Medidas cautelares en materia penal: Retos y perspectivas
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Ariadna Salazar Quiñónez
Es doctora en Derecho Constitucional con mención sobresaliente cum laude por la Universidad de Salamanca, España; licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, México y por la Universidad de Salamanca. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, y en la Faculty of Law en la University of Cambridge en Reino Unido durante la redacción de la Tesis doctoral. En 2008 le concedieron la beca del Congreso de los Diputados de España para realizar la Tesis doctoral, y en 2010 obtuvo la beca del Ministerio de Educación del Gobierno de España, de movilidad para la obtención de la mención europea en el Título de Doctor. Se especializa en derecho constitucional, derechos humanos y proceso penal acusatorio. Cuenta con publicaciones en España y México.
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Medidas cautelares en materia penal - Ariadna Salazar Quiñónez
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Ariadna Salazar QuiñónezAriadna Salazar Quiñónez
Ariadna Salazar es doctora en Derecho Constitucional cum laude por la Universidad de Salamanca, España; licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa y por la de Salamanca.
En 2008 le concedieron la beca del Congreso de los Diputados de España para realizar la tesis doctoral Los parlamentos nacionales y la Unión Europea, y en 2010 obtuvo la beca del Ministerio de Educación del Gobierno de España para la obtención de la mención europea en el título de Doctor. También, obtuvo el Diploma de Eficiencia Investigadora (
dea
) en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca.
Ha realizado estancias de investigación en las universidades Complutense de Madrid (2009-2010), Cambridge (2010) y en la de Salamanca (2017 y 2018). Cuenta con diversas publicaciones en México, España y Costa Rica. Ha sido ponente en Costa Rica, España y México.
Actualmente, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores (
sni
) del CONACyT; es académica de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México. También, imparte la asignatura de Derecho Penal en el Instituto de la Judicatura Federal.
COLECCIÓN INVESTIGACIÓN
DIRECTORIO
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Fiscal General de la República
y Presidente de la H. Junta de Gobierno del
inacipe
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Secretario General Académico,
Encargado del Despacho de la Dirección General
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Secretaria General de Extensión
Alejandra Silva Carreras
Directora de Publicaciones y Biblioteca
PortadillaMedidas cautelares en materia penal. Retos y perspectivas
© Ariadna Salazar Quiñónez
© Instituto Nacional de Ciencias Penales (
inacipe
)
Instituto Nacional de Ciencias Penales
Magisterio Nacional núm. 113, Col. Tlalpan,
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México
Primera edición, 2021
ISBN libro electrónico: 978-607-560-102-1
Aviso legal
inacipe
Se prohíbe la reproducción parcial o total, sin importar el medio, de cualquier capítulo o información de esta obra, sin previa y expresa autorización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, titular de todos los derechos.
Esta obra es producto del esfuerzo de investigadores, profesores y especialistas en la materia, cuyos textos están dirigidos a estudiantes, expertos y público en general. Considere que fotocopiarla es una falta de respeto a los participantes en la misma y una violación a sus derechos.
Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la postura del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
A Jesús y Hermelinda
Mi agradecimiento especial al maestro Marco Benny Koteer Rico Jiménez.
Por toda su ayuda en la preparación de la investigación, toda mi admiración.
Prólogo
Explicar la utilización de las medidas cautelares en el proceso penal (esto es, encontrar los motivos por los cuales se piden las argumentaciones que se utilizan para imponerlas), no es un fenómeno homogéneo que se pueda interpretar de forma sencilla. Muy especialmente, la más gravosa de estas medidas —el encierro cautelar— refleja una práctica compleja en la que entran en juego distintas relaciones de fuerza entre elementos jurídicos, judiciales y extrajudiciales.
En este trabajo Ariadna Salazar Quiñonez, mi querida compañera de horas de lecturas en el Seminario de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, se dedica a analizar en profundidad lo que hay de jurídico en todo ello. Se trata de una tarea que destaca por tres motivos.
El primero de ellos es la calidad de su autora. Como investigadora que ya ha transitado por centros de estudios como las universidades de Salamanca, la Complutense de Madrid y Cambridge, y que actualmente lo hace en el
inacipe
, tiene una formación que le permite explicar con términos claros y sencillos, pero agudos, un instituto clave y tan discutido en el proceso penal como lo es el de las medidas cautelares, en general, y en especial el uso de la prisión preventiva.
El segundo motivo, y creo que el más trascendente, es el llamado de atención que hace a los lectores, llevándonos a reflexionar sobre la necesidad de dejar de lado la lógica de los delitos inexcarcelables. Las reformas procesales en México, aun con sus logros (como es el poner al menos en funcionamiento las poco escuchadas Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso —
umecas
—) siguen arrastrando viejas y lesivas prácticas procesales. La prisión preventiva oficiosa con su extenso catálogo de delitos que aseguran en todos los casos el encierro preventivo (art. 19
cpeum
) es el ejemplo paradigmático.
Por último, y ya como un tercer motivo que hace al interés de este trabajo, se encuentra el hecho de que, aun cuando nos sirva como texto básico que reúne la más destacada doctrina sobre el tema, aporta un enfoque particular: se analizan las consecuencias que en números de personas privadas de la libertad pueden responder a los cambios legislativos que, como la reforma de 2008, van paso a paso hacia un resguardo más efectivo del siempre proclamado y poco defendido principio de inocencia.
