Estado delincuente: Cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela

Por Carlos Tablante y Marcos Tarre

Editorial Dahbar publica la 4ta edición del libro de Carlos Tablante y Marcos Tarre. Un informe que vincula el drama del asesinato y del secuestro con las invasiones, la corrupción administrativa, la piratería y la crisis financiera venezolana.
Baltazar Garzón escribió el prólogo a la 1ra edición

• Idioma: Español
• Editorial: Dahbar
• Fecha de lanzamiento: 6 oct 2021
• ISBN: 9789804250590

Carlos Tablante y Marcos Tarre

Carlos Tablante fue el primer gobernador electo y reelecto del estado Aragua, en Venezuela, y fue diputado y senador nacional durante cuatro períodos. Fue corredactor de la Constitución de Venezuela de 1999 y ministro de Estado y presidente de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas . Marcos Tarre es consultor en diseño e instrumentación de políticas públicas y programas para enfrentar la inseguridad en Venezuela. Ha sido director fundador de cuerpos policiales y asesor de gobernadores y alcaldes. Además es autor de una sólida obra en narrativa policial que ha sido adaptada al cine.

Vista previa del libro

Carlos Tablante (Maracay, Venezuela 1954) Primer gobernador electo y reelecto del estado Aragua, Venezuela (1989-1996). Diputado y senador del parlamento nacional durante cuatro períodos. Constituyente y corredactor de la Constitución de Venezuela de 1999. Exministro de Estado y presidente de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (1996-1998). Presidente-fundador del portal CuentasClarasDigital.org, especializado en prevención de legitimación de capitales. www.carlostablante.org

Marcos Tarre (Nueva York, Estados Unidos, 1950) Dedicado al análisis del problema de la criminalidad y la violencia, al diseño e instrumentación de políticas públicas, herramientas y programas para conocer y enfrentar estos fenómenos. Graduado de arquitecto en la UCV en 1975, ha sido director fundador de cuerpos policiales y asesor de gobernadores y alcaldes. También es escritor, comunicador y consultor de empresas e instituciones públicas y privadas. Desde 1995 es columnista semanal del diario El Nacional sobre estos temas. Preside la Asociación Civil Venezuela Segura.

Estado delincuente

Claves de la delincuencia organizada en Venezuela

© Primera edición, Cyngular Asesoría 357 C. A., julio 2013

© Segunda edición, julio 2013

© Tercera edición, diciembre 2015

© Cuarta edición, Cyngular Asesoría 357 C. A.,

© Editorial Dahbar C.A., noviembre 2020

DISEÑO DE CUBIERTA

Jaime Cruz

ISBN: 978-980-425-059-0

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistema recuperable, o trasmitida en forma alguna o por ningún medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin el previo permiso de Cyngular Asesoría 357, CA

A Bayardo Ramírez Monagas, eminente jurista, académico y pionero del desarrollo del marco legal sobre legitimación de capitales y delincuencia organizada en Venezuela. Formador y generador de inquietudes en las nuevas generaciones. Venezolano ejemplar, hombre de principios intachables y demócrata estructural, siempre dispuesto a enseñar, corregir y aportar.

Igualmente, a la gran mayoría de los funcionarios públicos, que a pesar de las presiones y tentaciones del contexto y del mal ejemplo de algunos de sus jefes y compañeros, mantienen sus principios, valores y fe en la realización del Estado de Derecho y de Justicia establecido en la Constitución.

Índice

Prefacio

Prólogo

Introducción

RELACIÓN ENTRE DELINCUENCIA ORGANIZADA E INSEGURIDAD CIUDADANA

El terrible drama de los homicidios en Venezuela

La discreta letalidad de la delincuencia organizada:en Venezuela se asesina más que en México

HOMICIDIOS Y DELINCUENCIA ORGANIZADA FRENAN DESARROLLO DE LOS PAÍSES

El vínculo entre tasa de homicidios y grado de desarrollo

¿Puede medirse la delincuencia organizada?

Los sorprendentes resultados de la encuesta de victimización del Instituto Nacional de Estadística

La Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela no tiene un criterio claro sobre delincuencia organizada

Interés sobre el tema

INDICADORES QUE SEÑALAN LA PRESENCIA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Corrupción

Impunidad

Homicidios

Por armas de fuego

Características de los homicidios

Tráfico de cocaína y heroína

Decomiso de cocaína como indicador

Decomiso de heroína como indicador

DIMENSIÓN DEL PROBLEMA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN VENEZUELA

La compleja definición de delincuencia organizada transnacional

Cifras reveladoras de la inefinacia frente a la delincuencia organizada en Venezuela

