Derechos para las víctimas del delito

Por Irvin Waller

Sentimientos de ira, depresión, temor y vulnerabilidad son solo algunas de las secuelas que experimenta una persona después de haber sido víctima de un delito. Según las circunstancias individuales, estas aflicciones pueden durar semanas, meses o, incluso, años.
Si tomamos en cuenta que las tasas de denuncia de delitos suelen ser muy bajas en la ma

• Idioma: Español
• Editorial: INACIPE
• Fecha de lanzamiento: 1 sept 2021
• ISBN: 9786075600567

Irvin Waller

IRVIN WALLER Es doctor en Derecho por la Universidad de Cambridge. Durante cuatro décadas ha sido profesor universitario, conferencista y colaborador de dependencias gubernamentales y organismos internacionales. Es presidente de la Organización Internacional para la Asistencia a Víctimas, con sede en Estados Unidos. Fue reelegido seis veces consecutivas para la dirección de la Sociedad Mundial de Victimología. Es director ejecutivo fundador del Centro Internacional para la Prevención del Delito, afiliado a las Naciones Unidas. Ha recibido numerosas distinciones internacionales, incluyendo un reconocimiento por promover la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. Sus numerosas publicaciones están dirigidas a proporcionar ―tanto a las víctimas potenciales como a los contribuyentes y a los legisladores― argumentos científicos y prototipos de prácticas para que los gobiernos tomen medidas diferentes que logren equilibrar la justicia dando prioridad a las víctimas y a la prevención del delito en las políticas judiciales del siglo XXI. Sus libros: Menos represión. Más seguridad: Verdades y mentiras acerca de la lucha contra la delincuencia; Derechos para las víctimas del Delito y Control Inteligente del Delito, han sido publicados por INACIPE y el ILANUD.

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Gerardo

Irvin Waller

Es doctor en Derecho por la Universidad de Cambridge. Durante cuatro décadas ha sido profesor universitario, conferencista y colaborador de dependencias gubernamentales y organismos internacionales. Es presidente de la Organización Internacional para la Asistencia a Víctimas, con sede en Estados Unidos. Fue reelegido seis veces consecutivas para la dirección de la Sociedad Mundial de Victimología. Es director ejecutivo fundador del Centro Internacional para la Prevención del Delito, afiliado a las Naciones Unidas.

Ha recibido numerosas distinciones internacionales, incluyendo un reconocimiento por promover la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder.

Sus numerosas publicaciones están dirigidas a proporcionar ―tanto a las víctimas potenciales como a los contribuyentes y a los legisladores― argumentos científicos y prototipos de prácticas para que los gobiernos tomen medidas diferentes que logren equilibrar la justicia dando prioridad a las víctimas y a la prevención del delito en las políticas judiciales del siglo

xxi

. Su libro Menos represión. Más seguridad: Verdades y mentiras acerca de la lucha contra la delincuencia, publicado en español por el

inacipe

y el

ilanud

, propone medidas efectivas para prevenir la violencia.

colección victimología

DIRECTORIO

Alejandro Gertz Manero

Fiscal General de la República

y Presidente de la H. Junta de Gobierno del

inacipe

Gerardo Laveaga

Director General del

Instituto Nacional de Ciencias Penales

inacipe

Rafael Ruiz Mena

Secretario General Académico

Gabriela Alejandra Rosales Hernández

Secretaria General de Extensión

Alejandra Silva Carreras

Directora de Publicaciones y Biblioteca

Portadilla

Derechos para las víctimas del delito

© Irvin Waller

© Instituto Nacional de Ciencias Penales

D.R. © Instituto Nacional de Ciencias Penales

Magisterio Nacional núm. 113, Col. Tlalpan,

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México

D.R. © Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

4501 Forbes Boulevard, Suite 200,

Lanham, Maryland 20706

http://www.rowmanlittlefield.com

Primera edición en inglés, 2011

Primera edición en español, 2013

Primera reimpresión en español, 2014

Segunda reimpresión en español, 2020

ISBN libro electrónico: 978-607-560-056-7

Título original en la edición en inglés: Rights for Victims of Crime: Rebalancing Justice

Traducción de Dubravka Suznjevic

Se prohíbe la reproducción parcial o total, sin importar el medio, de cualquier capítulo o información de esta obra, sin previa y expresa autorización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, titular de todos los derechos.

