Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990)

Por Mario Garcés

Este es un análisis político, desde una mirada histórica, sobre la situación de los movimientos sociales y los partidos políticos durante la dictadura en Chile; en particular sobre los pobladores.

• Idioma: Español
• Editorial: LOM Ediciones
• Fecha de lanzamiento: 3 ago 2021
• ISBN: 9789560013477

Vista previa del libro

Historia

A cargo de esta colección:

Julio Pinto

© LOM ediciones

Primera edición, diciembre 2019

Impreso en 1.000 ejemplares

ISBN impreso: 9789560012333

ISBN digital: 9789560013477

RPI: 310.264

Las publicaciones del área de

Ciencias Sociales y Humanas de LOM ediciones

han sido sometidas a referato externo.

imagen de portada: «Pobladores en una olla común»

Fotografía de Paulo Slachevsky.

Edición y maquetación

LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago

Teléfono: (56-2) 2860 68 00

[e-mail]

www.cinetecanacional.cl

Tipografía: Karmina

Impreso en los talleres de LOM

Miguel de Atero 2888, Quinta Normal

Impreso en Santiago de Chile

Índice

Agradecimientos

Introducción

Capítulo I Movimientos sociales y partidos políticos: entre la dictadura y el retorno a la democracia (1973-1990)

Capítulo II Los pobladores: el golpe de Estado, la reconstrucción del tejido social y la acción de la Iglesia en las poblaciones (1973-1982)

Capítulo III Las Protestas Nacionales, los pobladores y la búsqueda de una salida política a la dictadura (1983-1986)

Capítulo IV Las críticas relaciones de los partidos políticos con los pobladores en los años ochenta

Epílogo

Bibliografía

Agradecimientos

Este trabajo sobre los pobladores chilenos en los años ochenta tiene una fuerte carga biográfica, pero sobre todo colectiva. Mis agradecimientos, en primer lugar a los pobladores de Villa Francia, con quienes hice importantes aprendizajes a fines de los años setenta, especialmente en la Comunidad Cristiana. A María Dolores Cruzat y a Margarita Cabrera, que nos dejaron hace algunos años; a Leonor Espinoza, Eugenio Cabrera, Elena Lizama, Rosa Lizama, Alejandra Díaz, Rubén Díaz, Pablo Vergara, Patricia Monroy, Fernando Parra, Ana Alvarado y Gerardo Arenas, todos miembros del Grupo Cultural de Villa Francia, que fundáramos en 1978. A Mariano Puga, animado y carismático sacerdote que nos hizo creer en la fe liberadora en los años más duros de la dictadura.

A mis compañeros de ECO de ayer y de hoy, con quienes mantenemos nuestro compromiso con las organizaciones populares. A Hugo Villela, fundador de ECO, agudo pensador de la política chilena y de los nuevos sujetos sociales, lector crítico de mis ensayos y escritos recientes; a Fernando Castillo, que nos dejó tempranamente, el gran teólogo y asesor de la Coordinadora de Comunidades Cristianas Populares, con quien compartí oficina y reflexiones sociopolíticas por varios años. A Irene Agurto, Gonzalo de la Maza y Pedro Milos, con quienes conformamos el equipo de Educación Popular de ECO. A Pedro más en particular, con quien estimulamos y aprendimos sobre el valor de la memoria en múltiples talleres en poblaciones y sindicatos a lo largo de los años ochenta.

A quienes entrevisté y me confiaron sus experiencias y saberes relativos al Movimiento de Pobladores en dictadura. A Silvia Contreras, de Renca; a Victoria Baeza, de la Vicaría de la Solidaridad; Alejandra Díaz, de la Villa Francia; a María Angélica Rodríguez, de la organización «Tierra Nuestra»; a Carlos Mellado, de la población Malaquías Concha; a Juan Carlos Aedo, del Comando Unitario de Pobladores (CUP); a Hugo Villela, sociólogo y fundador de ECO; Augusto Samaniego, historiador; Raúl Rosales, teólogo; Patricio Véjar, dirigente de la Coordinadora de Comunidades Cristianas Populares.