Tráfico y posesión de drogas

Comercio ilícito de armas y porte ilícito de armas

Hurto y robo de teléfonos celulares

Delitos contra el derecho de autor

LA EXPANSIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LATINOAMÉRICA

Algo de historia

El caso Colombia

Ahora las bacrim

Los cárteles mexicanos

La internacionalización de los cárteles

La Mara Salvatrucha

LA PRESENCIA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EN VENEZUELA

Las organizaciones delictivas activas en Venezuela

La mafia italiana

1980–1998: Clan Cuntrera–Caruana

1997: Operación Osso Due

2003: Vincenzo Spezia

2004: Vito Bigione

2007: Francesco Termine

2009: Salvatore Miceli y Walter Carapacchi

2012: Salvatore Bonomolo

Los capos colombianos en Venezuela

1997: Justo Pastor Perafán

2004: El Boyaco

2008: Jabón

2011: Beto Rentería

2011: Valenciano

2012: Martín Llanos, Diego Rastrojo

El loco Barrera

Jorge Milton Cifuentes Villa y Eduardo Mejía

Los capos venezolanos

El Clan Makled

El asesinato del periodista Mauro Marcano

El Yeyo

Hermágoras González

Los capos venezolanos de los 80

Francisco Ocando Paz

Lizardo Márquez Pérez

Hermócrates Castillo

El caso del Padre Gil

William Fajardo y el Cártel de Pereira

Larry Tovar Acuña

Casos relevantes

1997: Operación Molinos de Viento

2000: Operación Orinoco 2000

2005: Las narcofincas

2007: De la isla de Margarita a Sierra Leona

2008: El alijo que sí llegó a Sierra Leona

2011: Cocaína en el Río Orinoco

La avioneta del cabo San Román

2012: La avioneta decomisada en Canarias

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y CRISIS FINANCIERA

El sacudón de la crisis financiera en EEUU y Europa

Control de cambio: semillero de los delitos financieros

Notas estructuradas

Venezuela: ¿minicrisis financiera o megacorrupción?

Los siete pecados de la banca intervenida

Motivos y argumentos para las intervenciones bancarias

La gran víctima: el patrimonio público

Aseguramiento de bienes

Las intervenciones de empresas bursátiles

Las empresas de seguros intervenidas

Causas de las intervenciones

Juicio en libertad para banqueros y corredores de bolsa

Modus operandi de la delincuencia financiera

Ley de Bancos: reforma a favor de la impunidad

Habilitado el entuerto

El caso Bandes

El documental que los cines venezolanos no quisieron exhibir

Estado delincuente y redes de corrupción

DELINCUENCIA ORGANIZADA EN PDVSA Y LAS INDUSTRIAS BÁSICAS

De los petroespías a las redes de corrupción

Manipulaciones financieras

El fraude de Illaramendi con fondos de PDVSA

¿Quién es y qué hizo Francisco Illaramendi?

Queda al descubierto

Génesis del fraude

Sobreseído en Venezuela

Complicidad y sobornos

Fraude y sobornos en el mercado permuta

Caso del maletín

Origen y destino

Corrupción en la compra de bienes y servicios

De PDVAL a Pudreval

Los factores que incidieron en el caso PDVAL

Las pérdidas

Caso taladros Pride

Caso plataforma Aban Pearl

Caso emergencia eléctrica

¿Control o descontrol de las ventas?

Venta de cargamentos de crudo

Contrabando de gasolina

Las inversiones en la Faja del Orinoco

Los negocios chinos

Petrocaribe y ALBA, ¿negocios políticos del Gobierno?

En las industrias básicas

Negocios con los cupos de aluminio

Pagando con hierro

Canje de cupos de hierro por productos y servicios

Corrupción y tráfico de cabillas

La inacabada repotenciación de Macagua I

Negocios oscuros detrás de la emergencia eléctrica

ÁREAS DE ACTIVIDAD CRIMINAL

En el sistema judicial

Antes de la Constituyente

Modus operandi actual

La confabulación entre policías, fiscales y jueces

La manipulación de las pruebas

El negocio de las medidas alternativas del proceso y de las cautelares

La venta de las sentencias en los tribunales

El cambiazo de decisiones al no llevar en forma regular El libro Diario del Juzgado

En el sistema policial

La responsabilidad política de la crisis policial

En el sistema penitenciario

El mal desde adentro

La delincuencia organizada se apodera de las cárceles

TIPOLOGÍAS DELICTIVAS

Delitos asociados a corrupción

Delitos asociados a las drogas

Tráfico de drogas

Informes internacionales

El manejo oficialista de las estadísticas

Producción

Destrucción de laboratorios

Detenciones

Nuevas rutas

Posesión de drogas

Posesión y consumo

El negocio

Legitimación de capitales

Diferentes nombres para un mismo problema

El abordaje de la legitimación en otros países

Venezuela: las leyes y los reportes de actividad sospechosa (RAS)

Condenas por legitimación de capitales

Las mulas del dinero

¿Han sido efectivos los Reportes de Actividades Sospechosas?