Esta obra es producto del esfuerzo de investigadores, profesores y especialistas en la materia, cuyos textos están dirigidos a estudiantes, expertos y público en general. Considere que fotocopiarla es una falta de respeto a los participantes en la misma y una violación a sus derechos.

Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la postura del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

PRÓLOGO

El autor de esta obra, Irvin Waller, es un destacado criminólogo y victimólogo que ha trabajado principalmente en Canadá, en la Universidad de Ottawa, donde ha sido profesor. También fundó el Instituto para la Prevención del Crimen.

Waller colaboró con la creación del Centro Internacional para la Prevención del Delito, con sede en Montreal y afiliado a la onu. Este Centro ha auxiliado a diversos países latinoamericanos y africanos a implementar programas específicos para disminuir la criminalidad y la violencia, con especial atención a las víctimas del delito.

Su contribución fue esencial para la elaboración de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia relativos a las víctimas del delito y del abuso de poder, y su posterior aprobación por la Asamblea General en 1985.

Es socio fundador de la Sociedad Mundial de Victimología y fue su presidente en el periodo 1994-1997. Ha colaborado con las principales organizaciones de asistencia a víctimas, tanto nacionales (nova en usa) como internacionales (iova, International Organization of Victim Assistance, de la que ha sido presidente).

En esta ocasión, hacemos la presentación de una nueva reimpresión del libro Derechos para las víctimas el delito, que ha tenido una gran recepción en nuestro medio por sus aportes teóricos y prácticos, ya que no sólo es un libro útil para los operadores del sistema de atención a las víctimas y para los estudiosos de la materia, también proporciona información interesante para el público interesado en estos tópicos.

Desde el subtítulo en el idioma original, equilibrar la justicia, se hace el planteamiento de sacar del olvido a las víctimas y darles el lugar que merecen en la justicia penal, que debe ser prioritario, no sólo por una razón de elemental equidad, sino por razones prácticas de prevención del delito.

Es indudable que la víctima del delito tiene una serie de derechos inalienables, ya consagrados en la Declaración de la onu sobre los principios básicos de justicia para las víctimas, y que en esta obra son analizados, no solamente en sus aspectos teóricos, sino con muy atinadas recomendaciones de como realizarlos en la práctica.

Es interesante como, al final de la exposición, se propone un proyecto de Ley Modelo para equilibrar la justicia por medio de la instrumentación efectiva de los derechos para las víctimas del delito (inspirado en el proyecto de Convención que se ha consensado), de peculiar importancia por su brevedad y claridad, y digno de tomarse en cuenta.

Es verdad que mucho se ha avanzado desde aquel primer Simposio Internacional de Victimología (Jerusalém, 1973) y desde la aprobación de la Declaración de la onu, prueba de ello son los ejemplos que presenta el autor de buenas prácticas y de los avances legislativos, pero es indudable que queda mucho por hacer.

La reparación del daño es el derecho más importante que tiene la víctima, es su aspiración esencial que no siempre obtiene, por lo que se proponen medidas prácticas para lograr la indemnización por parte del delincuente y se analiza la compensación por parte del Estado.

Pero la compensación de la pérdida no es el único problema; la posición de la víctima dentro del drama penal es por demás compleja, desde la relación con la policía hasta su presencia en el juicio, la necesidad de un defensor, y todo lo que viene después, a veces la necesidad de atención y terapia, cuando no de protección y amparo. Todas estas situaciones son analizadas por el autor, con reflexiones y propuestas válidas, producto de su larga experiencia en el tema.

Nos dice Irvin Waller que la mejor manera de ayudar a las víctimas del delito es evitar que este ocurra, por esto, el capítulo de la prevención de la victimización es fundamental, pues nos presenta varios ejemplos de cómo es posible lograrlo.

México ha sido pionero en múltiples aspectos de atención y justicia para víctimas: las reformas constitucionales, los centros de atención, las agencias especializadas, la Comisión, diversas leyes, la primera Maestría en Victimología fundada en el inacipe, etcétera.

Por esta razón, nos congratulamos por la publicación, dentro de la Colección Victimológica, de esta trascendental obra, que mucho viene a enriquecernos, gracias a la sabiduría y experiencia de su autor, Irvin Waller, que tanto ha aportado al conocimiento victimológico.

