La guerra blanca. Los cárteles de la droga en México y Colombia

Por Hugo Montero

El narcotráfico, uno de los mas redituables negocios a nivel mundial, reduce a la esclavitud a generaciones de jóvenes y motiva altisonantes declaraciones estatales, incluso desde países que lavan el producto de este negocio y acogen en sus bancos gran parte de las ganancias obtenidas día a día. Estados Unidos, por ejemplo, es el país con mayor número de adictos y a la vez, el que más dinero invierte en combatir la producción de coca en países como Colombia. En ese marco, esta inquietante obra se torna necesaria, pues aborda temas actuales relacionados con el consumo y tráfico de drogas.

• Idioma: Español
• Editorial: LD Books - Lectorum
• Fecha de lanzamiento: 12 feb 2014
• ISBN: 9781943387243

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El narcotráfico es una bestia monstruosamente poderosa, enormemente rica y sin ninguna clase de escrúpulos en la guerra que está librando. América Latina tiene que aprovechar esa terrible lección que nos está dando México y enfrentar con imaginación, creatividad y resolución el narcotráfico, porque es el enemigo número uno de la libertad y la civilización.

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura

Flagelo mortal a escala planetaria o extraordinario negocio sin fronteras. La gran amenaza del nuevo siglo o el más redituable de los emprendimientos financieros del presente. Refugio de delincuentes y terroristas desalmados que hay que combatir con toda la fuerza bélica disponible o mercado a explotar y desarrollar para potenciar aún más una industria millonaria. Cáncer que erosiona las instituciones y amenaza seriamente a las democracias de Occidente, o fuente de ingresos vitales que rescatan de la ruina a los bancos capitalistas y estabilizan a las economías en crisis...

En marzo de 1998, la asamblea general de las Naciones Unidas en Nueva York anunció en una sesión especial que se comprometía a terminar con el problema de las drogas ilegales en un plazo de diez años. El mecanismo elegido por la ONU para aniquilar el negocio del narcotráfico fue el de eliminar o reducir de un modo significativo el cultivo ilícito de coca, cannabis y opio, y el de aplicar un rígido sistema de prohibición para limitar el suministro mundial para el año 2008. Un mundo libre de drogas, ¡podemos conseguirlo1 fue la consigna elegida entonces.

No hubo caso. Pasaron más de diez años y, lejos de avizorar un epílogo para el segundo mayor comercio del mundo -apenas por detrás de la industria del armamento-, el consumo de drogas se ha incrementado entre un 20 y 25 por ciento, según lo revela el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en datos publicados en mayo de 2012.

Detrás de la temeraria promesa de la ONU estaba nada menos que la sombra del mayor consumidor global de drogas.

Estados Unidos es, por una amplísima ventaja, el país con el mayor número de adictos: 6 millones de consumidores de cocaína y 25 millones de adictos a la marihuana. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) precisó en febrero de 2012, en su informe anual, que los ciudadanos estadounidenses consumen por año entre 150 y 160 toneladas de cocaína. Además, la revista británica The Lancet reveló que el país del norte es también líder en mortalidad de jóvenes por abuso de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas, de acuerdo con un estudio realizado sobre países de altos ingresos económicos. Ya en 2010, el consumo de drogas ilegales en ese país había aumentado hasta el 8,7 por ciento; el nivel más alto en casi una década.

De los 800 mil millones de dólares que anualmente reditúa el narcotráfico, apenas el 1 por ciento de ese monto va a los productores. Sin embargo, la guerra contra el narcotráfico sigue apuntando todos sus cañones contra los países que siembran y elaboran. En ese sentido, es llamativa la decisión de Washington de destinar todo su poderío bélico exclusivamente contra los países que concentran la oferta, el eslabón más débil de la cadena y el que menos ganancias obtiene, cuando el comercio de la cocaína es un proceso productivo que cuenta con al menos cuatro niveles: el cultivo de la hoja de coca, el procesamiento de la materia prima para obtener la cocaína, la distribución de la droga en los mercados consumidores y la reinversión de las ganancias en la madeja financiera. De modo que se prioriza, claramente, omitir la lucha contra los intereses millonarios de la banca internacional, responsable del lavado de millones de dólares provenientes del comercio ilegal, así como también se ignora, a la hora del seguimiento y la represión, a los grandes fabricantes de insumos químicos imprescindibles para el refinamiento y a los contrabandistas de armas, como si fueran actores ajenos a la dinámica cotidiana del narcotráfico.

Cada día son más las voces que se levantan para calificar no sólo como fracasada a la política elegida desde Estados Unidos para combatir el narcotráfico, sino también para asegurar que dicha política beneficia más de lo que perjudica a la industria ilegal que supuestamente ataca. La represión sistemática de la oferta detiene la caída natural del precio de la droga, debido, entre otras cosas, a que a menor oferta y mayor consumo, mayor es el excedente para los narcotraficantes. La represión asegura el negocio para los que realmente medran con la distribución final y con el dinero que ella genera.

La búsqueda de alcanzar la cohesión social en Estados Unidos requiere, desde hace muchos años, la construcción -no siempre a partir de elementos veraces- de un enemigo externo como amenaza de su seguridad interna. Ese factor cohesionador permite expandir la capacidad bélica en guerras e invasiones siempre lejanas al territorio nacional. Y el enemigo externo elegido como prioridad desde Washington desde hace algunas décadas ha sido el narcotráfico, fusionándose con el tiempo con otro fantasma artificial construido para la propaganda mediática, el del terrorismo.

