Historia para no olvidar: Chile 1976

Por Nancy Guzmán y Héctor Salazar

Hay historias que, cuando se cuentan, parecen pertenecer a una época muy lejana, o haber sido, lisa y llanamente, inventadas. Pero ocurrieron, en nuestro país, hace apenas tres décadas. Mejor que cualquier historia, estos textos hablan por sus protagonistas, cuentan de su heroísmo y de la defensa de principios que por muchos años fueron pisoteados en Chile.

En junio de 1976, menos de tres años después del golpe, tuvo lugar en Chile la Sexta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). La presencia en el país del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, aseguraba una asistencia completa. Pero la publicidad que se buscaba dio lugar, en cambio, a un bochorno mayor: cinco abogados que ya se destacaban por su incansable defensa de los presos políticos, hicieron distribuir a los asistentes de la Asamblea un documento en que denunciaban, circunstanciadamente y por primera vez de manera pública, los crímenes, asesinatos, torturas, y todo tipo de violaciones de derechos humanos que se venían cometiendo en Chile; la forma impúdica en que el gobierno militar los negaba y la pasividad absoluta de los Tribunales de Justicia.

El impacto fue inmediato. Las principales plumas de la dictadura se movilizaron para desmentir, con falsos argumentos, verdades que hoy todo el mundo reconoce como irrefutables. Personajes ilustres del régimen entregaron réplicas absolutamente falsas, diarios que aún hoy gozan de prestigio rasgaron vestiduras y hasta el Colegio de Abogados, en lugar de defender el derecho de sus colegiados, se prestó a la defensa de lo indefendible.

Se refleja aquí el oscurantismo en que se encontraba Chile y el abismo moral en que lo sumían los defensores del régimen. Está también el testimonio vivo de quienes arriesgaban su vida y su libertad para defender principios y derechos pisoteados.
José Miguel Insulza

• Idioma: Español
• Editorial: Editorial Catalonia
• Fecha de lanzamiento: 11 ene 2018
• ISBN: 9789563240399

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perseguidos.

PRÓLOGO

Hay historias que, cuando se cuentan, parecen pertenecer a una época muy lejana, o haber sido, lisa y llanamente, inventadas. Pero ocurrieron, en nuestro país, hace apenas tres décadas. 

En pocas páginas y en una simple recopilación de documentos, hilvanados por una narración que es intencionadamente mínima, Héctor Salazar, un protagonista de esos años y de muchas historias parecidas a estas, y la periodista Nancy Guzmán, nos la cuentan, a través de los documentos escritos por sus propios protagonistas. Mejor que cualquier historia, los textos hablan por sus autores: cuentan de su heroísmo y de su defensa de principios que por muchos años fueron pisoteados en Chile; o de la impudicia de quienes defendieron lo indefendible.

En Junio de 1976, menos de tres años después del golpe militar de Augusto Pinochet, tuvo lugar en Chile la Sexta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Podría extrañar hoy día que, para una reunión de este tipo, se escogiera como sede un país en el cual tan poco antes se había perpetrado un golpe de estado sanguinario y aún se pisoteaban los derechos humanos más fundamentales. Pero entonces no era extraño: América Latina estaba llena de dictaduras, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay y para que seguir. La democracia era una rareza que, aunque ya figuraba como un objetivo a alcanzar en los documentos de la Organización, se practicaba muy poco. La realización de la Asamblea en Chile pretendía mostrar al mundo un rostro distinto del que el Gobierno de Pinochet había mostrado hasta entonces. 

La presencia en el país del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, aseguraba una asistencia completa, como en la práctica ocurrió. Pero la publicidad que se buscaba dio lugar, en cambio, a un bochorno mayor, aunque la prensa de la época, completamente controlada, consignó muy poco los hechos. Cinco abogados (Andrés Aylwin, Eugenio Velasco, Jaime Castillo, Héctor Valenzuela y Fernando Guzmán), que ya se destacaban por su incansable defensa de los presos políticos, y ninguno de los cuales había sido miembro y ni siquiera partidario del gobierno de Salvador Allende (con la excepción de Fernando Guzmán) hicieron distribuir a los asistentes de la Asamblea un documento dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile en que denunciaban, circunstanciadamente y por primera vez de manera pública, los crímenes, asesinatos, torturas, y todo tipo de violaciones de derechos humanos que se venían cometiendo en Chile, la forma impúdica en que el Gobierno militar los negaba y la pasividad absoluta de los Tribunales de Justicia que negaban sistemáticamente los recursos de amparo que se les presentaban.

El impacto, aun con la extrema censura de prensa que entonces se imponía, fue inmediato. Las principales plumas de la dictadura se movilizaron para desmentir, con falsos argumentos, verdades que hoy todo el mundo reconoce como irrefutables. Personajes ilustres del régimen, embajadores ante los organismos internacionales entregaron réplicas absolutamente falsas, diarios que aún hoy gozan de prestigio rasgaron vestiduras y hasta el Colegio de Abogados, en lugar de defender el derecho de sus colegiados, se prestó a la defensa de lo indefendible. Eugenio Velasco y Jaime Castillo pagaron con el exilio su atrevimiento. Pero la historia quedó ahí, impresa en los documentos que forman la parte central de este libro. Cuando uno los lee, le parece casi increíble que estas cosas hayan ocurrido. 

