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Audiencia Inicial
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Libro electrónico210 páginas3 horas

Audiencia Inicial

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Con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio se modificó en su totalidad el proceso judicial con el objetivo de crear un sistema más eficaz y transparente. Entre las novedades se encuentra la audiencia inicial, etapa que se encuentra conformada por distintos actos procesales.<
IdiomaEspañol
EditorialINACIPE
Fecha de lanzamiento28 abr 2022
ISBN9786075601236
Audiencia Inicial
Autor

José Fernández de Ceballos y Torres

José Fernández de Cevallos y Torres Abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España). Doctor Europeo por investigación realizada en la Università degli Studi di Trento (Italia). En el ámbito académico se desempeña como catedrático e investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), y como profesor invitado de posgrado en diversas universidades nacionales y extranjeras; asimismo, es conferencista a nivel nacional e internacional. Autor de diversas obras, entre las que destacan: Blanqueo de capitales y principio de lesividad y Temas actuales de derecho procesal penal.

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Audiencia Inicial - José Fernández de Ceballos y Torres

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José Fernández de Cevallos y Torres

José Fernández de Cevallos y Torres

Abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España). Doctor Europeo por investigación realizada en la Università degli Studi di Trento (Italia).

En el ámbito académico se desempeña como catedrático e investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (

inacipe

), y como profesor invitado de posgrado en diversas universidades nacionales y extranjeras; asimismo, es conferencista a nivel nacional e internacional.

Autor de diversas obras, entre las que destacan: Blanqueo de capitales y principio de lesividad y Temas actuales de derecho procesal penal.

Audiencia inicial

DIRECTORIO

Alejandro Gertz Manero

Fiscal General de la República

y Presidente de la H. Junta de Gobierno del

inacipe

Gabriela Alejandra Rosales Hernández

Secretaria General de Extensión

Gerardo Toxky Miranda

Subdirector de Publicaciones

Portadilla

Audiencia inicial

© José Fernández de Cevallos y Torres

(coordinador)

© Instituto Nacional de Ciencias Penales (

inacipe

)

Instituto Nacional de Ciencias Penales

Magisterio Nacional núm. 113, Col. Tlalpan,

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México

Primera edición, 2021

ISBN libro electrónico: 978-607-560-123-6

Aviso legal inacipe

Se prohíbe la reproducción parcial o total, sin importar el medio, de cualquier capítulo o información de esta obra, sin previa y expresa autorización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, titular de todos los derechos.

Esta obra es producto del esfuerzo de investigadores, profesores y especialistas en la materia, cuyos textos están dirigidos a estudiantes, expertos y público en general. Considere que fotocopiarla es una falta de respeto a los participantes en la misma y una violación a sus derechos.

Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la postura del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Invitación a la lectura

Desde el año 2008, específicamente del 18 de junio, México no solo inauguró un nuevo proceso penal de corte acusatorio, sino también una nueva tradición jurídica que ha impactado en la esfera académica y en la literatura especializada en la materia.

Uno de los impulsores de esta tradición académica es el doctor José Fernández de Cevallos y Torres, destacado abogado postulante, académico y desde hace ya varios años investigador invitado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (inacipe), la máxima casa de estudios en materia penal en todo México.

Estas cartas credenciales del doctor Fernández de Cevallos sirven para asegurar la calidad de una obra que él coordinó y que el lector tiene entre sus manos, titulada de manera acertada Audiencia inicial.

Dividida en seis capítulos, cada uno de ellos nos acerca a temas coyunturales y de la mayor importancia para toda persona que se repute como penalista, ya sea que se dedique al servicio público, al ejercicio público de la profesión o a la docencia.

El primero de ellos, redactado por Rafael Inti Castillo Serrato, se titula Control de detención, y nos aproxima a temas clave de derechos humanos como la libertad y seguridad personales, así como a aquellos vinculados con los derechos de la persona imputada.

El siguiente es autoría de Jenny Marlene Hernández Rodríguez, y lleva como título Formulación de la imputación. A esta altura es obvia la temática que aborda, pero tiene como una de sus principales características el vincular este momento procesal con la ciencia del derecho.

