El analista en el nuevo sistema de justicia penal

Por Patricio Hernán Tudela Poblete, Pedro Vallarta Cobo, Edith Bautista García y 6 más

Esta obra es una compilación de diferentes trabajos de investigación realizados por expertos en el tema de análisis de la información delictual tanto en seguridad pública como en procuración de justicia con el objetivo de contribuir a la discusión académica así como a la transferencia de conocimiento en la continua implementación del sistema de jus

• Idioma: Español
• Editorial: INACIPE
• Fecha de lanzamiento: 10 ene 2023
• ISBN: 9786075601502

Patricio Hernán Tudela Poblete

Pedro Rubén Torres Estrada Es doctor europeo en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y Bolonia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Se ha desempeñado como investigador en las áreas de Derecho constitucional, políticas públicas para la justicia, modelos comparados de justicia penal, Derecho constitucional comparado, estatal y municipal. Participó como profesor del Curso de Formación Jurídica y Política para los Traductores de la Organización de Naciones Unidas (ONU), impartido por la Universidad de Salamanca, España. Fue director general de asistencia técnica de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. Fue director del Legado de Seguridad y Estado Constitucional de Derecho y de la cátedra de Investigación de Estado de Derecho de la EGAP del Tecnológico de Monterrey. En la actualidad es miembro del claustro académico del Doctorado en Política Pública y de la Maestría en Administración Pública y Política Pública, dentro de la línea de investigación Estado de Derecho y Seguridad Pública de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Oscar Aarón Santiago Quintos Es Maestro en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Ha desempeñado diversos cargos en el sector de procuración de justicia durante más de quince años. Además, ha trabajado como consultor de temas electorales para la Organización de los Estados Americanos (OEA) y participado en diversos foros internacionales entre ellos, la reunión de expertos en recolección de datos y generación de estadísticas delictivas con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y las Conferencias Internacionales sobre Análisis Delictual, organizadas por la Fundación Paz Ciudadana, en colaboración con la International Association of Crime Analysts (IACA). En el 2016, participó como ponente en el “Sexto Taller Internacional de Entrenamiento en Análisis Delictual”, celebrado en la Escuela de Investigaciones de Chile (ESCIPOL). Actualmente, trabaja en la Administración Pública Federal y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM) en materias de soberanía, seguridad nacional, democracia, análisis de coyuntura y geopolítica. Forma parte del claustro de docentes de la Licenciatura de Inteligencia Estratégica de la Universidad Anáhuac. Es investigador invitado de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

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Oscar Aarón Santiago Quintos

Oscar Aarón Santiago Quintos

Es Maestro en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Ha desempeñado diversos cargos en el sector de procuración de justicia durante más de quince años. Además, ha trabajado como consultor de temas electorales para la Organización de los Estados Americanos (

oea

) y participado en diversos foros internacionales entre ellos, la reunión de expertos en recolección de datos y generación de estadísticas delictivas con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (

unodc

por sus siglas en inglés) y las Conferencias Internacionales sobre Análisis Delictual, organizadas por la Fundación Paz Ciudadana, en colaboración con la International Association of Crime Analysts (

iaca

). En el 2016, participó como ponente en el Sexto Taller Internacional de Entrenamiento en Análisis Delictual, celebrado en la Escuela de Investigaciones de Chile (

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).

Actualmente, trabaja en la Administración Pública Federal y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (

fcpys-unam

) en materias de soberanía, seguridad nacional, democracia, análisis de coyuntura y geopolítica. Forma parte del claustro de docentes de la Licenciatura de Inteligencia Estratégica de la Universidad Anáhuac. Es investigador invitado de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

