Cultivos Ilícitos: Estudio sobre la producción de marihuana y amapola en la sierra de Sinalora

Por Oscar Báez

Más allá del crimen organizado o el problema de salud que las drogas representan, Oscar Báez explora la realidad de los campesinos que han encontrado en la amapola y la marihuana un mecanismo de subsistencia, principalmente en la sierra de Sinaloa. El libro constituye una radiografía del México que no queremos ver: las estrategias fallidas de la l

• Idioma: Español
• Editorial: INACIPE
• Fecha de lanzamiento: 1 sept 2021
• ISBN: 9786075600796

Oscar Báez

Profesor Normalista por la Escuela Normal Rural “Plutarco E. Calles”, Sonora. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Maestro y doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el inacipe y doctor en Derecho Penal. Ha participado como especialista invitado en diversos foros relacionados con el análisis de cultivos ilícitos a nivel nacional e internacional. Es miembro fundador de la Red de Estudios sobre Drogas en América Latina (redesdal), Colombia. Se ha desempeñado como agente del Ministerio Público de la Federación y como director en diversas áreas de la entonces pgr. Fue coordinador general en la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos de la siedo, ahora seido y director general de Ejecución de Sanciones de la segob. Entre sus publicaciones se encuentran: Inflación penal, determinismo criminal y segregación; Las deficiencias jurídicas en la ofensiva contra la delincuencia organizada, así como diversos artículos: “Campesinos y cultivos de narcóticos en Sinaloa: desde una perspectiva humanista” y “Ley de Amnistía y Sistema Penitenciario”, por mencionar algunos.

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cultivos.pngOscar Báez Soto

Oscar Báez Soto

Profesor Normalista por la Escuela Normal Rural Plutarco E. Calles, Sonora. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Maestro y doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el

inacipe

y doctor en Derecho Penal. Ha participado como especialista invitado en diversos foros relacionados con el análisis de cultivos ilícitos a nivel nacional e internacional. Es miembro fundador de la Red de Estudios sobre Drogas en América Latina (

redesdal

), Colombia. Se ha desempeñado como agente del Ministerio Público de la Federación y como director en diversas áreas de la entonces

pgr

. Fue coordinador general en la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos de la

siedo

, ahora seido y director general de Ejecución de Sanciones de la

segob

.

Entre sus publicaciones se encuentran: Inflación penal, determinismo criminal y segregación; Las deficiencias jurídicas en la ofensiva contra la delincuencia organizada, así como diversos artículos: Campesinos y cultivos de narcóticos en Sinaloa: desde una perspectiva humanista y Ley de Amnistía y Sistema Penitenciario, por mencionar algunos.

Cultivos Ilícitos.

Estudio sobre la producción de marihuana

y amapola en la sierra de Sinaloa

DIRECTORIO

Alejandro Gertz Manero

Fiscal General de la República

y Presidente de la H. Junta de Gobierno del

inacipe

Rafael Ruiz Mena

Secretario General Académico,

encargado del Despacho de la Dirección General del

inacipe

Gabriela Alejandra Rosales Hernández

Secretaria General de Extensión

Alejandra Silva Carreras

Directora de Publicaciones y Biblioteca

Portadilla

Cultivos Ilícitos. Estudio sobre la producción de marihuana y amapola en la sierra de Sinaloa

© Oscar Báez Soto

© Instituto Nacional de Ciencias Penales

(inacipe)

Instituto Nacional de Ciencias Penales,

Magisterio Nacional núm. 113, Col. Tlalpan,

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México.

Primera edición, 2020

ISBN libro electrónico: 978-607-560-079-6

Aviso legal inacipe

Se prohíbe la reproducción parcial o total, sin importar el medio, de cualquier capítulo o información de esta obra, sin previa y expresa autorización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, titular de todos los derechos.

Esta obra es producto del esfuerzo de investigadores, profesores y especialistas en la materia, cuyos textos están dirigidos a estudiantes, expertos y público en general. Considere que fotocopiarla es una falta de respeto a los participantes en la misma y una violación a sus derechos.

Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la postura del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

A las víctimas del abandono oficial;

los campesinos productores de narcóticos en México.

A quienes han colaborado, corregido,

adicionado o criticado en el presente esfuerzo,

para todos ellos mi reconocimiento, respeto y afecto;

por las coincidencias, pero también

por las discrepancias.

Introducción

Los problemas de la producción, tránsito, tráfico y ahora también del consumo de narcóticos ocupan al Estado mexicano. En tiempos recientes, capturan de manera importante el quehacer de las instituciones en los tres órdenes de gobierno.

Estos fenómenos no son exclusivos del entorno nacional. Distintas naciones del orbe han construido concepciones del fenómeno e implementado, en función de dicha diversidad, formas específicas de enfrentarlos. De ello se han dependido los programas —erróneamente denominados— de erradicación de cultivos y de persecución penal de los productores, de atención y prevención al consumo, hasta llegar al discurso de la reducción del daño, los cuales se han visto como soluciones alternas.

