20 preguntas difíciles sobre política criminal en México

Por Gerardo Laveaga y Pablo Berthely

Abogados postulantes, jueces, académicos y servidores públicos responden 20 preguntas sobre los temas más controvertidos de la política criminal en México: legalización de la marihuana; muerte asistida; comercio sexual; gestación subrogada, y la necesidad de un código penal único, entre otros.

Participantes:
Agustín Acosta Ascón • Miguel Aguilar

• Idioma: Español
• Editorial: INACIPE
• Fecha de lanzamiento: 1 sept 2021
• ISBN: 9786078551897

Gerardo Laveaga

Nació en la Ciudad de México. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y obtuvo un doctorado en la UNAM. Es profesor de Derecho Constitucional en el ITAM y, entre sus libros, destacan La cultura de la legalidad (1998) y Hombres de Gobierno (2008). Ha sido acreedor a algunas distinciones, como el Premio Nacional de Periodismo “José Pagés Llergo“ (2006) y la Orden del Mérito, otorgada por el Gobierno de Francia (2012). Ha ocupado diversos cargos públicos. Entre ellos, la presidencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Actualmente, es Director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Vista previa del libro

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DIRECTORIO

Alejandro Gertz Manero

Fiscal General de la República

y Presidente de la H. Junta de Gobierno del INACIPE

Gerardo Laveaga

Director General del

Instituto Nacional de Ciencias Penales

Rafael Ruiz Mena

Secretario General Académico

Iván Colmenares Álvarez

Secretario General de Extensión

Julio Téllez del Río

Director de Publicaciones y Biblioteca

Legal

Agustín Acosta Ascón

Miguel Aguilar López

Gonzalo Alanis Figueroa

Juan Antonio Araujo Riva Palacio

Daniel Carrancá de la Mora

Moisés Alejandro Castro Pizaña

Luis Martín Contreras Gama

Luis de la Barreda Solórzano

Rodolfo de la Guardia García

Alfredo Delgadillo Aguirre

Josué Flores Huerta

María de los Ángeles Fromow Rangel

Sergio García Ramírez

Francisco Javier Gaytán Cruz

Olga Islas Magallanes

Rodolfo Islas Valdés

Víctor Antonio Jiménez López

Ilan Katz Mayo

Miguel Ángel Mancera Espinosa

Carlos Mora Villalpando

Emilio Muñoz Ramírez

Jorge Nader Kuri

José Luis Nassar Daw

Ricardo Ojeda Bohórquez

Víctor Oléa Peláez

Blanca Ivonne Olvera Lezama

Rafael Pinillos Suástegui

Carlos Requena

Enrique Eugenio Riquelme Torres

Emiliano Robles Gómez Mont

Antonio Sánchez Galindo

Fernando Agraz Sánchez Vázquez

Juan Velásquez

Jesús Zamora Pierce

INVITACIÓN A LA LECTURA

Abogados postulantes, jueces y académicos se han dado cita en este libro para abordar algunos de los temas que más dudas, frustraciones y esperanzas suscitan en torno a la política criminal de México.

Para algunos de ellos, esta política es inexistente: hemos ido de bandazo en bandazo, dando palos de ciego, preocupados por reaccionar y no por determinar prioridades a la hora de ejercer el ius puniendi.

Esto se refleja en las deficiencias de nuestro sistema penal pero, también, en el inadecuado funcionamiento del sistema acusatorio, que entró en vigor en 2016, como lo sostienen algunos de los 34 autores de este libro.

Las diferentes formas de entender el federalismo y la posibilidad de contar con un Código Penal Nacional, las visiones encontradas sobre lo que se espera de policías y fiscales, las expectativas de una Fiscalía General Autónoma y el papel del poder judicial en el combate al delito quedan de manifiesto en las respuestas que se dan a estas 20 preguntas.

Si pensamos que los abogados constituimos uno de los gremios más conservadores de México, estas preguntas son francamente difíciles: ¿Cuál es el fin de la pena? ¿Es una retribución o un medio para rehabilitar al delincuente? ¿Cuáles son las causas de la corrupción?

Se discute, asimismo, sobre la conveniencia de regular el consumo de la marihuana o las contradicciones que, al respecto, implica la permisión de consumo de alcohol: ¿Por qué se ha prohibido una con tanta vehemencia, mientras el otro se produce, consume y distribuye con laxitud?