Este trabajo fue posible gracias a la realización del Proyecto FONDECYT Regular Nº 1140188: «Las críticas relaciones entre lo social y lo político en la Historia de Chile reciente: los movimientos sociales en la transición a la democracia, 1986-1994». Este proyecto me permitió, entre los años 2014 y 2016, contar con el apoyo de un grupo de ayudantes de investigación y tesistas cuyos aportes fueron de gran valor para este estudio. Agradezco muy especialmente a Eugenio Cabrera, Enrique Gatica, Susana Costamagna, Esteban Miranda y Nicole Acevedo. Sin ser parte del equipo de investigación, agradezco también a los jóvenes historiadores cuyas tesis de grado y postgrado representan contribuciones relevantes para la historia social a Oscar Peñafiel, Marcelo Robles y Rodrigo Carrasco.

A mis lectores críticos, que conocieron este texto y me hicieron importantes indicaciones. A Eugenio Cabrera, Antonia Garcés, Rodrigo Romo, Cristina Moyano y Susana Costamagna. A Julio Pinto, compañero de trabajo en la Universidad de Santiago, que me ha estimulado permanentemente con sus comentarios a mis trabajos para seguir escribiendo sobre la historia popular. A LOM ediciones, que ha acogido gran parte de mi producción intelectual y que juega un rol cultural y político de primera importancia en la tarea de producir libros que invitan a pensar críticamente el Chile contemporáneo.

Finalmente, debo agradecer de modo muy particular a Nicole Acevedo, que no sólo fue ayudante de investigación, sino que además cumplió el rol de asistente en el proceso de escritura de este texto.

Introducción

Este es un libro sobre los pobladores de Santiago en un período crucial de su historia: el de la dictadura militar, que se prolongó por 17 años en Chile, entre 1973 y 1990. Se trató de una etapa altamente movilizadora y creativa, en que los pobladores vivieron un inusitado protagonismo social y político y se convirtieron en una referencia obligada para la oposición política a los militares.

Los pobladores, en una primera etapa, pudieron reencontrarse y reorganizarse en los lugares y programas solidarios que se generaron desde la Iglesia Católica, entre 1973 y 1983, aproximadamente. Desde estos espacios dieron vida a numerosas iniciativas comunitarias para hacer frente a la emergencia económica, social y política creada por la dictadura, que se expresó tanto en la represión como en el incremento de la pobreza. En una segunda etapa, los pobladores fueron de los más activos y confrontacionales cuando la Oposición a la dictadura fue capaz de poner en marcha sucesivas «Jornadas de Protestas Nacionales» entre los años 1983 y 1986.

Se denomina «pobladores» en Chile, en un sentido amplio, a los sectores populares urbanos. En un sentido más acotado, la noción de pobladores se ha usado, desde mediados del siglo XX, para designar a los pobres de la ciudad y en cierto modo como sinónimo de la pobreza urbana. En una etapa, en los años cincuenta y sesenta fueron «los sin casa»; durante la Unidad Popular, los habitantes de campamentos; en dictadura, los pobres que vivían en las «poblaciones» periféricas de las grandes ciudades chilenas ¹.

Los pobladores fueron un actor más junto a los obreros, los campesinos y los estudiantes durante la Unidad Popular. Un actor social relativamente ‘nuevo’ en cuanto a sus movilizaciones y su impacto en la política nacional. No eran, desde el punto de vista de la izquierda «la fuerza motriz de la revolución», sino un segmento del movimiento popular, relevante como parte de la clase popular, pero no el más determinante en la resolución en los conflictos de clase, en los que la clase obrera de la fábrica y del sindicato, en alianza con el campesinado, con sus propias organizaciones, eran concebidos como los llamados a cambiar la sociedad en un sentido socialista. Predominaba entonces, y no se ha modificado hasta ahora, una noción de «clase» como el lugar que ocupan los sujetos y los diversos grupos sociales en el aparato productivo, lugar en que se verifica la explotación económica, la que además se articula con una superestructura estatal que asegura la dominación política. En esta visión estrecha de las «clases», los pobladores no ocupan ningún lugar específico en la sociedad que no sea un conjunto de denominaciones genéricas o imprecisas.