Mecanismos de evaluación multilaterales (MEM)

Un RAS que terminó en extradición

El RAS de los Makled

La otra cara del RAS

Del Informe de Evaluación Mutua del GAFiC a la lista gris del GAFI

Venezuela en la lista gris del GAFI

Robo y hurto de vehículos

Robo de autos

Hurto de autos

Secuestro

Etapas del delito de secuestro en Venezuela

1958 a 1976: del dividendo político al lucro económico

1976 a 2000: la explotación foránea

2000 a 2008: de lo foráneo a lo local

2008 a la actualidad: industria local

Cronología de casos del delito de secuestro en Venezuela

Sobre el secuestro exprés

Extorsión

Sicariato

Sicariato financiero

Un caso de doble homicidio

El asesinato de dos socios financistas

El caso del exvicepresidente de la Bolsa de Valores de Caracas

Sindicariato en la industria de la construcción

Muralla Roja contra los trabajadores de Bauxilum

Muerte de tres trabajadores en Aragua

Condenados siete sindicalistas en Mérida

Estafas y delitos informáticos

Delitos informáticos

El robo de identidad en fraudes con tarjetas de crédito y débito

Transacciones fraudulentas

Delitos asociados a las armas

Comercio ilícito de armas

Corrupción y adquisición de armamento

Porte ilícito de armas

Tráfico de personas

Tráfico de mujeres o trata de blancas

La mafia china

Tráfico de menores

Contrabando

Combustibles

Abastecimiento de productos regulados

Importaciones fraudulentas

Mercado negro cambiario

Pornografía infantil

Robo, hurto y reciclaje de teléfonos celulares

Comercio ilícito

Relojes falsificados

CDs, DVDs y videojuegos piratas

Delitos contra el derecho de autor

Minería ilegal

Contra la Ley de Ambiente

Coltán, el oro azul

Diamantes

Oro

Tráfico de órganos

EL CAMINO DE LAS SOLUCIONES

La ruta hacia Palermo

La Convención de Palermo, base de la cooperación internacional

Estrategias

Unión europea

Madrid

Washington

Organización de Estados Americanos (OEA)

México

Centroamérica

Bogotá

La actual estrategia de Caracas

REFLEXIONES, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Reflexiones

Conclusiones y propuestas

El debate sobre la legalización o despenalización de las drogas

Propuestas de soluciones para Venezuela

A MANERA DE FINAL

Bibliografía

Anexos

EPÍLOGO

El caso Alex Saad

ESTADO DELINCUENTE 

PREFACIO

En nuestros libros Estado Delincuente y El Gran Saqueo demostramos que es innegable el impacto de la corrupción en la violación de los Derechos Humanos. La desviación de fondos públicos a las cuentas bancarias de particulares –como se demuestra en varios casos como el de Odebrecht y Alex Saab– es una de las principales causas de la crisis humanitaria e institucional que hoy sacude hoy a nuestros pueblos.

Lo ratificamos. Es evidente que el binomio conformado por la corrupción política y económica constituye la llave que abre la puerta a la mayoría de las violaciones de Derechos Humanos, así como a las actividades de la delincuencia organizada trasnacional.

El expediente Alex Saab es un claro ejemplo de ello.

Ante las primeras denuncias sobre los negocios ilícitos de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, el régimen venezolano trató de negar cualquier vínculo hasta que, ahora, no solamente reconocen a Alex Saab como proveedor privilegiado del régimen de Maduro sino que también lo acreditan con rango diplomático como agente especial para las relaciones internacionales. 

Para que no quede duda, en la última reunión realizada entre Jorge Rodríguez y Richard Grenell –enviado de Donald Trump– en Ciudad de México, la principal petición de Maduro fue la liberación de Saab.

Otro importante encuentro fue el celebrado en el hotel Villa Magna de Madrid entre Álvaro Pulido y empresarios mejicanos del sector de alimentos. Allí se negociaron los contratos de adquisición de los insumos de las cajas del programa CLAP. Una vez descubierta la trama de corrupción internacional, la Procuraduría mejicana, en una críptica investigación que posteriormente fue cuestionada, multó a las empresas y las obligó a hacer un donativo a ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, de tres millones de dólares. El irregular procedimiento contó con el diligente apoyo del –hoy buscado por la justicia mejicana– canciller Luis Videgaray Caso, lo cual llamó la atención de los funcionarios, tal como lo señaló el portal especializado en delitos económicos Cuentas Claras Digital en su momento.

Alex Saab es el proveedor exclusivo de Nicolás Maduro. Vende de todo. Después de haber hecho jugosos negocios con el diferencial cambiario a través Cadivi, el Sucre y Cencoex, ahora está raspando la olla con el petróleo y el oro. 

El oro proviene del arco minero bajo el control de la Corporación Venezolana de Minería, en manos del cuestionado general Carlos Osorio.  A través de la estructura de negocios ilícitos de Saab con el BCV, Minerven y Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas), el mineral se envía ilegalmente a países como Rusia, Turquía, Uganda y Arabia Saudita, entre otros, donde se convierte en efectivo para pagar alimentos y otras mercancías generalmente de mala calidad y con el sobreprecio correspondiente para pagar sobornos a los funcionarios involucrados, ademas de generar multimillonarias ganancias a Saab y su clan.

