La alcaldización de la política: Los municipios en la dictadura pinochetista

Por Rolando Eugenio Alvarez Vallejos, Karen Donoso Fritz y Verónica Valdivia Ortiz de Zárate

Muestra los intentos de reformular la política, sacándola de sus escenarios históricos y llevándola a los espacios micro –comunas-. Esto era parte del proceso de resocialización del pueblo de Chile emprendido en 1973.

• Idioma: Español
• Editorial: LOM Ediciones
• Fecha de lanzamiento: 27 may 2021
• ISBN: 9789560013279

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Presentación

Verónica Valdivia Ortiz de Zárate

Las historias acerca de la dictadura militar chilena, personalizada en la figura del general de Ejército Augusto Pinochet, han remarcado el factor de violencia y terror que lo caracterizó o, en su defecto, las transformaciones económicas y sociales realizadas. En ese sentido, ha tendido a predominar una visión dicotómica del período al que adscriben sus detractores o simpatizantes, lo cual ha dificultado una comprensión que dé cuenta de la complejidad de esa experiencia y de su impacto en el mediano plazo. Si bien es cierto el terror fue consustancial a la naturaleza del régimen militar, no lo es menos que para sus días finales, sectores del mundo popular se declaraban pinochetistas, votando por el Sí en el Plebiscito sucesorio de 1988, a la vez que los partidos herederos de la dictadura mantuvieron el porcentaje de sufragios obtenido por el general Pinochet, lo cual les permitió contrabalancear el poderío político de la Concertación durante los años noventa. Más aún, desde finales de esa década, y a pesar de sus derrotas sucesivas en las elecciones presidenciales de 1999 y 2006, la UDI logró convertirse en el principal partido político, en términos electorales, pudiendo la derecha desafiar a los candidatos concertacionistas, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, respectivamente. En resumidas cuentas, el régimen militar se resistía a morir del todo, a pesar de la ruptura pública de la derecha con el general Pinochet después de su regreso a Chile tras su apresamiento en Londres por acusaciones de crímenes de lesa humanidad, y especialmente con motivo del caso Riggs. Esta adhesión a ese régimen, como es sabido, cruza transversalmente la sociedad y no se circunscribe en exclusiva a los sectores altos.

Esta conocida situación, sin embargo, ha ignorado las tentativas explícitas y deliberadas del régimen por acercarse al mundo popular, el que se autodefinió como de profundo sentido social. Quienes hacen hincapié en la represión masiva que recayó sobre los pobladores, tienden a interpretar la relación del mundo popular con la dictadura solo como de hondo antagonismo, rechazo y resistencia. Quienes enfatizan las transformaciones económico-sociales ponen mayor atención en lo estructural y en los lazos con la alta burguesía, desatendiendo los vínculos con los pobres. Este trabajo pretende abrir la mirada hacia las aspiraciones hegemónicas de los militares y de los civiles colaboracionistas respecto del mundo popular. Aunque, aparentemente, el golpe produjo un quiebre irreversible entre el nuevo régimen y los pobladores, estos constituían el factor crucial de su éxito, toda vez que la derrota del marxismo y de los principios de la democracia debía producirse no solo con la represión, sino con la instalación de un nuevo sistema de creencias y valores. Las hipótesis que explican la crisis de la izquierda en función de la represión, suponen que la tarea de esta fue extirpar los anteriores principios a partir del terror que se cernió sobre la sociedad y ante cualquier síntoma de ruptura con las prohibiciones y normas instaladas. Siendo ello cierto, también lo es que ese vacío producido por la represión fue ocupado por un nuevo universo de ideas, normas y creencias impuesto por la dictadura, proceso dentro del cual el mundo popular cumplía el papel protagónico. No era posible refundación alguna si no se arrancaba de raíz la anterior cosmovisión y se imponía otra entre aquellos que por entonces constituían la mayoría del país. Desde ese punto de vista, la célebre frase del general Gustavo Leigh la noche del 11 de septiembre de 1973 de extirpar el cáncer marxista hasta las últimas consecuencias no refería únicamente a la exterminación fáctica de la militancia marxista chilena y la eliminación política de los anteriores partidos, sino de la resocialización del pueblo de Chile bajo nuevos parámetros. Como se explica en este libro, la represión, siendo fundamental para el éxito del régimen militar, era insuficiente, pues los elementos consensuales resultaban imprescindibles. Al contrario de quienes sostienen la exclusividad de la represión como método, este trabajo apunta a la importancia del consenso que la dictadura buscaba crear en torno a un nuevo Chile.¹