Luis Rodríguez Manzanera

Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales

prólogo de la primera edición en inglés

En enero de 1987, después de que mi hermano fue asesinado, entendí el sistema jurídico penal de una manera diferente. De pronto, mi punto de vista cambió, de un abogado defensor penal exitoso al de una víctima del delito y defensor de la víctima. Me di cuenta en primera instancia, de cuán problemático era el procedimiento jurídico penal para las víctimas del delito y para sus familias. Como abogado defensor, había conocido las preocupaciones de los acusados y apoyado su necesidad de equidad e imparcialidad en un proceso penal que a menudo empeoraba sus vidas. Pero, de pronto, advertí con qué frecuencia se dañaban, de la misma manera, las vidas de las víctimas, y las de sus familiares, porque no tenían acceso, ni derecho de actuar ante el sistema de justicia penal.

A la edad de 40 años fui nombrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Texas, en El Paso. Una de las primeras medidas que tomé —sin entender del todo las consecuencias de mis actos en el ámbito nacional— fue poner fin al protocolo tradicional de los dictámenes de apelación en que se denominaba a las víctimas presunta víctima o quejoso. Cuando los casos llegaban a mi despacho, años después de las victimizaciones iniciales, el pasto ya podría haber invadido las tumbas, pero el dolor no se olvidaba. Los afectados estaban ante mí, no como presuntas víctimas sino como verdaderos monumentos de un sistema jurídico penal injusto.

En Derechos para las víctimas del delito se tratan varios temas apremiantes que yo mismo suscribo. Se hace un llamado a todos para que reconozcan el hecho de que, a pesar del progreso que se ha logrado, hay una nueva necesidad de liderazgo. Se requieren más oficinas para víctimas del delito, estándares profesionales claros para los proveedores de asistencia y un ombudsman para las víctimas. También requiere que se establezcan institutos para los derechos y servicios a víctimas. Ya sea que estos se limiten o no a la investigación y desarrollo con sede en una universidad, la propuesta en sí refleja la visión de Benjamin Mendelssohn, quien por primera vez propuso ese tipo de instituciones a finales de la década de los cuarenta. Y aunque esta idea ha tardado en fructificar, creo firmemente que ha llegado el momento de llevarla a buen término en Norteamérica, y que tales instituciones deberían englobar todos los niveles de oportunidades de educación y capacitación, incluidos los que podrían existir en bachilleratos, escuelas superiores y vocacionales a lo largo y ancho de Norteamérica.

Derechos para las víctimas del delito se centra en los siguientes pasos que deberían emprenderse en pro de las víctimas: leyes integrales, financiamiento permanente y derechos. El análisis del profesor Irvin Waller sobre cómo pueden los fondos y recursos dar lugar a soluciones reales, me parece esclarecedor, y de seguro será un ejemplo para mis colegas en el movimiento en favor de las víctimas, en su búsqueda de un equilibrio adecuado entre los derechos constitucionales de los acusados y los de las víctimas del delito.

Yo animo a toda persona que haya sido víctima de un delito, en el sentido lato de la palabra, o a cualquiera que conozca a alguien que haya sido afectado por la delincuencia, que lea y adopte este libro. Es un trabajo que la gente debe mostrar a sus legisladores para exigirles que los problemas de las víctimas se traten de manera urgente mediante leyes que cambien nuestras agendas nacionales. Sólo entonces veremos un equilibrio adecuado de la justicia en nuestra sociedad.

Richard Barajas

ex Presidente del Tribunal

de Apelaciones de Texas, en El Paso

Nota del autor a la edición en español

Este libro nos recuerda los estándares mínimos que los Estados nacionales han convenido en el concierto mundial para apoyar a las víctimas y la vigencia plena de sus derechos. Comparte muchas de las mejores prácticas que se han implementado en algunos lugares y cómo todos los gobiernos podrían implementarlas en todas partes. Si América Latina es la subregión más insegura, violenta y letal del planeta, ello significa que también es la de mayor victimización y, por ende, muchas de las respuestas a sus problemas las podrán encontrar en estas páginas.

Los informes más recientes de la Organización Mundial de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (onudc), entre otros, detallan notorios incrementos en ciertos delitos en la región, principalmente los violentos. La casi extinción de los conflictos armados tradicionales, por otro lado, tampoco ha significado la desaparición de graves violaciones a derechos humanos. Persiste un escenario caracterizado por el aumento de la criminalidad asociada a la guerra contra las drogas, la delincuencia organizada y los delitos predatorios, como también y de forma alarmante, la violencia de género contra las mujeres, la interpersonal y la comunitaria.