De este modo, conceptualizar a los pobladores ha sido un largo e intrincado camino. Desde la sociología, y con evidentes efectos políticos, la noción de «poblador» desde los años sesenta fue objeto de diversos debates, sin que se terminaran de generar acuerdos perdurables. Los debates transitaron desde la denominación de los pobladores como sectores «marginales» (también de lumpen en visiones más tradicionales), proletariado empobrecido o subproletariado, sectores «informales» de la economía, o más simplemente, «pobres de la ciudad» ². El problema de fondo para el marxismo y la izquierda ha sido la dificultad de asimilar a los pobladores a una noción ampliada y no estrecha de la «clase obrera». No hay dudas de que entre los pobladores conviven segmentos de la clase obrera e incluso que simbólicamente muchos de ellos se reconocen como pertenecientes a la clase obrera o «trabajadora»; sin embargo, es también evidente que una gran parte de los pobladores y pobladoras son trabajadores(as) por cuenta propia, vendedores ambulantes, artesanos, jardineros, cuidadores de autos, desempleados, delincuentes, empleadas domésticas o dueñas de casa, de tal modo que en lo que sí se puede establecer algún acuerdo es que se trata de un vasto sector popular evidentemente heterogéneo. Tal vez la noción, un poco abstracta por cierto, de «superpoblación relativa», acuñada por el sociólogo argentino José Nun y su equipo de trabajo, a fines de los sesenta, mantenga alguna consistencia. Para Nun, los sectores «marginales» superarían la noción de «ejército de reserva» proveniente del marxismo clásico, que reconoce en el capitalismo la convivencia de sectores obreros ocupados y desocupados, ya que en el caso de América Latina, con una economía dependiente se «generaría una población tan excesiva para las necesidades medias de explotación del capital, que rebasaría la lógica del concepto mismo de ejército de reserva» ³. Ello daría lugar a una «superpoblación relativa» no funcional en relación a las formas productivas hegemónicas.

Los efectos políticos del debate sociológico se relacionan con el lugar que ocupan o que deberían ocupar «los pobres» en un proyecto de cambio social. Para algunos analistas, los pobres podrían ser la base de proyectos populistas, en cuanto se trataría de sectores relativamente fáciles de «clientelizar». Para otros, como lo fue para algunos sociólogos chilenos en los años ochenta, serían la expresión de la crisis y la desintegración social (o la anomia) ⁴. Finalmente, para sectores de la izquierda tradicional, los pobladores serían la clase obrera en su lugar de residencia, y en consecuencia sin ninguna especificidad social propia que no sea su mayor pobreza.

En este trabajo busco reconocer a los pobladores como sectores urbanos pobres con evidentes capacidades de acción colectiva, es decir de configurar movimientos sociales –en el caso chileno, de alta significación social y política–. Esta perspectiva obliga a repensar el lugar de los «pobres de la ciudad» como sujetos colectivos que por su condición de pobreza y subalternidad en el orden social pueden ser pensados como «clase popular», pero a condición de que admitamos que la «clase» no se constituye solo en la fábrica y el sindicato, sino que también en el territorio, y particularmente cuando los pobres desde sus espacios comunitarios son capaces de constituirse en movimiento social. Este es, por cierto, parafraseando a E.P. Thompson, inevitablemente un proceso histórico que ha tenido y tiene lugar cuando los pobres, habida cuenta de sus experiencias en común, se reconocen como sujetos de acción colectiva para modificar sus modos de pertenencia a la ciudad y la sociedad.

El negativo efecto político de una noción estrecha de la clase ha hecho que la izquierda no logre elaborar programas ni propuestas políticas específicas para los pobladores, que surjan de su propia experiencia y que se orienten en una perspectiva de cambio social en que los propios pobladores sean sus actores y ejecutores. Los programas y propuestas políticas de la Izquierda buscan realizar los intereses de la «clase obrera» en un sentido clásico del socialismo como socialización de los medios de producción y dirección política de la clase obrera, a través de sus partidos de clase y de vanguardia. Los pobladores tendrían que sentirse representados en estas propuestas, que no necesariamente dan cuenta de sus propias experiencias y demandas de cambio social. La izquierda, de este modo, ha adolecido de déficit teórico y déficit político en relación a los pobladores.