Aún no queda del todo clara la forma en que nuestro país se transforma en un espacio productor de plantas originarias con efectos narcotizantes. No existe consenso entre los investigadores sobre la manera en que se cimenta el proceso histórico de cultivos de drogas en México, por lo que hasta ahora, solo han prevalecido acercamientos generalizados respecto a este tema que, desde luego, no es el centro de la discusión en este trabajo de investigación. Sin embargo, resulta incuestionable la transformación de nuestro país, primero como proveedor emergente de narcóticos, y después como productor primario.

En este sentido, es indiscutible que el cultivo de marihuana y amapola transformó sustancialmente —y no únicamente en el aspecto económico— la forma de vida de los habitantes de regiones muy focalizadas del país, en donde se adoptaron dichos cultivos y se generaron formas diversas de concebir y responder ante los retos derivados directamente del fenómeno en comento, el cual hasta entonces le resultaba al Estado ciertamente novedoso.

Lo anterior no acontecía en las naciones que, desde una perspectiva diferente, sufrían los embates de la moda manifestada en cierto modo y en una de sus formas: el consumo de sustancias narcotizantes. A estas últimas, empezaron a atribuirles, como hasta la fecha, ser las responsables de manifestaciones delincuenciales ordinarias y nuevas y a asociarlas con quienes las consumían, ideando, por conveniencia, una percepción específica de las drogas como las nuevas amenazas de la sociedad. Esto llevó a declarar la guerra contra dichas sustancias y llevarla a las zonas de cultivo, es decir, a atacar el origen del problema desde los espacios de producción de narcóticos y no enfocarse en la atención del consumidor bajo una ecuación simplista pero ineficiente: si no existe disponibilidad de narcóticos, no hay consumo. Cuestiones de oferta y demanda.

Con la Primera Conferencia Internacional sobre Estupefacientes, celebrada en Shangai, China, del 1º al 26 de febrero de 1909,¹ algunos países —erigidos desde entonces en árbitros universales en materia de narcóticos— acordaron la prohibición mundial de las plantas de la marihuana, la amapola y la coca, urgiendo al resto de la comunidad internacional a adoptar medidas en el mismo sentido. México, continuando con la tradición de adherirse a las directrices de las naciones líderes en estos temas, promulga desde 1920 las primeras normas prohibicionistas de la marihuana —ampliadas a la amapola en 1926—. Con la primera incursión formal de las fuerzas armadas en tareas de destrucción de cultivos ilícitos en 1938 en el estado de Sonora y, posteriormente, con el Plan Canador en Sinaloa en 1966, se empezó a gestar primero y a robustecer después la política prohibicionista que habría de predominar desde entonces en nuestro país y que aún prevalece.

Sin embargo, la estrategia que indudablemente se constituye en un referente obligado en la participación del ejército en la destrucción intensiva de plantíos de marihuana y amapola fue la denominada Operación Cóndor, la cual se llevó a cabo en la zona más representativa en la producción de drogas en México, como es aún la sierra sinaloense. La operación surge formalmente en 1975 a instancias de la llamada guerra contra las drogas declarada por los Estados Unidos a principio de los setenta, que en nuestro país se ajustó, lisa y llanamente, a la destrucción masiva de cultivos ilícitos y a la persecución penal —a veces también eliminación— de los campesinos responsables de los mismos, quienes en no pocos casos optaron por abandonar sus terrenos de cultivo para buscar en las ciudades cercanas o en la periferia de ellas lugares para residir, con lo que se generaron importantes movimientos migratorios internos.

Tales excesos fueron posibles, en parte, gracias al desinterés del Estado en conocer a detalle lo que en dichos espacios alejados e incomunicados acontecía, más allá de los datos estadísticos de destrucción de narcóticos generados por la incursión de las fuerzas armadas, así como por la complicidad de la sierra sinaloense, que por la incomunicación que prevalece no facilita la supervisión de las tropas por parte de los órganos de inspección y control interno de la Secretaría de la Defensa Nacional.

A la Operación Cóndor se le suman, con la misma tónica y relevancia, operativos militares como los denominados Fuerza de Tarea Marte en sus múltiples ediciones y el Operativo Sierra Madre, diseñados y dirigidos a la zona de estudio —sierra sinaloense— con resultados similares a los que le antecedieron. Sin embargo, estos operativos no lograron el cometido original, cifrado en la erradicación de los cultivos ilícitos, por los que objetivamente el Estado podría al menos calificarlos de exitosos, ya que no han reducido siquiera las áreas sembradas con marihuana y amapola en dicha entidad federativa, ni han logrado inhibir al campesino en la búsqueda por medio de esta actividad del bienestar económico propio y de su familia.

Tampoco han sido eficientes las diversas formas de detección y destrucción de plantíos de marihuana y amapola, ya que se ha transitado de la destrucción manual, como un proceso originario y rústico que prevalece de manera socorrida, hacia la utilización de la tecnología traducida en la participación de diversas aeronaves especialmente equipadas y en el diseño de herbicidas para privilegiar la inhabilitación de grandes extensiones sembradas de dichas plantas —a lo que se le denominó en su momento la guerra química contra las drogas—, hasta llegar a la fotointerpretación satelital en la localización de los cultivos ilícitos a través del programa ahora denominado Sistema de Administración de Información Geoespacial de la sdn, como una de las formas más novedosas y desarrolladas de esta estrategia de control.