Sin embargo, no se puede desconocer que América Latina es una región de contrastes. En algunas ciudades o municipios existen sensibles reducciones de la violencia resultado de iniciativas fundadas en el conocimiento y la ciencia de la prevención, lo cual analizo en mi más reciente libro Ciencia y secretos para acabar con el crimen violento, también publicado por el inacipe.

A treinta y cinco años de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, puedo afirmar que la misma no ha perdido su vigencia y continúa siendo la hoja de ruta a seguir para orientar la políticas públicas de prevención de la victimización y de atención a las víctimas en el mundo.

La Carta Magna de las Víctimas —también así acreditada— por primera vez reconocería a éstas como personas titulares de derechos y necesidades particulares; manifestaría, así mismo, que el daño producido por los delitos y abusos de poder lo sufren las personas, sus familias y comunidades; que son múltiples las formas de victimización e, inclusive, llegan a proceder de los servicios que están constituidos para otorgarles asistencia y protección; y, que los costos para las víctimas son múltiples, por lo que la reparación, la compensación y la indemnización no deben ser sólo monetarias sino integrales.

En síntesis, que las víctimas tienen el derecho fundamental de acceso a la justicia y a la aplicación efectiva de sus derechos, porque la retórica no cuenta. Es por esto que en el libro destaco las formas en que las víctimas pueden recibir atención y apoyo, ser respetadas y tratadas con dignidad, así como recibir información por parte de la policía u otras autoridades para obtener reparación del delincuente y el gobierno, y garantizar que sus intereses se presenten y escuchen en los procesos de justicia.

Este último punto, el de la realidad y la aplicación efectiva de los derechos de las víctimas, es el que mayor eco ha encontrado en la arena internacional. La Declaración de Doha sobre la integración de la prevención del delito y la justicia penal (31 de marzo de 2015) de la onudc, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (25 de septiembre de 2015), reivindican la urgente necesidad de impulsar acciones a favor de las víctimas de delitos y de abuso de poder. La Agenda 2030 exige, en varias de sus metas, reducir la victimización violenta y la vigencia de los derechos de las víctimas como condiciones o premisas para lograr el desarrollo sostenible

Por otra parte, a siete años de la primera edición en español del presente libro han existido avances esperanzadores que no se pueden soslayar.

En 2011, Colombia creó una ley y un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado, aunque aún hay tereas pendientes con las víctimas de delitos. México hizo lo propio en 2013, con la publicación de Ley General de Víctimas, aplicable a todas las víctimas. Desde el 1 de noviembre de 2017, las víctimas en Uruguay cuentan, por primera vez, con mayor participación y garantías en las diferentes etapas del proceso penal. Y en toda la región han proliferado legislaciones particulares para gestionar formas de victimización específicas, como la violencia contra las mujeres y la niñez. Desafortunadamente, y aunque ahora tenemos andamiajes jurídicos impresionantes a nivel regional, aún no existen los presupuestos necesarios para materializar los maravillosos derechos que todas esas leyes consagran.

Igualmente, es cierto que se han creado estructuras públicas de apoyo para las víctimas, aunque luego parecen complicados laberintos administrativos, altamente burocratizados y con recursos precarios, en lugar de espacios de atención efectiva, expedita y humana. Es común identificar equipos muy comprometidos pero que batallan con la saturación de los servicios por procesos mal diseñados y soportan el desgaste crónico asistencial, o pocas veces han recibido capacitación idónea para su trabajo. También, es común observar que se hacen distinciones entre víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, estableciéndose categorías como si no fuera claro que detrás de toda víctima del delito hay una violación a un derecho fundamental.

En otros trabajos que he desarrollado sobre la situación de las víctimas en América Latina —en coautoría con Verónica Martínez, Universidad de Córdoba, 2015; ilanud, 2019— he dado cuenta de que, por ejemplo, hasta 2019 y considerando a 19 países, 73% les brindaba servicios de asesoramiento y apoyo terapéutico; 67%, asesoría o defensoría legal; 65%, apoyo durante el proceso penal y el juicio; 65%, servicios de prevención; 49%, acciones de intervención en crisis; 47%, apoyo después de la resolución judicial del caso; 44%, sensibilización; 33%, capacitación profesional para el personal; y, sólo 25%, contaba con protocolos de actuación operativos y/o códigos de ética. Un panorama, sin duda, preocupante.

