Derechos humanos y policías: Una propuesta criminológica para el fortalecimiento policial en México

Por Alan García Huitron

El 26 de marzo del 2024, las Fuerzas Armadas retornarán a sus cuarteles, permitiendo que los cuerpos policiales de corte civil vuelvan al mando de la seguridad en las entidades federativas y los municipios del país. Para entonces, las p

• Idioma: Español
• Editorial: INACIPE
• Fecha de lanzamiento: 14 sept 2022
• ISBN: 9786075601397

Alan García Huitron

Alan García Huitron Estudiante del Doctorado en Sociología por el Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Especialista en Criminología por la UNQ de Argentina. Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO y licenciado en Criminología por el CLEU. Docente y conferencista. Coordinador, autor y coautor de diversas publicaciones. Participó en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas a nivel municipal, estatal y federal sobre prevención de las violencias y la delincuencia. Profesor investigador asistente del INACIPE y colaborador externo del IECRIMT. Miembro del AIDCA de Argentina, representante en México del INCRIDES del Perú, y miembro de la Red Internacional de Criminología.

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Alan García Huitron

Alan García Huitron

Estudiante del Doctorado en Sociología por el Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la

unam

. Especialista en Criminología por la

unq

de Argentina. Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la

flacso

y licenciado en Criminología por el

cleu

.

Docente y conferencista. Coordinador, autor y coautor de diversas publicaciones. Participó en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas a nivel municipal, estatal y federal sobre prevención de las violencias y la delincuencia.

Profesor investigador asistente del

inacipe

y colaborador externo del

iecrimt

. Miembro del

aidca

de Argentina, representante en México del

incrides

del Perú, y miembro de la Red Internacional de Criminología.

Derechos humanos y policías

Una propuesta criminológica

para el fortalecimiento

policial en México

DIRECTORIO

Alejandro Gertz Manero

Fiscal General de la República

y Presidente de la H. Junta de Gobierno del

inacipe

Gabriela Alejandra Rosales Hernández

Secretaria General de Extensión

Portadilla

Derechos humanos y policías

Una propuesta criminológica

para el fortalecimiento

policial en México

© Instituto Nacional de Ciencias Penales (

inacipe

)

© Alan García Huitron

Instituto Nacional de Ciencias Penales

Magisterio Nacional núm. 113, Col. Tlalpan,

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México

Primera edición, 2022

ISBN libro electrónico: 978-607-560-139-7

Aviso legal

inacipe

Se prohíbe la reproducción parcial o total, sin importar el medio, de cualquier capítulo o información de esta obra, sin previa y expresa autorización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, titular de todos los derechos.

Esta obra es producto del esfuerzo de investigadores, profesores y especialistas en la materia, cuyos textos están dirigidos a estudiantes, expertos y público en general. Considere que fotocopiarla es una falta de respeto a los participantes en la misma y una violación a sus derechos.

Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la postura del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

A mi madre, que desde el cielo ilumina mi caminar

A mi padre y hermana por siempre apoyarme en mi propósito

A mi familia (mi esposa, Lizbeth, y mis hijas Alanna e Isabella)

por darme amor, dicha y felicidad incondicional en mi vida

Prólogo

México atraviesa por tiempos de abandono en materia de reforma policial. Quizá como en ninguna época anterior la reducción de recursos federales para el fortalecimiento institucional de agencias de seguridad y justicia dibuja un panorama sombrío en especial para las Policías locales; salvo algunas excepciones, la mayoría parecen resignadas a esperar mejores tiempos. La transformación de la función policial, la urgencia de contar con niveles aceptables de confianza y la puesta en marcha del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica son todavía pendientes importantes que podrían representar la única forma de detener el contundente avance de la militarización.