El tercero, producto de la pluma de Carlos Corona Nava, fue titulado Declaración del imputado, y tiene como ejes de articulación los derechos humanos de la persona imputada, como la no autoincriminación y su derecho a desahogar su declaración conforme al debido proceso.

El siguiente en turno fue redactado por Anaid Elena Valero Manzano, y se dedica a analizar la figura de las medidas cautelares, teniendo precisamente este título. Aborda de manera sencilla y clara las diferentes particularidades de esta figura y los tipos de medidas que operan en el sistema jurídico mexicano.

Isabel Maldonado Sánchez es la encargada del quinto capítulo, el cual aborda el tema de la vinculación a proceso, desde sus requisitos hasta sus efectos.

El último de los capítulos que integran esta obra es de la pluma de Alex Rueda Rueda, y es el que corona este libro. Su participación se titula Cierre de la investigación y, siguiendo una redacción que nos hace recordar los mejores textos de Rubén Quintino, nos aproxima a esta parte del proceso desde la clasificación jurídica.

No cabe duda de que esta obra será una herramienta académica de gran utilidad y fortalecerá nuestro conocimiento sobre los diferentes momentos que integran la audiencia inicial.

Briceida Cervantes Sánchez

Presentación

El proceso penal comienza con la audiencia inicial. La celebración de esta implica la judicialización de la carpeta de investigación, lo cual supone que el Ministerio Público ha agotado la investigación inicial, pero además es requisito indispensable que el imputado esté a disposición del juez de control para que se le formule imputación.

Esta audiencia inicial contiene una pluralidad de actos procesales: control de la detención para los casos que así lo requieran, formulación de imputación, oportunidad de declarar del imputado, discusión de medidas cautelares, solicitud de vinculación a proceso y cierre de investigación. Cada uno de estos actos procesales reviste características y finalidades concretas. En la presente obra se desarrollan los temas mencionados, realizando una exposición eminentemente práctica de cada uno de ellos.

En este sentido, para los casos en que la audiencia inicial se celebra por la puesta a disposición ante el juez de un imputado que ha sido detenido en caso urgente o en flagrancia, se llevará a cabo el control de la detención, lo que implica el acto procesal por virtud del cual el juez de control verifica que esa restricción temporal del derecho fundamental a la libertad personal ha sido respetuosa de lo ordenado tanto por la Constitución general como por la ley adjetiva de la materia.

Para analizar este tema, Rafael Inti Castillo Serrato realiza una exposición detallada que parte del contenido y alcance de los derechos fundamentales a la libertad y seguridad jurídica, para posteriormente desarrollar los temas de flagrancia y caso urgente. Analiza los derechos de las personas detenidas y el contenido y la fundamentación que debe tener el acuerdo de retención. Por último, con una visión práctica, expone los principales argumentos tanto del Ministerio Público como de la defensa que deben de orientar la argumentación en el debate.

Una vez que se ha calificado de legal la detención, el siguiente acto procesal será la formulación de imputación, el cual materializa el derecho fundamental del imputado a conocer la investigación que existe en su contra, así como el contenido de esta. Este derecho fundamental, reconocido en la Constitución y en diversos tratados internacionales, deberá respetarse en la audiencia inicial independientemente de que el imputado con anterioridad tuviera conocimiento de la investigación o que incluso hubiere comparecido ante el Ministerio Público.

La formulación de imputación es trascendental ya que, en un principio de congruencia, los hechos que se fijen en la misma regirán el proceso tanto en la vinculación a proceso como en la acusación y en el dictado de la sentencia (artículos 19 constitucional en relación con los artículos 316, 335 y 403 f. IV del Código Nacional de Procedimientos Penales).

Así, Jenny Marlene Hernández Rodríguez analiza este tema de la formulación de la imputación en relación con la investigación desarrollada por el Ministerio Publico, para posteriormente hacer un estudio de la teoría general del delito en contraste con la práctica profesional al momento de materializarse esta etapa en la audiencia inicial.

La obra continúa con el estudio de Carlos Corona Nava, quien con su visión desde la práctica profesional en el Poder Judicial Federal analiza el derecho a declarar del imputado, exposición en la que abarca su dimensión como derecho fundamental. En este sentido, contrasta el derecho a declarar con el derecho de no autoincriminación. Por último, con una visión práctica se analiza la forma de desahogar la declaración del imputado en la audiencia inicial, así como las consecuencias y alcances de dicha declaración.