Esta lógica de consenso tenía su punto de arranque en la naturaleza de la guerra emprendida el 11 de septiembre y que hemos denominado la guerra social de Pinochet,² entendiendo por ello una guerra que excedía la represión y apuntaba a combates en los frentes económicos y, fundamentalmente, sociales, pues era allí donde el marxismo y la democracia debían ser derrotados. Por ello, al mismo tiempo que se reprimía ejemplarmente y se instalaba un mundo de sombras, muerte, tortura, delaciones y miedos, el régimen se esforzaba por convencer a los pobres de que la lucha contra la crisis económica y por la modernización era en su nombre y por su futuro bienestar. Fue por ello que en algún momento el general Pinochet quiso convertirse en el general de los pobres.

El trabajo que aquí se presenta se inserta dentro de lo que fue esa guerra social, en el marco del proceso de municipalización a comienzos de los años ochenta. Como se explica más adelante, desde un comienzo el régimen se propuso re-socializar al mundo popular a través de organismos de carácter oficialistas, cuyos personeros descendieron sobre las calles polvorientas de campamentos y poblaciones para enseñar los nuevos principios a mujeres y jóvenes pobladores. Tales afanes no alcanzaron total claridad en la década del setenta, hasta que el proyecto refundacional estuvo terminado a fines de ella. En ese momento, para 1979, el municipio pasó a ser el centro materializador del neoliberalismo y del plan social dictatorial, con el alcalde como figura protagónica, perdiendo los otros organismos la primacía que habían tenido hasta ese momento. Tal es la razón por la cual este libro se focaliza en el municipio, en tanto desde 1981 todos los esfuerzos del régimen estuvieron puestos en el traslado del foco de atención social al mundo de las localidades y las comunas, definidas como el nuevo espacio de la democracia de participación social a crear. La idea de alcaldización de la política, que lleva por título este texto, por lo tanto, dice relación con los intentos del régimen militar de reformular la política, sacándola de sus escenarios históricos –el Parlamento, los partidos, las orgánicas sociales sindicales y gremiales– y trasladándola a los espacios micro, donde transcurría la vida cotidiana de las personas, alejadas de los grandes debates. Esta alcaldización de la política era parte central del proceso de resocialización emprendido, pues era allí donde el pueblo de Chile aprendería a vivir las nuevas nociones y se entrenaría en los vericuetos del Estado Subsidario y de la democracia de participación social.

Considerando que este texto analiza solo una parte de los diversos intentos deliberados de la dictadura por atraerse al mundo popular, él solo aborda parte de lo que fue ese proceso, el cual, como se entiende, fue bastante más amplio. En ese sentido, este texto solo ilustra la transformación del municipio en los años ochenta y la lógica que estaba detrás de esa política, definida como estrella por el propio régimen. Consistente con eso, no se abordan temas cruciales, como la municipalización de la educación y de la salud, pues ellos nunca fueron vistos ni usados por la dictadura como instrumentos de cooptación de los pobres. Al contrario de lo sucedido en otras dictaduras del Cono Sur americano que entregaron la resocialización de la población a los centros educativos y a la Iglesia Católica, en el caso de Chile ella fue asumida directamente por el régimen a través de su aparato administrativo, el Ministerio Secretaría General de Gobierno. La educación y la salud, como se sabe, fueron parte de la neoliberalización de lo social, de las modernizaciones y, por ende, de las políticas macro y de aquellas que rompieron con la idea del Estado de Compromiso o Estado Benefactor del siglo XX. En ese plano, la resocialización debería ocurrir, en gran medida, por la experiencia.