El maestro Alan García Huitron realiza con este importante texto una aportación a la discusión que debe estar más vigente que nunca: la relación de la criminología y la función policial bajo una perspectiva de derechos humanos. A partir de una valiosa recopilación sobre la criminología, nos mostrará la forma de abordar el fenómeno criminal desde una visión de la conflictividad social y, por tanto, la necesidad de visibilizar un enfoque de daños y de vulnerabilidades. El especialista nos cuenta también el camino que siguió la caracterización de la persona delincuente, haciendo un recorrido desde la etapa clásica, pasando por el positivismo y hasta el nacimiento de la criminología crítica y los postulados más recientes. Es en este punto donde García Huitron explica algunos fundamentos de la función policial, la relación de la policía con lo político y, por supuesto, el énfasis histórico de tan importante institución en la protección del Estado (gobierno) y no de las personas.

El autor hace también una recopilación de datos muy útiles para entender el contexto de la región latinoamericana y la posición de México como un país con una democracia incipiente, cuyo gasto social es mínimo y que sufre graves niveles de violencia.

El maestro también relata las relaciones del poder civil y el poder militar. No es posible explicarnos la militarización de nuestro país sin conocer esa dinámica que, dicho sea de paso, data del siglo pasado. Así, elabora con datos interesantes el papel histórico de las Fuerzas Armadas y su relación con la seguridad pública. Pero una mención especial merece las notas del autor sobre la demostración de que los procesos de militarización de la seguridad no han servido para la reducción de las violencias en modo alguno.

Un modelo de seguridad ciudadana con enfoque de derechos requiere de un modelo policial diferente y alejado del modelo de seguridad pública protector de instituciones, así lo confirma García Huitron y nos lleva al origen del concepto y a conocer sus estándares internacionales. El planteamiento de construir indicadores que explica ampliamente a lo largo del texto se constituye como una propuesta innovadora que bien podría servir como mecanismo de evaluación para las instituciones policiales mexicanas en su búsqueda de instalar un modelo orientado hacia la comunidad.

La selección adecuada de personal policial; la calidad en la capacitación y actualización de la formación policial; el respeto a los derechos laborales y sindicales para policías como remuneración justa, horario digno y apoyo terapéutico, y, por supuesto, equipamiento suficiente para cumplir de forma eficiente con su labor, deberían constituir el piso mínimo de un proceso integral de reforma policial. En el texto que usted está por leer, estos elementos se describirán puntualmente en forma de indicadores.

Ser policía debe dejar de ser la última opción, y convertirse en una profesión con alto profesionalismo y reconocimiento social, dice el autor, afirmación en la que estoy contundentemente de acuerdo. Ahí, sin duda, se encuentra el centro del rediseño de las instituciones policiales.

La otra dimensión de este estudio propone analizar la transversalidad de las políticas de seguridad ciudadana. Se consideran la participación ciudadana, la igualdad y no discriminación, la perspectiva de género, la rendición de cuentas, la coordinación institucional y la capacitación en derechos humanos como requisitos integrales para cumplir con el derecho internacional en la materia.

En mi opinión, el aporte más importante del libro que en este momento tiene en sus manos se refiere a la evaluación de las políticas públicas de seguridad con perspectiva de derechos humanos, tópico tan abandonado históricamente en nuestro país y en un contexto —además— de reiteradas improvisaciones. La construcción del Índice de Fortalecimiento para el Diseño de Políticas de Seguridad con Enfoque de Derechos Humanos (

ifdpsedh

) que se expone en esta obra representa la posibilidad de tener un marco metodológico para contar con una línea base en términos de fortalecimiento institucional de las Policías.

El autor describe de forma puntual la evaluación del

fortaseg

con dicho índice y nos ilustra sobre la perspectiva de derechos humanos en la desaparecida política pública de fortalecimiento a las instituciones de Policías locales.

Las Policías municipales de nuestro país representan la autoridad más cercana a la comunidad y la que atiende el mayor número de incidentes relacionados con la seguridad ciudadana, así quedará en evidencia con la lectura de este importante texto. Es tiempo, pues, de escuchar a las y los policías municipales de México, quienes, como muy bien dice Alan García Huitron, deberán participar activamente en el proceso de reforma policial.

Queda claro que un asunto de urgencia es que la Policía mejore de forma notable su nivel de legitimidad, así podría iniciar el camino de reconciliación policía-comunidad y, por lo tanto, generar nuevos caminos de participación ciudadana.

