Un grito desde el silencio: (2a. Edición)
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Un grito desde el silencio - Nancy Guzmán Jasmen
LOM PALABRA DE LA LENGUA YÁMANA QUE SIGNIFICA SOL
© LOM Ediciones
Primera edición, 1998
Segunda edición, 2013
ISBN: 978-956-00-0484-0
Diseño, Composición y Diagramación
LOM Ediciones. Concha y Toro 23, Santiago
Fono: (56-2) 2860 68 00
www.lom.cl
lom@lom.cl
Nancy Guzmán Jasmen
Un grito desde el silencio
Detención, asesinato y desaparición de
Bautista van Schouwen y Patricio Munita
Este libro ha sido posible gracias a la ayuda de muchas personas que me brindaron su tiempo y se abrieron a los recuerdos, a veces dolorosos, de los años del terror.
A cuarenta años del golpe de Estado y quince de la aparición de esta investigación, rendimos homenaje a quienes fueron parte de este esfuerzo y ya no están: Katia Reczinsky, Martín Hernández y Nelson Gutiérrez.
Presentación
Este libro es la reconstrucción del caso de detención, asesinato y desaparición del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, Bautista van Schouwen Vasey y de Patricio Munita Castillo, militante de ese mismo partido político, quien es posteriormente ubicado por sus familiares en el patio 29 del Cementerio General de Santiago de Chile y cuyos restos son trasladados hasta el Cementerio Católico.
Bautista van Schouwen Vasey nació en Pozo Almonte, en la nortina provincia de Tarapacá, el 3 de abril de 1943. Realizó sus estudios de Medicina en la Universidad de Concepción entre los años 1961 y 1967. Allí se destacó por ser un estudiante brillante, poseedor de una sensibilidad social extraordinaria, que lo llevó a ser parte de un destacado grupo de estudiantes y trabajadores que fundan, el 15 de agosto de 1965, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
El 13 de diciembre de 1973, a pocos meses del golpe de Estado militar que derrocó al presidente Salvador Allende, van Schouwen es detenido junto a su secretario, Patricio Munita Castillo, un joven estudiante de Leyes en la Universidad de Chile. La detención se efectúa a plena luz del día en una parroquia del centro de Santiago y en presencia de doce sacerdotes, quienes son las últimas personas que los ven con vida, fuera del sacerdote Enrique White y sus captores y asesinos.
A partir de ese momento Bautista van Schouwen pasó a ser un detenido desaparecido y su destino se convirtió en un secreto muy bien guardado por más de una veintena de personas que tenían responsabilidades en el gobierno de facto. Transcurridos cuarenta años de su detención y habiendo recopilado uno a uno los pedazos de la historia, es posible decir que el asesinato y desaparición de Bautista van Schouwen constituye un caso emblemático, pues marcó el inicio de la DINA y, en el proceso posterior a su muerte, se pone por primera vez en marcha una política destinada a desaparecer personas utilizando todo el poder del Estado chileno y la complicidad de sus funcionarios. Es emblemático también porque es el único caso donde un general del Ejército, con altas responsabilidades en la época alude a que Augusto Pinochet poseía información sobre inhumaciones ilegales.
El análisis de este caso permite establecer que, al menos en lo que se refiere a la actuación de la dictadura militar establecida en Chile en septiembre de 1973, la desaparición de un detenido político es una acción política que tiene cuatro características sustanciales:
En primer lugar, no corresponde a una acción improvisada y realizada sin consulta por un individuo o grupo de individuos o institución en particular, sino que en ella se manifiesta un carácter premeditado y una racionalidad específica;
Luego, compromete como agentes, en diversos grados de involucramiento, a una amplia pluralidad de instituciones del aparato estatal;
En tercer lugar, la acción de estos agentes no es un acto puntual, sino que es continua en el tiempo, por sobre los cambios de gobierno e incluso de régimen político.
Finalmente, involucra también, como cómplices activos o pasivos, a instituciones e individuos que no forman parte del aparato estatal en sentido estricto.
Esta tesis se diferencia tanto de la versión burda, construida por los partidarios de la dictadura, como de la historia oficial, establecida por la comisión Rettig.
La versión de la dictadura
La versión de los partidarios de la dictadura es que, en lo sustancial, los desaparecidos corresponden a muertos en acciones armadas, que fueron enterrados por sus propios compañeros. Así lo señaló insistentemente el propio Pinochet, por ejemplo, refiriéndose a los cadáveres aparecidos en el río Mapocho: «Cuando combatían varias decenas bajo intenso fuego, tantas bajas nuestras. ¿Y del otro lado? ¡Nada! o ¡ninguno! Se los llevaban y, a lo mejor, ahí estaban los cadáveres de que ustedes hablan. Ellos los tiraban de noche al río Mapocho»¹.
Cuando Pinochet se refiere a los detenidos desaparecidos encontrados en los hornos de Lonquén, proporciona la misma explicación: «No, pero he leído, y creo que puede ser factible, que hubo un combate, una lucha, y ahí parece que aquellos que combatieron no encontraron nada mejor que meter a los muertos adentro de unos hornos» ².