Las voces se escuchan desde la izquierda y la derecha. Pertenecen a penalistas de distintas generaciones. Esta pluralidad nos permite constatar la diversidad de enfoques sobre temas como la penalización del aborto, la subrogación maternal, el comercio sexual y hasta el derecho de que el Estado garantice una muerte digna.

Algunas preguntas se formularon antes de que la Corte se hubiera pronunciado o antes de que el Congreso de la Unión reabriera las puertas a nuevas figuras como la Guardia Nacional. Los argumentos que se esgrimen sobre estos temas, no obstante, tienen una vigencia apabullante.

El libro no fue concebido para que se leyera de un tirón. El más atento de los lectores podrá diseñar un plan de lectura, de acuerdo con sus intereses. Todos los lectores, sin embargo, deberían hacerse preguntas similares: ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos?

En un Estado de derecho, disentir es la norma. A partir de este disenso, hay que buscar consensos que nos permitan construir una sociedad mejor informada y con una política criminal que —siempre atenta a la preservación de los derechos humanos— contribuya a la seguridad nacional, a la seguridad pública, a la procuración de justicia y a la posibilidad de alcanzar mayores grados de dignidad y libertad para todos los mexicanos.

Gerardo Laveaga

Pablo Berthely

Coordinadores

1 ¿EN QUÉ ESTADO SE HALLA NUESTRO SISTEMA PENAL?

Agustín Acosta Ascón: Nuestro sistema penal está al borde del colapso. Emblemáticos resultan el estado de un edificio de la PGR evacuado y la imposibilidad de procesar el nombramiento de un Fiscal General. Esta crisis se produce frente a un auge sin precedentes de violencia y una percepción de impunidad generalizada. La zozobra se agudiza cuando se busca cimentar en este pantano institucional un complejo sistema adversarial que pocos aceptan o quieren comprender. La realidad no puede ser otra cuando las instituciones son rebasadas por el crimen. Vivimos por obra de nuestra indolencia y nuestros errores, la tormenta perfecta. Una tormenta de sangre y violencia que desgarra el tejido social.

Miguel Aguilar López: Se podría decir que se encuentra en una etapa de transición y consolidación; sin embargo, lo más importante es su legitimación, esto es, que sus operadores logren la confianza y credibilidad de la sociedad.

Gonzalo Alanis Figueroa: Nuestro sistema penal se encuentra en un estado de profunda consolidación, a partir de la fecha que dio inicio su operación a nivel nacional, gobierno y sociedad civil, así como los diversos operadores, han realizado esfuerzos sin precedentes en el orden institucional y personal que no deben ni pueden escatimarse. Ante un reto de esta magnitud, como lo fue la transformación integral del sistema de justicia penal y de seguridad pública, debemos asumir la responsabilidad histórica de mantener nuestro mayor empeño y entusiasmo para que el sistema funcione cada vez mejor.

Juan Antonio Araujo Riva Palacio: La mejor descripción del sistema penal la extraigo de Daniele Giglioli.

El Derecho penal en México refuerza a los poderosos y perpetúa el dolor de quienes viven en la miseria extrema. Cultiva el resentimiento. Corona lo imaginario. Alimenta identidades rígidas y a menudo ficticias. Hinca el pasado e hipoteca el futuro. Desalienta la transformación. Privatiza la historia. Confunde la libertad con la irresponsabilidad. Enorgullece la impotencia o la encubre con una potencia usurpada.¹

Desde Calderón hasta la fecha, se las entiende con la muerte mientras finge compadecerse de la vida.

Daniel Carrancá de la Mora: Sin duda, en una grave y profunda crisis multifactorial. México vive uno de los momentos más violentos de su historia y nuestro sistema de justicia penal ha sido incapaz de contener su aumento; la delincuencia se ha desbordado. Por su parte, la implementación del sistema acusatorio adversarial ha mostrado ser un reto mucho mayor del que imaginábamos y la corrupción ha alcanzado niveles alarmantes, y la ciudadanía, impotente, presencia su impunidad.

Moisés Alejandro Castro Pizaña: Si bien ha quedado formalmente implementado, aún se siguen delimitando los lineamientos técnicos para su debida operación. En realidad, se encuentra en un estado crítico de ajuste y adaptación. No se ha explicado a la población cuál es la lógica del sistema de justicia penal, lo que lo ha vuelto más complicado.