Lo que las personas lectoras de este libro están a punto de encontrar incluye un sólido bagaje sobre la aportación que puede hacer la criminología con perspectiva de derechos humanos en beneficio de la reforma policial democrática.

El autor nos ofrece un análisis integral del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (

mnpjc

), apuesta en materia policial de la administración federal del presidente López Obrador, quien lo presentó al Consejo Nacional de Seguridad Pública y obtuvo la aprobación para establecer este documento como la estrategia nacional a seguir por las instituciones policiales del país.

El libro del maestro García Huitron llega en un momento muy oportuno, pues vivimos uno de los periodos de mayor violencia en el país, el despliegue de las fuerzas militares en prácticamente todo el territorio nacional y, lo más grave, el retiro de fondos federales para el fortalecimiento y la profesionalización de las Policías estatales y municipales.

Les invito, así, a leer con atención el libro de Alan García Huitron, que estoy seguro se convertirá en material de consulta y referente en temas de policía.

Hasta que ser policía sea el mejor empleo.

Miguel Garza

Introducción

En México, de acuerdo con la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, publicada en marzo del 2019 en el Diario Oficial de la Federación (

dof

), el 26 de marzo del 2024 el grueso de las Fuerzas Armadas deberá retirarse de las actuales labores de seguridad pública y regresar a sus cuarteles. Desde otra perspectiva, esto significa el retorno de los cuerpos policiales de corte civil al mando de la seguridad en el país.

Si se acepta —como ha sido lugar común— que uno de los principales motivos para hacer uso constitucional y regular de las Fuerzas Armadas es la desconfianza ciudadana y la incapacidad de las Policías estatales y municipales para enfrentar el problema de la delincuencia común y organizada, se deduce que para la fecha arriba indicada —26/03/2024— las Policías locales debiesen ser confiables y estar capacitadas. La transición, así, no solo implica un mero cambio de estafeta (de lo militar a lo civil), sino que exige grandes transformaciones estructurales dentro de la institución policial, difícilmente alcanzables en unos cuantos años.

Conscientes de lo anterior, las y los legisladores integraron un artículo transitorio a dicha reforma constitucional —el séptimo—, donde interpelaron a los ejecutivos de las entidades federativas a presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública (

cnsp

) un diagnóstico y un programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales; hecho administrativo con fecha límite al mes de septiembre de 2019 y a reflejarse en términos presupuestales en los subsiguientes Presupuestos de Egresos de la Federación (

pef

).

A tres años de distancia, ¿qué ha ocurrido? De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (

sesnsp

), si bien todas las entidades federativas presentaron ante tales instancias su diagnóstico y programa, cumpliendo en tiempo y forma, dicha información está reservada por cinco años —es decir, hasta el límite de la comentada transición—. En cuanto a la partida presupuestal, cabe recordar, existen dos principales subsidios federales para fortalecer específicamente la seguridad pública a nivel local: el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (

fasp

), creado en 1999 para fuerzas policiales estatales, y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (

fortaseg

) de los municipios y, en su caso, de los estados —antes

subsemun

—, puesto en marcha desde 2008 para las respectivas fuerzas a nivel municipal. Respecto al

fasp

, su crecimiento en términos reales ha sido casi imperceptible, al pasar de 7 mil millones de pesos en el

pef

de 2018 a casi 8 mil millones en el

pef

de 2022; en tanto que al

fortaseg

no solo se le redujo la partida a 3 921 700.00 pesos en 2020 (una caída en picada si se toma en cuenta los casi 6 mil millones de pesos de 2016), sino que en 2021 se tomó la decisión de desaparecerlo del presupuesto.

Pese a lo convenido constitucionalmente, en el primer año de oportunidad (2020) —en realidad, el último de vida del

fortaseg

—, estos dos subsidios federales en materia de seguridad pública estatal y municipal apenas alcanzaron los 7 mil 750 millones de pesos, una cifra mísera si se le compara con lo previsto para instituciones como la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (

fgr

), quienes juntas tuvieron para ese año alrededor de 200 mil millones de pesos. Aunque el

fasp

y el

fortaseg

son solo un apoyo federal a las entidades, pues son estas quienes al final más recursos aportan en este rubro, el peso de las transferencias federales en el gasto varía entre estados; tanto que, en 2016, solo seis entidades concentraron casi el 50% del gasto estatal en seguridad y justicia (

inegi

, 2018a: 40).