En el mismo sentido, ha resultado inútil el cambio de autoridades responsables en la destrucción aérea de narcóticos, ya que hasta hace poco esa tarea era encargo de las autoridades civiles y ahora se ha responsabilizado de ello a las fuerzas armadas.

Paralelamente, hoy prevalecen y se reproducen las condiciones extremas por las que transitan los campesinos de la sierra sinaloense, cultivadores de narcóticos o no, aunque paradójicamente existen gobiernos locales que irresponsablemente solicitan la reedición de dichas estrategias —hasta con la misma denominación incluso— no obstante el fracaso de estas, resulte obvio y no admita defensa seria a su favor.

²

Los beneficios económicos alcanzados por el campesino cultivador de drogas desde que dicha actividad empezó a ejercerse de manera intensiva, pero se diluyen cuando se observan los costos que los habitantes de la sierra sinaloense han tenido que pagar por mantener tal estado de comodidad. Si bien han logrado superar los niveles de pobreza extrema que padecían antes de la adopción de los cultivos ilícitos en la mayoría de las veces, hoy soportan las consecuencias indeseables de esa prosperidad, traducidas, no solo en la persecución legal, militar o policial, sino en rezagos educativos, acentuación importante de la violencia local, alto índice de consumo de narcóticos producidos regionalmente o introducidos a esos lugares por quienes controlan el mercado ilegal de drogas, así como la complacencia o comisión directa de otros delitos que antes les resultaban completamente ajenos.

Ello ha propiciado que en los últimos años algunos campesinos intenten regresar a los cultivos originarios —aun a sabiendas de la baja rentabilidad de estos—, a veces cansados de la persecución penal de que han sido objeto, situación que se ha incrementado considerablemente por la guerra del Estado contra las drogas, por ser el flanco más frágil de la pugna que los grupos organizados libran en las zonas de control desde que el gobierno federal decidió enfrentarlos. También, porque la despenalización de la marihuana y las modas en el consumo de ciertos narcóticos en Norteamérica están volviendo incosteable la producción local de los mismos.

Lo que indubitablemente descubre este proceso del devenir histórico es que México ha carecido de una visión propia del fenómeno que se corresponda con la manera en que los narcóticos y los problemas que traen aparejados, se manifiestan e impactan en el entorno local. El Estado se ha limitado a implementar las estrategias que responden a espacios ajenos o, en menor medida, las que dicta la comunidad internacional, privilegiando aquellas de corte represivo y que se basan en el uso de la fuerza para limitar o reducir la producción, el tránsito o el consumo de las drogas, y desdeñando, hasta ahora, las que defienden una concepción que pueda armonizar las aristas que obligan a producir, a transportar o a consumir los mismos desde un punto de vista victimológico o de justicia social.

Con ello, se ignoran los argumentos que se basan en el fracaso de los programas de control de drogas oficiales y se satanizan o descalifican sin argumentos a aquellas tendencias de política criminológica que ponen en el centro del problema al productor y no a la producción de narcóticos; también a las que pugnan por un viraje en la concepción del problema y, por ende, en las alternativas de solución que habrían de implementarse.

En razón de lo anterior, es posible argumentar —como en el presente trabajo se intenta— que México es de los pocos países productores de narcóticos en el mundo en donde a la fecha, no se ha implementado un solo programa de desarrollo alternativo, incluido aquí, cualquier esquema de sustitución de cultivos ilícitos o algo que se le parezca. No obstante, actualmente el Estado se esfuerza en presentarlo así, lo cual desalienta en gran medida a toda estrategia de abandono voluntario de estos cultivos que pretendiese realizarse.

Con esto no se intenta desconocer la existencia y operación, desde hace algunas décadas, de programas de incentivación al desarrollo productivo de naturaleza agropecuaria e industrial, de otros que intentan paliar los efectos que provoca la desigual distribución de la riqueza o de los que pretenden llevar un mínimo de bienestar social a las comunidades o de acceso al desarrollo de los pueblos. La aseveración redunda en términos de la ausencia de estrategias diseñadas específicamente para brindar al campesino que explota sus tierras de labranza, o al menos parte de ellas, en la producción de marihuana y amapola alternativas que oferten opciones de subsistencia y que suplan los beneficios económicos que les proveen los cultivos ilícitos.

Es cierto también que en ocasiones la inactividad en este sentido por parte del Estado mexicano se corresponde en su tradición a resistirse a innovar y en apartarse de las directrices que marca la comunidad mundial; sin embargo, algunos organismos internacionales reconocen e impulsan muchos y variados programas de esta naturaleza.

El complemento a cualquier esquema de erradicación forzosa, dice la onu

³

, debe ser el incentivo que el Estado, de manera obligada, tiene que ofrecer a los campesinos productores que siembran marihuana o amapola, e incluso ambas, solo para sobrevivir, a efecto de explorar y explotar los recursos lícitos que las áreas productoras de drogas ofrecen de manera natural o favorecidas por la acción de especialistas que catapulten dichas condiciones.