Esta es la actualidad, vigencia y relevancia de Derechos para las víctimas del delito y de su segunda edición. Más allá de desarrollar conjeturas teóricas o debates dogmáticos pomposos, refiere soluciones prácticas y basadas en el conocimiento y la evidencia de lo que ha funcionado para ayudar a las víctimas después del daño sufrido, facilitar los servicios, detener los efectos deletéreos del delito y construir mejores relaciones entre las víctimas y los sistemas de seguridad y justicia. Es decir, este libro sigue siendo una brújula sobre cómo hacer efectivos los derechos fundamentales de las víctimas del delito y de abuso de poder.

En años recientes, de México a Argentina, y en todos los rincones intermedios, millones de personas afectadas por la violencia y el delito han visibilizado sus causas, sus demandas, sus sufrimientos y su gran capacidad de supervivencia, resiliencia y resistencia, aún y a pesar de algunas autoridades y políticos que han sido insensibles o poco eficientes para hacer valer los derechos de las víctimas. De manera individual como defensoras de sus derechos o a través de grandes movimientos sociales y de sus familias, es visible la acción que como una gran ola empuja desde la oscuridad más profunda la reivindicación de la dignidad arrebatada a las víctimas por la violencia, el delito y, a veces, la inacción de los gobiernos.

Esta edición está dedicada a todas y todos ellos. Nadie les ha regalado sus derechos. Los han demandado y exigido y, en consecuencia, han ganado el justo reconocimiento de los mismos. Aquí propongo una ley modelo que todos y cada uno de los gobierno podrían y deberían adoptar para garantizar con acciones los principios básicos de justicia universalmente reconocidos para las víctimas, que estoy seguro contribuirá positivamente en sus —y nuestras— luchas.

En particular, pienso en aquellas mujeres y aquellos hombres que, no obstante sus propias desventuras y tragedias por su familiar asesinado, su hijo desaparecido, su hija violentada, su patrimonio lesionado o su paz y tranquilidad arrebatados, han sido líderes y militantes de movimientos en marcha, que ya no se detendrán para alcanzar la justicia que merecen y construir mejores sociedades, sin el dolor humano producido por la violencia, el delito, la desigualdad y la discriminación. Anhelo que el conocimiento reunido en esta obra pueda aportar a sus legítimas y admirables causas.

Para la primera edición del libro estuve orgulloso y fui afortunado por contar con el apoyo incondicional de mi escudera Verónica Martínez Solares y la colaboración de Proyectos Estratégicos Consultoría y de su director, Óscar Aguilar; me alegra que seguimos andando el mismo camino y, además, trabajando con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, su director general y mi amigo Gerardo Laveaga, y Alejandra Silva, su directora de Publicaciones y Biblioteca, a quienes agradezco sus atenciones. El respaldo y la promoción de ambas ediciones por parte de ilanud confirman la prioridad que otorgan a las acciones prácticas para las víctimas en toda América Latina, particularmente en el Decenio de Acción para alcanzar el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible de la onu, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Por supuesto, sigo siendo afortunado por tener a mi solidaria compañera y esposa, Susan Tanner.

Finalmente, ¿cómo podría perder la esperanza de un mundo mejor, con tantas y tantos colegas y amigos que han sido colosos defensores de los derechos de las víctimas? Refrendo mi gratitud para todas y todos ellos. En los próximos años, y ciertamente antes de 2030, los derechos de las víctimas no sólo serán aprobados como fundamentales en todas las naciones, sino que este libro habrá contribuido a las transformaciones necesarias para poner en práctica cada principio y cada derecho para cada víctima en todo el orbe.

Irvin Waller

Verano 2020

introducción: dar un nuevo impulso al movimiento por los derechos de las víctimas

A pesar de que las tasas de los delitos disminuyeron en 40 por ciento o más en la década de los noventa, más de 20 millones de estadounidenses seguirán siendo víctimas potenciales durante el año en curso. Eso involucra a más de uno de cada 10 estadounidenses mayores de 12 años. Aunque la mayoría de las víctimas de violencia serán hombres, casi un millón de mujeres serán víctimas de agresión sexual tan solo en este año. Otro millón de mujeres lo serán de violencia a manos de su pareja, al menos una vez en el transcurso de los próximos 12 meses. Además, se informa que tres cuartas partes de un millón de niños fueron víctimas de maltrato, lamentablemente, el número real de víctimas jóvenes podría ser mucho mayor.