Lo anterior demuestra la importancia de elevar aún más estos subsidios desde la federación y de no desaparecerlos, como ocurrió con el

fortaseg

y, con él, parte del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica¹ presentado por la actual administración federal en 2019, que tiene por objeto el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, así como la articulación entre estas y la Guardia Nacional, procuradurías y fiscalías. Así las cosas, al momento de escribir estas líneas, los programas locales de fortalecimiento policial están reservados hasta el año 2024, y los principales mecanismos para llevar a cabo este objetivo, o no han experimentado cambios presupuestales significativos, o han desaparecido, dejando el camino libre a la consolidación del proyecto militar de la seguridad.

La actual y vigorosa transformación social y política que instaló en el poder presidencial a Andrés Manuel López Obrador en agosto de 2018 exige de resultados distintos y, por tanto, de políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones diferentes al sello neoliberal que ha repercutido en un progresivo incremento de las tasas de criminalidad (violencias y desigualdad social) y en un constante desgaste por parte de las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia (corrupción e impunidad). Continuar con la política de militarización —ahora a través de la Guardia Nacional como institución cívico-bélica— no solo es ir en contra de estándares internacionales, sino remar contracorriente respecto a uno de los principales elementos de buenas prácticas y experiencias exitosas en la reducción sostenible de las violencias y la delincuencia, en tanto son las Policías y no los militares (o los militares vestidos de policías) quienes deben de participar activa e inteligentemente en la resolución de la conflictividad social y la reducción de la victimización (Waller, 2014) y, así, revertir los procesos socioculturales que envían a cientos de jóvenes a la prisión, activando sus trayectorias criminales (Goffman, 2015). Optar por la guerra, aunque sea civilizada, además de contravenir el pulso constante de la dignidad humana y de su protector, el Estado social y democrático de derecho, no traerá paz ni legalidad a mediano ni a largo plazo; por el contrario, profundizará la crisis de violaciones graves a derechos humanos y de inseguridad pública, tal y como ha sucedido con la política criminal hasta hoy adoptada.

A fin de sumar a las propuestas de fortalecimiento policial y, con ello, a lo convenido constitucionalmente desde 2019 —aquel séptimo transitorio—, el presente libro pretende proponer, desde una visión contemporánea de la criminología, un esquema teórico-metodológico que permita avanzar en el fortalecimiento de las Policías municipales, las cuales, por su representatividad estadística, proximidad social y funcionalidad múltiple, son el estado de fuerza más importante para revertir, junto con otros sectores y acciones, la ola de violencia e inseguridad convertida desde hace varios años en huésped incómodo. Dicho esquema, denominado Índice de Fortalecimiento para el Diseño de Políticas de Seguridad con Enfoque de Derechos Humanos (

ifdpsedh

), incorpora a la seguridad estándares de derechos humanos con un doble enfoque: institución-policía y policía-sociedad, presentando a aquellos —institución y sociedad—, más que enemigos del campo policial, aliados en su configuración identitaria. Este índice, valga asentar, fue construido a partir de una evaluación al propio

fortaseg

en el año 2018 y tiene como fin no solo llegar a una ponderación técnica de los componentes de dicha política pública (en este caso, su diseño) de acuerdo con tales estándares que evidenciará una tendencia político-criminal, sino, además, construir una propuesta de modelo que permitiera reconceptualizar el ámbito de seguridad en el marco de un Estado social y democrático de derecho. De esta forma, el modelo puede ser útil a nivel federal, en el marco de este trance entre la desaparición del

fortaseg

en 2021 y su posible reconstrucción para los siguientes

pef

, o bien, servir a los ámbitos estatales y municipales en sus concernientes programas policiales de orden local.