Pedro Rubén Torres Estrada

Pedro Rubén Torres Estrada

Es doctor europeo en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y Bolonia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Se ha desempeñado como investigador en las áreas de Derecho constitucional, políticas públicas para la justicia, modelos comparados de justicia penal, Derecho constitucional comparado, estatal y municipal. Participó como profesor del Curso de Formación Jurídica y Política para los Traductores de la Organización de Naciones Unidas (

onu

), impartido por la Universidad de Salamanca, España. Fue director general de asistencia técnica de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. Fue director del Legado de Seguridad y Estado Constitucional de Derecho y de la cátedra de Investigación de Estado de Derecho de la

egap

del Tecnológico de Monterrey. En la actualidad es miembro del claustro académico del Doctorado en Política Pública y de la Maestría en Administración Pública y Política Pública, dentro de la línea de investigación Estado de Derecho y Seguridad Pública de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

Entrada

DIRECTORIO

Alejandro Gertz Manero

Fiscal General de la República

y Presidente de la H. Junta de Gobierno del

inacipe

Gabriela Alejandra Rosales Hernández

Secretaria General de Extensión

Leticia Piña Ferman

Subdirectora de Publicaciones

Portadilla

El analista en el nuevo sistema de justicia penal

© Pedro Rubén Torres Estrada

Oscar Aarón Santiago Quintos (coordinadores)

© Instituto Nacional de Ciencias Penales (

inacipe

)

Instituto Nacional de Ciencias Penales

Magisterio Nacional núm. 113, Col. Tlalpan,

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México

Primera edición electrónica, 2022

ISBN libro electrónico: 978-607-560-150-2

Aviso legal

inacipe

Se prohíbe la reproducción parcial o total, sin importar el medio, de cualquier capítulo o información de esta obra, sin previa y expresa autorización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, titular de todos los derechos.

Esta obra es producto del esfuerzo de investigadores, profesores y especialistas en la materia, cuyos textos están dirigidos a estudiantes, expertos y público en general. Considere que fotocopiarla es una falta de respeto a los participantes en la misma y una violación a sus derechos.

Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la postura del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Al almirante José Luis Figueroa Cuevas :

Por su enorme contribución al conocimiento y su constante impulso a las nuevas generaciones de analistas …

Con toda seguridad

quien tiene en sus manos esta obra no necesitará que se le explique qué es el análisis, cuál es su función, los contextos en que se utiliza y qué o quién es un analista. Sin embargo, y no obstante que en los diversos artículos de esta obra se podrán encontrar las diversas visiones de los autores, vale la pena reflexionar por qué ahora, por qué en este momento es que se alude al papel del analista en el nuevo sistema de justicia penal —como acto final— y su rol en el diseño de políticas públicas de prevención del delito y procuración de justicia —como acto inicial—, así como sus diferentes requerimientos en cada una de estas fases.

El momento actual por el que transita el país entero, con la entrada de lleno al sistema de justicia penal acusatorio, nos plantea una serie de cuestionamientos acerca de todo aquello que no ha dado resultados, pero también nos obliga a enfocar nuestra mirada en lo que sí ha funcionado: el trabajo del analista.

Nos hemos dedicado a la implementación del sistema penal acusatorio; la capacitación de los diversos actores involucrados en el mismo: la figura del primer respondiente, el ministerio público, la llamada policía científica e incluso —y como debió ser desde hace mucho tiempo— el papel central de la persona víctima, sea esta directa o indirecta; la creación de las estructuras del propio sistema, y la forma en que los esquemas aprendidos irían e irán cambiando. Pero mientras todo esto ocurría, y en tanto se trabajaba en la implementación y desde luego en la consolidación del sistema, una figura sigue haciendo de manera callada y eficiente su trabajo: el analista de información.

En este trabajo no se alude al analista de cualquier tipo de información, el enfoque está centrado primordialmente al análisis criminal y se aborda la figura del analista desde varios puntos de vista: se contempla entonces cuál es el perfil idóneo para éste y la metodología que debe aplicar al desempeñar su labor, tomando en consideración que la recolección y selección de la información que en su momento proporcionará debe ser veraz y confiable. En este punto podemos concluir que al contar con un perfil debidamente formado y aplicar una metodología para el tratamiento de la información que recolecta —la cual le permite seleccionar aquella que es funcional respecto de la que puede desechar en ese proceso, hasta obtener un producto confiable que sirva para la toma de decisiones—, que la figura del analista se hace necesaria no sólo para dar solidez al trabajo de investigación, sino que incluso el rol del analista criminal viene a ser un elemento básico en la configuración de políticas públicas de prevención del delito, y ello es así porque desde el momento en que el analista comienza por estructurar bases para concentración de información de manera ordenada, sistemática y continua, está en la condición de poder vincular hechos similares dentro de líneas de tiempo discontinuas que, debidamente observadas y comparadas, lleven a establecer patrones o a esclarecer hechos y de este modo se logre prevenir e investigar el delito.