Es decir —en función de la denominación coloquial, como muchos especialistas han identificado a dicha política—, a la estrategia del garrote debe acompañar la de la zanahoria; sin embargo, en México, históricamente el Estado se ha resistido a transitar en este o cualquier otro sentido que se le parezca.

Es cierto también que los programas de desarrollo alternativo, específicamente los basados en la simple sustitución de un cultivo ilícito por otro que no lo es, en la gran mayoría de los países que los han implementado, no han logrado el efecto deseado, resumido en el abandono de las actividades de producción de plantas narcotizantes y en propiciar la subsistencia, al menos al nivel elemental, de los campesinos productores.

Sin embargo, dicha circunstancia no debe descalificarlos de manera automática y sin mayor análisis, no al menos sin discutir las causas que los llevaron al fracaso, pues no en pocas ocasiones tal circunstancia ha obedecido a una deficiente planeación, a la terquedad y a la estrechez de miras de forzar la explotación de la tierra siempre a través de la agricultura; no obstante esta puede ofrecer ventajas excepcionales cuando su usufructo se basa en el simple aprovechamiento de sus recursos y sus bondades de una manera distinta, tal y como en este espacio se concluye y propone.

Tampoco debe soslayarse en este fracaso la corrupción de autoridades en el manejo de los recursos públicos que son destinados para la operación de dichos programas.

Corresponsablemente a la aceptación anterior, es necesario reconocer la existencia de espacios en donde los esquemas del desarrollo alternativo han provocado, de manera tangible, el cambio en la condición de vida económica y legal de los cultivadores de plantas con efectos narcotizantes, lo que debe constituir un incentivo para su puesta en marcha.

Por ello, en el presente esfuerzo se pretende, entre otros objetivos, admitir que el buscar y operar esquemas productivos basados en el desarrollo alternativo de las comunidades enclavadas en las áreas serranas en donde se cultiva marihuana y amapola, de forma complementaria a la erradicación forzosa, es una obligación que incumple el Estado mexicano, aun cuando debieran intentarse sin mediar condicionamiento alguno y solo motivados por las circunstancias de abandono, aislamiento y pobreza que obligan a los campesinos a vivir al límite en todos los aspectos.

En el marco del discurso de la reducción de daño respecto al fenómeno complejo de las drogas que campea actualmente en la mayoría de los foros de discusión y ante la intransigencia de las agencias internacionales y de los países que han construido e impulsado la guerra contra las drogas también se debe aceptar que el campesino productor de narcóticos es una víctima más del problema y no un operador delincuencial dentro de este, lo que permitiría que, sin regateos, el Estado se obligue a implementar políticas criminológicas en este sentido.

1 Para muchos debe tomarse a partir de 1912, con la Convención del Opio de La Haya, que surge a instancia de la Conferencia de Shangai, documento suscrito por México en 1925.

2 El 2 de mayo de 2012, el gobernador constitucional del estado de Sinaloa propuso formalmente al responsable de la Novena Zona Militar, con residencia en la capital del estado, la implementación de una nueva Operación Cóndor en dicha entidad federativa a efecto de abatir a los grupos criminales que operan en la sierra sinaloense y evitar, como acontece, el desplazamiento a las ciudades del estado de los habitantes de comunidades enteras que han sido asoladas por los grupos en pugna. Según el mandatario estatal, … dichos acontecimientos han detonado el éxodo de cientos de familias al menos en cuatro municipios serranos como son Badiraguato, Choix, San Ignacio y Sinaloa, en donde se han escenificado disputas violentas entre bandas antagónicas y enfrentamientos con militares con saldo de 21 muertos […] responde también a los problemas de migración obligada de cientos de familias que se ven acosadas por los grupos delictivos que los roban, asaltan e intimidan.

3 La obligación de impulsar la sustitución de cultivos y promover los programas de desarrollo alternativo, como complemento a las estrategias de destrucción forzosa de cultivos ilícitos, es parte de los compromisos adquiridos por los países miembros en la Asamblea General de la

onu

de 1988, mismos que fueron ratificados por dicho organismo en marzo de 2009.

Generalidades sobre el cultivo de narcóticos en México

La historia reciente de nuestro país, en gran medida, está ligada a los problemas asociados o derivados de la producción, tránsito, tráfico y consumo de narcóticos.

La segunda mitad del siglo xx marcó sin duda la cimentación de estos problemas, pero indiscutiblemente no su inicio. Para analizar esto habría que considerar como antecedentes obligados eventos que marcaron el rumbo en este renglón, algunos aparentemente aislados, y otros, ciertamente, en el marco de las políticas, nacional e internacional, referentes a la forma de conceptualizar y enfrentar el fenómeno hasta entonces incipiente.