Los economistas han sumado los costos de la atención médica, la ayuda en salud mental, las pérdidas y los daños patrimoniales, y los días de trabajo perdidos para las víctimas en Estados Unidos, y se han topado con que estos superan los 100 000 millones de dólares anuales. Y si se considera el dolor y sufrimiento vivido por las víctimas —suponiendo que pudiera asignarse un valor monetario a algo semejante—, el daño y las pérdidas totales superarían los 450 000 millones de dólares. En proporción a su población, el panorama es similar en Canadá y en Inglaterra y Gales.

Muchas víctimas no denunciarán el delito a la policía. Quienes lo hagan, experimentarán la desilusión de ser un testigo y no un cliente, esto es, serán tratados como un espectador sin derechos respecto de su propia experiencia, y no como el primero entre iguales con voz propia. Las víctimas tienen dificultad para recuperar su valor personal, al sentirse en principio perdidos frente a la agresión de los acusados. No es de extrañar que esto provoque desilusión, indignación e irritación en muchas de ellas (las cuales son, no lo olviden, contribuyentes y votantes). Por ley, todas las víctimas en Estados Unidos deben recibir varios servicios básicos, pero muchas de estas personas se toparán todavía con policías y jueces que no tienen tiempo ni ganas de respetar esas leyes, sencillamente porque están preocupados por hacer cumplir las que afectan a los victimarios.

Hoy en día las víctimas no son únicamente quienes saben del dolor, la conmoción, la humillación, la pérdida de control y la impotencia que experimentan a manos de los delincuentes. Un número creciente de defensores y científicos sociales conoce demasiado bien cómo los sentimientos de ira, depresión, falta de valor y temor oscilan y reverberan a lo largo de las semanas, meses, años y hasta décadas después de un incidente de victimización. Mientras que los agentes de policía y los jueces pueden no estar dispuestos a proyectar el foco de su atención en la víctima, muchos de estos defensores y científicos saben cómo responder a las víctimas de una manera comprensiva y justa y, en algunos casos, incluso tienen soluciones para prevenir la victimización. La mayoría de los casos, sabemos cómo brindar apoyo emocional y asesoramiento a las víctimas. Sabemos cómo protegerlas del acusado, y cómo darle voz y poder en el sistema de justicia penal. Sabemos cómo informar a las víctimas sobre los servicios con que cuentan y cómo conseguirles acceso a dichos servicios. Incluso sabemos cómo pagar sus cuentas, que se van acumulando, y cómo parar gran parte de la violencia. En resumen, tenemos las soluciones en cuanto a cómo volver a poner a las víctimas en el centro de nuestros sistemas de apoyo, reparación y justicia. Es incomprensible, entonces, que los gobiernos aún no estén haciendo lo suficiente para aplicar dichos conocimientos.

Si a usted lo roban mientras va caminando por la calle, debería esperar por derecho que otros ciudadanos vengan en su auxilio. Si llama a la policía, es su derecho esperar que el oficial que conteste a su llamado lo escuche, lo proteja y le diga lo que debe hacer. Debería ser su derecho que la policía lo ayude a obtener acceso a la asistencia social o médica y le informe de los servicios disponibles para conseguir apoyo. Por desgracia, estos derechos, obvios e inalienables, son una realidad sólo en algunos lugares y algunas veces.

Si usted es víctima de una agresión sexual, debería ser su derecho hablar con un oficial o consejero del mismo sexo, si así lo desea. Debería ser su derecho recibir la atención médica y la asesoría psicológica que le ayuden a recuperarse. Debería ser su derecho recibir información confiable de cómo evitar una nueva agresión. Debería ser su derecho que se ordene al delincuente que proporcione una reparación y que usted reciba asistencia para obtener dicha reparación. Si usted resulta herido y su agresor no puede pagar el daño, debería tener derecho a que el Estado le otorgue una compensación; debería tener derecho a participar en el proceso penal con representación legal para proteger su seguridad, su búsqueda de la verdad y su necesidad de reparación y de justicia. Una vez más, estos derechos obvios e inalienables aún no se aplican en muchas regiones de Estados Unidos ni en otras partes del mundo.

Este libro apunta a exigir que se cumplan dichos derechos obvios e inalienables para las víctimas del delito y que la justicia encuentre un nuevo equilibrio, tomando en consideración a las víctimas. El libro