Luis Martín Contreras Gama: El sistema procesal acusatorio de corte oral se encuentra en una etapa de advenimiento-comienzo, pues fue a partir de junio de 2016 que el Código Nacional de Procedimientos Penales entró en vigor en todo el territorio nacional y, por tanto, en una etapa de adaptación-implementación por parte de los sujetos procesales que en él intervienen, tales como los órganos jurisdiccionales, ministerios públicos, defensores de oficio y particulares; incluso la propia sociedad, como sujetos principales, ya sea imputados o víctimas-ofendidos del delito.

Luis de la Barreda Solórzano: Nuestro sistema penal debe evaluarse, como todo, por sus resultados y estos son lamentables. El nivel de impunidad de los delitos más graves, por ejemplo, el homicidio doloso, es escandaloso. De los homicidios dolosos de que toma conocimiento el Ministerio Público, ocho de cada diez no son objeto de un proceso judicial.

Rodolfo de la Guardia García: La reforma constitucional y el sistema adversarial nos actualizan en el concierto internacional. Los operadores no tuvimos conciencia de la necesidad de prepararnos y vincularnos al sistema. Pluralidad de capacitadores, nacionales y extranjeros, nunca supo implementar la práctica del sistema. El sistema penal adversarial se encuentra en una fase muy básica y elemental. Se apuesta a las formas alternativas de solución de controversias.

Alfredo Delgadillo Aguirre: En fase de aprendizaje significativo, evolucionando lentamente.

Josué Flores Huerta: Aunque el sistema penal sufrió un cambio importante con ánimo de ofrecer una mayor tutela de los derechos humanos, este se encuentra en estado de descrédito; ni la sociedad, ni los gobernantes creen en él. Los litigantes hemos pugnado porque el sistema cambie a uno donde los derechos de todas las partes se respeten, sea transparente y esté bajo el escrutinio público; actualmente tenemos este tipo de sistema penal; sin embargo, hoy lo critican y crucifican porque, dicen, abona al problema de la inseguridad.

María de los Ángeles Fromow Rangel: A ocho años de haber culminado el proceso de implementación, resulta evidente que aún existe camino por recorrer en la procuración e impartición de justicia.

Al menos esa es la percepción del ciudadano, así lo reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, la cual señala que a nivel nacional 61.1% de la población de 18 años y más considera la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy su entidad federativa.

Por ello estoy convencida, como muchos expertos en el tema,² que solo a través de una instancia de coordinación —integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las conferencias nacionales de procuración de justicia, de secretarios de seguridad pública federal, estatal y municipal; del sistema penitenciario, de autoridades administrativas especializadas en la ejecución de medidas para adolescentes y de presidentes de tribunales— es posible consolidar el sistema de justicia penal acusatorio, debido a que aun cuando los jueces fueron capacitados, ha faltado trabajo de seguimiento para la instrucción de los demás actores que intervienen en los juicios orales, como son los fiscales de las procuradurías de justicia, las policías uniformadas, ministeriales o de investigación, así como los peritos y asesores victimales, entre otros. También para establecer un sistema de indicadores de evaluación y seguimiento que permita detectar a tiempo las debilidades del sistema.

Esta instancia de coordinación deberá mantener, desde luego, el apoyo de recursos a las entidades federativas para consolidar dicho sistema, hasta que haya concluido la plena capacitación de todos los actores involucrados en los llamados juicios orales.

Sergio García Ramírez: Me refiero conjuntamente a la seguridad y a la justicia penal, sin confundirlas. Se hallan en estado crítico, que se ha vuelto crónico. Existe una generalizada opinión en este sentido, que suscribo. Dejo a salvo, por supuesto, lo que se hace bien y a quienes lo hacen.

Francisco Javier Gaytán Cruz: Se encuentra en una etapa de adaptación y conocimiento; la sociedad, la autoridad y las partes que operan el sistema día a día se van adaptando a la realidad de nuestro país y van conociendo sus alcances y efectos.

La reforma penal es una oportunidad histórica para que abogados, jueces, ministerios públicos, sociedad civil organizada y en general todos los ciudadanos nos acerquemos al Derecho penal con una nueva mentalidad de respeto a los derechos humanos. El sistema penal es nuevo, no malo.