Con lo anterior no pretendo desdeñar los datos consensuados por los especialistas en el tema que reseñan puntualmente la aparición paulatina y sin mayores controles sanitarios y legales de determinados narcóticos en el contexto local, principalmente ofertados como medicamentos y comercializados en establecimientos farmacéuticos a partir de finales del siglo xix. Como marco de referencia, tales aportaciones resultan indudablemente valiosas, pero no constituyen aún, en función del fin y uso clínico dado a estos productos y por lo aislado de su consumo, un problema de las dimensiones y connotaciones con las que se le identifica a partir de la segunda mitad del siglo xx.

Son muchos los ejemplos en este sentido:

Los vinos cordiales con coca y los cigarrillos de marihuana para combatir el asma por ejemplo, formaban parte de los productos que se ofrecían normalmente en las farmacias. En periódicos y revistas de finales del siglo

xix

y todavía hasta los años treinta del siglo actual, se anunciaban estos fármacos y las propiedades curativas que se les atribuían. En las farmacopeas de la época se indicaba cómo preparar los compuestos con esas sustancias, y las diversas formas que deberían existir en toda farmacia digna de ese nombre; a saber: jarabes, extractos, tinturas, entre otros, así como las dosis máximas para adultos y niños.¹

Como dato curioso habría que agregar que:

A finales del siglo

xix

(1898), la empresa farmacéutica Bayer anunciaba la heroína como remedio para la tos. En México, como en otras partes del mundo, esta sustancia también fue empleada con ese fin durante un buen tiempo.²

De la misma manera, resulta interesante lo afirmado por Belén Boville Luca de Tena, cuando refiere que:

surgen desde mediados del siglo

xix

, nuevos medicamentos y nuevas formas de administración, algunas tan novedosas como la inyección muscular o intravenosa, que potencian el efecto de las sustancias administradas. Los fármacos de entonces y su control cultural y doméstico apenas producen problemas sanitarios, y, desde luego, ningún problema social al estar familiarizada la sociedad con el autocultivo de las distintas plantas y preparados naturales.³

Desde luego que para la época, aunque existe un incipiente consumo de sustancias que más tarde serían clasificadas como drogas y prohibida su producción y venta al público, no es posible hablar seriamente aún del cultivo y elaboración de las mismas en el país. Por lo general, estas eran productos extranjeros, importados al territorio nacional sin mayor trámite, aprovechando que el Estado apenas iniciaba con las legislaciones que intentaban regular de alguna manera las cuestiones relativas a la salubridad social.

Si bien han existido a lo largo de la historia controles culturales de las nuevas drogas, es a finales del siglo

xix

cuando la experimentación de nuevos fármacos coincide con una fase de aceleración industrial, de surgimiento de los primeros sistemas de ventas y marketing y de reglamentación de los sectores profesionales ligados a la sanidad […] En tiempos en los que el Estado no asumía ninguna de las competencias sanitarias de hoy día, los hospitales estaban en manos de la iglesia y asociaciones caritativas, y la medicina familiar, entre el médico profesional, el practicante ligado a las boticas y las mujeres, éstas como depositarias de una cultura oral y doméstica con numerosos conocimientos sobre el valor terapéutico de plantas y preparados medicinales para aliviar el dolor, la ansiedad y las enfermedades comunes.⁴

El especialista Luis Astorga, basándose en documentos de la época, describe de manera muy puntual lo relativo a las cantidades de importaciones de opio que llegaron a realizarse durante el periodo comprendido de 1888 a 1911, lo que también corrobora lo aseverado con anterioridad:

En el Porfiriato, las importaciones de opio alcanzaron cifras sólo comparables, parcialmente y con algunas reservas, con las presentadas como destrucción del opio y la heroína para el periodo 1983-1991 en el Programa Nacional para el Control de Drogas 1989-1994. Las cantidades de opio importado oscilaron entre casi ochocientos kilos y cerca de doce toneladas, en el periodo que va de 1888 a 1911. El número de habitantes de la época era poco más de 15 millones en 1910, y el consumo de opio, en forma de láudano y otros compuestos opiados, era legítimo y usual.⁵

Por las mismas razones, carece de importancia por ahora referirnos en este apartado a la utilización por motivaciones mágicas, religiosas, alimenticias, estimulantes, de resistencia a fenómenos naturales o de identidad cultural, entre otras, que pueblos enteros han hecho y siguen realizando sobre determinadas sustancias de origen natural en este y otros espacios geográficos.

De tal manera que, no obstante que los especialistas en la materia reconocen la existencia de la marihuana y la amapola en algunas áreas del territorio nacional desde finales del siglo xix, su cultivo estaba identificado para fines textiles, alimenticios, de ornato, etc., sin que exista registro de ser consideradas hasta entonces, como medicinales o tan siquiera tóxicas.⁶

En alguna ocasión, cuando ni remotamente pensaba en la posibilidad de adentrarme de alguna manera en los laberintos de este tema en lo particular, personas —cuyo recuerdo perdura en mi memoria— me aseguraban que la amapola a la que tanto se satanizaba en esa época, además de haber servido en su momento como planta infaltable para cualquier espacio de jardín de esas regiones —sierra de Sinaloa—, era un vegetal que durante sus primeras semanas de desarrollo podía servir de alimento humano, ya que se preparaba en guisos al estilo de las verdolagas o el quelite, y su sabor era riquísimo.⁷

Por ello, y a efectos de fijar una aproximación temporal que sirva como punto de partida al presente estudio, considero apropiado limitar este análisis retrospectivo a los primeros visos de prohibición internacional y nacional de determinadas sustancias y cultivos con efectos narcotizantes.

