Los mitos de la democracia chilena. Vol II. Desde 1925 a 1938

Por Felipe Portales

Este libro nos entrega un novedoso enfoque de la historia de Chile, centrándose en la evolución de la democracia y del respeto de los derechos humanos y la dignidad de toda persona. El autor va derrumbando uno a uno los grandes mitos de nuestro patrimonio democrático. Esta inédita y lúcida mirada a los orígenes de nuestra sociedad nos permitirá comprender la raigambre de muchos procesos y episodios traumáticos de nuestra historia.

SOBRE EL AUTOR:

FELIPE PORTALES CIFUENTES es sociólogo, titulado en la Universidad Católica de Chile. Ha sido Visiting Scholar de la Universidad de Columbia (1984-1985); asesor de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores (1994-1996); profesor de la Universidad de Chile en el Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) y en el Área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. En esta última facultad actualmente es académico en la cátedra de Historia Contemporánea de Chile.

Pertenece al Comité Directivo de la Comisión Ética contra la Tortura y colabora habitualmente como columnista en diversos medios de comunicación.

Entre sus obras destacan el ensayo Qué son los Derechos Humanos, que obtuvo el primer premio del concurso de ensayos efectuado por la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago en 1978; Chile: una democracia tutelada (Sudamericana) nominado al Premio Altazor 2001; y Los mitos de la democracia chilena. Vol. I. Desde la Conquista hasta 1925 (Catalonia), que obtuvo el Premio Ensayo del Consejo Nacional del Libro y la Lectura en 2005.

Este segundo tomo de Los mitos de la democracia chilena cubre el período 1925-1938. El libro continúa desmitificando la historia de Chile a la luz de la carencia de una efectiva democracia que respete los derechos humanos y la dignidad de las personas.

En este volumen se pormenorizan el autoritarismo, el clasismo y el racismo atávicos de la sociedad chilena, expresados en una ampliación de la república oligárquica que incorpora a los segmentos sociales medios y excluye a los sectores populares mayoritarios. Asimismo, permite entender cómo se va instalando un nuevo modelo de desarrollo económico centrado en la industrialización y que deja intocado el sistema semifeudal de la hacienda.

En forma rigurosa y exhaustiva el autor discurre por sorprendentes episodios de nuestra historia que revelan la debilidad democrática de las instituciones y de la dirigencia que conduce el Estado. Entre otros:

“La Constitución Política de 1925, impuesta por una dictadura cívico-militar, siendo su carácter ultra presidencialista rechazado por la mayoría de las fuerzas políticas de la época”.

“Alessandri e Ibáñez, en ese mismo año, convalidaron una de las más feroces masacres de la historia de Chile”.

“La dictadura de Ibáñez disfrutó -hasta que la depresión mundial de 1929 impactó en Chile- de un total apoyo de la generalidad de los partidos políticos y organizaciones sociales”.

“El segundo gobierno de Alessandri fue responsable de la primera aplicación masiva en nuestra historia del método criminal de la desaparición forzada de personas”.

“Chile fue -junto con Dinamarca- el país del mundo más reacio a condenar a Hitler en el Consejo de la Sociedad de las Naciones”.

“Chile ocupó en la década del 30 el segundo lugar del mundo en materia de índices de mortalidad general e infantil”.

Al correr el velo de los mitos de la democracia chilena, esta aguda mirada sobre nuestra historia permite acercarnos a la comprensión de muchas de las inconsistencias democráticas que persisten en nuestro presente.

• Idioma: Español
• Editorial: Editorial Catalonia
• Fecha de lanzamiento: 29 ago 2017
• ISBN: 9789563240634

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Felipe Portales

Los mitos de la democracia chilena

Volumen II

Desde 1925 a 1938

La colección Dos Siglos agrupa textos fundamentales que contribuyen al entendimiento y necesaria profundización en las identidades e historias de Chile. Se propone como un aporte reflexivo indispensable ante la interpelación que nos provoca el Bicentenario de la República. 

PORTALES, FELIPE

Los mitos de la democracia chilena. Volumen II. Desde 1925 a 1938 / Felipe Portales

Santiago, Chile: Catalonia, 2017

ISBN: 978-956-324-063-4

ISBN Digital: 978-956-324-525-7

HISTORIA DE CHILE

983

Diseño y diagramación: Sebastián Valdebenito M.

Diseño de portada: Guarulo & Aloms

Foto de portada: Regimiento Tacna en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile. 5 de septiembre de 1938

Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco

Edición de textos: Jorgelina Martín

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo, por escrito, de la editorial. 

Primera edición: agosto 2010

ISBN: 978-956-324-063-4

ISBN Digital: 978-956-324-525-7

Registro de Propiedad Intelectual Nº 194.306

© Catalonia Ltda., 2017

Santa Isabel 1235, Providencia

Santiago de Chile

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Índice de contenido

Los mitos de la democracia chilena Volumen II. Desde 1925 a 1938

PRÓLOGO

Capítulo I La dictadura cívico-militar y la Constitución de 1925

1. Tutelaje militar sobre Alessandri

2. Infructuosa resistencia de la oligarquía conservadora

3. Dura represión de los sectores populares y masacre de La Coruña

4. La imposición de una nueva Constitución

5. Ibáñez derroca a Alessandri

Capítulo II La hegemonía de Ibáñez

1. El Gobierno nominal de Barros Borgoño

2. El Gobierno nominal de Emiliano Figueroa

Capítulo III La dictadura de Ibáñez

1. Camino a la Presidencia

2. Violación sistemática de derechos humanos

3. Conformismo político y social

4. Reorientación de la política económica

5. Política indígena

6. Acuerdo de 1929 con Perú

7. Caída de Ibáñez

Capítulo IV Un interregno turbulento

1. Los gobiernos provisorios de Montero y Trucco

2. El Gobierno de Montero

3. La República Socialista de Grove

4. La dictadura de Dávila

5. Los gobiernos provisionales de Blanche y Oyanedel

Capítulo V La virtual dictadura de Alessandri

1. La dictadura legal de las facultades extraordinarias

2. La masacre de Ranquil y el empastelamiento de La Opinión

3. El apoyo gubernativo a la Milicia Republicana

4. La violación del derecho a la sindicalización campesina

5. Represión y abuso sistemático de la Constitución y las leyes

6. Estado de sitio

7. Dosificación represiva para atraer al PR al Gobierno

8. Sistematización represiva: Ley de Seguridad Interior del Estado

9. Exacerbación de la represión: de la quema de TOPAZE a la masacre del Seguro Obrero

10. Represión y cohecho inútil ante la elección presidencial

Capítulo VI La economía bajo Alessandri

1. La intervención del Estado en la economía

2. Políticas controvertidas: salitre, deuda externa y electricidad

3. Corrupción y secretismo gubernamental

4. Desigualdad social y miseria popular

Capítulo VII La mentalidad autoritaria de la década de los 30

1. La derecha

2. La Falange Nacional

3. El Movimiento Nacional Socialista (M.N.S.)

4. El ibañismo izquierdista

5. El Partido Radical

6. El Partido Socialista

7. El Partido Comunista

Epílogo

AGRADECIMIENTOS

Notas

A la memoria de Andrea Loi Valenzuela y Juan Cifuentes Grez 

En homenaje a todos los que en el período lucharon pacíficamente por el respeto de los derechos humanos en nuestro país.

Especialmente a Luis Mesa Bell, el primer mártir del periodismo chileno.

Que se reduzca a prisión inmediatamente a los manifestantes u oradores que en mítines ofendan a S. E. el Presidente de la República, a las autoridades y a las fuerzas armadas (…) De ahora en adelante, no habrá en Chile ni comunismo ni anarquismo.

Carlos Ibáñez

No se concibe que haya hombres o carabineros, que al fin son personas que reciben alguna educación, capaces de llegar sin mayores antecedentes a un hogar en que hay una reunión de personas, a asesinarlas ¡Eso no es creíble!

Juan Antonio Ríos

Este país necesita un gobierno fuerte (…) para mantener el orden público (…) Habrá orden y disciplina en todas las jerarquías sociales, cueste lo que cueste y pese a quien pese.

Arturo Alessandri

PRÓLOGO

Este libro constituye la segunda parte de Los mitos de la democracia chilena. En la primera (Desde la Conquista hasta 1925) analizamos cómo nuestra sociedad nacional, a partir de la cruel y traumática Conquista española, se fue constituyendo de modo extremadamente autoritario, clasista y racista; encubriendo magistralmente la dura realidad mediante la formalidad y el discurso, generando así mitos profundamente enraizados en nuestra conciencia colectiva.

