Derecho penal básico
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En procura de una mayor fluidez, la obra, escrita por Felipe Villavicencio, no contiene referencias bibliográficas o notas al pie de página. Presentamos un texto libre de las discusiones doctrinales que caracterizan al actual derecho penal, por lo que es importante que el lector complete la lectura con las diferentes obras más extensas del autor u otros autores, algunas de las cuales se citan en la bibliografía final.
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Derecho penal básico - Felipe Villavicencio
Felipe Villavicencio Terreros
es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Buenos Aires y profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la PUCP. Es miembro del Subcomité de Prevención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Cuenta con varias publicaciones en la especialidad de derecho penal y criminología.
Colección Lo Esencial del Derecho 3
Comité Editorial
Baldo Kresalja Roselló (presidente)
César Landa Arroyo
Jorge Danós Ordóñez
Manuel Monteagudo Valdez
Abraham Siles Vallejos (secretario ejecutivo)
Felipe Andrés Villavicencio Terreros
Derecho penal básico
Derecho penal básico
Felipe Andrés Villavicencio Terreros
© Felipe Andrés Villavicencio Terreros, 2017
De esta edición:
© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2017
Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú
feditor@pucp.edu.pe
www.fondoeditorial.pucp.edu.pe
Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Primera edición digital: junio de 2017
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
ISBN: 978-612-317-269-5
Abreviaturas
Presentación
En su visión de consolidarse como un referente académico nacional y regional en la formación integral de las personas, la Pontificia Universidad Católica del Perú ha decidido poner a disposición de la comunidad la colección jurídica «Lo Esencial del Derecho».
El propósito de esta colección es hacer llegar a los estudiantes y profesores de Derecho, funcionarios públicos, profesionales dedicados a la práctica privada y público en general, un desarrollo sistemático y actualizado de materias jurídicas vinculadas al derecho público, al derecho privado y a las nuevas especialidades incorporadas por los procesos de la globalización y los cambios tecnológicos.
La colección consta de cien títulos que se irán publicando a lo largo de varios meses, con una extensión limitada y a precios accesibles. Los autores son en su mayoría reconocidos profesores de la PUCP y son responsables de los contenidos de sus obras. Las publicaciones no solo tienen calidad académica y claridad expositiva, sino también responden a los retos que en cada materia exige la realidad peruana y son respetuosas de los valores humanistas y cristianos que inspiran a nuestra comunidad académica.
«Lo esencial del Derecho» también busca establecer en cada materia un común denominador de amplia aceptación y acogida, para contrarrestar y superar las limitaciones de información en la enseñanza y práctica del derecho en nuestro país.
Los profesores de la Facultad de Derecho de la PUCP consideran su deber el contribuir a la formación de profesionales conscientes de su compromiso con la sociedad que los acoge y con la realización de la justicia.
Introducción
Este es un libro breve que busca exponer —de manera asequible y con lenguaje sencillo— los contenidos fundamentales del derecho penal (ley penal y teoría del delito). Ofrece al lector conocimientos básicos en la materia pero especialmente recuerda que el ejercicio del poder penal debe respetar en forma irrestricta a la persona humana en todas sus manifestaciones, como se expresa en la parte dedicada a los límites al poder penal.
En procura de una mayor fluidez, la obra no contiene referencias bibliográficas o notas al pie de página. Presentamos un texto libre de las discusiones doctrinales que caracterizan al actual derecho penal, por lo que es importante que el lector complete la lectura con las diferentes obras más extensas del autor u otros autores, algunas de las cuales se citan en la bibliografía final.
Invitamos a los lectores a recorrer su contenido, pero recomendamos seguir algunas pautas: primero, el lector debe avanzar la lectura de capítulo en capítulo, anotando observaciones y dudas que se podrán consultar en otros textos más extensos. Segundo, debe contar con un texto de la Constitución Política, las normas internacionales, el código penal de 1991, las normas procesales, y otras que son citadas en el texto. Tercero, para la mejor comprensión, la obra contiene preguntas y casos prácticos al final de cada capítulo que recomiendo resolver.
Agradezco la colaboración de mi alumno Vilmer de la Cruz Paulino, quien muestra singular aptitud para el derecho penal.
Primera parte
Teoría del derecho penal
Capítulo 1
Fundamentos del derecho penal
1.
El control social
El control social es el conjunto de recursos de los que dispone una sociedad a fin de asegurar que los comportamientos de sus miembros sean conformes a las reglas y principios establecidos para asegurar la estabilidad y supervivencia de la misma. El control social busca garantizar que las personas acepten y respeten las normas de convivencia, dirigiendo satisfactoriamente los procesos de socialización. Es posible diferenciar dos formas de control social: control social informal —familia, normas sociales, educación, medios de comunicación, religión, etcétera— y control social formal, como es el caso del sistema penal.