Así, es posible entonces partir de manera concreta de acontecimientos precisos con los que se inicia este amplio periodo de la prohibición mundial de los narcóticos, el cual se prolonga hasta nuestros días por espacio de más de cien años ya.

En esta aproximación, y como primer referente en el objetivo planteado, se encuentra la Primera Conferencia Internacional sobre Estupefacientes, celebrada en Shangai, China, del 1.º al 26 de febrero de 1909,⁸ que es conocida también como la Comisión Internacional del Opio.

Esta se realizó por iniciativa de los Estados Unidos de América9 y se considera como el evento pionero de carácter internacional que marcó el rumbo de las políticas mundiales en relación con los narcóticos en general, ya que, aunque tuvo el propósito de regular y controlar principalmente lo relacionado al opio y sus derivados, sentó las bases del actual sistema global de fiscalización de las drogas en general.

Ello es así, ya que como resultado directo de esta primera conferencia se elaboró y suscribió un documento de carácter internacional sobre la regulación de narcóticos bajo el nombre de Tratado Internacional del Opio. Firmado de inicio por 12 países¹⁰ en La Haya, en 1912, inició su vigencia tres años después, el 11 de febrero de 1915, y se constituyó en el primer instrumento obligatorio para los países miembros. Regula, entre otras actividades consideradas como lesivas para las sociedades en ella representadas, el envío y transporte de alguna sustancia con efectos narcotizantes considerada de uso médico.

La amplitud con que fue abordado el tema llevó a sus integrantes a extender los alcances del objetivo originalmente planteado respecto a la regulación solo de los opiáceos, al incluir en la agenda la discusión sobre estos y, adicionalmente, pronunciarse en torno a otras sustancias, como fue el caso de la cocaína.

Por ello, una primera aportación de esta convención se deriva de la redacción de su artículo 20, en la que hace hincapié en que los países miembros¹¹ debían dictar, como textualmente lo dice y finalmente acontece, leyes o reglamentos que castiguen la posesión ilegal de opio crudo, opio preparado, morfina, cocaína y sus sales respectivas, a menos que las leyes o regulaciones sobre el tema estén ya en vigor.

En el fortalecimiento a nivel internacional de esta preocupación y en los programas instrumentados para enfrentar el comercio ilegal de sustancias con efectos narcotizantes, fueron importantes algunos eventos mundiales que propiciaron el aumento del consumo de drogas. Cabe recordar que para estas fechas la Primera Guerra Mundial estaba en pleno desarrollo y, por ende, para algunos historiadores fue un factor primordial para disparar desde entonces la demanda de narcóticos.

Como parte de este movimiento mundial para limitar el comercio de dichas sustancias, México suscribió el Tratado de La Haya de 1912, el 8 de marzo de 1925, con lo que se obliga a implementar las medidas adoptadas por los países participantes en el mismo; además, firmó con posterioridad la convención celebrada en Ginebra del 13 de julio de 1931, que limitó la elaboración y reglamentó la distribución de enervantes.

Sin embargo, aun cuando México se obligó en el ámbito mundial a regular el comercio de narcóticos hasta 1925, de manera anticipada y en su espacio interno, había iniciado desde 1920 con procedimientos de regulación de carácter prohibicionista para inhibir la producción local y el comercio de marihuana.¹²

De hecho, las acciones legales contra la marihuana en México fueron anteriores a la aprobación en 1925 de una Convención Internacional del Opio mejorada, por la cual precisamente se amplía el ámbito de aplicación de la suscrita originalmente en 1912 en torno a los opiáceos, al cannabis.

En 1926, seis años después de la prohibición de la marihuana, esta medida legal se hace extensiva a la amapola, con lo que se criminalizan conductas hasta entonces permitidas y se convierte en delincuentes a los que controlaban el mercado sobre dichas sustancias.

La prohibición creó el crimen y a los criminales. El negocio se convirtió en ilícito. Nació el tráfico de substancias psicoactivas ilícitas. Surgieron los traficantes. Empezó a formarse el campo del tráfico de drogas ilícitas.¹³

Cabe aclarar que, en estricto sentido, las medidas prohibicionistas sobre la marihuana (cannabis sativa), en 1920, y sobre la amapola o adormidera (papaver somniferum), a partir de 1926, si bien marcaron el inicio de las medidas de corte persecutorias, con anterioridad y también en tiempo intermedio entre ambas determinaciones, habían aparecido reglas de carácter administrativo que reglamentaban y controlaban la elaboración y comercio de sustancias derivadas tanto de la marihuana como de la amapola.