Vimos también cómo, luego de la Independencia se fue estructurando una república democrática que fue el excelente disfraz de una virtual monarquía absoluta temporal en la que el Presidente de la República manejaba la elección del Congreso y del Poder Judicial; restringía a discreción el ejercicio de los derechos ciudadanos; y designaba a su sucesor en el cargo. Todo esto dentro del marco de un sistema social oligárquico basado en la hacienda semifeudal establecida desde la Conquista, sistema que fue incorporando a grandes comerciantes, mineros, banqueros e industriales. República que culminó el proceso de expoliación de los mapuches a través de la violencia, el despojo y el desplazamiento genocida efectuado por la mal llamada pacificación de la Araucanía.

Asimismo, constatamos el proceso de maduración oligárquica, el cual unido a la disposición gubernamental de las gigantescas rentas del salitre –obtenidas luego del triunfo en la guerra del Pacífico– llevó al grueso de ella a sustituir la virtual monarquía absoluta por una república oligárquica, vía una cruenta guerra civil. Y cómo, en el marco del proceso de desarrollo económico, fueron emergiendo sectores proletarios y medios sin representatividad en el sistema político y que, por ende, comenzaron a cuestionarlo progresivamente. Y que en dicho proceso, más allá de las apariencias, se produjo un cisma entre las clases medias y obreras; buscando las primeras ampliar la república oligárquica, en concordancia con grupos asimismo oligárquicos aunque más progresistas, pero manteniendo en la práctica la exclusión de los sectores populares. Todo esto, en el contexto de una reorientación del proceso económico a través del desarrollo de una industrialización nacional. Es lo que configuró el denominado proyecto alessandrista-ibañista-radical.

En este tomo veremos cómo tal proyecto triunfa y se consolida a través de la imposición de la Constitución de 1925 y de las dictaduras, o virtuales dictaduras, de Ibáñez y Alessandri; creando una república oligárquica-mesocrática que desarrolla sustantivamente la industria nacional, vía sustitución de importaciones; pero que mantiene el sistema de hacienda, la desigualdad social, las violaciones de derechos humanos y la exclusión de los sectores populares mediante un sistema electoral que distorsiona significativamente la voluntad ciudadana.

Capítulo I 

La dictadura cívico-militar y la Constitución de 1925

La desilusión de los oficiales reformistas del Ejército con el carácter derechista que adquirió la Junta de Gobierno que derrocó a Alessandri en septiembre de 1924 los llevó –en acuerdo con los dirigentes más cercanos a este y apoyados por los sectores populares– a derribar a dicha Junta, hecho que tuvo lugar el 23 de enero de 1925.¹

El golpe contra aquella, presidida por el general Luis Altamirano, fue ejecutado por un Comité Revolucionario militar encabezado por los tenientes-coroneles Carlos Ibáñez y Marmaduke Grove.² Curiosamente, el comité como tal no sacó ninguna declaración pública. En los diarios del día siguiente apareció una escueta Declaración Pública suscrita por el capitán-ayudante A. Labbé V., en donde se justificaba el golpe en razón de que las últimas actuaciones de la Junta de Gobierno con sus ministros, han traicionado los intereses del país expresados en el Manifiesto del 11 de septiembre y en que se definía al movimiento militar como de salvación nacional y sin ambición alguna partidarista.³

Además, apareció un Manifiesto de la Guarnición de Santiago ⁴ que señalaba que cuando el 5 de septiembre presentamos al Excmo. señor Alessandri el pliego que contenía nuestras aspiraciones encontramos al Supremo Mandatario en perfecto acuerdo con ellas. Por esto, no pensamos siquiera en alejarlo del poder. Luego, nuestra candidez política de soldados hechos al respeto escrupuloso de las jerarquías, nos entregó en manos de hombres que nos traicionaron: cuando el Excelentísimo señor Alessandri manifestó el deseo de hablar nuevamente con nosotros, Altamirano le repuso que los oficiales exigíamos que el poder le fuera transmitido. Procedió con malicia, independientemente de nuestra voluntad y en inteligencia con los elementos reaccionarios, a cuya conspiración fracasada había adherido (…) entregó el país a la oligarquía. Contra los traidores y sus usufructuarios va dirigido el golpe actual (…) Nos hallamos, pues, de nuevo en el punto inicial de nuestro impulso patriótico. Esta vez no queremos dictar normas por cuenta propia, sino convocar a la mayoría libre del país, para que, velada por nuestras espadas y dirigida por su Presidente Constitucional, reorganice a Chile, realizando las promesas de nuestro Manifiesto del 11 de septiembre (…) El Excmo. señor Alessandri convocará a una Asamblea Constituyente, realizará el programa de nuestro manifiesto y entregará el mando tan pronto como se hayan constituido los nuevos poderes del Estado.⁵

Por otro lado, Ibáñez y Grove, el mismo 23, le enviaron a Alessandri un telegrama a Roma, donde se encontraba: En nombre de la oficialidad del Ejército saludamos al Presidente Constitucional de Chile y esperamos su pronto regreso.⁶

1. Tutelaje militar sobre Alessandri

Para que no quedara ninguna duda de que la nueva alianza entre los oficiales reformistas y Alessandri se llevaría a cabo de acuerdo a las intenciones de los primeros, bajo el tutelaje de estos, la oficialidad de Santiago (a todas luces, el Comité Revolucionario) hizo publicar una Orden confidencial a los camaradas de todo el Ejército en que se planteaban como puntos principales:

1° Sabemos que el anhelo, hasta hace poco impreciso, que la opinión liberal del país tenía de contrarrestar el impulso audaz y retrógrado del conservantismo, y que había tomado forma en la idea de reinstalar en el Gobierno al Presidente constitucional don Arturo Alessandri, toma ahora los caracteres de una fuerza incontrarrestable (…) El ejército, autor de la revolución del 5 de septiembre, tan noble en sus principios como ineficaz en sus resultados por la traición del Gobierno que llevamos al poder, está en deuda con la Nación: prometió por su honor militar el cumplimiento del programa salvador del 11 de septiembre de 1924; no haberlo cumplido nos hará pasar a la historia como vulgares impostores y falsarios. En un caso más favorable, se nos motejará de inocentes o ineptos. El honor de la institución ya mancillado, está en vísperas de sucumbir para siempre en la más vergonzosa de las claudicaciones: el elemento civil va a adelantarse, en plazo breve, a imponer el regreso del presidente Alessandri (…) Si tardamos en tomar la iniciativa de actos que volverían su lustre a nuestras armas republicanas, el país podrá replicarnos cuando queramos intervenir: ¡Ya no los necesitamos! A nuestra ignominia actual agregaríamos, entonces, la vergüenza de haber sido inútiles y cobardes. ¡Tomemos la iniciativa! ¡Salvemos el honor del ejército y el necesario prestigio de nuestra virilidad de hombres de espada!; y

"2° El señor Alessandri vuelve al país bajo las siguientes condiciones: a) Lejos (sic) la execrable camarilla que, según su propia confesión, fue el factor principal de su caída; b) Compromiso solemne de cumplir el Manifiesto del 11 de septiembre, en el cual se considera como punto primordial la más breve convocación a una Libre Asamblea Constituyente; y c) Vendrá para terminar su período constitucional y entregará el mando tan luego como, en conformidad a la nueva Carta Fundamental que dicte la Asamblea Constituyente, estén constituidos los poderes del Estado".⁷

El tutelaje militar fue corroborado por los propios presidentes de los partidos políticos aliancistas, mediante el telegrama que le enviaron a Alessandri a Italia el mismo 23 de enero: Nuevo Movimiento Militar fue efectuado sobre base de su regreso para terminar su período constitucional y realizar Manifiesto 11 de septiembre cuyas condiciones son aceptadas por instituciones militares, partidos políticos y opinión popular. Nombre partidos que apoyaron su Gobierno, rogámosle manifestar aceptación y anunciar inmediato regreso. Situación enteramente favorable.⁸

