Entrevista a Cecilia Farfán | 48vo. episodio
La región latinoamericana en las últimas tres décadas, progresivamente se ha convertido en una de las zonas más peligrosas del mundo en términos de seguridad ciudadana. Para el 2022 de los primeros 10 países del mundo con el índice de criminalidad más alto 7 se encuentran en nuestro hemisferio: Venezuela, Honduras, Trinidad y Tobago, Guyana, El Salvador, Brasil y Jamaica.
Desde el punto de vista de la letalidad de estos altos índices de criminalidad de acuerdo a cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para el año 2019 América Latina registró el 42% de todos los homicidios violentos del mundo. Lo cual después del levantamiento de las restricciones de pandemia los registros repuntaron nuevamente. Para el 2021 de los 20 países con mayores índices de homicidio por cada 100.000 habitantes, 18 son naciones perteneciente al hemisferio americano. El triple del promedio mundial y seis veces más que las que registra Europa. Son datos particularmente llamativos si consideramos que poco menos del 14% de la población mundial se concentra en América Latina.
Y es que a pesar de innumerables planes de seguridad, decenas de ministros, anuncios de alianzas policiales y demás medidas de contención, si nos vamos a los datos el crimen organizado ha seguido operando y expandiéndose, así como también diversificando sus métodos criminales y su funesta huella de violencia en nuestras sociedades. La seguridad ciudadana pareciera territorio indomable por la gestión gubernamental. Un fenómeno social que no ha decrecido desde la década de los noventa y que además ha conseguido medios para trascender los cordones de pobreza que rodean las grandes ciudades latinoamericanas. Esparciéndose por las extensas zonas rurales de nuestra geografía, llegando incluso a internacionalizarse y coordinarse con otros grupos criminales internacionales como nunca antes.
De hecho, podría decirse que el catálogo delictivo ya no se centra exclusivamente en el narcotráfico, sino además en el contrabando de armas, de combustible, extorsión, secuestro, tráfico de personas y hasta crímenes informáticos. Ante esta amenazante realidad tenemos que preguntarnos ¿qué medidas de contención han aportado avances y cuáles han ido quedando obsoletas?¿los cuerpos de seguridad pública se están preparando para afrontar esta dinámica con apego a los derechos humanos y al estado de derecho?¿nuestros sistemas de justicia han demostrado la capacidad de respuesta procesal necesaria para remediar los altos porcentajes de impunidad que existen?
La entrevistada.
Para ahondar en las respuestas a estas cuestiones me acompaña para este episodio Cecilia Farfán. Internacionalista y Doctora en Filosofía por la Universidad de Santa Bárbara de California. Jefa del Programa del Centro de Estudios Mexicano - Estadounidenses de la Universidad de San Diego. Investigadora con una destacada trayectoria dedicada a comprender la violencia, el crimen organizado en México.
Con su experticia trataremos de hacer un recorrido por las principales formas de adaptación de la actividad criminal en la región, así como también los impactos diferenciados que tienen en la población. De igual manera analizaremos los avances, retrocesos y tareas pendientes de la respuesta estatal. Políticas de seguridad ciudadana en América Latina será el tema de este nuevo episodio de La Conversación.


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