En pocas páginas se refleja aquí el oscurantismo en que se encontraba Chile en esos años y el abismo moral en que lo sumían los defensores del régimen. Está también, sin embargo, el testimonio vivo de quienes arriesgaban su vida y su libertad para defender principios y derechos pisoteados. Tengo el orgullo de decir que, en distintos momentos de mi vida, conocí a cada uno de estos abogados, tres de ellos ya fallecidos. Fui alumno de Eugenio Velasco, compañero de colegio y universidad de Fernando Guzmán, discípulo, como muchos jóvenes de mi generación, de Jaime Castillo, conocí a Héctor Valenzuela como Presidente de la Cámara de Diputados. He podido ver de manera directa el cariño que las organizaciones de familiares de las víctimas profesan hacia Andrés Aylwin. Ellos son, después de muchos años, los triunfadores de esta historia, los que impusieron la verdad, por sobre la mentira y la infamia.

Pero estas páginas también dan cuenta de una fase triste de la historia de la OEA. Aunque el documento de los abogados fue conocido en la Asamblea General, ninguno de los ministros presentes hizo alusión a él. Todos guardaron silencio. Hoy no existe, en los archivos de la Organización, ningún rastro de este incidente y, por cierto, el no fue conocido por la Comisión de Derechos Humanos, como lo solicitaban los abogados. Pasarían aún varios años antes de que la CIDH asumiera la importante tarea de defensa de los derechos humanos que la hizo acreedora al respeto de todo el continente. Pero ese tiempo también llegaría y perdura hasta hoy. Los miles de latinoamericanos que, en las últimas décadas, han hecho conocer sus casos y obtenido justicia a través de la Comisión y de la OEA, también lo deben en parte a los que levantaron sus voces cuando todos callaban y exigieron del organismo internacional que cumpliera las obligaciones que su Carta le imponía.

Veinticinco años después, en Junio de 1991, se realizaría en Santiago de Chile la XXI Asamblea General de la OEA, en el gobierno democrático de Patricio Aylwin. Era otro Chile y también otra OEA. En esta Asamblea se aprobó la Resolución 1080, el primer verdadero compromiso permanente de todas las repúblicas americanas con la democracia, que al cabo de una década daría lugar a la Carta Democrática Interamericana. Este documento, el principal de esta nueva OEA, contiene el consenso que debemos ahora defender, en nuestro hemisferio, por la democracia y el pleno respeto de los derechos humanos. Sólo así seremos fieles al recuerdo de los que, en medio de la represión y venciendo el miedo, encendieron en nuestro país la esperanza de la libertad.

José Miguel Insulza

Junio de 1976

En junio de 1976 un grupo de cinco abogados decidió correr el riesgo de dar a conocer públicamente la angustiante situación de los derechos humanos y de libertades públicas en el país. Este llamado a parar los crímenes contra opositores de izquierda se realizó ante la Sexta Asamblea Anual Ordinaria de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que sesionó en Santiago y que para la Junta Militar resultaba de vital importancia debido al creciente aislamiento internacional por las condenas en los foros internacionales a su política de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, desde el 11 de septiembre de 1973.

A la Asamblea Internacional concurrieron los cancilleres de todos los países americanos y asistió el Secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, situación que daba la oportunidad al gobierno de facto de publicitar su verdad al mundo, por medio de la prensa extranjera que cubriría la reunión.

El encuentro fue programado hasta en sus más mínimos detalles. Manuel Contreras destacó a un grupo de agentes de la brigada femenina de la DINA en los hoteles destinados a las delegaciones extranjeras, para que confraternizaran con los visitantes e informaran sobre todas las conversaciones que escucharan entre sábanas y pasillos.¹ Se destacaron a una centena de agentes de la DINA para que siguieran los pasos de los embajadores invitados y reportaran todos los encuentros que tuvieran con dirigentes políticos, sociales o eclesiásticos. Todo debía estar controlado.

Desde el edificio Diego Portales, donde funcionaba la Junta Militar y se encontraba el despacho de Augusto Pinochet, se planeó minuciosamente la reunión para que nada quedara al azar. Esta reunión debería ser un éxito propagandístico que mostrara a Chile como un país tranquilo en lo político y emergente en lo económico. Sabían que había muchas acusaciones por responder y deberían dar prueba a todas las respuestas que girarían sobre las violaciones a los derechos humanos que a diario eran denunciadas por la prensa internacional. Ya no bastaba con responder que todas las acusaciones en los foros internacionales eran producto de las campañas falsas y tendenciosas, montadas desde Moscú.

En esos días, parte de la sociedad chilena vivía el período más difícil de su historia, de secuestros masivos, de prisioneros políticos en centros de detenciones secretas, de torturas a opositores, asesinatos políticos y desapariciones masivas. La DINA estaba en todos los