El 26 Alessandri contestó a la Junta provisoria (formada por los generales Pedro Pablo Dartnell y Emilio Ortiz Vega) con el famoso Telegrama de Roma. En él aceptaba volver al país como Presidente constitucional de la República sobre la base de la inmediata constitución del Gobierno civil, formado por hombres que inspiren amplia confianza a la opinión general del país; que las fuerzas armadas, por su parte, volverán a la normalidad de las funciones que le son propias (…) y dejarán al Jefe del Estado absoluta independencia para ejercitar plenamente las facultades constitucionales que le depara la soberanía nacional; y que el Gobierno civil procedería sin pérdida de tiempo a organizar la Asamblea Constituyente, que debería ser el reflejo de las distintas tendencias de la opinión nacional, y que establecería inmediatamente las reformas exigidas por el país. Reiteraba además que sólo una asamblea semejante estaría habilitada para fijar normas a la elección del futuro Congreso y nuevo Mandatario, a quien yo entregaría el mando a la expiración de mi período constitucional, ya que por ninguna razón aceptaría prolongar mis funciones más allá del plazo por el cual fui elegido por mis conciudadanos.⁹

Estaba clara pues una frontal contradicción entre los militares y Alessandri respecto de quién tendría el poder real. Aunque había, sí, una coincidencia básica en la tarea a realizar: establecer una nueva Constitución presidencialista que permitiera al Estado estimular el proceso de desarrollo económico y paliar las desigualdades sociales. La otra concordancia implícita –y que reflejaba una contradicción del propio Alessandri respecto de su aspiración de seguir siendo Presidente constitucional– era en relación a continuar con la clausura del Congreso y, por tanto, mantener la dictadura.

Por otro lado, el regreso de Alessandri se complejizó debido a que la marina puso como condición para reconocer a las nuevas autoridades que él no volviera como Presidente. Así, en un Manifiesto dado a conocer el 25, exigía del Ejército que haciendo honor a sus honrosas tradiciones, cumpla fielmente el manifiesto de 11 de septiembre como la marina lo ha hecho hasta ahora y se abandone la idea de traer al gobierno al ex presidente Alessandri y a sus partidarios.¹⁰ Este mismo predicamento lo hizo suyo el mediador que se designó de común acuerdo entre el ejército y la marina, el propietario de El Mercurio Agustín Edwards.¹¹ En este contexto, y debido a las dudas manifestadas por varios oficiales de mantener la idea de que regresara Alessandri –incluyendo a Grove–, Carlos Vicuña, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional Obrero, notificó al Gobierno provisional que se declararía una huelga general revolucionaria.¹² Esto, unido a la adhesión creciente que fue adquiriendo el golpe en sectores de oficiales, empleados civiles y marinería de la Armada, condujo a la aceptación final de la vuelta de Alessandri y a la creación –mientras tanto–, el 28 de enero, de una Junta presidida por Emilio Bello e integrada además por el contralmirante Carlos Ward y el general Pedro Pablo Dartnell.

Sin embargo, tanto la formación de una Junta que incluyera a miembros de las fuerzas armadas, como el hecho de que el Acta de acuerdo final entre el ejército y la marina estableciera que el Gabinete se designaría con el acuerdo del Comité Revolucionario;¹³ significaron una consolidación efectiva del tutelaje militar. Esto generó un quejumbroso telegrama de Alessandri a su amigo y ex ministro Emilio Bello, de fecha 30 de enero: En número segundo convenio transmitido se faculta organizar Ministerio con acuerdo Comité Revolucionario. Ignoro razones hayan aconsejado esa determinación que se aparta de mis indicaciones en cuanto pedía vuelta de los militares a sus funciones constitucionales. Al pedir vuelta al régimen constitucional abrigaba idea que se nombrase Vicepresidente y no Junta Gobierno que es organismo extraño a la constitución (…) En esta situación deseo conocer las razones justificativas acuerdos que no se armonizan con mi propósito sincero de volver al orden constitucional y que puedan hacer aparecer mi regreso como un sacrificio estéril e innecesario.¹⁴ Alessandri quedó resignado con la respuesta de Bello que justificaba todo lo anterior por el peligro de la reacción unionista y porque Estado revolución incompatible con Vicepresidencia que supone existencia Poder Legislativo y vigencia de todas las disposiciones constitucionales. Su acción quedaría entrabada e ineficaz para mantener orden público. Gobierno tiene que estar sostenido por fuerzas armadas para que ejerza autoridad efectiva y no teórica.¹⁵

Es más, Ibáñez, como presidente del Comité Revolucionario, le entregó el poder a la nueva Junta en los siguientes términos: El Comité Revolucionario aquí presente hace entrega del mando de la República a la Excma. Junta de Gobierno y al organizador del Gabinete (…) confiado en que sabrán dar fiel cumplimiento a los acuerdos contenidos en las actas con que se puso término a este movimiento revolucionario. Cumplida su misión, el Comité Revolucionario, que presido, se retira confiado a sus labores profesionales y ofrece a la Excma. Junta de Gobierno su incondicional cooperación para asegurar la marcha regular del país.¹⁶

El Comité –pese a un desmentido público de Grove– continuó funcionando permanentemente¹⁷ y su jefe, Carlos Ibáñez, conquistó el cargo de ministro de Guerra, a través del cual se convirtió en el hombre fuerte de la Junta y del posterior Gobierno de Alessandri.

Quizás la misma precariedad de su autoridad restaurada llevó a Alessandri a tomarse curiosamente unas largas vacaciones en Europa y a embarcarse recién el 22 de febrero para volver a Chile.¹⁸ ¿Esperaba un deterioro de la hegemonía militar que le posibilitara un retorno sin tutelajes?

Cualquiera haya sido su expectativa, Alessandri experimentó una penosa comprobación de su desmedrada situación cuando, el 15 de marzo, fue recibido en Montevideo por las más altas autoridades del Ejército y la Armada, el general Mariano Navarrete y el vicealmirante Luis Langlois. Con este último tuvo una tormentosa entrevista al leer las exigencias que le presentaba la Marina.¹⁹

Ibáñez le envió una carta menos conminatoria, pero mucho más demoledora. No solo porque el Ejército era la institución preponderante, sino además porque en su misiva le planteaba que es un hecho indiscutible que las viejas entidades políticas, Unión Nacional y Alianza Liberal, han fenecido como fuerzas militantes de eficacia (…) Los viejos profesionales de la política no sólo han dejado de ser necesarios, sino que están repudiados y condenados de hecho al aislamiento. También le indicaba que la oficialidad del 5 de septiembre y del 23 de enero se halla hoy inquebrantable en el deseo de que, (por) la depuración que S.E. viene a realizar, sean eliminados todos los hombres que por su inconsistencia moral, o por haber hecho impúdicamente una profesión de las intrigas políticas, la opinión los señala con el dedo como inhabilitados para actuar en el escenario del Gobierno y de la política. Y le señalaba con nombre y apellido de quién hablaba: De los alessandristas Carlos Alberto Ruiz, Pedro Rivas Vicuña, Héctor Arancibia Laso, Eduardo Grez Padilla, Luis Salas Romo, Eulogio Rojas Mery, Lautaro Bonhan, Oscar Chanks, Abraham Leckie, Manuel O’Ryan y Guillermo Bañados. Y de unionistas como los hermanos Huneeus, Rafael Urrejola, Francisco Bulnes, los Claro Solar, Claro Lastarria, Manuel Rivas Vicuña, Rafael Luis Gumucio, Elías y Ladislao Errázuriz, Carlos Larraín Claro y demás semejantes.²⁰

Luego, Ibáñez señalaba que la Constitución requería ser fundamentalmente reformada y que ello precisaba evitar (la) intromisión del espíritu corrompido en la (Asamblea) Constituyente; y que el Manifiesto del 11 de septiembre se había convertido ya en una especie de Constitución transitoria (…) claramente el ideal del ejército, por lo cual no dudaba Ibáñez de que dicho documento le habría merecido a Alessandri la consideración debida.

Otro punto que recalcaba era el incremento de las doctrinas comunistas en el pueblo, cuya obra de odio necesitaba sentir la mano de hierro gubernamental, tal como esta fuera aplicada a la oligarquía. Y que la fuerza sana en que debía apoyarse el nuevo régimen constitucional era la clase media, que trabaja con sensatez, persigue finalidades de orden y equilibrio, y hace patria con su trabajo y su producción tesonera y cuerda y la parte del pueblo que conserva el instinto de la justicia y del bien patrio.