La detención durante algunas horas –por agentes de contra-inteligencia militar– de quien fuera el ministro todopoderoso de las finanzas públicas, Simón Zerpa, se produjo casi en paralelo con el arresto del barranquillero en Cabo Verde. Se atribuye a Zerpa haber entrado en conflicto con el también omnipotente Saab en un ambiente enrarecido donde todos sospechan de todos. Ello generó dudas en el régimen sobre la lealtad de Zerpa, que finalmente fue liberado pero degradado a presidente de un banco público quebrado. 

El vacío dejado por la detención de Saab ha incrementado la disputa por el botín y ahora su socio Álvaro Enrique Pulido Brandt –estrenando nuevo segundo apellido– y Carlos Liscano –administrador de las empresas del clan– tratan de mantener las posiciones alcanzadas por Saab ante el avance de otros operadores como Khaled Khalil Majzoub, quien ha hecho negocios con la emergencia eléctrica con el apoyo de la vicepresidenta Delcy Rodriguez y tiene en la mira a empresas de alimentos como Lácteos Los Andes y AgroIsleña, ademas del negocio petrolero donde también está operando. 

En esa rebatiña siguen apareciendo bolichicos como los amigos de Nicolás Maduro hijo, los hermanos Santiago y Ricardo Morón, entre otros.

La corrupción política impuesta por el régimen de Maduro es un maridaje –más bien una orgía– donde los dineros públicos se privatizan por la vía de la corrupción y, de manera perversa, en nombre de los pobres unos pocos enchufados se apropian de lo que es de todos convirtiendo el patrimonio público en su botín particular que exhiben grotescamente mientras los venezolanos se hunden en la miseria de una tragedia humanitaria sin precedentes.

Con el anuncio de la denominada ley antibloqueo de Maduro, Venezuela se dirige a la consolidación final de un autoritarismo cerrado y hegemónico donde definitivamente se sustituirán el ordenamiento constitucional y el estado de Derecho por un Estado delincuente, tal como desafortunadamente alertamos en este libro en su primera edición de 2013.

Carlos Tablante

Noviembre, 2020

PRÓLOGO

Lo que queda por hacer

Ser bueno ¿quién no lo desearía?

Pero sobre este triste planeta,

los medios son restringidos.

El hombre es brutal y pequeño.

¿Quién no querría, por ejemplo, ser honesto?

Pero ¿se dan las circunstancias?

¡NO! Ellas no se dan aquí.

Bertolt Brecht

Canto de Peachum, La ópera de tres centavos)

Adaptarse a los cambios es una ardua tarea a la que nos enfrentamos continuamente en diversas facetas de nuestras vidas. Sin duda, una tarea compleja que requiere atención para identificar esos cambios y una subsiguiente remodelación de esquemas. No obstante, resulta indispensable.

En el caso de la lucha contra la delincuencia organizada, adaptarse no es suficiente, hay que anticipar los cambios que se van a experimentar para poder combatirla. Sin embargo, no se ha hecho ni una cosa, ni la otra. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas. La cita de Mario Benedetti que hacen los autores refleja a la perfección cuál es la consecuencia de la no anticipación; los mecanismos que tanto ha costado elaborar han quedado obsoletos.

Como bien dicen los autores de este excelente libro, Carlos Tablante y Marcos Tarre, ya no estamos ante cárteles estructurados y jerarquizados: hablamos de organizaciones difusas, sin una jerarquía clara y más bien con estructuras horizontales, lo que hace más difícil su detección y su persecución. La ONUDD argumenta que ya no es un grupo de personas sino un grupo de actividades ilícitas. La idiosincrasia ha perdido importancia y ninguno de los miembros de la organización resulta imprescindible. La sustitución en las responsabilidades en una organización o grupo estará en función de la eficacia de las acciones policiales en desmantelarlas. El crimen organizado, ha vuelto a sus orígenes, curiosa paradoja, para reforzarse y, mezclando actividades legales e ilegales, evitar operaciones excesivamente aparatosas y visibles que lo hagan más vulnerable. Por ello, la acción se va a realizar en forma asociada para casos concretos, actuando de forma discreta y a través de pequeñas redes asociadas.

Esta dinámica es simplemente estratégica, desarrollada para conseguir mayor eficacia e invulnerabilidad frente a las actuaciones del Estado o de la cooperación internacional. Lo que el crimen organizado ha aprendido es a conocer mejor a sus enemigos y, para tener mayor eficacia, se ha invisibilizado a través de actores secundarios y pequeños centros de actuación, con una organización más dispersa y difusa, pero igual de certera. Y, cuando el caso lo exige, manda el mensaje violento en forma clara y terminante, tanto hacia afuera como hacia adentro.