Tampoco basta, como se hace en la actualidad, concebir a los pobladores como beneficiarios de «políticas públicas», sino que es necesario partir por reconocer sus propias capacidades de agencia y acción colectiva, es decir su condición de sujetos y no meros objetos de la política social del Estado.

Desde un punto de vista histórico, la pobreza urbana en Chile es de larga data; se podría decir que es de origen colonial, a propósito del modo en que se constituyeron las ciudades españolas, la posición de la población originaria sometida y el posterior crecimiento del mestizaje y del mundo peonal, que se instaló en los márgenes de la ciudad ⁵. Para la segunda mitad del siglo XIX era evidente que los pobres urbanos crecían y que comprometían el desarrollo de la vieja ciudad colonial, tanto por el impacto de los problemas de salud pública (epidemias difíciles de conjurar), las precarias condiciones de infraestructura urbana (ausencia de alcantarillado y déficit de agua potable), amén de las malas si no miserables condiciones de la vivienda popular (en un principio fueron los ranchos de raíz campesina, hacia fines del siglo XIX la expansión de los conventillos y hacia mediados del siglo XX las «poblaciones callampas») ⁶.

En la última década del siglo XIX, pero especialmente a principios del siglo XX, la ciudad de Santiago creció de modo significativo, proceso que se masificó entre los años treinta y setenta, cuando se incrementó la migración campo-ciudad como producto del atraso rural (predominio de la vieja estructura de la gran propiedad de la tierra) y de los procesos de industrialización estimulados y apoyados por el Estado ⁷.

En los años veinte, en un contexto de agudas movilizaciones sociales relativas a la cuestión social (mítines del hambre de 1918-1919), los pobres que habitaban en conventillos se organizaron en «Ligas de Arrendatarios», amenazaron con huelgas de no pago del alquiler y demandaron al Estado políticas de regulación de los asuntos de la vivienda popular.

No fue, sin embargo, hasta los años cincuenta y sesenta que los pobladores alcanzaron la mayor visibilidad pública, organizados en Comités de Sin Casa, demandando políticas más activas de vivienda popular al Estado; y a partir de 1957, iniciando un verdadero ciclo de «tomas de sitio» (invasiones urbana), que con mayor y menor intensidad se prolongaron hasta 1973 ⁸.

En este sentido, en los años sesenta y principio de los setenta los pobladores se convirtieron en un actor social y político de alta significación. Y si esto ocurría en las ciudades, especialmente en Santiago, desde 1967, cuando se dictó la Ley de Reforma Agraria y de Sindicalización Campesina, grandes masas de campesinos iniciaron también sus propias movilizaciones: los que se vieron beneficiados por la reforma, los que se organizaron y demandaron mejoras salariales y de condiciones laborales, y los que se tomaban fundos como una manera de acelerar las expropiaciones de los viejos latifundios. De este modo, tanto los pobladores como los campesinos fueron dos nuevos grupos sociales que a fines de los cincuenta, y sobre todo en los años sesenta, ingresaron a las luchas políticas como lo habían hecho con anterioridad los trabajadores organizados en sindicatos ⁹.

En relación a los pobladores, es posible afirmar, teniendo en cuenta diversos estudios, que entre 1957 y 1973 se verificó un verdadero ciclo de movilizaciones, en torno a las luchas por la vivienda, cuyo déficit a principios de los años cincuenta se estimaba que alcanzaba a un tercio de la población ¹⁰. Las movilizaciones por la vivienda estimularon el desarrollo de agencias estatales especializadas, como la Corvi (Corporación de la Vivienda) en 1953 y el Ministerio de la Vivienda, en 1965. La Corvi tuvo un desarrollo relativamente lento, y a pesar de que se formularon grandes planes de vivienda, estuvo muy por debajo de sus propias metas. Esta situación influyó para que los pobladores realizaran en 1957 una masiva «toma de terrenos», que el 30 de octubre de ese año dio origen a la emblemática Población La Victoria. Esta iniciativa de los pobladores, si se la observa con perspectiva histórica, hizo que los pobladores le hicieran ver al Estado que si éste no construía viviendas, ellos mismos lo harían recurriendo a sus propias formas de lucha y a sus propios recursos.