Continuando con el desarrollo de la audiencia inicial, hay que señalar que las medidas cautelares se introdujeron en el actual proceso para contrarrestar diferentes riesgos procesales. Esta institución novedosa, que entró en vigor en el sistema penal acusatorio, pretende evitar el riesgo de sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado, el riesgo para las personas y en la investigación. Para analizar las medidas cautelares, Anaid Elena Valero Manzano realiza un estudio que parte de la naturaleza ontológica y normativa de la cautela. Posteriormente, desarrolla los presupuestos para la imposición de las medidas, así como los principios que las rigen y sus causas de procedencia. Concluye su estudio con un análisis práctico de la aplicación de cada una de las medidas cautelares, atendiendo a la finalidad concreta que se persigue con su imposición.

También se tiene que señalar que por mandato constitucional la vinculación a proceso fija los hechos materia de la litis; en su dictado, el juez de control debe cumplir con diversas exigencias que señala la ley adjetiva de la materia. Para analizar este acto procesal, Isabel Maldonado Sánchez lleva a cabo un estudio que parte de un análisis comparativo con el auto de formal prisión del anterior proceso. Posteriormente, realiza un análisis nutrido por su experiencia profesional como fiscal, en el que desarrolla los requisitos y efectos del auto de vinculación a proceso. Por último, acorde con el estudio comparado de esta etapa del proceso, realiza una crítica seria y propositiva sobre la existencia del auto de vinculación a proceso en el orden jurídico mexicano.

Por último, Alex Giovanni Rueda analiza el plazo de cierre de la investigación, considerándolo en su dimensión de respeto a los derechos fundamentales de las partes. Así, en su estudio expone la función del Ministerio Público en la investigación judicializada, analiza la clasificación jurídica de los hechos por los cuales se vinculó a proceso al imputado y refiere esa clasificación jurídica al plazo de cierre de investigación.

Expuesto así el contenido de la presente obra, considero que la relevancia de la misma radica, en primer lugar, tanto en la capacidad académica de los autores como en su conocimiento de la materia; pero principalmente en la visión amplia que les da su práctica profesional (ya sea como abogados postulantes, miembros del Poder Judicial Federal o ejerciendo como fiscales). Esta combinación de elementos —capacidad y práctica— fundamenta la exposición de los temas expuestos, proporcionando una herramienta de obligada consulta para todos los operadores del sistema penal acusatorio.

José Fernández de Cevallos y Torres

Ciudad de México, noviembre 9 de 2021

Capítulo I

Control de detención

Rafael Inti Castillo Serrato *

Introducción

El sistema penal, al desarrollarse en una dinámica de audiencias públicas y orales, obliga a los abogados intervinientes bastante preparación, no solo en el conocimiento profundo del caso, sino de la normatividad que lo rige, tanto procesal como sustantiva. La rapidez con que se desarrollan las diligencias no da lugar a aquellos profesionistas que no tienen las herramientas necesarias para un debate jurídico de gran importancia al estar en juego uno de los principales derechos del ser humano: la libertad. El presente escrito versa sobre los principales tópicos a desarrollar dentro de la audiencia de debate de control de legalidad de la detención conforme a lo dispuesto en la legislación mexicana vigente.

El derecho a la libertad y seguridad personal

La libertad personal es la capacidad de una persona de llevar a cabo, sin intromisiones injustificadas, sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria. El fundamento en la normatividad nacional del derecho a la libertad y seguridad personal se encuentra tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hostóricamente, este derecho históricamente ha evolucionado tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, así como en las interpretaciones de dichos instrumentos jurídicos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según su ámbito de competencias. Al respecto, la scjn ha sostenido que:

La libertad es un derecho humano de protección evolutiva que se reconoce formalmente tanto a nivel interno como internacional y que admite diferentes manifestaciones como la libertad personal que, en su ámbito más básico, es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria.¹

El derecho a la libertad y seguridad personal se encuentra consagrado en la normatividad internacional en el artículo 9º. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como

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