La atención debe ponerse en la aparición de nuevos modelos criminales que operan en red y que, aparentemente, pueden resultar hasta elementales, pero que, en forma casi inmediata, se transforman en mecanismos de coordinación criminal, altamente sofisticados, que para sí querrían las fuerzas del orden, en función de las necesidades o el apoyo que coyunturalmente necesiten, sea en el ámbito económico, judicial, político, policial o de cualquier otra naturaleza, para la obtención de sus fines.

Si ya de por sí la identificación de las organizaciones delictivas y sus responsables es muy complicada, por la atomización de sus estructuras o por la protección o blindaje empresarial u oficial que en determinados momentos pueden tener, se hace mucho más dificultosa por la existencia de normas nacionales que amparan determinados territorios offshore, paraísos fiscales o lugares en los que de hecho la persecución del crimen es más aparente que real.

Por otra parte, las normas penales y procesales para perseguir el crimen organizado están obsoletas en muchos países en los que, aun a pesar de la incidencia masiva de aquél, no se llega a comprender el alcance de las actuaciones del fenómeno a nivel mundial ni las consecuencias irreversibles que produce, en la mayoría de los casos, la omisión en la definición y persecución de las conductas que integran el fenómeno criminal analizado.

La falta de visión llega hasta el punto de pensar que el crimen organizado no existe o se puede convivir con él en una especie de cohabitación inmoral e ilícita. La permisividad por parte de un Estado en la expansión del fenómeno o la connivencia con el mismo pueden suponer a medio y largo plazo la desaparición del propio Estado o el riesgo de una inseguridad generalizada que acabe con la sociedad y la convivencia democrática. El ejemplo mexicano y, previamente, el italiano, o el de otros países del Este europeo, o los más próximos, territorialmente, como los de Colombia o Bolivia en su momento y los de Honduras, Guatemala y El Salvador, en la actualidad, con índices de impunidad de hasta 92%, son buenos ejemplos para demostrar lo que puede suceder cuando las instituciones del Estado permanecen silentes e inactivas o permiten acciones que horadan los propios pilares del sistema democrático y del Estado de derecho.

A pesar de que oficialmente no se hable demasiado del tema, la delincuencia transnacional organizada empezó a evidenciarse en Venezuela ya en la década de los 80. La presencia del Clan Cuntrera-Caruana, la de múltiples capos italianos y colombianos, era un hecho constatado. Las diferentes operaciones antinarcóticos como la Osso Due, la de Molinos de Viento, la Orinoco, o la de la avioneta decomisada en Canarias más recientemente, entre otros muchos casos, demuestran que Venezuela no fue ni es inmune al influjo e instalación de las estructuras del crimen organizado, amparado en la tranquilidad de la transnacionalización de la delincuencia organizada.

Uno de los problemas principales para combatir eficazmente la delincuencia organizada es la tardanza, cuando no la clara negativa por razones políticas oportunistas, en negar la presencia del fenómeno. En Sicilia, cuando en los años 70 y 80 el reinado del crimen organizado era absoluto, todavía se negaba oficialmente su existencia; en Colombia, los capos de los cárteles de Cali o Medellín negaban la existencia de sus propias organizaciones a la vez que unos sembraban de muertos las ciudades y otros compraban las voluntades de políticos, policías y altos funcionarios del Estado, y ambos acumulaban ganancias incontables; en España, hasta 1993 no se incluyó en un programa electoral (el del Partido Socialista) la expresión delincuencia organizada; tampoco se ha regulado hasta épocas recientes el delito de lavado de activos y todavía hoy se rehúye plantear el fenómeno de la financiación de las organizaciones y la consideración del fenómeno macrocriminal como un modelo de empresa ilícita, pero con todas las características que tienen las corporaciones lícitas.

Son estas omisiones o retrasos en percibir el fenómeno, cuando no la connivencia con el mismo, en algunos casos, los que han dificultado la persecución de aquél y han permitido su consolidación y expansión en los diferentes países a través de las mutaciones que sean necesarias para conseguir el primer y único fin de la criminalidad organizada: la obtención de pingües beneficios en el menor tiempo y riesgo posibles.

La cuestión que debemos plantearnos, y de ello se trata en este libro imprescindible para la comprensión del fenómeno, es si en Venezuela, a pesar de la pronta aparición de casos de este tipo, esa visión global está lo suficientemente instaurada y se aplica en las estrategias de lucha contra la delincuencia organizada.

En este sentido, la respuesta no es positiva porque podría decirse que este país casi se ha aislado del resto de la comunidad internacional a la hora de abordar esta lucha y ello conduce a la práctica imposibilidad de obtención de resultados positivos. Hoy en día no puede plantearse la lucha contra la delincuencia organizada en forma exclusivamente local o aislada, sin cooperación internacional, tanto judicial y policial como administrativa y política. El intercambio de información e inteligencia es absolutamente indispensable para combatir un fenómeno de dimensiones globales.