En 1959, la administración del presidente Alessandri impulsó un nuevo plan de viviendas de grandes alcances, que se tradujo en la creación de nuevas poblaciones y barrios populares (como las poblaciones San Gregorio, Neptuno y José María Caro. En el caso de esta última se lotearon 9 mil sitios para unas 60 mil personas). Sin embargo, estas medidas no solo fueron insuficientes, sino que crearon mayores expectativas en torno a la vivienda popular. En este contexto, en 1961, una nueva y emblemática «toma de sitios» –la de Santa Adriana– se produjo en el sector sur de Santiago.

En 1965, la administración del presidente Frei Montalva, de la Democracia Cristiana, junto con crear el Ministerio de la Vivienda, propuso un plan aún más audaz de vivienda popular (construir 360 mil viviendas en seis años, de las cuales dos tercios sería para los más pobres) y la organización de una oficina de apoyo a los pobladores, denominada Consejería Nacional de Promoción Popular. Si bien el plan se puso en marcha con cierto optimismo, hacia 1967 resultaba difícil mantener el ritmo de construcciones, y la demanda popular por viviendas seguía creciendo. Se reforzó entonces un programa especial denominado «Operaciones sitios», que consistía en la entrega de sitios urbanizados con una vivienda pre-fabricada. No obstante, la mayor iniciativa estatal no fue capaz de atender las necesidades de vivienda popular, y en este contexto, el 14 de marzo de 1967 se produjo una masiva ocupación de terrenos en el sector poniente de Santiago, que dio origen a la población Herminda de la Victoria. Como producto de esta toma se tensionó la relación entre los pobladores y el Estado. Además, los pobladores habían aprendido y comenzaron a usar en su favor las propias políticas de vivienda del Estado (por ejemplo, buscando ampliar los planes de operación sitio, que era la forma más barata de acceder a una vivienda). El hecho fue que a partir de 1967 las tomas comenzaron a multiplicarse. De acuerdo con los estudios de Manuel Castells, en 1967 se verificaron 13 tomas; 4 en 1968; 35 en 1969; y 103 en 1970; es decir 155 tomas en cuatro años.

Sin lugar a dudas, la mayor movilización de los pobladores contribuyó al triunfo electoral de Salvador Allende en 1970. El nuevo Presidente se comprometió en su campaña a atender las demandas de los pobladores, y de este modo, en su primer año de gobierno se inició la construcción de 79 mil viviendas y la urbanización de 120 mil sitios, que habían surgido de tomas o de operaciones sitio inconclusas. A pesar de las iniciativas de Allende, la movilización popular continuó durante la Unidad Popular en Santiago, pero con mayor intensidad en las provincias. Por ejemplo, en la Región de Bío-Bío (Concepción, Talcahuano y Los Angeles) se realizó un total de 172 tomas entre 1970 y 1973, de las cuales 137 se realizaron durante el gobierno de la Unidad Popular. En el caso de Valparaíso, de 28 tomas en el mismo periodo, 26 se realizaron durante el gobierno de Allende ¹¹.

No resulta fácil cuantificar el número de tomas de sitios que se verificaron en esos años:

El estudio de Castells, como ya indicamos, reconoce 155 tomas entre 1967 y 1970.

El estudio de Joaquín Duque y Ernesto Pastrana subió el número a un total de 312 tomas en el Gran Santiago entre 1969 y 1971.

Los datos del equipo de estudios urbanos del CIDU, de la Universidad Católica, contabilizaron un total de 426 tomas a nivel nacional entre 1968 y 1971. Duque y Pastrana, por su parte, y de acuerdo con sus propios registros, elevan esta cifra para el mismo período a 476 tomas.