Pero claro que, sincerándonos, el gran problema del instituto del encierro cautelar no pasa por convencer desde la dogmática jurídica si de este corresponde hacer un uso sustancialista o procesalista. A esta altura de los acontecimientos, ningún operador jurídico desconoce que la libertad durante la sustanciación del proceso es un derecho con jerarquía constitucional y, mucho menos, que todo individuo que no fue declarado culpable (por sentencia firme) es inocente. Parecen estas reglas muy sencillas y lo son, pero la realidad nos indica que no plasman valores internalizados.
Las normas son comunes, están ahí para que todos las usemos, pero los enfoques ideológicos no. Decir no
al pedido de un fiscal sobre el encierro provisional de un ciudadano sospechado de cometer un delito tiene un costo (judicial y extrajudicial) que algunos jueces prefieren evitar. Y es entonces cuando aparecen las interpretaciones sistemáticas, que toman un poco de acá y de allá y, sin mucho esfuerzo intelectual, terminan por justificar que quien es recientemente investigado debe, ya mismo, quedar depositado en una cárcel y neutralizado en su peligrosidad.
Más allá de que —como dije— estamos frente a un texto que se centra en un análisis jurídico, no desconoce su autora que por fuera del Poder Judicial operan un conjunto de actores que influyen con peso y terminan por condicionar las decisiones de los operadores jurídicos. Ezequiel Kostenwein señala, entre otros, a los medios de comunicación y los representantes políticos. Los medios de comunicación porque, al publicar y en ocasiones reprobar las decisiones judiciales, generan cierta exposición para los actores judiciales. Esto, en muchos casos provoca que la decisión de los operadores jurídicos sea influenciada o incluso motivada por los comentarios mediáticos. Por su parte, los representantes políticos, limitan los arbitrajes de los operadores jurídicos a través de acusaciones que limitan la autonomía del poder judicial.
La prisión preventiva se transformó en una de las medidas preferidas de las autoridades políticas para conseguir ventajas rápidas en detrimento de soluciones estructurales.
En México, como en toda la región latinoamericana, la libertad de un investigado durante el proceso provoca sorpresa o rechazo de buena parte de la opinión pública y, antes bien, en gran parte de sus formadores, quienes tienden a identificar la eficacia de la aplicación del aparato punitivo del Estado con la detención de personas que todavía no han sido enjuiciadas.
Entre todos estos factores extrajudiciales, destaca el hecho de que muchas son las veces en que los formadores de opinión pública presionan con su pretensión de que la prisión preventiva funcione como una pena anticipada y pocos son los jueces capaces de hacerse cargo ante la sociedad y explicar que, si se resuelve según ese deseo, lo que se está haciendo es dejar al imputado en la misma situación que un condenado, pero sin juicio; básicamente, sin una adecuada acusación, sin prueba y sin defensa, cuando constitucionalmente su situación debiera ser la contraria.
Como jueza penal de la provincia de Neuquén (Argentina) y tras pasar por la positiva experiencia de una reforma procesal que nos ha colocado, al año 2018, en el índice más bajo en uso de la prisión preventiva de la región latinoamericana, subrayo la importancia de hacernos los cuestionamientos a los que nos lleva la autora para tomar conciencia de que en verdad se puede trabajar en el fuero penal y llevar adelante procesos exitosos sin recurrir a la categoría de delitos inexcarcelables y abandonando la lógica de la dicotomía prisión o absoluta libertad. Para evitar esta falsa encrucijada, se cuenta con un extenso listado de medidas cautelares no privativas de toda la libertad ambulatoria.
Ariadna Salazar Quiñonez tiene el mérito en este libro de un estudio comprometido que permite construir respuestas acordes al principio de inocencia ante la pregunta sobre cómo debe esperar un sospechado la decisión judicial en un proceso penal.
Carolina González
Juez penal de la III Circunscripción del Poder Judicial de la provincia de Neuquén (Argentina)
abreviaturas
cadh
Convención Americana sobre Derechos Humanos
cns
Comisión Nacional de Seguridad
Corte
idh
Corte Interamericana de Derechos Humanos
cfpp
Código Federal de Procedimientos Penales
cnpp
Código Nacional del Procedimientos Penales
cpeum
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dof
Diario Oficial de la Federación
fbi
Fumus boni iuris
ine
Instituto Nacional Electoral
pidcp
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
pm
Periculum in mora
lgbti
Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
segob
Secretaría de Gobernación
umecas
Unidades de Medidas Cautelares
introducción
El objetivo del presente trabajo es conocer los cambios normativos establecidos como parte de la reforma constitucional en materia penal¹ en relación con medidas cautelares. Respecto a estas últimas, se trata de disposiciones de prevención impuestas por el juez de control a la persona que está siendo investigada y cuyo fin es garantizar el debido proceso.² Con ello se busca asegurar la presencia del imputado en las audiencias del juicio, así como evitar que se interfiera en la investigación; además de la protección de la víctima, testigos y ciudadanía ante la posible comisión de nuevos delitos y la destrucción y alteración de datos de prueba.
Para la elaboración de la presente investigación, se recopiló y examinó bibliografía relacionada con el tema; asimismo, se