El crimen organizado como fenómeno complejo y transnacional, no es propio de ningún país, aunque algunos lo sufran con mayor intensidad. Como fenómeno transnacional debe ser asumido su combate como algo común y necesario para todos y cada uno de los países, y por ello exige una respuesta acorde con esa naturaleza, que ponga la criminalidad económica y financiera y la persecución de los beneficios y su reciclaje en la base y el núcleo del mismo, tanto a nivel nacional como internacional.

Las modalidades clásicas de delincuencia organizada han sido superadas, lo cual no supone su desaparición sino su ampliación a sectores en los que antes no se había instaurado el fenómeno criminal. Del tráfico de drogas tradicionales, sin abandonar el homicidio, la extorsión o el secuestro, se ha pasado a las explotaciones ilegales de la minería o de los recursos minerales estratégicos; desde el asesinato como medio se ha pasado a la ingeniería financiera y el ataque a los sistemas económicos de los diferentes países; de las defraudaciones tradicionales se han organizado fraudes masivos que han hecho temblar el sistema financiero. Detrás de prestigiosos profesionales del sector bancario pueden esconderse miembros de una organización delictiva, o prestigiosos bufetes de abogados que colaboran como elemento imprescindible en la purificación de las ganancias o en la facilitación de las mismas, con sucursales en los más variados paraísos fiscales del mundo. No hay duda de que este tipo de delincuencia es mucho más compleja y sofisticada, y para poder combatirla se necesita la incorporación de expertos en el sector. No puede pretenderse llevar una lucha efectiva contra la delincuencia organizada contemporánea con los mismos recursos que se tenían cuando se inició el fenómeno. Sin especialistas en los sectores a los que se ha ampliado la delincuencia organizada se juega con una desventaja que hace imposible la confrontación.

El escenario se complica en forma exponencial por la confusión de fronteras entre lo lícito e ilícito, lo irregular y lo correcto, la actuación del Estado y sus instituciones como facilitadores de la economía en conexión con el sector privado y la relajación de los controles de aquellos ámbitos especialmente sensibles.

En este punto es necesario poner de manifiesto algo que se desprende de lo dicho y es el hecho incontestable de que la corrupción es un instrumento idóneo para el crimen organizado y para el desarrollo e implantación de sus métodos en sistemas políticos y económicos, en instituciones financieras, policiales o judiciales con el fin de conseguir mayores espacios de impunidad para las redes criminales que la practican. Porque ninguna forma de gobierno es indemne al desarrollo de las organizaciones criminales transnacionales, ni ningún sistema legal es capaz de controlar totalmente el crecimiento de ese crimen y ningún sistema económico o financiero está seguro frente a la tentación de obtener ganancias a niveles muy superiores a los que son posibles con las actividades legales, es ineludible desplegar todos los medios necesarios para que el monstruo no se haga mayor e invencible.

El crimen organizado ha penetrado en muchos Estados desde el nivel local, nacional o federal a través de la financiación de campañas políticas para la elección de sus miembros como diputados. Si lo anterior es un hecho, también lo es la asociación de unos y otros grupos criminales en unos y otros países como una necesidad derivada de la propia actividad organizada y de la complejidad y globalización de los mercados a los que atacan. Ese crecimiento curiosamente los hace más vulnerables frente a la acción coordinada de una justicia eficaz de los distintos países, que han ido dotando de instrumentos idóneos para llevarlo a cabo. Por tanto, será de esa forma como se debe incidir para sumar a los esfuerzos de la prevención, los de una adecuada persecución del fenómeno mixto crimen organizado-corrupción. Ello, sin perder de vista que estamos ante un fenómeno mutante por momentos, para eludir la acción de la legalidad en su contra.

La corrupción no ha dejado de existir porque no se hable de ella. Por el contrario, lo sucedido en muchos países es que aquellos que la practican se han hecho más expertos y han abandonado la bandera negra con la calavera pirata por el estuche negro del ordenador, y la maleta con ametralladora por el maletín de ejecutivo, consiguiendo, eso sí, un nuevo triunfo: que se deje de hablar de ellos, de modo que no se perciba su penetración en consejos de administración de grandes empresas y organismos multilaterales contribuyendo al lavado de activos procedentes de los más variados sectores de la criminalidad con impunidad de sus conductas, aplicando trabas a cualquier tipo de investigación contra las mismas.

De todo ello se desprende la necesidad de que el fenómeno de la corrupción se visibilice, se denuncie y se haga presente en toda su crudeza para que resulte imposible la indiferencia ante el mismo.

Hoy día, el tema de la corrupción está sometido a debate, pero detrás de las formulaciones de intransigencia frente al mismo, se observan ciertas actitudes de comprensión, especialmente, cuando se refieren a casos de corrupción política, casos en los que ciertos medios de información toman posiciones no necesariamente objetivas, sino encubridoras y entorpecedoras de la acción de la justicia y a través de los cuales también generan espacios de corrupción mediante una alianza en la que el interés corporativo económico financiero se superpone al de la información.