Por si lo anterior fuera poco, la carta de Ibáñez terminaba con la siguiente postdata: Se me ha informado de que fuera de las personas nombradas existe una lista numerosa y completa de políticos de todos los partidos, cuyo acercamiento al Gobierno es repudiado por la opinión sana del país y las fuerzas armadas.²¹ Ante esto, Alessandri quedó anonadado. Todo ese día estuvo pálido y macilento, la vista se le extraviaba por el dolor físico y la mandíbula se le relajaba de amargura.²²

De este modo, se dio la paradoja de que Alessandri recibiera una apoteósica recepción a su llegada a Santiago el 20 de marzo,²³ y a la vez tuviera que hacerle ver su frialdad a íntimos amigos y colaboradores suyos, como a su ex secretario Arturo Olavarría: Con gran esfuerzo me abrí paso entre el gentío para poder llegar a La Moneda (…) En un instante en que el Presidente pudo desprenderse de un grupo de gente que lo asediaba y salir al pasillo, corrí hacia él con los brazos abiertos, embargado por la emoción. El Presidente me abrazó, pero no con entusiasmo, lo noté frío y reticente, con ánimo muy diverso del que reflejaba su correspondencia tan cariñosa para mí. Me sentí turbado por esa frialdad y me hice a un lado discretamente. Al parecer, yo nada tenía que hacer en ese ambiente y me retiré en dirección a mi casa con el alma entristecida, haciéndome el propósito de no volver más a La Moneda (…) Tiempo después pude saber que la cruel actitud del Presidente había tenido origen en una sugestión que le hiciera el grupo de militares que fue a recibirlo a Montevideo, en el sentido de que, durante el resto de su período presidencial, alejara de su lado a un grupo de personas que, a juicio de ellos, era indeseable. Se me había incluido en esta categoría asignándome la mayor responsabilidad en los sucesos de la campaña electoral de Curicó.²⁴

Para remachar el tutelaje sobre Alessandri, la Junta Bello-Dartnell-Ward le designó, previo a su llegada, no menos de 12 edecanes, que tenían la misión de espiarlo, atisbarlo y denunciarlo: oficialitos del ejército y de la armada, casi todos inconscientes de su indigno papel.²⁵

Un elocuente relato de la acción de estos edecanes la proporciona el entonces presidente del Partido Radical, Enrique Oyarzún: Alessandri me pidió una entrevista a solas (a comienzos de abril), en su salón reservado de La Moneda, para conversar sobre lo que podría acordar mi partido en torno a la reforma constitucional. A pesar de haber dado orden terminante, en mi presencia, al edecán de servicio, para que no se nos interrumpiera (…) un capitán, Sócrates Aguirre, le desobedeció groseramente, con diversos pretextos, para interrumpir nuestra conferencia, que quizás le parecía sospechosa, irrumpiendo al salón a anunciar diversas visitas que aguardaban o se anunciaban al Presidente. Rojo de ira, Alessandri repitió por dos veces más sus órdenes, hasta que el edecán volvió por tercera vez a decir que el Intendente de Santiago esperaba, yo me levanté avergonzado del atropello de que se hacía víctima al Presidente de mi país, y me despedí diciéndole: –Presidente, veo que nuestros sedicentes libertadores se han convertido en sus carceleros. Ya hemos conversado bastante y no los exasperemos más. Tenga paciencia y aguántese. –Si hubiera sabido que me traían para esto, me quedo en Europa, expresó Alessandri, pero algo de esto me dieron a entender ya en Montevideo, cuando fueron a esperarme.²⁶

Por último, el 18 de abril la Escuela Militar inició una serie de banquetes que los cuerpos y otras reparticiones del Ejército dieron en honor del Presidente de la República (…) con la autorización del ministro de la Guerra (Ibáñez), y donde cada comandante al ofrecer el suyo hacía una declaración de principios (…) El hecho es que, de buen o mal grado, el presidente Alessandri (…) tuvo que resignarse a recorrer las escuelas y cuarteles existentes en Santiago, que no eran pocos entonces, para oír de labios de los jefes la misma historia respecto de las revoluciones de septiembre del 24 y enero del 25, tema obligado de aquellas peroraciones.²⁷

2. Infructuosa resistencia de la oligarquía conservadora

Mientras el golpe del 23 de enero fue recibido positivamente por El Mercurio y, sobre todo, por La Nación,²⁸ El Diario Ilustrado –como representante de la derecha más conservadora– lo condenó duramente. Así, el 25 lo definió como un cuartelazo (…) obra de un grupo de oficiales audaces (…) inspirado por órdenes de las logias (masónicas) y preparado por la acción de políticos alessandristas.²⁹

La oposición conservadora aumentó cuando se concretó el acuerdo para el regreso de Alessandri como Presidente; y cuando se designó un Gabinete integrado mayoritariamente por liberales aliancistas y presidido por Armando Jaramillo, gran amigo de aquel. De este modo, el periódico conservador del 28 definió la acción militar como golpe alessandrista (…) para deshacer el movimiento militar depurador (de septiembre del 24) y para restablecer el alessandrismo corrompido.³⁰

Los unionistas no ocultaron además sus propósitos destinados a echar abajo el nuevo Gobierno. Así, el patriarca conservador Joaquín Walker Martínez escribía que los vientos quedan sembrados. Las tempestades vendrán de nuevo, y como la Providencia vela por nuestro país, digno de mejor suerte, acaso saldremos con bien mediante una tercera voltereta de nuestros salvadores del 5 de septiembre.³¹

Esto creó un clima de extremo nerviosismo en el gobierno, cuyo jefe de policía Ismael Carrasco, a pretexto de rumores de almacenamiento de armas para fines subversivos, consiguió del Gabinete autorización para allanar cualquier recinto sospechoso. En consecuencia, procedió a hacerlo con el Club de la Unión, el Fernández Concha (conservador) y el balmacedista; con colegios católicos como el de los Padres Franceses y San Agustín; con conventos como el de San Alfonso, dominico, el Belén y el carmelita descalzo; y con residencias particulares, chacras y fundos cercanos.³²

Por otro lado, este contexto favoreció las presiones de las organizaciones de sectores populares para lograr demandas propias. Así, el Comité Nacional Obrero solicitó el 28 de enero a la flamante Junta la libertad de todos los presos detenidos por delitos políticos. En el curso de febrero el Gobierno liberó por decreto a los trabajadores detenidos a raíz de la masacre de San Gregorio (1921) y de los sucesos de Puerto Natales (1919).³³ A su vez, producto de una amenaza de manifestaciones de la IWW, la Junta liberó a Efraín Plaza Olmedo, encarcelado desde 1912 por el asesinato de dos personas y las heridas de varias otras en un rapto de violencia que lo llevó a disparar indiscriminadamente en el centro de Santiago contra la burguesía.³⁴

Asimismo, dada la crítica situación de los conventillos,³⁵ surgieron Ligas de arrendatarios en Santiago y Valparaíso que, con grandes manifestaciones y un paro total en el puerto el 13 de febrero,³⁶ obtuvieron el Decreto-Ley N° 261, en virtud del cual se reduce transitoriamente hasta su cierre, demolición o reparación, en un 50% la renta de arrendamiento de las viviendas declaradas insalubres por la autoridad sanitaria.³⁷

La Junta estableció también, por sí misma, un abigarrado conjunto de decretos-leyes. Quizá el más relevante fue el N° 330 que impuso la progresividad del impuesto a la renta (global complementario), el cual había sido escamoteado por los generales Altamirano y Bennet del paquete presentado por los oficiales reformistas en septiembre del 24.³⁸ Estableció, además, los de inscripciones electorales permanentes (N° 343); de derechos civiles de la mujer (N° 328); de libertad condicional de los penados (N° 321); el que fijó el texto definitivo de la Ley 4.055 sobre accidentes del trabajo (N° 379); y uno sobre protección a la maternidad obrera (N° 442), entre otros.³⁹

Capítulo aparte lo constituyó un conjunto de decretos destinados a cambiar las reglas sobre ascensos y retiros del Ejército, y sobre retiros de la Armada y a conferir aumentos de sueldos para estos cuerpos, las policías, Correos y Telégrafos, Aduanas, Biblioteca Nacional, Tesorerías, Estadísticas, Impuestos Internos, Tribunal de Cuentas (la Contraloría de hoy), Casa de Moneda, Especies Valoradas, Observatorio Astronómico, Ministerios, Presidencia, Consejo de Estado, Intendencias y Gobernaciones, Poder Judicial, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentación, etc..⁴⁰

También son notables, como precursores de una intervención del Estado a favor de la producción nacional, los decretos que establecían incentivos económicos a las embarcaciones de bandera nacional que se ocupen exclusivamente de la pesquería (N° 310); a las nuevas compañías siderúrgicas que se instalen en el país, para fabricar hierro y acero con minerales nacionales (N° 317) y a la fabricación de azúcar en el país, con materia prima nacional (N° 310).⁴¹ Análogamente, podemos ver el N° 365 –considerado por Vial quizás la más antigua ‘fijación de precios’ conocida por el Chile republicano–⁴² como un precursor de la intervención en la economía con fines de protección social.

