La experiencia italiana en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción
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La experiencia italiana en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción - Francesco Forgione
La mafia ha sido siempre reacción, conservación, defensa y entonces acumulación de la riqueza.
Antes era el feudo, ahora son las grandes licitaciones públicas, los mercados opulentos, el contrabando que recorren el mundo y
administran miles y miles de millones.
La mafia es, entonces, una vocación
trágica, loca y cruel para la riqueza.
(Rocco Chinnici,
magistrado, víctima de la mafia)
Premisa. Un monumento jurídico: el primer maxi-proceso contra la mafia
La mañana del 10 de febrero de 1986, temprano, Palermo empieza a vivir una jornada que marcará para siempre su propia historia y la de toda Italia.
El área alrededor del puerto se convierte en una suerte de zona roja
, off limits, para proteger la nueva aula búnker construida a un lado del viejo fuerte borbónico del Ucciardone que, desde hace más de 150 años, es la cárcel más famosa de la península itálica.
La gente llega de todos lados, se forma frente a cada una de las puertas de entrada; es una verdadera multitud: más de 200 abogados, alrededor de 600 periodistas y camarógrafos acreditados procedentes de todos los países del mundo, esposas, hijos y parientes de las víctimas, representantes del Estado y la sociedad civil. En el aire, el sonido de las sirenas de la policía y los carabineros, y el ruido de los helicópteros que surcan el cielo.
Los imputados, en cambio, los han transferido a todos en la madrugada, con un sistema de protección que ha visto la intervención de unos 3,000 agentes: se trata de 207 presos, 102 indagados y 121 buscados por la justicia.
Sus historias y sus delitos están registrados en 40 tomos y reconstruidos en 8,608 páginas que conforman la base del maxi-proceso contra la Cosa Nostra, la Mafia siciliana que hasta a este momento, ha vivido sin que la justicia del Estado la molestara.
En los años anteriores, había habido dos grandes procesos: uno, que tuvo lugar en Catanzaro, en 1968, con 114 imputados y, entre ellos, casi todos los grandes jefes de la Mafia; y el otro, en Bari, en 1969, con 64 imputados del clan de los corleonesi: estaban también Salvatore Riina y Bernardo Provenzano, quienes, de los años 80 en adelante, serían los líderes de la organización mafiosa siciliana.¹ El resultado de los dos procesos, sin embargo, había sido coherente con la actitud del Estado y la política que, en ese tiempo, seguía afirmando que la mafia no existía: todos los imputados, absueltos.
Muchos de esos jefes o gregarios, ahora, en este 10 de febrero de 1986, están encerrados en las veinte jaulas del nuevo búnker. Pero, esta vez, después de 21 meses de proceso y 35 días de cámara de consejo, serán casi todos condenados.
Es la primera vez que un tribunal italiano reconoce la existencia de una organización criminal unitaria denominada Cosa Nostra, e impone a sus jefes 19 penas de cadena perpetua y 2,665 años de cárcel a 246 imputados. Para llegar a la sentencia habían sido necesarios 1,314 interrogatorios, 12 días de intervenciones de los Ministerios Públicos, 634 arengas de los abogados de la defensa 32 de las partes civiles.
Es el 16 de diciembre de 1987: el presidente de la Corte, Alfonso Giordano, junto con el juez Pietro Grasso y seis jurados civiles, necesita una hora y media para dar lectura de la sentencia. Se trata del inicio de una nueva historia, no sólo judicial, que incidirá en el futuro de Sicilia y la lucha contra la criminalidad organizada en todo el país.²
¿Por qué empezar por ese día en este informe sobre la legislación italiana antimafia?
Porque el maxi-proceso de Palermo marca un hito histórico en el inconstante y difícil recorrido de contrastes y lucha contra la criminalidad organizada en Italia. Después de aquel proceso, llamado monumento jurídico
, ya nada sería igual a antes; sea por los éxitos que el Estado lograría contra las organizaciones criminales, sea por la reacción violenta y la venganza que Cosa Nostra realizará a través de la matanza de los principales magistrados que fueron protagonistas de esa estación.
Para comprender las razones de todo esto, es útil recordar cómo se llegó a aquel resultado y cuáles fueron los instrumentos necesarios para lograrlo.
1. El Estado, aliado y enemigo
Después de la Segunda Guerra Mundial, la Mafia siciliana había vivido un periodo de cambio profundo: de criminalidad arcaica, ligada a los viejos equilibrios agrarios de la propiedad, en los años 60 y 70; se había transformado en mafia urbana, empeñada en las actividades de contrabando de cigarros y proyectada en el gran tráfico internacional de la droga, la heroína; de la cual, la Cosa Nostra siciliana —con sus laboratorios químicos— representaba el puente entre Europa y Estados Unidos. Al mismo tiempo, con la explosión del desarrollo urbano de Palermo y los municipios costeros, la organización se iba convirtiendo en una empresa; y, con ese objetivo, se empeñaba en hilar relaciones con la política y el poder en Sicilia y Roma.³
Ríos de dinero, fruto de la droga, habían inundado los cimientos de barrios enteros en la capital siciliana: puentes, calles y obras públicas —financiados por la Región de Sicilia— habían sido realizados por empresas coludidas con la Mafia; creando, así, mecanismos de corrupción de la política y los aparatos del Estado que, por décadas, representaron el salvoconducto judicial para los jefes más importantes de la Cosa Nostra.
Paralelamente a este cambio —que definiríamos como social
— una guerra de la Mafia, con cientos de muertos, era destinada a cambiar también los equilibrios internos de la organización, a través de la toma de poder por parte del clan de los corleonesi
: encabezados, primero, por Luciano Leggio, luego, por Salvatore Riina y Bernardo Provenzano. Serán ellos los protagonistas de las matanzas de 1992, en las cuales encontraron la muerte los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino,⁴ y de los atentados de 1993, en Roma, Florencia y Milán; a través de los cuales, la Cosa Nostra activó su estrategia terrorista para chantajear al Estado, condicionar las elecciones políticas del gobierno y ponerle un alto a la acción represora de las instituciones.⁵
En la reconstrucción de este contexto no debe olvidarse que, hasta el principio del maxi-proceso de 1986, la Cosa Nostra ya había llevado su propio ataque contra la magistratura todas las veces que había un intento de romper la práctica tradicional de la convivencia y el silencio: a partir de 1970, habían sido asesinados dos procuradores de la República, en Palermo (Pietro Scaglione y Gaetano Costa), el jefe de la Procuraduría de Trapani (Giangiacomo Ciaccio Montalto), el procurador adjunto y el jefe de la Oficina de Instrucción de Palermo (Cesare Terranova y Rocco Chinnici).⁶
Lo mismo había pasado en la política, que no entendía doblegarse frente a la voluntad de las coscas, con el asesinato del presidente de la Región siciliana, Piersanti Mattarella (hermano del actual presidente de la República, Sergio), del diputado y líder del Partido Comunista en Sicilia, Pio La Torre; y, sólo tres meses después, del general de loscarabineros, Carlo Alberto Dalla Chiesa, recién nombrado prefecto de Palermo, en respuesta a la muerte de La Torre.⁷ Junto con ellos, habían caído los que, en ese entonces, eran los mejores investigadores y policías. Entre muchos: el jefe de policía en Palermo, Boris Giuliano, el capitán de los carabineros, Emanuele Basile, el comisario de policía, Ninni Cassarà, y otro gran policía, Giuseppe