Aunque el propio

fortaseg

tuvo, como se comentó, su última aparición en 2020, esto de ninguna manera afecta al índice propuesto, pues este, lejos de depender de un programa específico o de una coyuntura determinada, los trasciende al derivarse de elementos teóricos y metodológicos en materia de derechos humanos contemporáneos, constituyéndose más bien en un modelo con posibilidad de réplica sin importar el espacio (regional, federal, estatal o municipal) o el tiempo.

Es importante advertir que la lógica a seguir por esta propuesta de fortalecimiento (integrada por diversos indicadores que operacionalizan el derecho a la seguridad ciudadana) está focalizada solo en el diseño de políticas públicas. Es decir, este trabajo no aborda la forma en cómo las corporaciones específicas o el personal policial en concreto utilizan dichos recursos (evaluación de la implementación); cuestión que, a pesar de su incuestionable importancia, rebasaría por mucho los presentes intereses y objetivos, presentándose como posible futura línea de investigación.

En este sentido, aunque el impacto de dicha propuesta pareciera ser bastante modesto al evaluarla desde la perspectiva de la reducción de malas prácticas policiales o el aumento de estrategias tendientes a reducir la criminalidad o la violencia social, la utilidad de esta obra debe enjuiciarse, por un lado, en el marco de pocos ejercicios que sistematicen y operacionalicen este reciente paradigma de la seguridad ciudadana y, por otro, en la necesidad de iniciar reformas policiales que rompan con los viejos y reinventados esquemas en que se construyó históricamente la policía, visibilizando mecanismos y procesos democráticos y de respeto, protección y garantía de derechos humanos tanto al interior como al exterior del aparato policial. El índice, así, se presenta como modelo no solo para evaluar el diseño de políticas existentes, sino también para crear el diseño de tales.

La obra se conforma de tres capítulos. En el primero, se genera una especie de marco referencial y orientativo de tipo criminológico que, rompiendo con virajes tradicionales en su construcción teórico-metodológica y política, vislumbra nuevos elementos deestudio como los derechos humanos, las Policías y las políticas de fortalecimiento institucional, abriendo oportunidades a criminólogas y criminólogos de formación para incidir en la reducción de las violencias y la victimización bajo enfoques, herramientas y recursos alternativos y contemporáneos.

El segundo capítulo, por su parte, inicia con una reflexión crítica respecto a la supuesta efectividad de las recientes políticas de seguridad pública en México, construidas y focalizadas desde y en los ámbitos unívocos del control punitivo (estrategias militares) con resultados nada alentadores en términos del derecho de las y los mexicanos a la paz y la seguridad y, por el contrario, con efectos en la progresiva militarización de la seguridad iniciada desde los años 30 del siglo pasado y en la mutación de las propias violencias sociales. En su lugar, este apartado adopta la seguridad ciudadana como concepto contemporáneo más acorde con los Estados democráticos y sociales de derecho, identificando tanto sus estándares internacionales como sus elementos transversales para la construcción de una política de seguridad con enfoque de derechos humanos (el mencionado

ifdpsedh

) que tenga eco en los programas de fortalecimiento del grueso de las Policías municipales, que son los actores del Estado, como se dijo anteriormente, con mayor interacción directa con la población (60%), entre los de mayor porcentaje respecto al total del estado de fuerza en los tres ámbitos de gobierno (aproximadamente 35%) y quienes atienden casi el 90% de los delitos que afectan a las y los mexicanos.

El tercer capítulo, finalmente, valora el

fortaseg

2018 con base al comentado

ifdpsedh

, demostrando su utilidad y pertinencia. Este programa, tal y como se subrayó, era la política pública en materia de seguridad para municipios, operada por el

sesnsp

de la Secretaría de Gobernación (

segob

), más importante de los últimos años. Desde 2016 hasta el año 2020,

fortaseg

se restructuró con cambios de estrategias, nuevas reglas de operación y nuevos enfoques en la materia, haciendo énfasis en el desarrollo de las personas; el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública; la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como la capacitación en materia de derechos humanos e igualdad de género. Se termina este capítulo y la obra no sin antes abordar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que representa la política más importante en la materia del presente gobierno, advirtiendo sus ventajas y desventajas a partir de la propuesta criminológica.