El principal problema para documentar estas cuantificaciones tiene que ver con las fuentes, ya que tanto Castells como el CIDU hacen mención a un Informe de Carabineros al Senado de la República, informe que no ha sido posible encontrar ni en el Senado, ni en el Ministerio de la Vivienda, ni en Carabineros. Sólo contamos con alguna información de prensa que corrobora que Carabineros informó al Senado sobre ocupaciones ilegales de predios urbanos, pero también de industrias, fundos y establecimientos educacionales ¹².

En el nivel nacional hay cierto nivel de coincidencia entre las cifras del CIDU (426) y de Duque y Pastrana (476). Para Santiago, los datos son más dispares, 155 entre 1967 y 1970, y 312 entre 1969 y 1971. En estudios más recientes, Boris Cofré, siguiendo la prensa, reconoce un total de 101 tomas sólo durante la UP entre 1971-1973. Si sumamos el dato de Castells al dato de Cofré, se podría afirmar con cierta certeza que en la ciudad de Santiago se produjeron 256 tomas entre 1967-1973 ¹³.

Más allá de las dificultades de cuantificación, es evidente que en el período 1967-1973, las tomas de sitio alcanzaron su mayor desarrollo y los pobladores se constituyeron en un «actor urbano» de la mayor importancia. El efecto de estas movilizaciones puede ser reconocido en dos direcciones. Por una parte, en esta etapa, los pobladores efectivamente conquistaron viviendas definitivas y dejaron atrás las formas precarias de habitación popular, que en los años cincuenta los hacía vivir en conventillos, poblaciones callampas o como «allegados» en casas de amigos o familiares. Esta fue una verdadera epopeya desde el punto de vista de la historia social popular, ya que los pobladores alcanzaron una nueva posición en la ciudad y en la sociedad. Por otra parte, las movilizaciones de los pobladores transformaron la geografía urbana de las principales ciudades del país, y en especial de Santiago, la ciudad capital. Como indicó agudamente un urbanista en los años setenta, los «campamentos» que surgían de las tomas de sitios eran, en estos años, «la fuerza social más influyente» en la comunidad urbana del Gran Santiago ¹⁴.

Con el golpe de Estado de 1973 se cerró el gran ciclo de movilizaciones por la vivienda que se había iniciado a fines de los años cincuenta, y que alcanzó un punto culminante en los años sesenta.

La dictadura militar, que se instaló en Chile el 11 de septiembre de 1973, puso fin al gobierno socialista de Salvador Allende y dio lugar a una cruenta represión de la izquierda, a las organizaciones populares y a los adherentes del depuesto gobierno. El repliegue tanto de los partidos políticos de izquierda como de las organizaciones populares, de trabajadores, campesinos y pobladores, se impuso inevitablemente.

Sin embargo, a pesar de la represión y el repliegue, los pobladores fueron el grupo social más activo durante la dictadura. Fue en las poblaciones –muchas de ellas nacidas en el ciclo de movilizaciones por la vivienda, anterior al golpe– en donde se generó un conjunto diverso de organizaciones y acciones solidarias, con un importante apoyo de la Iglesia Católica. Y fue también en las poblaciones en donde la protesta social en contra de la dictadura alcanzó su mayor intensidad en los años 1983 y 1986.

De este modo, así como es posible reconocer un largo ciclo de movilizaciones en torno a la vivienda entre 1957 y 1973, nuestras indagaciones sobre los pobladores en dictadura nos permiten afirmar que aproximadamente entre 1976 y 1986 se verificó un segundo gran ciclo de movilizaciones, articulado en torno a la solidaridad comunitaria y la cultura popular, y que se constituyó en la expresión activa del descontento y la lucha social y política encaminada a derribar a la dictadura ¹⁵. De este ciclo de movilizaciones nos ocuparemos en este libro.