Las noticias se suceden a tal velocidad que el lector, oyente, televidente, no tiene tiempo de asimilar lo que acontece frente a sus propios ojos, aunque no renuncia a cierta percepción crítica de los diferentes casos. Quizás podríamos decir que, en lo que llevamos de siglo XXI, la corrupción se ha convertido en una especie de bacilo de la peste que viene de lejos y que conoce ahora, como cualquier fenómeno infeccioso, su eclosión purulenta.

Todos sabemos de la existencia en los respectivos países de casos de flagrante corrupción que afectan a los sectores público y privado y que pueden perjudicar, y lo han hecho, a millones de personas. Todos conocemos en mayor o menor amplitud la impunidad que suele acompañar tales casos a causa de intereses políticos o económicos y a la levedad de las sanciones o a la ineficacia de la acción del poder judicial frente a los responsables que utilizan medios sofisticados de ingeniería financiera o maquinarias globales de corrupción.

La prueba la tenemos en todo lo que viene rodeando a la crisis internacional de los sistemas financieros y que ha puesto al borde de la ruina a millones de personas, a la vez que ha enriquecido a otras, las de siempre. Frente a esa realidad, es preciso reaccionar y hacerlo con eficacia y contundencia porque la mentira y el fraude están ya claros, y lo que conviene hacer también está claro. Dar la vuelta a lo que nos vienen diciendo. Es decir, frenar el poder político de la banca impidiendo que aumenten privilegios económicos y que se adueñen de medios económicos o universidades. Como dice el economista español Juan Torres, hay que poner fin a esos banqueros y someterlos al poder representativo, primar la creación sostenible de riquezas, tasando las transacciones financieras y controlando los movimientos especulativos del capital, imponiendo principios imperativos de justicia fiscal y global, acabando de una vez con los paraísos fiscales y someter todas las decisiones económicas al debate social auténticamente democrático y participativo. Se trata pues, en palabras del exsecretario de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, de redefinir el sistema económico mundial a favor de la justicia social, por cuanto resulta inasumible después de todo lo acontecido que se sigan privatizando las ganancias, pagando primas millonarias a quienes causaron la catástrofe y socializándose las pérdidas en los ciudadanos.

El poder económico basado en la especulación y el uso de agencias de calificación con instituciones internacionales próximas a las grandes corporaciones, que no supieron alertar de la crisis y que ahora pretenden seguir opinando sobre la marcha y solución de la economía con los mismos criterios nocivos para la humanidad, debe ser sustituido por modelos mucho más participativos y con control del ciudadano sobre los recursos estratégicos de los Estados y sobre las decisiones económicas que conciernen a sus vidas. De ahí que la necesidad de la intransigencia con los comportamientos corruptos debe ser definitiva.

La ética en la gestión pública, considerada hoy por muchos como una monserga moralista se torna en reivindicación básica en estos momentos en los que la lucha contra la corrupción se convierte en algo fundamental. Como decía Rousseau, apenas el servicio público cesa de ser el principal interés de los ciudadanos y apenas éstos prefieren servir con su bolsa en vez de con su persona, el Estado está ya próximo a la ruina.

La lucha contra la corrupción no debe ser parcial, sectorial o aislada sino que tiene que ser total y global y en ella deben implicarse todos los actores en forma coordinada y, en forma particular, el Poder Judicial, porque la corrupción socava la confianza en la democracia y afecta los derechos fundamentales del ser humano.

Para hacer efectiva esta lucha, que no es a corto plazo, pero sí debe ser permanente, es precisa la firme decisión del Ejecutivo de desarrollar, con clara visión de Estado y sin fines partidistas, los pactos políticos y sociales necesarios con todos los sectores implicados para conseguir el objetivo común de erradicar la corrupción. Para ello debe empezarse por dotar y reinstaurar la credibilidad de las instituciones para que la sociedad perciba esa alianza frente a la impunidad del fenómeno y la haga salir de la indiferencia en la que se encuentra.

Se necesita, y para ello y debemos trabajar, armar un espacio político y judicial amplio en las diferentes regiones del mundo, y entre ellas Latinoamérica, en el que partiendo de las instituciones de justicia locales, nacionales y regionales se vertebre una red de acciones judiciales a través de la cooperación y el trabajo conjunto que dotará de mayor seguridad jurídica a los ciudadanos e instituciones y cerrará las puertas a la arbitrariedad y a la falta de justicia.

Los jueces deben tener un papel protagónico en la lucha contra la corrupción. Desgraciadamente, en muchos países el sistema judicial es el capítulo más desatendido del Estado y el poder que ejercen los jueces no se corresponde con la autoridad ética que deberían tener para convencer en el ejercicio de ese poder a los ciudadanos.

Un país con un sistema jurídico garantista y un poder judicial sólido, que lo desarrolle con imparcialidad e independencia y con firmeza democrática, se hace más libre, más solidario, más igualitario, más valiente y por supuesto más justo.