Al contrario, el municipio concentraba una importante gama de aquellas tareas que se consideraban la red social del régimen –los subsidios– y que deberían conseguirse a través del órgano comunal. Desde ese punto de vista, este libro aborda algunos de aquellos ámbitos en los cuales el municipio adquirió el protagonismo en la seducción del mundo popular, que respondía al diseño proyectual del régimen y que se extendió al período postdictatorial. El municipio fue definido como el centro político a partir del cual implementar el Estado Subsidario, a la vez que de la organización de los apoyos políticos y de la nueva forma que asumiría la participación ciudadana y la democracia. Lo importante de la alcaldización de la política es que, considerando la centralidad que tenía en la resocialización buscada, la reforma municipal debía trascender a la dictadura y convertirse en el nuevo estilo de hacer política. Como es sabido, la reforma a la ley de municipios de 1992 solo afectó a la elección del alcalde, pero no a las funciones municipales ni a las lógicas clientelísticas generadas a partir de 1981.

Entendiendo que tal es la lógica de este libro, el capítulo I, a cargo de quien escribe esta Presentación, aborda el proceso de municipalización en el marco del pensamiento militar y de la regionalización. El capítulo explora la importancia que los militares atribuían a la descentralización, su impacto en la comuna y la redefinición de la política, a la vez que analiza las estrategias de resocialización emprendidas desde la Secretaría General de Gobierno y cómo todo ello confluyó en la reforma municipal. El capítulo II, de mi autoría y del historiador Rolando Álvarez, estudia las políticas de empleo más emblemáticas del régimen –el PEM y el POJH–, fiel reflejo de la desocupación estructural que generaron las transformaciones neoliberales y la pobreza consiguiente, como la radicación de esa política a nivel comunal. El capítulo III, elaborado por la joven historiadora Karen Donoso, evalúa la política deportiva diseñada por la DIGEDER y que trabajaba en las poblaciones en un nivel casi celular, utilizando tanto sus propias orgánicas en las poblaciones como las de los municipios. El capítulo discute el carácter social y cultural de las políticas deportivas y de recreación a cargo del organismo deportivo, siempre en manos de oficiales de las fuerzas armadas. El capítulo IV, a cargo de Rolando Álvarez, aborda la política habitacional diseñada durante la dictadura, destinada a erradicar la extrema pobreza, considerada el meollo de la subversión. Álvarez rescata los debates dentro de las fuerzas armadas respecto de la política habitacional, el papel de los municipios y la interferencia del personalismo de Pinochet. El libro concluye con un Epílogo, bajo la autoría de quien escribe esta Presentación, en el que se evalúa el impacto de estos intentos deliberados de cooptación popular a través de un análisis de los resultados electorales del régimen militar en el Plebiscito de 1988 y las elecciones presidencial y parlamentaria de 1989. La autora escruta los cambios en el electorado, especialmente el corrimiento a la derecha, a pesar de la derrota, y el declive de la izquierda marxista, como el efecto del personalismo y el clientelismo desarrollado por la dictadura, expresado en el fenómeno del pinochetismo y la elección de excolaboradores y funcionarios del oficialismo en la parlamentaria. Finalmente, se incluye un Anexo con los testimonios de tres personas que se vincularon a la red social y asistencial de la dictadura, ilustrando el impacto de las políticas neoliberales, la cuestión del desempleo, la asistencialidad y la resocialización política, que es el tema que aborda el presente texto.

Como es claro, este libro no agota las potencialidades analíticas de la reforma municipal, ni esa es su intención, sino más bien una invitación a reflexionar sobre ella y analizar su impacto sobre el Chile de hoy.