Cada ciclo de movilizaciones supuso el despliegue de enormes energías sociales; el desarrollo de asociaciones comunitarias –diversas en cada etapa– de hombres y mujeres, especialmente jóvenes; asambleas con capacidad de deliberar y tomar decisiones colectivas (especialmente en las «tomas»); militancias y alianzas con los partidos políticos, así como relaciones de antagonismo y también de colaboración con instituciones públicas y privadas; estrategias y tácticas encaminadas a alcanzar las metas propuestas; generación de análisis social y político para situar su acción movilizadora; compromisos, valores y sentidos compartidos sobre su propio accionar; una cierta mística para actuar y correr riesgos, en especial frente a la represión que los acompañó siempre con menores o mayores grados de intensidad; liderazgos que emergieron en la propia movilización, así como mártires –niños, jóvenes y adultos– que dejaron la vida en las luchas que emprendieron.

Cuando se observa en perspectiva histórica, resulta evidente que los pobladores en el ciclo de movilización por la vivienda alcanzaron logros altamente significativos, como ya hemos adelantado, dejando atrás las peores formas de poblamiento precario y transformando la geografía urbana de gran parte de nuestras ciudades, especialmente de Santiago. Si hubiera que juzgar a los pobladores por sus logros en esa etapa, habría que indicar que se trata del «movimiento social» más exitoso de la segunda mitad de siglo XX chileno. Sus logros incluso trascendieron a la dictadura, ya que la mayor parte de las poblaciones estaba construida o en fases avanzadas de construcción. La dictadura erradicó, por razones de mercado, a los pobres del sector alto de Santiago –especialmente de la Comuna de Las Condes– y reubicó algunos campamentos ¹⁶, pero no podía eliminar y transformar los barrios pobres de Santiago, que habían adquirido su propia fisonomía e identidad. El problema de la dictadura con las poblaciones era asegurar su control y disciplinamiento, para lo cual aplicó todas las formas posibles de control administrativo (intervención de las juntas de vecinos y control directo de los municipios) y represión policíaco-militar (ejecuciones, detenciones, desapariciones, malos tratos, tortura, amedrentamiento y especialmente allanamientos masivos a poblaciones) ¹⁷.

Cada ciclo de movilización hizo también evidentes los límites de la acción colectiva. En el primer ciclo, los pobladores que participaron de tomas y operaciones sitios hicieron una experiencia relevante de autogobierno en sus nuevas poblaciones, creando comisiones de salud, vigilancia, educación, etc., y al mismo tiempo tomando decisiones colectivamente en asambleas. Se pueden reconocer experiencias emblemáticas en esta dirección, como la de La Victoria en 1957 o la de Nueva Habana en 1971. Sin embargo, estas experiencias no se proyectaron políticamente hacia la estructura municipal, es decir, quedó circunscrita al barrio, a la «población», y no afectó a la estructura política centralista y de sesgos autoritarios del Estado chileno. Las nociones dominantes en la izquierda chilena, de «conquistar el poder» alcanzando la cúpula del Estado, no colaboró en el desarrollo de una cultura política democrática de carácter territorial, y solo en medio de la crisis política de la UP, en 1972, se comenzó a debatir y a ensayar formas de «poder popular» con base territorial, proceso inevitablemente interrumpido por el golpe militar de 1973.

En el segundo ciclo de movilización, el antidictatorial, si bien los pobladores hicieron importantes aprendizajes de autonomía en el campo de la gestión comunitaria, la solidaridad social, la economía popular y la cultura local, sobre todo en la fase de reconstrucción del tejido social que precede a las Protestas Nacionales, estos aprendizajes no fueron suficientes como para que los pobladores se constituyeran en un movimiento social con mayores capacidades de articulación en términos políticos y programáticos: pesó su propia heterogeneidad, el miedo que inevitablemente generaba la represión, pero también las diversas formas de dependencia tanto de la Iglesia, en una etapa, como de los partidos políticos, en la etapa subsiguiente. La izquierda, por su parte, volvió a hacer visibles sus límites cuando no fue capaz de reconocer un lugar político específico de los pobres de la ciudad en sus proyectos de cambio social