En el esquema del Estado que marcara Montesquieu con la separación de poderes, la Justicia (el poder judicial ejercido por todos y cada uno de los jueces) es el pilar más firme en el que se debe apoyar todo el armazón del Estado de derecho, por cuanto es el llamado a resolver los eventuales conflictos que puedan surgir entre los otros poderes nucleares del Estado: Ejecutivo y Legislativo. Por ello, garantizar la independencia de los jueces desde adentro y desde afuera resulta básico para conseguir el ideal de justicia.

El juez, por su parte, debe hacerse digno acreedor de su independencia y defenderla bajo los criterios de responsabilidad, legalidad y transparencia en el equilibrio institucional que le corresponde con los demás poderes.

La independencia judicial es, por tanto, una necesidad en una sociedad democrática, pero no es un privilegio de unos pocos en el que se amparen para quebrantar el sagrado principio del derecho a la justicia, sino que se trata de una obligación anudada a la responsabilidad y legalidad; el juez independiente es el juez responsable, científicamente preparado, conocedor de los problemas sociales y reales a los que tiene que aportar soluciones cuando se sometan a su jurisdicción y hacerlo en forma eficaz y ágil, porque el retraso en la administración de justicia genera inseguridad, desconfianza y temor en el ciudadano. Una justicia tardía no es una verdadera justicia.

Pero la independencia debe proclamarse hacia afuera como hacia adentro, respecto de las estructuras y organismos que gobiernen la institución que debe estar presidida por la defensa de los intereses de los ciudadanos como razón política del Estado, lejos de cualquier sumisión vicaria a otros poderes.

Es hora de reivindicar y exigir una verdadera independencia e imparcialidad de los jueces, pero también de exigir probidad e integridad de los mismos, ahuyentando cualquier forma de presión jerárquica y persiguiendo con mayor firmeza la eventual corrupción en su seno.

Pero también son precisos mecanismos e instrumentos necesarios para hacer que aquella acción sea realmente efectiva. Cualquier ley debe ir acompañada de los medios para su aplicación. De no hacerse así, su existencia y consecuente inaplicación generará mayor frustración e inseguridad en el ciudadano.

Decía Giulio Calamandrei que el mayor riesgo para un magistrado no viene solo de las presiones externas sino del agotamiento interior de las conciencias. Que cada uno haga su reflexión particular sobre este tema, sin olvidar que la corrupción también anida con frecuencia en la judicatura.

Sin duda la independencia judicial es el baluarte de una adecuada gobernabilidad, y esa independencia debe proclamarse, tanto del poder político (ejecutivo, legislativo, los propios partidos políticos), como económico (entidades financieras, bancos, corporaciones empresariales). Esta referencia a lo político y a lo económico es intencionada por cuanto hoy lo político pasa a ser dependiente del poder económico multinacional y globalizado de las corporaciones que, en definitiva, son las que controlan o pretenden controlar el desarrollo del mismo.

Los ciudadanos también tienen que hacer oír su voz en estas materias. Como bien decía Maquiavelo en su texto sobre Tito Livio: No sin razón se afirma que la voz del pueblo es la voz de Dios. La opinión pública pronostica los sucesos de una manera tan lúcida que se dirá que el pueblo está dotado de la facultad de prever lo que distingue al bien del mal

Hoy día, ¿podemos compartir esta afirmación en un mundo en el que los medios de comunicación deciden lo que es y lo que no es, en el que se ensalza o humilla por interés político o económico, en el que se defiende o ataca en función de lo que se obtenga o se pierda? En todo caso, y precisamente por ello, es tiempo de no considerar a los ciudadanos como incapacitados para comprender el alcance de aquellas cuestiones que les afectan en forma directa y grave. Ellos son los principales interesados y a ellos se les debe oír y tomar en cuenta sus criterios y decisiones.

Por último, no debe olvidarse que la corrupción, especialmente la ideológica, ha penetrado en las mentes de muchos y por ello los ciudadanos en general asistimos impávidos a una especie de aniquilación moral controlada por algunos medios de comunicación, económicos y políticos que nos hacen olvidar el compromiso y la responsabilidad como bases del sistema democrático.

Frente al control de la información en función de los intereses económicos de las empresas de medios de comunicación, la sociedad civil debe reaccionar apostando en forma directa por la consecución de cambios sustanciales y definitivos que contribuyan a formar una conciencia clara que evite la destrucción de la sociedad como comunidad de encuentro y solidaridad, a través de un modelo que garantice la libertad de expresión y erradique la manipulación de contenidos en perjuicio del ciudadano que asiste inerme frente al mismo.

La responsabilidad de los medios de comunicación es de tal magnitud que puede afirmarse que de su uso adecuado depende el futuro de una sociedad que, queramos o no, es esencialmente mediática. En el mundo entero estamos viendo cómo la reacción popular está actuando de forma revolucionaria. Es preciso oír al pueblo sin intermediarios ni interpretaciones que deformen la realidad que se está viviendo.

Y en esa percepción los ciudadanos y ciudadanas del mundo no pueden ser indiferentes frente a los problemas que afectan a la sociedad. La corresponsabilidad frente a