Lo anteriormente reseñado resulta importante toda vez que fue a partir de la declaración estatal sobre la ilicitud de la marihuana y amapola cuando curiosamente, surtiendo los efectos contrarios a los que con la prohibición se buscaba, aumentaron sobre todo los cultivos y, por ende, la producción de tales narcóticos. Los registros en ese sentido así lo demuestran.

La producción de amapola

Sobre ella existen dos explicaciones: una, que es originaria de Asia; la otra, que es de Europa. Con independencia de ello, encontró en gran parte del norte, noroeste y sur de México las condiciones ideales de desarrollo, lo que ha sido históricamente aprovechado por los habitantes de esas amplias regiones del país.¹⁴

No obstante que en México la marihuana fue prohibida con anterioridad a la amapola, la presión internacional sobre los derivados del opio propició que el cultivo ilícito de esta y la producción, también ilegal, de heroína se constituyeran demasiado pronto en un verdadero problema para el Estado, en tanto que la marihuana no generó, de entrada, las complicaciones que la segunda propiciaba.

Por ello y aun cuando en ese momento sería impreciso hablar de una cultura del consumo, al menos de forma generalizada, la atención oficial se centró, de inicio, en la ingesta o comercialización de los derivados de la amapola o adormidera y, por ende, en los espacios de producción de los mismos.

Por la misma razón, las primeras y más importantes incursiones oficiales se concentraron en la erróneamente denominada erradicación de la amapola como parte de los cultivos ilícitos que más preocupaban al Estado; la Operación Cóndor del Ejército fue, sin duda alguna, la más trascendente de ellas.

Tampoco fue fortuito para algunos historiadores que se han ocupado en alguna medida de este proceso de cimentación, la participación preponderante de personas de origen asiático, específicamente chinos, a quienes incluso, en no pocos trabajos de investigación, se les atribuye ser los que trajeron a México la semilla de la amapola o adormidera y haber capacitado en plena época de la prohibición a los campesinos, al menos de ciertas áreas específicamente delimitadas de Sinaloa y Sonora, a sembrar, cultivar y explotar dicha planta. Esto, fue así, al menos durante un poco más de la primera mitad del siglo xx. ¹⁵

No es casual tampoco que esté documentada la existencia de extensiones importantes dedicadas al cultivo de la amapola en Sonora, incluso antes de que Sinaloa concentrara en ese rubro la atención nacional.

En Pitiquito, Oquitoa y Caborca fueron reportados (1923) por James B. Daly, de Phoenix, a Harry D. Smith, agente de narcóticos, varios terrenos de dos a cinco acres cada uno en donde gente de origen chino cultivaba adormidera. El de Oquitoa, de aproximadamente dos acres, estaba a cargo de un cocinero, en la plantación de algodón de L. S. Cutting. El de Pitiquito era propiedad de un cultivador de hortalizas y traficante, casado con una mexicana. Otro más en el mismo lugar pertenecía al dueño de una tienda de abarrotes. En uno de los viajes de Daly por esa región (1924), el Chino Jim (sic) le dijo que esperaba obtener seis mil dólares por la cosecha, que ya se había arreglado con el Presidente Municipal a cambio de 35 dólares. Por cada lata de opio, cuya mayor parte era transportada a Mexicali, el Chino recibía entre 45 y 55 dólares. Le aseguró que había un buen número de otros lugares donde se cultivaba la misma planta.¹⁶

Desde los años veinte también se detectaron plantaciones de amapola o adormidera de extensiones significativas en el sur de Sonora. Luis Astorga documenta exhaustivamente de manera hemerográfica cómo en 1925 se descubren cultivos de dicha planta en las inmediaciones de Navojoa, de aproximadamente diez hectáreas, cuya gestión se atribuyó también a personas de origen chino. Se decía también que a lo largo de la ribera del río Mayo, uno de los afluentes más importantes del Estado, se reproducía la misma situación.¹⁷

Se asegura que del sur de Sonora la amapola pasó a ser cultivada en forma exitosa en grandes extensiones al norte de dicha entidad federativa y a Sinaloa. Desde luego que tal situación era del conocimiento de las autoridades mexicanas y norteamericanas.¹⁸

Por ello, tampoco resultó casual que se tengan acreditadas documentalmente en el municipio de Culiacán y sus alrededores extensas áreas sembradas de amapola, de donde se amplió su cultivo hacia el norte y el sur del estado.

Para finales de la década de los años treinta, el cultivo de amapola no había sido reducido. Por el contrario, se expandió no solo a otra área de los estados señalados, también se ampliaban hacia otras entidades federativas como Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Asimismo, zonas que hoy constituyen diversas alcaldías de la Ciudad de México las cuales fueron utilizadas en tal actividad clandestina.¹⁹

Esa década marcó también el inicio de los cultivos de adormidera en entidades federativas que hoy son ejes torales en la producción nacional de narcóticos, como lo son Chihuahua y Durango.