Pretender que el analista sea la figura que hoy viene a cubrir o llenar de huecos o vacíos que persisten entre todos los que actuamos en los temas de prevención del delito, procuración y administración de justicia e incluso en el soporte para la elaboración de políticas públicas pudiera ser bastante arriesgado; sin embargo, y luego de leer detenidamente los artículos que conforman el presente trabajo me atrevo a concluir que ello sí es factible. Afirmar lo anterior sólo es posible cuando logramos comprender que la herramienta en sí misma, esto es, el análisis, tiene efectos cuando va unida al valor que agrega el trabajo del analista, y es que los hechos reiterados y constitutivos del delito son los mismos que, debidamente apreciados en conjunto y bajo la visión de un profesional capacitado y preparado, pueden ser el sustento para la elaboración misma de las políticas públicas en los diversos niveles de gobierno en lo general y para el sistema de justicia penal adversarial en lo particular.

La integración de los diferentes enfoques aportados en este trabajo permite concluir con una idea clara del analista. Porque tenemos hoy un nuevo actor dentro del sistema de justicia penal, y no un actor falto de experiencia desde luego, sino que estamos en presencia de profesionales que han venido desempeñando su papel de manera discreta y prudente, pero que precisamente por las características que se detallan, la capacidad que se les exige y el resultado del trabajo que desempeñan, constituyen ahora elementos clave para articular información dentro de la investigación.

Es así que el contenido de esta obra abarca al mismo tiempo un reconocimiento a la labor hasta ahora invisible, pero presente y constante, del analista de información criminal y a la vez una plataforma para justificar su inclusión como figura visible y trascendente en todas y cada una de las partes del proceso de investigación; sirva pues el presente trabajo como una pieza en todo este enorme esfuerzo para darle vida al papel del analista.

Es para mí una oportunidad invaluable el poder hacer la presentación de esta obra que sin duda dará pie para continuar en la búsqueda de revelar y sustentar la figura, el rol, su quehacer y la importancia del analista de información, en todos y cada uno de los espacios que el sistema le brinda y la sociedad exige. ¡Enhorabuena!

Patricia Bugarín Gutiérrez

Coordinadora Nacional Antisecuestros

1. ¿Por qué el análisis criminal es una herramienta útil para la seguridad y la justicia?

El análisis

criminal puede ser considerado una actividad con un fin en sí mismo (transformar datos en información para tomar decisiones) y, a la vez, una función imprescindible en los desafíos que enfrentan las instituciones que intentan —por diferentes vías— reducir o esclarecer crímenes y contener sus consecuencias en la sociedad, generando conocimiento fundado sobre qué sirve y qué no (y por qué) en las estrategias de prevención y persecución penal en ejecución. El valor del análisis radica en su utilidad para actuar con efectividad en un binomio indisoluble: seguridad y justicia.

El análisis criminal cobra aún mayor relevancia cuando se pone en un contexto de agregación de valor, es decir, cuando gestores e implementadores de políticas en la esfera de la justicia y la persecución penal —usuarios de información criminológica— descubren y asumen que los analistas del delito contribuyen a la prevención y el control del delito y las violencias. Entonces surge la oportunidad de construir un círculo virtuoso.