Naturalmente esta obra legislativa acrecentó las resistencias conservadoras, a tal punto que un grupo de oficiales del ejército llegó "a manifestarle indignados al ministro de la Guerra, señor Ibáñez, que estaban dispuestos a tomar ellos mismos las medidas más violentas en defensa de la dignidad del Ejército afectados por la campaña de desprestigio y ofensiva de la prensa opositora. Le expresaron que la debilidad del Gobierno los obligaba a tomar esta actitud, anunciando que el empastelamiento o el incendio de El Diario Ilustrado podrían ser la consecuencia inevitable".⁴³ Ante esto, Emilio Bello citó a los directores de los principales diarios de Santiago para que no hicieran mal uso de la libertad y no produjeran alarmas infundadas o hicieran campañas de propaganda subversiva con ataques injuriosos para el Gobierno a quien supone supeditado o presionado por los elementos militares, lo que importa incitación a la rebelión de estos contra las autoridades,⁴⁴ haciendo especial mención de El Diario Ilustrado en este sentido.

El propio director de aquel, Rafael Luis Gumucio, suscribió en respuesta un editorial desafiante en que planteó que el gobierno pierde su tiempo con sus amenazas; que no podremos oponerles resistencia material a los soldados o a los asaltantes que manden; y que para nosotros será una gloria caer en defensa de una de las más preciosas libertades públicas.⁴⁵ El 16 de febrero el gobierno "acordó establecer una estricta censura de prensa para El Diario Ilustrado de Santiago, La Unión y El Heraldo de Valparaíso y La Patria de Concepción".⁴⁶ Como El Diario Ilustrado y La Patria no aceptaron dicha censura, fueron clausurados.

La resistencia conservadora llegó, a fines de febrero, a la conspiración. En la noche del 27 de febrero fueron detenidos en una casa de la calle Brasil (N° 33-A) cuatro suboficiales del Ejército que conversaban para esos efectos con tres conspicuos miembros del Partido Conservador: Manuel Rojas Urzúa, Guillermo Pérez Gacitúa y Lucio Concha Molina.⁴⁷ Al día siguiente –en un episodio nunca fehacientemente esclarecido– se produjo un motín de suboficiales en el regimiento Valdivia, ubicado en Bilbao con Antonio Varas. Todo se habría iniciado con el arresto de dos suboficiales que buscaban apoyo para un pliego de peticiones gremiales; y habría escalado con la muerte de dos cabos –Augusto Garay y otro de apellido Ávila– al intervenir amenazadoramente por aquellos frente al comandante del regimiento, mayor Matías Díaz Quinteros.⁴⁸ A lo anterior se sumó el hecho de que los servicios de espionaje detectaran que varios suboficiales del regimiento Tucapel –traído a Santiago para reforzar el poder militar de la nueva Junta– estaban derrochando gastos que no correspondían en absoluto a sus ingresos.⁴⁹

En reacción el gobierno impuso el estado de sitio el 1 de marzo en las provincias de Santiago, Valparaíso y Aconcagua, en virtud del cual … el Consejo Ordinario de Guerra o el Consejo de Oficiales Generales resolviendo en única instancia, podrán condenar a las personas a confinamiento, extrañamiento, relegación o destierro.⁵⁰

Además, Ibáñez como ministro de Guerra envió el 5 de marzo a las unidades militares y navales correspondientes una circular que señalaba que las autoridades (…) deberán aplicar estrictamente las disposiciones legales inherentes al estado de sitio, sin que ello importe limitar su acción a lo que tales preceptos taxativamente dispongan, sino que dicha acción debe procurar, aun con el abandono de las formalidades legales, si las circunstancias así lo imponen, el logro del objetivo que el Gobierno se ha propuesto de reprimir con mano férrea cualquiera propaganda, intento u obra encaminada a la subversión o al trastorno, en términos de asegurar el orden.⁵¹

A su vez –sin esperar el término del proceso seguido por el complot de calle Brasil y a pocos días de la llegada de Alessandri– la Junta resolvió deportar del país a quienes parecían ser sus principales inspiradores y ejecutores: Ladislao Errázuriz, Ismael Edwards Matte (quien se convertiría luego en el más ibañista de los parlamentarios), Roberto Huneeus, Emilio Tizzoni, Manuel Rojas, Lucio Concha, Guillermo Pérez, Elías Errázuriz, Julio del Solar, Manuel García Cruz, José Alberto Echeverría, el general en retiro Carlos Harms y el sacerdote Pedro Nolasco Donoso.⁵²

Este desenlace y la apoteósica llegada de Alessandri pusieron fin a toda tentativa seria de contragolpe de la oligarquía conservadora. Sólo como réplica, a comienzos de junio, se produjo un duro intercambio entre El Diario Ilustrado y el jefe del ejército Mariano Navarrete, en que este último amenazó que si ese diario insiste en lanzar artículos ofensivos para la dignidad y el prestigio del Ejército y sus miembros, la fuerza pública procederá a clausurarlo sin consideración alguna; a lo que el diario contestó: Si hubiera en Chile garantías para la libertad y el derecho, habríamos contestado lo anterior como lo exige la dignidad y la altivez de los ciudadanos de una república, pero no podremos publicar nada que llegue a desagradar a quienes disponen de la tropa (…) Sin libertad, sin derecho y sin dignidad, no nos queda más que la vida: queremos conservar la vida.⁵³

3. Dura represión de los sectores populares y masacre de La Coruña

Muchas de las medidas de la Junta a favor de los sectores populares fueron expedientes oportunistas temporales. Como lo señala DeShazo: En la medida que la Junta Militar que llegó al poder en enero de 1925 permaneció débil y amenazada por una contrarrevolución, fue forzada a apaciguar a la enojada clase trabajadora chilena con aisladas reformas y medidas temporales. El retorno de Alessandri a Chile en marzo fortaleció mucho la posición del Gobierno, reduciendo la probabilidad de un golpe de derecha (…) Alessandri y quienes lo apoyaban en el Ejército podían volcar toda su atención a la agitación social que había conmovido al país entero durante la primera mitad de 1925.⁵⁴

Y como también lo indica DeShazo, … el miedo de la elite a una revolución social había crecido constantemente desde el golpe de enero. De acuerdo al embajador británico ‘la alarma era universal’ en las elites de Santiago (…) las huelgas, los paros generales y el crecimiento de las ligas de arrendatarios, para no mencionar las desesperadas medidas de la Junta para aplacar a los trabajadores en lugar de acudir a los habituales métodos represivos, exacerbaron las tensiones.⁵⁵

Un preludio de la ola represiva lo configuró uno de los últimos decretos-leyes de la Junta, el N° 425 sobre Abusos de Publicidad, expedido el mismo 20 de marzo. De este modo, dicho decreto señalaba en su artículo 15 que el que profiriere gritos o cantos sediciosos en lugares o reuniones públicas, será castigado (…) con la pena de prisión en su grado mínimo a medio y multa de veinte a quinientos pesos, o con una de esas dos penas únicamente. Por otro lado, su artículo 17 castigaba con reclusión menor en su grado mínimo y multa de ciento a mil pesos, o con una de esas penas únicamente a quienes maliciosamente publicaren disposiciones, acuerdos o documentos oficiales que deban mantenerse reservados por su naturaleza. A su vez, en su artículo 23 se establecía que la simple ofensa o ultraje contra un jefe de Estado extranjero, efectuada por medio de discursos, conferencias, gritos o amenazas pronunciados o proferidos en lugares o reuniones públicas, transmitidos por la radio telefonía u otro procedimiento análogo; sea por medio de escritos, impresos o no, que se vendan, distribuyan o expongan en lugares o reuniones públicas; sea por medio de carteles exhibidos al público (…) será castigada con reclusión menor en su grado mínimo y multa de $100 a $3.000, o simplemente con una de esas dos penas.⁵⁶