Juan Manuel Contreras Sepúlveda, alias «el Mamo», director de la DINA y principal responsable de la mayoría de los detenidos desaparecidos entre 1973 y 1977, señala: «No existen los detenidos desaparecidos en una guerra subversiva, y esta fue una guerra subversiva. Porque cuando nosotros, el 11 de septiembre, tomamos el poder, llámele Golpe, llámele revolución, llámele como quiera...Pero, el día que tomamos el poder, aquí en Chile existía tal cúmulo de actividades que correspondían a la tercera fase de la guerra subversiva, que era imposible negarlas»³. Para Contreras, todo lo que se diga respecto de los detenidos desaparecidos es mera invención, al punto que considera que el informe de la comisión Rettig ha relatado tan solo «una verdad a medias», «una verdad aceptada solamente por el marxismo y por el Arzobispado de Santiago, que a través de su Vicaría de la Solidaridad ha facilitado la mayoría de los informes que la comisión Rettig asumió como propios»⁴.
Esta burda explicación de quien detentara tanto poder fue posible gracias a la impunidad que imperó en el país hasta la detención de Pinochet en Londres. Contreras niega hasta hoy la política criminal que dirigió desde su cargo de «Director Ejecutivo de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, desde el 12 de noviembre de 1973 hasta el 12 de agosto de 1977»⁵.
La versión de la comisión Rettig
Lo que puede concluirse a partir de la investigación sobre el caso de Bautista van Schouwen tiene también ciertas diferencias no triviales con las conclusiones alcanzadas por la comisión Rettig.
En efecto, el informe de la comisión establece, muy correctamente, que en los casos de detenidos desaparecidos es posible establecer dos periodos claramente diferenciados. Un primer período, que abarca los meses de septiembre a diciembre de 1973, en el cual la desaparición del detenido «es más bien un modo de ocultar o encubrir los crímenes cometidos, antes que el resultado de acciones sujetas a una coordinación central que tuviera por objeto eliminar categorías predeterminadas de personas», y un segundo período que abarca los años 1974 a 1977, donde la principal responsabilidad es de la DINA, y respecto al cual «en el conjunto de esos casos sí ha podido convencerse la comisión de que había detrás una voluntad de exterminio, dirigida sistemáticamente y por motivaciones políticas, en contra de ciertas categorías de personas»⁶.
Respecto a las motivaciones de la práctica represiva de hacer desaparecer a los detenidos, la comisión Rettig establece un doble objetivo: matar y ocultar para destruir a un enemigo que hay que exterminar.
La destrucción de los partidos significaba la eliminación física de los militantes que hacían posible la existencia de la organización. Aquellos que por su formación partidaria, su experiencia dentro del partido, las posiciones que encontraban dentro de él, y sus características personales de preparación, entrenamiento, persistencia o coraje físico, fueron considerados peligrosos hasta el punto de ser irredimibles, debían ser, de acuerdo a la misma racionalidad de destrucción del enemigo, eliminados físicamente. Por cierto que la peligrosidad se confirmaba si el detenido no cooperaba bajo tortura⁷.
Además, siempre según la comisión Rettig, el método de la desaparición cumple con otros dos objetivos: «intimidar a los otros militantes políticos y permitir que el Estado y los servicios de seguridad eludieran su responsabilidad en los hechos»⁸. La comisión Rettig asigna la responsabilidad integralmente al aparato represivo actuante y a sus miembros, abriendo con timidez tan solo un campo de responsabilidad adicional, aunque indirecta, para los mandos de las Fuerzas Armadas:
Fue necesario que se escogiera el personal humano. Este debía contar ya con una mentalidad dispuesta o bien que pudiera adaptarse poco a poco a prescindir del sentimiento ajeno, aun cuando llegara a un grado extremo. El conjunto de este personal hizo lo que aquí se narra. Haberlo reclutado o formado para esa tarea también es una responsabilidad por asumir. Percatarse de que ello fue así forma parte de la verdad que el país está procurándose⁹.
Otro paso en el esclarecimiento de la verdad
Aunque lo señalado por la comisión Rettig constituyó en su momento un avance trascendental en el establecimiento de la verdad, no cabe duda de que se trató de una verdad «en la medida de lo posible», esto es mediada por la debilidad política de una democracia naciente y rodeada de enclaves dictatoriales. Ello se hace evidente si contrastamos esta investigación¹⁰ con las tesis del Informe Rettig.
Un aspecto de la verdad que surge claramente, y que no ha sido discutido en la sociedad chilena, es la colaboración que prestan amplios sectores de la sociedad a la represión. Esta colaboración va desde la simple denuncia por parte de ciudadanos anónimos, que cedían a la presión ejercida a través de los diferentes medios de comunicación para delatar a personas buscadas o extranjeros, hasta el apoyo indiscriminado que los medios de comunicación de la época y los periodistas de esos medios dieron a la represión y matanza que ocurría en el país.