Uno de los denominadores comunes de esa interdependencia en materia de gestión de información y análisis criminal es que, ya sea desde la esfera de la seguridad o bien desde la justicia, impacta sobre los resultados y la eficacia percibida de las organizaciones (legitimidad social). En efecto, las trayectorias de los últimos años en diversos países de la región (por ejemplo, algunas provincias de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú) permiten arribar a la convicción de que se debe alimentar la convergencia de acciones al amparo de políticas públicas de seguridad con las actividades del sistema de justicia y sus actores.

Esto obedece a la creciente convicción de que en la base de los procesos de gestión de cambio para alcanzar mayor efectividad, de las mejoras en los ejes de gestión y servicios de calidad en las instituciones de prevención, seguridad y justicia, subyace la necesidad de crear, alimentar y consolidar flujos de datos e informaciones intra / extra organizacionales sobre delitos, víctimas, infractores y —oportunidades— o circunstancias propias para delinquir.

De esta forma, en un contexto institucional óptimo los analistas son o pueden ser puentes de plata que unen y reducen brechas de información, que usualmente generan o reflejan —dadas las consecuencias— brechas de impunidad operativa. Esto es lo que sucede cuando detrás de incidentes o delitos denunciados o reportados con escasos datos indiciarios no hay análisis criminal para desencadenar la acción de la policía y de la justicia y entonces, por un criterio de eficiencia policial y procesal, son archivados provisionalmente o bien desestimados.

Esto ocurre con mucha frecuencia, especialmente cuando en una entidad el modelo de tratamiento de información no considera mecanismos ni cuenta con las capacidades necesarias para explorar y explotar registros en otras fuentes abiertas o cerradas, dentro o fuera de la institución, de naturaleza distinta pero complementaria, y se agrega a ello casos que no son entendidos como síntoma de un problema de inseguridad objetiva y probablemente subjetiva, que demanda una estrategia policial de control y persecutora ad hoc, que sugiere o exige la agrupación de casos —ya que la hipótesis fáctica presume que detrás de muchos delitos hay pocos infractores, pero prolíficos en su actividad criminal (regla de Pareto 20:80)—, concentrados en un foco delictual que tiene patrones específicos y que posiblemente —luego del examen de varios casos— serán vinculables a través de la identificación o reconstrucción del modus operandi o firma delictual.

Así, la gestión de información criminológica, que está en manos de un analista delictual, es una oportunidad para cubrir vacíos y superar nudos críticos en la toma de decisiones, ayudando a materializar la seguridad y la justicia como derechos fundamentales en una sociedad.

Si bien hay quienes no concuerdan², en la actualidad análisis criminal (crime analysis), análisis del delito o análisis delictual se emplean como sinónimos. La revisión de diversas definiciones y contextos de uso llevan a afirmar que las distintas terminologías tienen que ver con autores, contextos jurídicos, socio-históricos y tradiciones con énfasis diferentes, ya sea si la gestión de análisis persigue propósitos preventivo-represivos, persecutorio-judiciales o bien simplemente una intención criminológica para generar conocimiento aplicado.

Más que una discusión conceptual o una definición taxativa, es más útil describir el campo semántico de esta actividad para comprender su potencial y su proyección en las esferas de la seguridad pública y la justicia. No hay duda de que se trata de la aplicación de técnicas analíticas particulares a datos recolectados para un gran propósito común (neutralizar el crimen y sus consecuencias), pero con objetivos y modalidades diferentes según cada usuario.

Una corriente vincula el análisis a la policía y señala que consiste en técnicas y procesos para estudiar las tendencias y los patrones delictuales en una jurisdicción específica y cómo la policía responde ante ellos. A modo de ejemplo, puede citarse a Bruce³ y los aportes de la International Association of Crime Analysts⁴.

Otra corriente extiende el campo y sitúa el análisis más allá de la esfera policial, como actividad orientada al estudio del delito y sus componentes, a partir de datos cuantitativos y cualitativos, en combinación con información socio-demográfica y factores espaciales, con el objeto de prevenir el crimen, aprehender criminales y evaluar la actuación de la organización⁵, ⁶.