Tal decreto fue severamente cuestionado por el conjunto de la prensa de la época. Así, El Mercurio señalaba: El cúmulo de sanciones severas establecidas para infracciones que se multiplican con extraordinaria acuciosidad recuerda los viejos tiempos de Ordenanzas Militares.⁵⁷ A su vez, El Diario Ilustrado sostenía que … las conminaciones, las multas, los procedimientos judiciales y administrativos señalados en el decreto-ley en serie interminable y a propósito de cosas que salen de la tuición de los diarios, importan de hecho una coacción aplastadora sobre la prensa.⁵⁸ Incluso el más oficialista La Nación, sin perjuicio de valorar positivamente sus disposiciones orientadas a proteger la moral pública, la reputación privada y el crédito profesional; planteaba que se observa en la envergadura general de la ley, un espíritu francamente restrictivo, drástico, cual si en vez de inspirarse en la finalidad de garantizar la libertad, lo hubiera hecho en el de cercenarla.⁵⁹

La propia reacción de los sectores más adinerados estaba también empezando a rendir frutos en marzo. Así, luego del Decreto-Ley sobre vivienda popular del 13 de febrero, se formó en Santiago y Valparaíso una Liga de propietarios. Ambas presionaron para que la reglamentación de dicha ley incluyera rentas mínimas mayores y que les diera representación en los futuros tribunales de vivienda, lo que obtuvieron el 17 de marzo con el Decreto-Ley N° 367 –que en la práctica significó una nueva ley– que estipuló que cada tribunal se integraría con un representante del Gobierno, un miembro de la Liga de Propietarios escogido de entre los mayores contribuyentes de cada distrito, y un miembro de la Liga de Arrendatarios que nunca hubiera sido arrestado y que hubiera pagado su renta a tiempo durante los últimos dos años.⁶⁰ Esta composición era claramente favorable a los dueños, más aún cuando el quórum para su funcionamiento era de dos, dejando la puerta abierta para sesiones privadas entre los representantes del Gobierno y de los propietarios.⁶¹

El descontento que esta virtual nueva ley generó, llevó a la Junta Central de Arrendatarios –de tendencia anarquista– a convocar una huelga general el 8 de abril, la que fue poco exitosa dado que se restaron de ella la Federación Obrera de Chile (FOCH) y el PC, quienes tres días después crearon la Liga Federal de Arrendatarios, con una orientación más moderada de participar en los tribunales buscando más reducciones del valor de los arriendos, al lograr que más conventillos fueran considerados insalubres.⁶²

Los conflictos sociales por este tema siguieron en los meses siguientes, particularmente promovidos por la Junta anarquista … que continuó emprendiendo una lucha desesperada por forzar a los propietarios a aceptar el pago del 50% de sus alquileres normales. Muchos cedieron a la presión y aceptaron la reducción, mientras otros contraatacaron con desalojos y la confección de listas negras de los resistentes, y cortando el agua y la electricidad a los conventillos cuyos arrendatarios se negaban a pagar toda la renta. Unidades de la policía llevaron a cabo cerca de 2.000 desalojos para agosto de 1925. Además, … muchos propietarios eludieron las regulaciones legales que consideraban desfavorables, sobornando a los inspectores y manipulando a los tribunales de vivienda.⁶³

Este conflicto hizo nuevamente visible el principal cisma social de la sociedad chilena: el que separaba a los sectores populares de las clases medias y la oligarquía. Así, hasta un crítico de clase media tan duro de la oligarquía como Carlos Vicuña, reaccionó espantado frente al emergente poder de los pobres, cuestionando como disposición monstruosa la "que rebajaba al cincuenta por ciento del alquiler convenido en diciembre de 1924, la renta de todas las habitaciones declaradas insalubres, y fueron declarados insalubres todos los conventillos y cités con una ceguera inicua, aun aquellos pocos inquilinatos que eran un modelo en su género (…) Los tribunales de la vivienda, amparados por José Santos Salas, fueron una indigna pantomima: jamás encontraba en ellos justicia el propietario, y de tal modo exaltaron la pasión popular que pronto ni siquiera el cincuenta por ciento de las rentas querían pagar. La lucha entre caseros e inquilinos se hizo horrible y dos o tres asesinatos de propietarios sembraron entre estos el terror. El ministro, que esta jugada hacía extraordinariamente popular entre los arrendatarios alzados, se puso francamente de parte de los destructores de la propiedad y del derecho (…) Un problema pavoroso se había creado: el derecho opuesto de caseros e inquilinos sobre las casas de alquiler: los propietarios tenían la desnuda propiedad, pagaban las deudas hipotecarias y cubrían las contribuciones territoriales (…) los inquilinos tenían el usufructo gratis de sus habitáculos a condición de mantenerlos insalubres. Las ligas de arrendatarios, que tenían comités enérgicos en cada conventillo, velaban por esto último: si sucios y repugnantes habían sido, ahora eran nauseabundos y asfixiantes, y en ellos reinaba sin control la violencia y el odio; la honradez estaba vedada: si algún inquilino, compadecido del propietario, pretendía pagarle a escondidas la renta estipulada, y llegaba a ser descubierto, recibía los insultos y los palos de los demás, que lo consideraban traidor a su causa. Ni una sola casa nueva se edificaba, ni una mejora era factible, nadie lograba hallar dónde mudarse ni era posible instalarse en la ciudad si se quería cambiar de domicilio".⁶⁴

Así también, el político radical de clase media Alberto Cabero criticó duramente el Decreto-Ley N° 261, porque creó los tribunales de vivienda, inconsulto y antieconómico, encendió la guerra social entre arrendadores e inquilinos por el amparo que el decreto prestó a la resistencia de estos al derecho de los propietarios.⁶⁵

En todo caso, … con el Gobierno más o menos estabilizado y virando hacia la derecha, su acción se orientó a … un progresivo acotamiento de los tribunales de la vivienda⁶⁶ hasta que … el golpe final contra el movimiento de los arrendatarios fue dado por el ministro de Justicia (José Maza) en septiembre, cuando traspasó la jurisdicción en estas materias de manos de los tribunales de vivienda a la de los completamente desinteresados tribunales civiles.⁶⁷

Sin embargo, donde la represión llegaría a la más extrema violencia y mortandad sería en perjuicio de los trabajadores, particularmente de los obreros salitreros. Ya se vio que las huelgas proliferaron a comienzos de 1925 –y con éxito– a favor de demandas políticas. Pero también hubo claros factores económicos. Así como durante la ola de huelgas de 1905-7 y de 1917-20, la de 1924-25 estuvo … precedida por varios años de alto desempleo y depresión económica que debilitó fuertemente a los trabajadores organizados. La recuperación de la industria salitrera (1905, 1916, 1923) llevó a un incremento gradual de las huelgas. A medida que la recuperación económica se aceleró, la tasa de inflación aumentó marcadamente y llegó a su punto más alto al mismo tiempo o poco después que el apogeo de la ola de huelgas. El costo de la vida aumentó cerca de un 9% entre 1923 y 1924 y 13% el año siguiente.⁶⁸

De este modo, el mayor empleo aumentó la capacidad negociadora de los trabajadores –para enfrentar su reducción salarial por la inflación– así como las expectativas de un mayor poder político luego del golpe antioligárquico de enero. El apogeo de las huelgas llegó en mayo y junio, extendiéndose sobre todo en el cobre, carbón y salitre. Esto generó extrema preocupación tanto en el Gobierno como en los sectores patronales. Ya a fines de abril el primero, a través del Director General de Policía Julio Bustamante, creó … una oficina central encargada de controlar la creación, el funcionamiento y todas las actividades de las sociedades obreras.⁶⁹ Por otro lado, en la pampa salitrera los empleadores, con la colaboración de la policía, impedían que se constituyesen sindicatos o lograban que sus dirigentes … fueran arrestados, acusados de alterar el orden público y fomentar luchas civiles, declarados culpables y expulsados de la pampa.⁷⁰ Posteriormente, … a fines de mayo Alessandri puso los mecanismos de la represión en movimiento. Un barco de guerra, llevando el regimiento Rancagua de Tacna, fue enviado a Iquique para suprimir las huelgas y protestas en la provincia de Tarapacá.⁷¹ Asimismo, el Gobierno declaró el estado de sitio en Tarapacá y Antofagasta.⁷²