2.
El poder penal
El poder penal o punitivo es el ejercicio de la coerción estatal que se manifiesta a través del sistema penal. El sistema penal está conformado por un conjunto de agencias y actividades que intervienen en la creación (criminalización primaria) y en la aplicación (criminalización secundaria) de las normas penales, y está integrado por diferentes agencias de control penal: policías, jueces, fiscales, procuradores, sistemas penitenciarios. Sus actividades se encuentran delimitadas a través de los medios normativos —código penal, el código procesal penal, el código de ejecución penal, las leyes orgánicas de las respectivas instituciones, etcétera—, económicos, administrativos, etcétera.
2.1. La criminalización primaria
El poder de legislar en materia penal está representado por la criminalización primaria, a través de la cual el legislador cumple la tarea de tipificar conductas declaradas delictivas y establece la consecuencia penal respectiva. Aquí intervienen las agencias políticas, en especial el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. La criminalización primaria es un acto formal y fundamentalmente programático, pues cuando se establece que una determinada conducta debe ser sancionada, se enuncia un programa que debe ser cumplido por las agencias del sistema penal.
2.2. La criminalización secundaria
La criminalización secundaria es el poder de aplicar la ley penal y de asignar la calidad de delincuente y ejecutar las sanciones que realizan las agencias del sistema penal a través de policías, fiscales, jueces, defensores o el sistema penitenciario. Si bien las expectativas de la sociedad para el cumplimiento efectivo de los planes de criminalización propuestos por el legislador son altas, por lo general se trata de planes muy difíciles de poner en práctica, por lo que su cumplimiento es reducido, como se aprecia cuando revisamos la cantidad de delitos que son realmente sancionados.
3.
Las ciencias penales
Las ciencias penales son la dogmática jurídico-penal, la política criminal y la criminología. La dogmática jurídico penal es la disciplina que se ocupa del estudio general, abstracto, sistemático, crítico y axiológico de las normas del derecho penal positivo. La política criminal es la obtención y realización de criterios directivos en el ámbito de la justicia penal y para ello busca modelos para mejorar la justicia penal y enfrentar a la criminalidad. La criminología estudia al proceso de criminalización y a la realidad de las conductas socialmente dañosas y las situaciones conflictivas y problemáticas.
4.
El derecho penal
El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que definen determinadas conductas como delito o como faltas y disponen la imposición de penas o medidas de seguridad. Es usado en todo proceso de criminalización y como forma de control social, y constituye el medio más enérgico del que dispone el Estado para evitar las conductas que resultan más indeseadas e insoportables para la sociedad.
Es recomendable que el derecho penal sea la última ratio legis, de manera que se aplique cuando los otros medios del control social resulten insuficientes. Se debe recurrir al derecho penal de manera reducida, pues el castigo penal supone considerable daño social. Sin embargo, los legisladores son renuentes a aceptar esta realidad y suelen recurrir al derecho penal como forma de enfrentar y tratar de resolver conflictos sociales, a pesar de que su aplicación no los va a resolver.
Se pueden identificar tres manifestaciones del derecho penal que cuentan con características autónomas: el derecho penal sustantivo, que estudia las normas en cuanto determinan los delitos y señalan las medidas a aplicarse; el derecho penal formal, que señala la forma o procedimiento para hacer efectivas las consecuencias del delito; y el derecho penal ejecutivo, que abarca el cumplimiento o ejecución de las penas y medidas de seguridad.
El derecho penal también puede clasificarse como objetivo y subjetivo. El derecho penal objetivo —ius poenale— es el conjunto de normas jurídico-penales referidas al delito, al sujeto responsable de su realización y a las consecuencias del delito, esto es, las penas y medidas de seguridad. Se puede definir como aquella parte del ordenamiento jurídico que precisa las características del hecho delictivo —teoría del delito—, individualiza al sujeto responsable —teoría del sujeto responsable— e impone una pena o medida de seguridad —teoría de la determinación de la pena— (Bustos, 2004).
El derecho penal subjetivo —ius puniendi— es la facultad de Estado de imponer penas y medidas de seguridad a los infractores. Se trata de una decisión político-criminal que se plasma en una norma penal que declara punible un hecho y perseguible a su autor. De esta manera, el estado ejerce su poder exclusivo de ejercer «la violencia legítima» a través de la aplicación de penas y medidas de seguridad.
5.
El delito
El concepto más