Como en otras ocasiones, quisiéramos agradecer a algunas personas e instituciones que hicieron posible este libro. En primer lugar, un sentido agradecimiento a quienes nos ofrecieron voluntariamente su testimonio, confiando en nuestro juicio: las señoras Gladys Soto y Carmen Patricia Díaz, y Cristián Gajardo; como también para quienes colaboraron en la recolección de información, los profesores Francesca Grez, Felipe Seguel y Fernando Pairican. Asimismo, queremos agradecer a Elizabeth Lira, quien leyó parte del manuscrito de este libro, y a la historiadora María Montt, por su ayuda en el acceso a documentación del período. Como siempre, un reconocimiento al personal de la Biblioteca Nacional, que facilitó el acceso a las fuentes escritas; a los funcionarios de la Biblioteca del municipio de San Bernardo, que colaboraron directamente con Karen Donoso, y al Señor Gabriel Ahumada, de la Biblioteca del Congreso. Asimismo, agradecemos a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, la cual a través de su programa Fondecyt financió la investigación que está detrás de estos estudios. El Proyecto Fondecyt Nº 1080162, cuya investigadora responsable es quien escribe estas líneas, proveyó el marco conceptual e histórico para los análisis aquí presentados.

Quisiera hacer un agradecimiento personal para el director de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales, el historiador Claudio Barrientos, por el apoyo brindado para el desarrollo de mis actividades académicas y por su respaldo en los momentos difíciles en que transcurrió el desarrollo de este trabajo.

Verónica Valdivia Ortiz de Zárate

Invierno de 2011

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¹ Actualmente, los estudios acerca de las dictaduras han abandonado la tesis de que ellas se sostienen solo por la represión y la paralización que el terror produce en la sociedad, avanzando hacia el problema del consenso social detrás de ellas, es decir, que las dictaduras tienden a buscar legitimación social, detrás de la cual se exprese el apoyo con que cuentan entre la población. Ello no aminora, por cierto, la importancia del factor represivo, pero introduce las estrategias dictatoriales de cooptación social y de resocialización. Los casos de la Italia mussoliniana y de la Alemania de Hitler han sido los más estudiados. En el caso de las dictaduras del Cono Sur de América Latina esos estudios recién comienzan. A modo de ejemplo, Robert Gellatelly, No solo Hitler, Barcelona, Crítica, 2002; Peter Fritzsche, Vida y muerte en el Tercer Reich, Barcelona, Crítica, 2009; Gabriela Águila, Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976-1983. Un estudio sobre la represión, los comportamientos y actitudes sociales en dictadura, Buenos Aires, Prometeo, 2008; Mariana Caviglia, Dictadura, vida cotidiana y clases medias, Buenos Aires, Prometeo, 2006; Aldo Marchesi, ‘Una parte del pueblo feliz, contento, alegre’. Los caminos culturales del consenso autoritario durante la dictadura, en Carlos Demasi et al., La dictadura cívico-militar. Uruguay, 1973-1985, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2009.

² Tal es el título del Proyecto Fondecyt No.1080162 del que es parte este trabajo, cuya investigadora responsable es quien escribe.

Capítulo I

La alcaldización de la política: los municipios en la dictadura pinochetista

Verónica Valdivia Ortiz de Zárate

Hoy en día, las elecciones municipales constituyen una de las más importantes del sistema político-electoral chileno, a las cuales los partidos les dedican un tiempo considerable, eligiendo sus candidatos, toda vez que se las considera un test de la correlación de fuerzas entre las colectividades con vistas a las elecciones presidencial y parlamentaria siguiente, pues es la única elección con sistema proporcional de votación. De igual forma, estos comicios les concitan sumo interés, pues desde los municipios es posible capturar apoyos sociales, ya que se han transformado en la cara más cercana y visible del Estado, tomando en cuenta la gran cantidad de atribuciones que concentran y, como correlato, las expectativas y demandas que generan. En pocas palabras, más que esperar leyes o políticas que impacten realmente la vida desde los centros de autoridad, la población parece percibir al municipio como la instancia estatal que más efecto tiene sobre su existencia, particularmente entre los sectores populares.

