Una tramposa conversión
En Chiapas, habitantes de Pantelhó catean casas; detienen a presuntos delincuentes; queman negocios, domicilios y autos; y obligan al repliegue de los militares y las fuerzas estatales. En Magdalena de Kino, Sonora, facciones rivales del Cártel de Sinaloa se enfrentan para controlar territorios, queman casas, destruyen negocios… En Tamaulipas los cárteles y bandas armadas que controlan varias zonas del estado se dan el lujo de anunciar treguas “para generar la paz”. Y en Michoacán, el Cártel de Jalisco Nueva Generación reanuda su ofensiva en Tepalcatepec con ataques simultáneos, pese al despliegue del Ejército, de las policías estatal y municipal y de la Guardia Nacional (GN).
Con un despliegue de prácticamente 100 mil efectivos en 222 coordinaciones regionales en todo el país (99 mil 946, según el Informe de Seguridad del pasado 21 de julio) y la misión de encabezar el combate a la delincuencia y pacificar al país antes de que concluya el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la GN y su consolidación van a contrarreloj y sin resultados que avalen el gasto que se ha hecho en su formación.
Mientras las cifras de violencia, homicidios, feminicidios y desapariciones forzadas siguen al alza, López Obrador hizo dos anuncios inesperados y, según expertos, inconstitucionales: le dará a la GN una partida