Paralelamente al incremento de los cultivos de amapola en México, Estados Unidos presentaba una disminución importante en el consumo de opio preparado para fumar, pero sufría un incremento en el abuso de la heroína, sustancia que, según estudios médicos, produce consecuencias aún más desastrosas que las provocadas por el narcótico al que reemplazaba. Ello pese a la promulgación de la Harrison Narcotic Act desde 1914 que, aunque para algunos prohibió específicamente la producción y comercio de opio, tipificó como delito el uso no médico de cualquier droga.

A pesar de que durante la década de los años treinta, México no se constituía todavía como un proveedor importante de opiáceos para los consumidores norteamericanos, ya que la heroína que se distribuía en los Estados Unidos provenía principalmente de Europa (Italia y Francia), Asia y Medio Oriente, y el comercio interno de drogas era controlado por diversas organizaciones criminales de origen italiano que operaban desde Nueva York, primordialmente, sin que para entonces existieran tan siquiera signos de intentos de control del mercado por grupos delincuenciales mexicanos —explicado quizá por su insipiencia de entonces—. Algunos análisis realizados por la Universidad de California ubican a nuestro país como el que aportaba entre 10 y 15% del total de la heroína que en esa época se consumía en el vecino país del norte, lo que sin duda era ya una señal de alerta.

Para muchos estudiosos del tema, la Segunda Guerra Mundial, acontecida de 1939 a 1945 e identificada como el suceso más violento de la historia moderna de la humanidad, es un evento que no puede ignorarse en la explicación de la proliferación de cultivos ilícitos en México, principalmente el de adormidera o amapola.

Las explicaciones para llegar a esta conclusión son sencillas. Una de ellas es el discurso basado en el uso médico de la heroína, ya que –al ser un analgésico muy potente– sirve como un auxiliar indiscutiblemente valioso para controlar el dolor; de ahí que se incrementara la demanda de esta a efecto de ser suministrada a los heridos durante la guerra. Paralelamente, especialistas comprometidos con el tema, recogen y aceptan sin mayor reserva la versión de que Estados Unidos requirió de México heroína para ser proporcionada, para el libre consumo y sin restricción alguna, a los soldados que participaban en los frentes de batalla. Esta última explicación no ha sido corroborada históricamente, aunque sea un discurso bastante socorrido.

Con independencia de lo anterior, lo que resulta indiscutible es que el conflicto de mérito propició que nuestro país se convirtiera en protagonista como proveedor de heroína de los Estados Unidos durante el referido periodo por una razón diferente, no menos importante que las apuntadas, pero que ha sido referenciada con amplitud: la Segunda Guerra Mundial obstaculizó el arribo normal de la heroína asiática y europea que era enviada por organizaciones criminales a Norteamérica, por lo que la demanda de la misma fue satisfecha a través de la producción mexicana.²⁰

Como en los periodos actuales, la escasez de narcóticos durante la Segunda Guerra Mundial trajo aparejado el aumento del precio de la droga en el mercado ilegal en todos los espacios geográficos, en donde el consumo era importante.

Luis Astorga lo reseña puntualmente al afirmar que Antes de la guerra, una libra de heroína costaba trescientos francos en París. Durante la guerra, la misma cantidad con mucho menor grado de pureza, subió diez veces más.²¹

Aunque la influencia de la Segunda Guerra Mundial será, como se anunciaba, abordada con amplitud en el capítulo correspondiente al cultivo de narcóticos en el estado de Sinaloa como espacio territorial específico del presente trabajo de investigación, baste por ahora señalar que coincidió también con la proliferación de cultivos de amapola de grandes dimensiones en áreas geográficas que hasta entonces parecían ajenas a dicha problemática: la bonanza había iniciado y no sería fácil contenerla. Para ello, no fue impedimento el que, desde 1947, la entonces Procuraduría General de la República (pgr) ejerciera facultades específicas para la destrucción de cultivos ilícitos.

Ello fue así aunque se reconozca que, pasada la conflagración mundial, las organizaciones criminales italianas que operaban en los Estados Unidos retomaron el control sobre el tráfico de opio proveniente de Europa; incluso, cuando en 1952 el gobierno italiano prohibió la producción de heroína. Fue Turquía y no México, quien suplió la demanda norteamericana de dicho narcótico.

Para los años posteriores, el mapa sobre la producción nacional de goma de opio se actualiza con la inclusión paulatina de otras entidades federativas cuyos habitantes empezaron a incursionar en la siembra de la amapola. Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas fueron parte importante de esta consolidación y mantienen, sobre todo Guerrero, su hegemonía sobre los cultivos ilícitos de la adormidera, ya que las autoridades mexicanas le reconocen a dicho estado, desde algunas décadas a la fecha, el poco honroso primer lugar en la producción de goma de opio por encima de Sinaloa, Chihuahua y Durango.²²

Con lo anterior, se consolida desde entonces, el corredor del Pacífico mexicano como el área productora de amapola en el país, circunstancia que prevalece en la actualidad. Dicho desarrollo histórico bien puede mostrarse en la Figura 1.

Para dicha consolidación tampoco fue impedimento que, en 1961, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (onu), en donde participaba nuestro país, aprobara la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que fue posteriormente enmendada mediante el Protocolo de 1972.

Sin embargo, Sinaloa y las