Que ello sea así, en gran medida se debe a las transformaciones políticas realizadas por el régimen militar encabezado por el general Augusto Pinochet, las que apuntaban a alejar a la ciudadanía de los problemas y de las grandes decisiones de orden político, las cuales debían radicar en los expertos. La sociedad, en cambio, debía concentrarse en cuestiones cotidianas, atingentes a sus propias vidas, relativas a sus necesidades en materias de salud, educación, previsión, vivienda, entre las más importantes, consideradas una cuestión privada. La transferencia de estas funciones sociales a los municipios, a comienzos de los años ochenta, con el proceso de municipalización, convirtió a estos organismos en el agente estatal más importante, pues concentró aquellas tareas que afectaban directamente la vida de las personas. El proceso de municipalización representó una forma de entender la política acorde al ideario autoritario que dominaba a la alianza militar-civil que gobernaba. Esta perspectiva de lo político no fue modificada por los gobiernos de la Concertación, la que, convencida de la necesidad de desmovilizar a la sociedad tras el triunfo en el Plebiscito de 1988, privilegió los acuerdos cupulares y con la alianza opositora. Ello tuvo el efecto de consolidar el diseño dictatorial, confirmando al municipio como el ente estatal clave de la vida ciudadana.

Este capítulo tiene como objetivo analizar el proceso de municipalización realizado por el régimen militar, desentrañando sus lógicas. Tal opción se asienta en la importancia que este tuvo y tiene, especialmente, para el mundo popular, tanto desde una óptica social y de clientelismo como de diseño político propiamente tal, pues, como se explicó antes, este dio vida a una nueva forma de entender la política.

El tema de la municipalización concitó la atención de la sociología en los años ochenta, en un intento por racionalizar el proceso en curso, en el marco de la neoliberalización del régimen. En esa lógica de hegemonía neoliberal, la regionalización y la municipalización fueron evaluadas como parte del mismo fenómeno, como el desmantelamiento del Estado de Compromiso, de orientación keynesiana, y la descentralización de las políticas sociales.³ La nueva distribución administrativa y de régimen interior, por otra parte, habría buscado reforzar el control sobre la sociedad a través de una estructura piramidal, jerárquica y autoritaria que reemplazara a los partidos y que proyectara territorialmente el poder del Ejecutivo. En ese sentido, la municipalización reflejaría el carácter autoritario del régimen y sus tendencias doctrinarias.⁴ Asimismo, se propuso que, considerando el papel estratégico de los municipios en el desarrollo social y comunitario de sus habitantes, este se volviera el rostro más cercano del Estado, relativizando aquellas interpretaciones que enfatizaban el alejamiento que la puesta en vigencia del Estado Subsidiario había significado.⁵ Desde otra perspectiva, algunos estudios destacaron la decisión dictatorial de debilitar a los organismos intermediadores tradicionales, como los partidos y los sindicatos, a través de la represión ejercida sobre ellos, derivando en una ruptura de su vínculo con la sociedad civil y, como correlato, la tendencia a la despolitización de las demandas sociales. Ello habría favorecido los planes políticos del régimen, pues habría facilitado su faceta clientelar, desplegada desde los municipios.⁶ Por último, se ha afirmado que el proceso de municipalización correspondió a la síntesis ideológica de la dictadura pinochetista, donde el neoliberalismo convivía con las tesis de la guerra contrasubversiva y de la seguridad nacional, y con ciertas tendencias corporativas aún presentes entre los mandos militares y los civiles que colaboraban con el régimen. Tal síntesis ideológica permitió articular un proyecto en el cual las distintas corrientes político-doctrinarias quedaron representadas, constituyendo el municipio un elemento central de esa articulación.⁷

Nuestra hipótesis parte de la premisa del carácter proyectual del régimen militar, el cual estuvo decidido a imponer una transformación profunda al país, de modo de evitar el resurgimiento de las anteriores lógicas políticas y sentar las bases de una nueva sociedad. Este afán proyectual es clave para entender la decisión indeclinable de las autoridades militares y civiles en avanzar hacia la imposición de tal proyecto, el cual les dio sentido al golpe de Estado y al gobierno posterior, como asimismo ofreció los argumentos para la cohesión institucional militar que sostuvo al régimen.