Mientras otra corriente destaca que —con independencia de quién lo realice y el objetivo inmediato— el análisis es una herramienta importante en atención a que puede cubrir necesidades de tipo descriptivo, investigativo, estratégico-táctico, explicativo y evaluativo para generar intervenciones y actuar oportuna y eficazmente en la solución de problemas derivados de la ocurrencia de delitos, vinculándolo así a la gestión de políticas y estrategias⁷, ⁸. Es decir, se trataría de una función vinculada a la aplicación de la ley o la eficacia del Derecho, que implica un examen sistemático y el empleo del método científico y de técnicas en el examen individual o ponderado de la delincuencia y el desorden social (incivilidades). Esta aproximación ha ido adquiriendo fuerza o concitando adhesión en América Latina, vinculando el análisis criminal a organismos públicos (municipios, policías y fiscalías, ministerios públicos o procuradurías de justicia), e incluso privados (universidades, organizaciones no gubernamentales, observatorios del delito, entre otros), como se ilustra en los concursos de selección de buenas prácticas de análisis criminal en Iberoamérica que se realizan anualmente⁹, ¹⁰, ¹¹, ¹².

En términos tradicionales se enfoca en el comportamiento criminal, en hechos reportados, investigados o no, en incidentes relacionados, para identificar tendencias y determinar factores precipitantes (causas) y sus secuelas (efectos). Un analista debe aportar información sobre las características de los incidentes, infractores y circunstancias que intervienen y recomendar de qué forma se pueden abordar estas situaciones, ya sean ocasionales, frecuentes, comunes, de alta connotación o graves, derivadas de uno o varios infractores prolíficos o bien de la existencia de organizaciones criminales (bandas o grupos delictuales).

Se trata, específicamente, de una labor que implica el estudio de los incidentes a través de identificar relaciones, patrones, tendencias, causas y efectos y, por lo tanto, se enfoca en el perfilamiento de los elementos intervinientes y el hallazgo de vínculos desconocidos entre hechos ya conocidos y datos disponibles o información útil por generar y/o encontrar, estudiando la actividad criminal —delitos, infractores, víctimas y patrones de ocurrencia— para descubrir y producir información sensible y valiosa que permita prevenir, aprehender delincuentes prolíficos, investigar y aclarar delitos, distribuir eficientemente recursos y pronosticar la ocurrencia de hechos (recurrentes) similares, en un contexto de necesidad de apoyar acciones e intervenciones planificadas para hacer frente al crimen desde la perspectiva de la seguridad pública y la procuración de justicia.

Hoy los analistas también deben enfocarse en los factores que intervienen en el delito, qué es determinante en su aparición, su latencia y reducción, en establecer de qué forma se puede abordar la contención de los delitos y en cómo disuadir la comisión de ilícitos. Su resultado (evidencia científica y aprendizajes organizacionales) es utilizado preferentemente, aunque no en forma exclusiva, por la policía y las instituciones de persecución penal para diseñar estrategias específicas.

Hay elementos comunes. Uno es la convicción de que la información sobre los patrones puede ayudar a la policía a desplegar los recursos de manera más eficaz. Otra característica es que ayuda a la policía judicial y detectives en la identificación de delincuentes y organizaciones criminales. Donde tampoco hay dudas es que el análisis criminal también juega un papel en la elaboración de soluciones a los problemas de la delincuencia, y la formulación de estrategias de prevención del delito y de persecución penal. De esta forma, el análisis es una labor clave que ayuda a caracterizar o perfilar el delito y, entonces, a elaborar respuestas más efectivas, bloqueando la acción criminal, el delito recurrente y focalizado, ayudando a alcanzar mejores resultados en la prevención y la persecución penal.

2. ¿Cómo contribuye el análisis criminal a la eficacia en prevención y procuración de justicia?