Olga Islas Magallanes: Nuestro sistema de justicia penal atraviesa por una grave crisis que empezó a manifestarse desde hacía varias décadas. Su deterioro se ha ido agudizando, por falta de atención de las autoridades responsables y por las erróneas decisiones político-criminales. La crisis abarca la procuración y la administración de justicia y culmina con el caótico sistema penitenciario. El manejo de las prisiones es pésimo.

Rodolfo Islas Valdés: En estado de aprendizaje, pero no es el sistema el que tiene que aprender, sino que los propios operadores somos los que lo debemos aprender y conocer. Al decir operadores, desde luego nos referimos a ministerios públicos, juzgadores, defensores tanto públicos como privados y asesores jurídicos, también públicos y privados; es decir, todos los involucrados en la vida del derecho debemos conocer y manejar el sistema. No podemos pasar por alto que la sociedad debe también conocer de este nuevo sistema y de su aplicación. Desde mi punto de vista, esta información ha sido deprimente, ya que no se dio difusión del mismo desde el principio. Desde 2008, se debió haber dado a conocer a la ciudadanía, cosa que no sucedió. En resumen, la aplicación del nuevo sistema de justicia penal está en proceso de aprendizaje, debemos entender que nada nace perfecto, todo es perfectible.

Víctor Antonio Jiménez López: Nuestro sistema es un espejo de la realidad económica, política y social del país. En una sociedad donde históricamente el poder político se ha beneficiado y favorecido a minorías, al grado que los niveles de pobreza y marginación social resultan alarmantes, no es casualidad que las instituciones de procuración y administración de justicia prediquen una crisis profunda. El sistema penal mexicano reproduce los mismos patrones de selectividad que exacerban aquellos problemas: justicia selectiva para ricos y prisión para excluidos que el propio sistema reconoce como destinatarios de un derecho a ser reinsertos en una sociedad que los rechazó.

Ilan Katz Mayo: Es un sistema en transición con buenos cambios en lo específico, pero malos operadores en lo general.

Miguel Ángel Mancera Espinosa: Desde mi punto de vista, el sistema penal mexicano está en una etapa de transición, en la cual muchas de sus nuevas figuras procedimentales se encuentran a prueba, así sucede por ejemplo con las cargas probatorias para acusación y defensa, las formas de terminación anticipada, la participación de la víctima, la discrecionalidad para otorgar las medidas cautelares y, por supuesto, las reglas aplicables a la etapa de ejecución de sentencia. Estas y otras figuras jurídico-procesales deben ser analizadas y en todo caso precisar cuáles son los resultados, cuál es el efecto fáctico de su implementación y cuál su efectividad como medio de control social formal. Sin duda, estamos a tiempo de revisar y corregir lo que sea necesario para que el sistema cumpla con su función preventiva, resarcitoria y de legitimación para la aplicación del ius puniendi. Hasta ahora, me parece que aún muestra muchos temas que pueden ser ajustados y mejorados.

Carlos Mora Villalpando: La condición del sistema penal en México es joven y padece de un mal principio institucional. En todo país donde se implementa un nuevo sistema existen ejemplos de deficiencias de conocimientos, interpretación, administración e infraestructura. México tiene que reconocer sus carencias en estos temas y trabajar para corregirlos, además de capacitar a los operadores del sistema.

Emilio Muñoz Ramírez: Considero que nos encontramos en los inicios de este nuevo sistema, no obstante de que en algunos países ya tiene mucho tiempo que se implementó.

Jorge Nader Kuri: El 18 de junio de 2018 puso fin a la fase de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México. En esa data, concluyó la entrada en vigor paulatina del Código Nacional de Procedimientos Penales (y demás normas relacionadas) y quedó aplicable en toda la República para delitos del fuero federal y para delitos del fuero común. A partir de ello, comenzó la etapa de consolidación del sistema penal, en la que nos encontramos, la que debe de desarrollarse a partir de esfuerzos interinstitucionales de seguimiento, evaluación y mejora continua del sistema y de las instituciones operadoras.

José Luis Nassar Daw: Como todo cambio e innovación, debemos decir que todos estamos en la etapa de adaptación al sistema, el cual por falta de haberlo socializado en su momento está siendo mal entendido por algunos sectores de la sociedad civil, lo que lo hace vulnerable a ciertos cambios que en nada lo benefician.

Ricardo Ojeda Bohórquez: Reprobable, conforme a la opinión pública, quien tiene una noción integral y real de todo el sistema penal acusatorio; misma que comparten muchos