A su vez Ibáñez, como ministro de Guerra, envió un telegrama al general Florentino de la Guarda (máxima autoridad militar de Iquique) el 27 de mayo, que rezaba: Se tiene conocimiento que el 1° de junio prepárase movimiento subversivo de carácter comunista. El Gobierno ordena que en caso de producirse este movimiento o confirmarse su preparación se proceda con la mayor energía a fin de mantener orden público y libertad de trabajo. Es indispensable desde el primer momento apresar cabecillas y retenerlos incomunicados hasta recibir orden del Ministerio y ajustando US. sus procedimientos al estado de sitio, y por consiguiente asumir ya el mando de todas las fuerzas armadas de la provincia y censurar la publicidad verbal y escrita si fuese necesario.⁷³

La situación se tensionó gravemente cuando el periódico comunista El Despertar de los Trabajadores de Iquique denunció la detención de 40 obreros de Pisagua por haber tratado de hacer una manifestación pública, quienes luego fueron internados sin orden judicial en el acorazado O’Higgins y llevados a Iquique, donde permanecían dentro del barco.⁷⁴ Ante la publicación, Florentino de la Guarda … ordenó inmediatamente empastelar la imprenta, destruir los ejemplares que estaban listos para subir a la Pampa, y detener a los redactores. La policía procedió con saña: todos los redactores fueron detenidos y vejados, la imprenta, prensas, cajas y tipos, destruida a martillo, y los ejemplares y libros quemados como cosa criminal.⁷⁵ Una comisión de obreros subió a la Pampa a informar de todo esto, resultado de lo cual se generó una huelga general en Iquique y en numerosas oficinas salitreras. Como producto de confusos incidentes, manifestantes exaltados mataron a una,⁷⁶ dos,⁷⁷ o tres⁷⁸ personas. Luego se produjo una toma general de oficinas. La recuperación de ellas se hizo a sangre y fuego, con cañones y ametralladoras, siendo la más bombardeada la oficina La Coruña. De acuerdo a Carlos Charlín, "… las matanzas de obreros en La Coruña, Alto San Antonio, Felisa y otros lugares de esa pampa de la desgracia son páginas que horripilarían a un escritor de novelas de terror. Se hizo derroche sanguinario de lo que denominaban ‘medidas de escarmiento para rotos alzados’.⁷⁹ En La Coruña no quedó hombre ni mujer ni niño con vida. Se les diezmó con granadas de artillería disparadas a menos de trescientos metros y, pese a las banderas de rendición, no se tomaron prisioneros".⁸⁰

¿Cuántos obreros murieron? Como lo señala Gonzalo Vial, es … imposible establecerlo. La prensa popular habló de 2.000 (…) el general Guarda, de 59;⁸¹ Peter DeShazo nos informa que … los diplomáticos británicos estimaron que entre 600 a 800 trabajadores fueron muertos en la masacre, mientras que el ejército no sufrió bajas.⁸² Carlos Vicuña escribió: Todas las voces hacían subir de mil los hombres muertos. Algunos me aseguraron que llegaban a mil novecientos.⁸³ Ricardo Donoso habló de pavorosa matanza de centenares de muertos y heridos.⁸⁴ Julio César Jobet sostiene que … los que estuvieron en aquella zona y conocieron las peripecias de este drama, afirman que fueron masacrados 1.900 obreros; pero otros testigos oculares estiman en más de 3.000 el número de víctimas.⁸⁵ Luis Corvalán sostuvo que … en ella murieron más de 2.000 personas.⁸⁶ Brian Loveman y Alejandro Chelén los cifran en … más de 1.200 trabajadores.⁸⁷ Simon Collier y William F. Sater hablan de una salvaje masacre de centenares de obreros salitreros.⁸⁸ En cualquier caso, es seguro que constituye, por poco, la segunda peor masacre puntual del siglo XX chileno luego de la de Santa María de Iquique; y que alcanza el triste registro de ser una de las peores matanzas de la humanidad en tiempo de paz.

Al igual que en las numerosas masacres obreras previas del siglo XX,⁸⁹ el Gobierno, la oligarquía y los sectores medios minimizaron y justificaron la matanza y las represiones posteriores; y no efectuaron ninguna investigación de ella, ni menos sancionaron a sus responsables.

De este modo, la cifra oficial de muertos fue de 59,⁹⁰ y el ministro Ibáñez –reveladoramente antes que Alessandri– congratuló telegráficamente al general de la Guarda, … felicitando a US. y a sus tropas por el éxito de las medidas y rápido restablecimiento orden público. Lamento la desgracia de tanto ciudadano, sin duda, gran parte inocentes. Espero continúe su obra, aplicando castigo máximo a cabecillas revuelta y aproveche ley marcial para sanear provincia de vicios, alcoholismo y juego principalmente.⁹¹ Lo mismo hizo el presidente Alessandri al día siguiente, en telegrama a dicho general: Agradezco a US., a los jefes, oficiales, suboficiales y tropas de su mando los dolorosos esfuerzos y sacrificios patrióticamente gastados para restaurar el orden público y para defender la propiedad y la vida injustamente atacadas por instigaciones de espíritus extraviados o perversos.⁹²

A su vez El Mercurio justificó la masacre al explicarla como producto … de la necia agitación comunista provocada en esa región hace pocos días y agregando que … recién terminada la estéril y dolorosa jornada (…) un numeroso grupo de obreros se acercó al general don Florentino de la Guarda, jefe de las fuerzas que redujeron a los amotinados (…) posiblemente muchos de ellos compañeros de los mismos que cayeron bajo las balas de los que defendían la propiedad y el orden, le agradecieron al general de la Guarda su actuación en la jornada.⁹³

La Nación la aprobó también al señalar que … un desatinado y temerario espíritu de reivindicación social levantó y arrojó contra la propiedad y el orden a una masa de obreros que escuchó la palabra engañosa de sus jefes y que … es esta precisamente la más noble misión del ejército: asegurar la paz y la tranquilidad en el interior, porque a su sombra todos se encuentran garantidos y todos pueden ejercitar libremente sus derechos. Es su misión y es su deber.⁹⁴

Más impresionante fue, sin duda, la justificación que de ella hizo en El Diario Ilustrado el ex diputado radical por Tarapacá, Daniel Espejo, –¡el mismo que había criticado duramente la matanza de Santa María de Iquique!–,⁹⁵ al decir que "… el falso comunismo chileno (…) ha hecho tres feroces manifestaciones de vida que tienden a atropellar a las autoridades, la propiedad privada y a los que no piensan como ellos (…) Los infelices que siguen a estos predicadores son la eterna carne de cañón (…) cayendo en Iquique el año 1908 (sic), después en San Gregorio y hoy nuevamente en Iquique (…) Los que hemos vivido muchos años en el norte de la República, los que hemos sido en el Congreso sus representantes (…) sabemos que lo único que salvará la situación en el futuro, es la más absoluta energía y severidad".⁹⁶

Quizá la más notable fue la que hizo La Revista Católica, al señalar como el origen último de los eventos … la criminal propaganda comunista, que agentes rusos y peruanos hacían entre el elemento obrero de las salitreras de Pisagua y que … como en Chile no hay ningún pretexto, como hay en otras partes, para levantar bandera contra la propiedad y el capital, pues hay abundancia de trabajo bien retribuido, y todos gozamos de amplias libertades, los agitadores son doblemente criminales.⁹⁷

Incluso, un intelectual crítico como Joaquín Edwards Bello la justificó, al señalar que "… es lamentable de todo punto que el Ejército se haya visto obligado a dar una lección práctica de artillería con sus propios hermanos (…) Nadie, nadie que tenga conciencia podrá reprobar la actitud del Ejército. Se trata de un intento subversivo que nada justificó, porque actualmente tenemos el gobierno más sensible al pueblo. Ha surgido (…) un Ministerio de Higiene y Previsión Social, único en el mundo, y que podría ser imitado en Italia, España o Inglaterra.⁹⁸ Está empeñado nuestro Gobierno en darnos Constitución nueva, que consulte las aspiraciones de la mayoría⁹⁹ (…) En todos los aspectos de nuestra vida se nota el ascenso al bienestar, la marcha a una renovación benéfica, cuando un grupo de ilusos predicadores ha lanzado a algunos obreros del norte por los caminos del desorden por el desorden (…) Sea esta sangre anunciadora de una nueva era de autoridad. Un Gobierno eficiente en todo sentido, debe ser el árbitro de las dificultades de los obreros. En Rusia, en pleno régimen comunista, el Gobierno se reserva el derecho soberano de dirigir al pueblo. Las huelgas han desaparecido del antiguo imperio de los czares (sic)".¹⁰⁰