Desde el punto de vista de este trabajo, la reforma municipal emprendida por el régimen militar constituyó el meollo de su proyecto político, toda vez que articuló las propuestas de orden castrense, neoliberal y gremialista. Por una parte, le permitió la materialización del Estado Subsidiario imaginado a partir de la centralidad del mercado, en tanto desde el municipio era posible focalizar las políticas sociales, a la vez que privatizar las funciones que en ese plano realizaba anteriormente el Estado central. Asimismo, la municipalización posibilitó la reformulación de la política, definida como de nueva participación social, esto es, ajena a los partidos, fuertemente controlada por el Ejecutivo y concentrada en los problemas cotidianos de la población. Ello derivó en lo que hemos denominado la alcaldización de la política, toda vez que otorgó a los alcaldes una figuración crucial en la implementación del proyecto y en la formación de apoyos políticos, considerados objetivos centrales del plan dictatorial, en tanto se apuntaba al debilitamiento permanente de los partidos. La nueva democracia de verdadera participación social, como rezaba el slogan, debía hacer de los alcaldes la principal figura y agente político, mientras la ciudadanía debía desarrollarse en torno a sus problemas inmediatos, manejados desde el municipio. En ese sentido, la nueva forma de hacer política suponía la inserción de la población en los organismos de participación –sociedades intermedias–, controlados y manipulados por las autoridades comunales, ajenas al papel que históricamente jugaban los partidos.

1. Este no será un gobierno de transición: en la búsqueda de un proyecto

Como es sabido, en un discurso del general Pinochet al mes de ocurrido el golpe de Estado, el nuevo régimen explicitó su intención de permanecer en el poder más allá de su declarado propósito de restaurar la institucionalidad quebrantada, afirmando que no sería un mero gobierno de transición entre dos administraciones civiles, pues lo guiaban metas y no plazos. En general esas palabras han sido interpretadas como prueba de la influencia alcanzada por los civiles que acompañaban a las autoridades militares, quienes, dominados por un agudo antiliberalismo, ansiaban reestructurar el país bajo otras lógicas. La Declaración de Principios de cinco meses más tarde vino a confirmar la naturaleza proyectual que el régimen pretendía, aunque ella fuera redactada por el líder del gremialismo, Jaime Guzmán, y no por oficiales militares. Compartiendo en parte tal hipótesis⁸, este trabajo quiere centrar la mirada en las fuerzas armadas, en las cuales existían, igualmente, pulsiones transformadoras, que apuntaban a un nuevo país. La visión de unas fuerzas militares vacías más allá de un pensamiento anticomunista, desde nuestro punto de vista, oscurece lo que fue su trayectoria, especialmente del Ejército y de la Fuerza Aérea, en los años sesenta, donde los conatos de rebelión estuvieron ligados a problemas que excedían el marco institucional. Si bien las críticas que estuvieron en la base de esos movimientos eran de carácter profesional, ellas se relacionaban con el papel social de las fuerzas armadas, los problemas de seguridad nacional y el desarrollo⁹. Como ya ha sido planteado¹⁰, las fuerzas armadas chilenas estuvieron debatiendo acerca de los problemas de estancamiento y subdesarrollo que afectaban al país, recibiendo con optimismo las reformas auspiciadas por la Alianza para el Progreso, en tanto apuntaban a la modernización del agro y a impulsar la industrialización, la cual debía pasar a una segunda fase. Desde la óptica militar, tales cambios ayudarían a combatir los altos niveles de pobreza existentes, a la vez que dinamizarían una economía estancada, considerados ambos problemas vinculados a la seguridad nacional. Es importante no olvidar que las fuerzas armadas son instituciones modernas, cuya operatividad o eficiencia depende de la actualización permanente de sus equipos e instalaciones, requisito para cumplir con su misión de defensa territorial. En ese sentido, todos los conatos de rebeldía ocurridos en el siglo XX estuvieron relacionados, en gran medida, con las deficiencias que en esos planos aquejaban a esas instituciones, las que temían por el efecto que el estancamiento económico tenía sobre su capacidad de cumplir con la misión asignada, demandando su modernización. Esta perspectiva castrense de mirar el problema no significaba que su interés por lo económico remitiera solo a ese ámbito, sino a una cuestión más global, que incluía la estrategia nacional de desarrollo en curso.

