos que nos acompañan esta tarde, especialmente los de la Región del Maule, de las provincias de Curicó y de Talca:

Permítaseme saludar desde aquí a mi familia: a mi esposa, Paulina; a mi hija Andrea, a mi nieto Matías, a mis hermanas Verónica y Ana María, a mis cuñados y cuñadas y a la larga serie de sobrinos, que han sido todos un sostén imprescindible en mi ya larga –y a ratos accidentada– vida política.

Quiero agradecer, en primer lugar, la unanimidad con que accedo a la Vicepresidencia, con la cual integrantes de todas las bancadas han honrado el compromiso político que dio origen a las Mesas del Senado en esta legislatura. Responderé a esa amplia confianza dando plenas garantías a los derechos de todos y de cada uno de los miembros de la Corporación. Y asumo el compromiso de trabajar estrechamente y en una relación de colaboración y amistad cívica con el Presidente del Senado, Honorable señor Hernán Larraín.

Expreso mi especial gratitud a la señora Senadora y los señores Senadores de la Concertación, cuyas posiciones políticas represento en la Mesa, y a mis colegas socialistas, pepedés y radicales que me propusieron para servir el cargo en los próximos dos años.

Me corresponde el alto honor de ser el cuarto socialista que ocupa esta Vicepresidencia en nuestra historia republicana. Antes lo hicieron los Senadores señores Salvador Allende, de 1951 a 1955;…

–(Aplausos en la Sala y en tribunas).

… Carlos Alberto Martínez, en 1958, y Ricardo Núñez, de 1994 a 1996.

–(Aplausos en la Sala y en tribunas).

Tuve el privilegio de trabajar cerca del Presidente Allende durante todo su Gobierno. Con el Honorable señor Núñez nos unen muchos años de luchas comunes y de amistad. De ambos, recojo una cualidad que no es común entre los políticos, salvo los de excepción: el arte de combinar la solidez y seguridad en las propias convicciones y principios ­es decir, en la propia identidad– con la capacidad de abrirse al diálogo y al respeto por los otros, incluidos, por cierto, los adversarios (Senado, marzo 2004).¹

En ese tiempo, y aún con más fuerza hoy, considero que el Congreso Nacional y los Partidos Políticos, en su conjunto, deben enfrentar con decisión los grandes desafíos a que está sometido el sistema político.

La primera obligación del Congreso es realizar cada vez mejor la tarea que le asigna la Carta. Es colegislador: debe hacer buenas leyes, que sirvan al pueblo y en especial a los más débiles, intentando escuchar a la sociedad y a sus organizaciones representativas. Es, también, la representación política de la nación: les corresponde contribuir al debate sobre las grandes cuestiones que afectan a la sociedad, procurando acuerdos en cuanto sea posible y debatiendo con rigor las diferencias.

El Congreso ha realizado en estos años una contribución significativa al proceso de transición democrática. Sin embargo, debe hacerse cargo de un problema mayor: cada vez son más los ciudadanos que pierden la confianza en la institución parlamentaria. Toda la información disponible es contundente al respecto. En los primeros años de la transición, el Congreso Nacional era una de las instituciones más valoradas del país: cerca de 75 por ciento de los chilenos y chilenas manifestaba una evaluación positiva del Parlamento y los parlamentarios. Quince años después, no más de 20 por ciento de los conciudadanos mantiene esa opinión.

Si se conviene en que se trata de uno de los pilares centrales del orden democrático y de que solo en democracia Chile puede construirse como una nación próspera, libre e integrada, se debe concluir que superar la distancia creciente entre los ciudadanos y el Parlamento debe constituir un objetivo nacional de primer orden.

Se puede, sin duda –y es la primera responsabilidad– mejorar mucho el trabajo político. Lo primero es valorar la política, es decir, la capacidad de los ciudadanos para intervenir en los asuntos públicos, en las cuestiones colectivas, en construir una patria en que quepan todos y donde todos importen.

Es posible, también, modernizar los procedimientos de legislación; enriquecer el diálogo con la sociedad; mejorar los sistemas informativos, incorporando con mayor fuerza las nuevas tecnologías de la sociedad de la información; hacer más dinámica la presencia internacional, particularmente en América Latina.

Sin embargo, ello no es, ni con mucho, suficiente. Considero que se enfrentan problemas mucho más de fondo:

1. El sistema político de Chile, desde el punto de vista de las exigencias de una democracia moderna, es notoriamente insuficiente y precario. Algunas constataciones, a título meramente ejemplar son las siguientes:

– El Parlamento no es un buen espejo de la sociedad chilena del siglo XXI: entre sus integrantes hay una mínima participación de mujeres, que son más de la mitad de los ciudadanos del país; no hay ningún representante de los pueblos originarios.

– El sistema electoral, único en el mundo, prácticamente impide la expresión de las mayorías políticas ciudadanas, principio rector para resolver las diferencias en todo régimen democrático.

– El mismo sistema electoral no permite la expresión de minorías significativas. Aproximadamente el 10 por ciento de las chilenas y chilenos, que durante más de tres lustros no han votado por ninguna de las coaliciones representadas en el Parlamento, no ha tenido ningún representante en él.

– El sistema de inscripción electoral parece concebido para dificultar el acceso a la ciudadanía política: horario insuficiente e inadecuado, largas filas por falta de personal. Vivimos en una sociedad en la que ya casi todo se puede adquirir u operar por Internet, desde las compras en los supermercados hasta las declaraciones en Impuestos Internos, menos la ciudadanía.

2. Se ha realizado en estos años un interesante esfuerzo de regionalización. Existe un amplio acuerdo de que es necesario aumentar las competencias y los recursos de los Gobiernos regionales. Sin embargo en ellos ninguna autoridad –ni el Intendente, ni el Jefe de Gobierno Regional (que es el mismo), ni los Consejeros– es elegida por el voto ciudadano.

El actual orden institucional constituye una camisa de fuerza para el pleno despliegue de la democracia que Chile requiere a fin de enfrentar los desafíos económicos, sociales y culturales de los tiempos que vienen. El camino de reformas parciales a la Constitución, no todas coherentes entre