A su vez, el asesor y futuro ministro de Ibáñez, Conrado Ríos Gallardo, con ocasión de la masacre señalaba: La situación económica del proletariado es inmejorable y su situación ante las leyes, extraordinaria. Chile es de los pueblos que tiene legislación social más avanzada (…) De ahí por qué no comprendemos la existencia del comunismo en nuestro país. Ha nacido debido a la falta de autoridad y a una libertad mal entendida. La libertad que existe en Chile, no existe en ninguna otra parte del mundo. En ningún país se permite que al pie de los monumentos de los héroes, se injurie a la patria y a sus instituciones más queridas. Debemos empezar a reaccionar. El comunismo ha arrojado un guante rojo. Puede llegar el momento que sea recogido por un guante tricolor. Dos representantes de la autoridad han quedado tendidos boca abajo en la arena como consecuencia de ese reto. Tenemos la tiranía de la minoría sobre la mayoría (…) El comunismo puede colocarnos a las puertas del fascismo. No deseo ni lo uno ni lo otro. Ambas son tiranías. Pero entre las dos: ¡soy fascista!.¹⁰¹

Otro elemento, que no por repetido deja de sorprender, es el manto de olvido que tempranamente –consciente o inconscientemente– se quiso extender sobre dichos sucesos. Así, en el minucioso relato de centenares de páginas que el general Mariano Navarrete hizo en 1926 sobre los eventos de 1924 y 1925, no aparece ninguna mención de la masacre. Peor aún, el connotado político radical de clase media Alberto Cabero, escribiendo también en 1926, no solo no menciona para nada aquellos sucesos, sino que respecto de 1924-25 se queja de "… la lucha de clases, excitada por el encarecimiento de la vida, las incitaciones del proselitismo y la aguijadura que el populacho recibió de la acción irresoluta y pusilánime de los gobiernos de facto".¹⁰² Aunque escritos mucho después, llama también la atención que actores del período como Emilio Bello y Arturo Olavarría no hagan ninguna mención de ella en sus Recuerdos políticos (1954); ni en Chile entre dos Alessandri (1962), respectivamente. Pero lo que más impacta es el conjunto de obras históricas más recientes que ni siquiera registran la masacre.¹⁰³

Además, al igual que con las anteriores masacres obreras, la represión no terminó allí: "Paralelamente, una ola de arrestos de caudillos laborales se abatía sobre las provincias calicheras. De Antofagasta, v. gr., llegaban por el ferrocarril a Santiago, el 20 de junio, 300 familias en ‘completa indigencia’; venían expulsadas de distintas oficinas, sin que las afectaran cargos concretos. Ocuparon los antiguos albergues de cesantes. Otros detenidos tuvieron como cárcel el crucero Zenteno, surto en aquel puerto, y se les procesó militarmente".¹⁰⁴ Estos eran más de 40 dirigentes comunistas y anarquistas de la provincia de Antofagasta, entre los que se contaba el futuro senador Salvador Ocampo, el poeta José Santos Córdoba y el abogado Jorge Neut Latour.¹⁰⁵ Luego de un Consejo de Guerra, cuyo fiscal militar el mayor Caupolicán Clavel le negó al abogado Daniel Schweitzer acceso a los detenidos y al sumario, se condenó a todos los detenidos a varios años de relegación a diversas islas: Más Afuera, Pascua, Melinka y Navarino, entre otras.¹⁰⁶ Luego, … en un Consejo de Ministros, después de ruda batalla contra Ibáñez, logró Alessandri que se conmutasen las penas impuestas (…) por las de tres años y un día o menos de relegación de todos los reos a la ciudad de Castro. Y finalmente … Alessandri, con el pretexto de las fiestas patrias los indultó a todos.¹⁰⁷

A su vez, los primeros detenidos de Pisagua llevados a Iquique por el O´Higgins fueron conducidos a Quintero por el Mapocho, donde fueron transbordados al crucero Blanco e interrogados por el comisario Ventura Maturana –que sería el tristemente célebre jefe de la policía política, bajo Ibáñez– que los encontró en penosas condiciones, suscitándoles compasión. Como … tampoco existían cargos ni sumario en su contra (ya que se encontraban detenidos sólo porque los dueños o administradores de oficinas los motejaban de agitadores), Maturana se empeñó por su libertad, y la obtuvo para la mayoría. Más ya entonces venía navegando otro lote, en el vapor Liguria.¹⁰⁸

Vicuña añade que los encerrados en el O’Higgins … fueron sometidos a inicuas torturas y que … eran amenazados cada día con que serían fondeados. Agrega que "… una carta anónima que recibí en Iquique, fechada a 14 de agosto de 1925, me cuenta entre otros horribles pormenores que a bordo del O’Higgins falleció de un ataque el teniente Lizama, a causa de la impresión que le causó la orden de fondear a un grupo de obreros, que arrodillados, llorando, sobre la cubierta le pedían piedad".¹⁰⁹

Dada la escasez de noticias por la censura, la FOCH consiguió del propio Ibáñez un salvoconducto para que Elías Lafertte averiguara los detalles de lo sucedido. Las autoridades de Iquique sin embargo (obedeciendo, de seguro, instrucciones reservadas del mismo Ibáñez), actuaron como si el salvoconducto no existiese; negaron toda facilidad al enviado fochista,¹¹⁰ hasta que, luego de una tardía¹¹¹ aunque dura declaración de la FOCH contra la masacre el 17 de junio, fue detenido al día siguiente en Iquique, donde estuvo preso e incomunicado durante dos meses y medio.¹¹²

Una masacre y represión de tal naturaleza tuvo ciertamente como condicionante el acendrado y atávico autoritarismo y clasismo oligárquico y de los sectores medios; así como el profundo cisma que los separaba de los sectores populares. Pero además, influyó el temor social generado por la propia campaña del terror de los unionistas para las elecciones de 1920;¹¹³ la prédica agresiva, particularmente de los anarquistas, en el norte;¹¹⁴ y una virtual paranoia que, añadida a los factores anteriores, la provocaba la extrema volatilidad política y social de los años 20 en Chile y en el mundo.¹¹⁵

Pero la escalada represiva no se restringió al norte. El 10 de junio Alessandri … declaró en estado de sitio la zona del carbón para liquidar huelgas que habían empezado en mayo. Además, la policía incrementó su campaña de infiltración y espionaje en los sindicatos de Santiago y Valparaíso; y después de la masacre de La Coruña … oficiales del Ejército comenzaron a censurar la prensa obrera¹¹⁶ hasta noviembre.

Luego, el 24 de junio el ministro Ibáñez envió una circular al Cuerpo de Carabineros que ordenaba: No debe tolerarse que continúe la prédica contra el orden civil, causa inmediata de la catástrofe de la pampa salitrera (…) Debemos iniciar campaña pro-salud social; perseguir a los chantajistas sociales; a los que se burlan de nuestras glorias militares. Se tendrá en lo sucesivo por los carabineros, mano firme, sin contemplaciones contra los agitadores. Se recomienda a los oficiales se noticien de los malos maestros que explotan a la Patria y conspiran contra ella e informarán a la Comandancia General de Armas (…) Que se reduzca a prisión inmediatamente a los manifestantes u oradores que en mítines ofendan a S. E. el Presidente de la República, a las autoridades y a las fuerzas armadas, y no permitirán los carabineros que se ostente otra bandera que no sea la de Chile o la de sociedades con personalidad jurídica. En el futuro se prohibirá enérgicamente se ostente bandera roja, que simboliza la anarquía y el desorden. Se vigilará no se publiquen pasquines o periódicos en que se haga campaña disolvente, se ofenda a las autoridades y se insulte a las instituciones armadas y se incite a la rebelión.¹¹⁷

El presidente del PR Enrique Oyarzún (el mismo que muy pronto apoyaría la candidatura presidencial de Ibáñez) escribiría en sus memorias inéditas que la circular … ha causado profundo estupor (…) Los preceptores y (los) comunistas están aterrorizados.¹¹⁸ Pero lo más notable fue que dicha