Insistimos en este punto, pues la superación de los problemas económico-sociales era un tema de preocupación para el mundo militar. Al momento del golpe, en las fuerzas armadas existía no solamente el deseo de terminar con el gobierno de la Unidad Popular, la influencia del marxismo y reponer la institucionalidad, sino había también interés por enfrentar problemas que se consideraban centrales para detener la seducción que provocaba el marxismo y lo que se consideraba su correlato, la subversión. Debe recordarse que al interior de las filas militares chilenas la conexión entre pobreza y marxismo tenía fuerte arraigo, por lo que existía la convicción de que la mejor manera de detener la influencia izquierdista era el desarrollo más que la coerción, situación distinta al caso argentino, donde el marxismo constituía para el mundo militar un mal en sí mismo y su seducción no se relacionaba con el atraso. En el período de la Unidad Popular, las fuerzas armadas fueron tensionadas por el dilema reforma versus coerción, tomando en cuenta la polarización política y sus efectos sobre la economía y la movilización social y, si bien el anticomunismo creció, como las tesis de la Doctrina de Seguridad Nacional, ello no anuló la preocupación desarrollista. Las figuras de los generales Óscar Bonilla y Gustavo Leigh, como las más simbólicas, expresaron tales corrientes, pero ellos no constituían una excepción.¹¹ En otras palabras, es cierto que los civiles del régimen querían traspasar sus ideas a las nuevas autoridades, pero no lo es menos que dentro de las propias fuerzas armadas existía interés por usar el golpe y la toma del poder para enfrentar el problema del desarrollo. Entre los militares chilenos la Doctrina de Seguridad Nacional, si bien acicateó su anticomunismo y hubo preocupación por el clima político de fines de los sesenta, fue a la vez leída en clave desarrollista, pues tal como señalaba Robert MacNamara: La seguridad no es la fuerza militar, aunque pueda incluirla. La seguridad es desarrollo, y sin desarrollo no puede haber seguridad,¹² razón por la cual vieron con buenos ojos la propuesta de Kennedy y, posteriormente, las experiencias nacionalistas tercermundistas, anticomunistas. Tal perspectiva se afincaba, igualmente, en la influencia que entre los oficiales tenía la geopolítica, la cual relacionaba la geografía y la acción política, en tanto podía ofrecer soluciones a problemas prácticos, pues su naturaleza de ciencia permitía definir objetivos políticos a partir de criterios científicos y resultados técnicos. La concepción orgánica del Estado de la geopolítica, entendido como organismo territorial, fue reformulada por los oficiales latinoamericanos con la importancia del poder nacional, considerado este último no como la expansión física del territorio, sino en cuanto ‘seguridad y desarrollo’.¹³ La creciente migración campo-ciudad de los años sesenta-setenta y su correlato en la marginalidad urbana en Chile realzaron el problema del subdesarrollo, especialmente por el protagonismo que alcanzó el movimiento poblacional y la radicalización política de algunos campamentos. En ese sentido, la conexión entre subversión y pobreza ya existente en la mente militar se acentuó durante la Unidad Popular, lo cual exigía su erradicación, requiriéndose de un nuevo impulso económico. Desde la óptica militar, la modernización económica era urgente y la marginalidad debía ser detenida, pues alimentaba la subversión. La preocupación por este tema es posible que también se viera agudizada por la crisis económica que vivió el país antes y después del golpe, y que volvió imperativo hacerse cargo de temas estructurales. Después de todo, serían los propios militares los que deberían solucionar los conflictos sobre la propiedad privada y pública. De hecho, el Secretario General de Gobierno, coronel Pedro Ewing, apelaba a la geopolítica como plataforma para encontrar una solución a los problemas de Chile:

Nosotros estamos, en este momento, en una situación de gran trascendencia y ante un grave compromiso con el futuro. La geopolítica –como ciencia asesora al estadista– tiene en la actualidad una gran importancia para la conducción futura del Estado, en la identificación real y concreta de objetivos de tipo nacional, que obedezcan a las características geográficas del país y a la idiosincrasia de su pueblo. De allí tiene que salir una doctrina que sea realmente chilena, realmente nuestra; esa es la única forma de satisfacer, tanto