En el caso de la detención y asesinato de Patricio Munita y la detención y desaparición de Bautista van Schouwen, queda claramente establecida la colaboración civil. Como ya se señaló, la desaparición de un detenido político puede llegar a involucrar activamente a varios organismos públicos y no tan solo al aparato encargado de la represión. Es así como, del relato de los hechos que comprende esta investigación, se desprende que, de buen grado o por la fuerza, funcionarios públicos de Carabineros, la morgue y el Cementerio General tuvieron un rol activo en la desaparición del cadáver de Bautista van Schouwen.
También se establece que la DINA comenzó a funcionar de facto en diciembre de 1973 y no en mayo de 1974, como lo señalara la comisión Rettig.
Finalmente, hay que decir que los antecedentes oficiales de que damos cuenta están a disposición del Gobierno desde 1992, y el texto de las entrevistas realizadas para la investigación fue puesto en conocimiento de la justicia en 1996. Sin embargo hasta hoy, cuando se cumplen cuarenta años de la desaparición de Bautista, su familia no ha recibido ninguna explicación oficial y, por tanto, bajo los gobiernos democráticos continúa la acción de hacerlo desaparecer.
1 Ver el libro de Raquel Correa y Elizabeth Subercaseaux, Ego Sum Pinochet (Santiago: Zig- Zag, 1989), 112-113.
2 Ibíd., 120.
3 El Mercurio, 26 de marzo 1991.
4 La Tercera, 26 de marzo de 1991.
5 Causa rol 2182-1998, t. V, fojas 495.
6 Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), vol. I, t. I (febrero de 1991), 22-23.
7 Ibíd., vol. I., t. II, 746.
8 Ibíd.
9 Ibíd., 754.
10 Es preciso advertir que si bien en el relato de los sucesos hay algunos episodios novelados que contextualizan los hechos, estos corresponden a reconstrucciones hechas por la autora a base de informaciones cuya fuente es en cada caso rigurosamente señalada.
Capítulo 1
Parroquia de Los Capuchinos
Se necesita un refugio para el Bauchi
Eran los primeros días de diciembre de 1973 en Santiago; la ciudad parecía más gris que de costumbre. Los clásicos edificios que dominan el barrio cívico, interrumpidos por la Alameda de las Delicias, ancha avenida que divide la ciudad en norte y sur, aún tenían las señas vivas de los enfrentamientos ocurridos el día 11 de septiembre y de los posteriores baleos que los militares hacían durante las noches para mantener la sensación de incertidumbre en la población. El Palacio de La Moneda seguía expeliendo los olores malsanos de la tragedia, que se habían esparcido durante la mañana húmeda del golpe de Estado.
James —Patricio Munita— circulaba en su citroneta por la Gran Avenida con destino al sur y llevaba sus sentidos puestos en todo lo que se movía a su alrededor. Era curioso aprender a vivir de esa manera, casi como un animal acorralado, pero nada era normal en el país ocupado por las fuerzas militares: todo había cambiado. Sus propios padres se habían convertido en fuente de desconfianzas; ellos participaban de la algarabía de los ganadores y se regocijaban de la presencia de militares en las calles, que cada cierto número de cuadras se parapetaban tras trincheras hechas con sacos de arena donde instalaban sendas ametralladoras punto 30 para hacer controles rigurosos a todos los civiles.
Era tiempo de deshacerse del viejo vehículo al que le había tomado aprecio, pensaba, sin desviar su atención en lo que sucedía en torno suyo. El viejo vehículo se había hecho parte de él, estaba a su nombre y lo había sacado de apuros en momentos difíciles. Desde el golpe de Estado no había parado de recorrer las calles de Santiago en ella, pero ya tenía conciencia de que la citroneta estaba «quemada» y tenía que buscar otro vehículo para cumplir la tarea de trasladar al Bauchi a su nuevo lugar de residencia.
James miró una vez más por el retrovisor para asegurarse de que no era seguido, luego, comenzó a frenar y se detuvo cerca de una pequeña plaza. Dio una mirada rápida a su alrededor. Todo estaba bien. Salió, cerró la citroneta y se encaminó hacia el «punto» de enlace con un miembro de la Comisión Política del MIR¹. Los «puntos» eran encuentros previamente convenidos entre militantes de los partidos políticos en la clandestinidad. Se hacían en lugares públicos, bajo la apariencia de encuentros casuales, y en ellos se entregaba información tanto desde la dirección a las bases como desde las bases a la dirección.
Por razones de seguridad la información era cuidadosamente «embarretinada», término que se usaba para denominar los escondites en el interior de artículos que pudieran intercambiarse sin llamar la atención: cajetillas de cigarrillos que parecían cerradas y eran de la marca precisa que fumaba el receptor, revistas con hojas parcialmente pegadas, frutas, juguetes, cajas de caramelos, chocolates, alimentos para bebés. Así, en un «barretín» se podía encontrar fotografías en miniatura, que obligaban a los militantes de mejor