1 La viabilidad del Modelo Nacional de Policía depende de los recursos provenientes del

fasp, fortaseg

y

fortamun

. El primero ha crecido casi de manera imperceptible;

fortaseg

desapareció, y

fortamun

creció entre el último año del sexenio anterior y el

pef

2022 cerca de 20 mil millones (incluso, el 20% destinado de este fondo a seguridad pública no se ha visto incrementado, tal y como se propuso).

Capítulo I

Criminología contemporánea

¿Cuál es la relación entre criminología y derechos humanos? ¿Qué tiene que ver el saber criminológico con el aparato policial? Si bien en México es común definir a la criminología como una ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales, tal y como en su momento propusieron grandes tratadistas como Ruíz Funes (1952), Quiroz Cuarón (1965) y Rodríguez Manzanera (2016), en la actualidad dichas aproximaciones conceptuales resultan limitadas frente al complejo y diverso campo general del saber científico y del quehacer profesional. Los cambios que, desde el nacimiento de dicha disciplina científica, han ocurrido tanto a nivel interno (paradigmas, escuelas y teorías) como externo (historia, contextos y acontecimientos) exigen un reposicionamiento teórico, metodológico y político de la criminología respecto a los grandes y actuales problemas y conflictividades sociales, imposibles de ignorar.

Romper con la visión tradicional y dominante de la criminología en México que impone como objeto de estudio al hombre y la mujer delincuente; como su procedimiento, al método científico; a la prisión, como su área de estudio; al estado peligroso, como su explicación, y al tratamiento, como su finalidad, es el principal objetivo de este primer capítulo; en particular, problematizar los clásicos tres niveles de interpretación propuestos por Jean Pinatel (1970) y seguidos por Manzanera (2016), crimen, criminal y criminalidad, repensándolos con diferentes categorías como los derechos humanos, las Policías y las políticas de fortalecimiento institucional.

Del delito a los derechos humanos

Si bien la criminología, como cualquier otra disciplina de las ciencias políticas, sociales y de la conducta, es polivalente o multidimensional, como casi ningún otro campo de conocimiento, ha generado un enorme debate epistemológico, dadas las constantes problematizaciones… (Bombini, 2018: 13).

En efecto, dentro de la historia de los pensamientos criminológicos (más que el pensamiento como algo homogéneo o único) se han gestado grandes discusiones en torno a la relación objeto-sujeto, la natura versus cultura, el saber y poder, el debate sujeto-estructura, el deber ser y el ser, la pugna entre métodos cuantitativos o cualitativos, las fronteras entre saberes, entre muchas otras, las cuales —aun su relevancia— fueron por mucho tiempo negadas o dejadas de lado, por lo que hoy deben retomarse y ser replanteadas en este nuevo aire contemporáneo de la disciplina criminológica en México.

Históricamente, la criminología nació a la sombra del derecho penal. Sea como saber político (escuela clásica) o como saber técnico (escuela positivista), siempre su punto de referencia fue el sistema o el poder punitivo. De allí que el saber penal tuviese gran influencia en la construcción del saber criminológico, incluso al grado tal de dotarle de existencia a través del delito como su único objeto de estudio. Así, a la pregunta expresa ¿Qué estudia la criminología?, era y es usual voltear hacia el código penal y sus diferentes tipos y subtipos penales; homicidio, robo, violación, fraude, feminicidio, extorsión, secuestro, cohecho, entre muchos otros más (de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 844 diferentes delitos en 38 leyes federales y 38 leyes estatales, 32 códigos penales estatales y el Código Penal Federal) (

inegi

, 2013: 10).

Pero, como gustaba de corregir el distinguido profesor Sergio Reyes Ramos, somos criminólogos, no delincuentólogos, haciendo referencia a la necesidad del carácter crítico y reflexivo de la criminología con respecto al saber jurídico penal. La criminología, así, no puede ir por detrás del derecho