A raíz de las reformas a la cpeum2 y a la Ley de Amparo en materia. de suspensión, su contenido y sus alcances se modificaron considerablemente. Algunos autores comenzaron a llamarle “suspensión ponderativa”3 ya que, de acuerdo con el mandato constitucional, el juzgador debe realizar un ejercicio de ponderación4 entre la apariencia del buen derecho y el interés social. El concepto de ponderación en la suspensión se utilizó por primera vez en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la scjn,5 donde se estableció que los jueces debían ponderar simultáneamente la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al orden público.
Considero que el uso del vocablo ponderar presenta un problema. De acuerdo con el diccionario de la rae,6 proviene del latín ponderare, que significa determinar el peso de algo. En algunas otras acepciones encontramos que también significa sopesar o analizar con cuidado un asunto. Hasta aquí parece adecuado el uso de este concepto. No obstante, en el ámbito jurídico y, particularmente en materia de argumentación jurídica, se ha utilizado como un mecanismo para la aplicación de principios jurídicos o derechos fundamentales en caso de que entren en conflicto.7
En la suspensión, la problemática con el vocablo surge porque la obligación de ponderar no ocurre entre principios o derechos fundamentales, sino que debe realizarse entre el análisis superficial de la posible inconstitucionalidad del acto reclamado y dos elementos más: el orden público y el interés social. Además, esto no conduce necesariamente a preferir un elemento sobre otro, como sucede cuando ponderamos principios o derechos. En algunos casos los tres elementos son complementarios, ya que el análisis superficial sobre la posible inconstitucionalidad del acto reclamado podría llevar a concluir que no existe una vulneración al orden público y al