Existen diversos tipos de análisis¹³, ¹⁴, ¹⁵. Estos se diferencian según su propósito (destinatario / tipo de decisión que facilitan), objeto (qué examina: conducta del infractor, problema de desorden, actividad criminal, perfil de víctimas), regularidad de realización, naturaleza de los antecedentes en que se enfoca y grado de confidencialidad:

Análisis táctico: estudia los sucesos criminales recientes y la actividad criminal posible y potencial, examinando las características en sectores focalizados y reducidos, y respondiendo a interrogantes del tipo qué, dónde, cuándo y cómo ocurren. Los objetivos son facilitar la reacción identificando patrones delictuales emergentes, notificando la existencia de éstos y monitoreando el resultado de las acciones de control y/o los cambios que se suceden.

Análisis estratégico: se centra en las tendencias, el escenario de la inseguridad y el contexto de la criminalidad en una zona geográfica más amplia y los factores que facilitan dichas tendencias, reconociendo la dinámica del delito recurrente. Es un estudio de la criminalidad con base en fuentes policiales complementadas con otros antecedentes socio-demográficos y espaciales, examinando incluso el impacto de las actividades o intervenciones que desarrollan otros organismos —entre otros elementos—, para anticipar y modificar dicho contexto a partir del rol potencial que pueden tener los intervinientes (policía y fiscalía, servicios públicos, gobiernos locales, etc.) en la contención y/o solución.

Análisis del problema: se enfoca más en la observación de situaciones crónicas, latentes o de largo plazo para comprender los factores que están en la base y elaborar estrategias ad hoc. Se concentra en la identificación de causas, componentes incidentales y/o determinantes y los efectos. Se focaliza en territorios acotados y supone llegar a identificar la mecánica de los delitos y desordenes o incivilidades que son priorizados como problemas de inseguridad (objetiva y subjetiva) en grupos vulnerables y de riesgo. Recurre a diversas fuentes y tipos de datos y se orienta al diseño de intervenciones y la solución de problemas, por ejemplo focos delictuales y zonas calientes.

Análisis criminal investigativo: es el examen de crímenes en serie, de los modus operandi de los infractores asociados a delitos, se ocupa del perfilamiento de víctimas e infractores (de las características físicas, sociodemográficas, psicológicas y geográficas), incluso de la escena del crimen con el propósito de vincular casos reportados e infractores desconocidos. Consiste en la identificación y suministro de información que ayude a establecer la relación entre el dato criminal y otro dato potencialmente relevante para identificar sospechosos, reunir evidencias y esclarecer los ilícitos. Se vincula a la actuación de organismos o unidades de persecución penal, responsables del esclarecimiento y solución de casos o delitos en serie, comunes o complejos, frecuentes o no¹⁶.

Análisis de inteligencia criminal: es la recopilación de datos y diseminación de información sensible sobre delincuentes reincidentes y prolíficos, en especial organizaciones criminales y asociaciones ilícitas, utilizando antecedentes de fuentes abiertas o cerradas, a menudo obtenidos con técnicas intrusivas, para apoyar la investigación criminal y la persecución penal.

Análisis administrativo: describe el tratamiento de datos en distintos niveles (local o nacional) respecto a la carga de trabajo, cálculos de demanda de servicios y el diseño de turnos, la elaboración de informes de actividad, la entrega de estadísticas, mapas, gráficos y datos útiles para un accionar eficiente y el adecuado empleo de los recursos y determinar cuál de estos resultan necesarios para dar respuesta a las solicitudes de terceros, tales como autoridades, medios de comunicación o grupos de interés de la comunidad. También puede involucrar un examen del tipo costo – beneficio. Este tipo es muy útil desde el punto de vista presupuestario y para la postulación de recursos públicos.

Análisis de operaciones: se enfoca en el estudio de casos ex ante / ex post (planificación/evaluación), incluyendo la cantidad de personal, actividades de apoyo, equipos y otros recursos logísticos asignados temporalmente, con la intención de identificar si la operación, la estrategia y las tácticas institucionales fueron exitosas (resultado / impacto)¹⁷.

Del examen de la tipología se puede colegir que son complementarios y que hay interdependencia entre algunos tipos. Por ejemplo, es bastante difícil hacer un análisis estratégico si no se han efectuado antes y periódicamente análisis tácticos; o bien, se puede inferir que el