Por lo tanto, la imagen monstruosa del narcoterrorismo concentra en un solo fenómeno los peores males de toda la humanidad y requiere, claro está, la respuesta implacable de la nación más poderosa del planeta.

Pero, ¿qué pasa con la demanda de drogas dentro de sus propias fronteras?

¿Qué elementos tácticos se insertan de modo oportuno para que el Pentágono señale a los países productores como los grandes culpables y gaste millones de dólares en materia de represión y persecución?

¿Qué poderosos intereses impiden cualquier chance de avanzar en criterios más modernos, como los de la despenalización del consumo o la legalización de algunas drogas, pese a los numerosos fracasos en materia militar de las incursiones guerreras en todo el mundo?

La negativa internacional a despenalizar el consumo, la decisión de apostar millones de dólares en impulsar una respuesta militar, basada en la intervención directa en las zonas de cultivo, es otro de los rasgos de la política estadounidense actual, impuesta en todo el planeta.

Sin embargo, para el escritor uruguayo Eduardo Galeano hay otro camino: el camino de la legalización como el único posible para debilitar un poco el poder del narcotráfico. Dice el autor de Las venas abiertas de América Latina:

"Claramente es la única solución que hay; legalizar la droga para poder someterla al control público y tratar a sus víctimas, los drogadictos, como enfermos y no como criminales. Esto está claro que no tiene solución policial ni militar […] Tengo la sospecha de que no se legaliza porque son los grandes bancos del mundo quienes lavan la mayor parte de los narcodólares, y también porque la droga es un buen pretexto para invadir países con la excusa de salvar a esos países de las garras de la droga".

Desde otro punto de vista, la significativa merma en el consumo del tabaco propone otra singular lección para aquellos interesados en buscar una solución de fondo, como destaca la Comisión Global sobre Políticas de Drogas:

"La reducción espectacular del consumo del tabaco demuestra que la prevención y la regulación son más eficientes que la prohibición para cambiar mentalidades y patrones de comportamiento"

Ni siquiera hace falta recordar el caso de la prohibición del alcohol en los años veinte en Estados Unidos, cuando a partir de la Ley seca -derogada en 1933- se multiplicó el negocio del mercado negro, el gangsterismo no hizo más que crecer y la corrupción estatal alcanzó márgenes de expansión inéditos.

La conclusión más importante que arrojan las varias décadas de lucha contra el narcotráfico es que se trata de una guerra que no se gana. No hay manera, no hay forma. El mercado es demasiado dinámico, los consumidores son cada vez más numerosos, la atracción de la ganancia es cada vez mayor y la prohibición no hace otra cosa que disparar los precios, expandir el consumo (en los últimos treinta años, se extendieron de 44 a 130 los países consumidores) y aumentar la rentabilidad de los emprendedores ilegales. Mientras persiste la política prohibicionista y la respuesta militar, en el mundo se blanquean 400 mil millones de dólares por año, en un negocio redondo protegido por los bancos y sostenido por paraísos fiscales y astutos ejecutivos de transnacionales. El presidente colombiano Juan Manuel Santos admitió durante la última Cumbre de las Américas, en abril de 2012:

"Hemos derramado la mayor cantidad de sangre y pagado el costo más alto, y a los cuarenta años uno tiene que parar y reflexionar".

La apreciación de Santos no sólo da cuenta de un interesante cambio de paradigma entre muchos de los gobernantes latinoamericanos, sino que propone una continuidad en el estudio de una línea alternativa que ya han propuesto, entre otros, los ex presidentes de Brasil y Colombia, Fernando Henrique Cardoso y César Gaviria, y hasta el ex titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, Paul Volcker, quien publicó un informe alentando a los gobiernos regionales a que: experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de los ciudadanos".

Razonamientos de este tipo, que hubieran sido calificados como una herejía hasta hace no mucho tiempo, van ganando adeptos: el profesor de la Universidad de California, Mark Kleiman, batalla desde hace años intentando persuadir a los políticos de que deben concentrarse en proteger a la población civil y no en reducir el flujo de drogas, además de afirmar que la violencia en América Latina es consecuencia de las instituciones débiles y no del narcotráfico. Según el académico, la guerra total y la legalización son respuestas igualmente perezosas al problema de las drogas.

Ya en junio de 1998, 800 intelectuales y hombres de Estado (entre ellos, Javier Pérez de Cuéllar, George Shultz y Adolfo Pérez Esquivel) enviaron una carta al secretario general de la ONU, Kofi Annan, en la que apuntaban que la guerra contra la droga estaba causando:

"...más perjuicios que el mismo abuso de las drogas. Querer frenar el abuso de la droga prohibiendo la droga solamente ha llevado a crear una industria ilegal que cuesta 400 mil millones de dólares, en grueso el 8 por ciento del comercio internacional. Esa industria ha fortalecido el crimen organizado, ha corrompido a los gobiernos en todos los niveles, ha erosionado la seguridad interna, ha estimulado la violencia y ha distorsionado tanto los mercados económicos como los valores morales".

¿Por qué se insiste, entonces, en intensificar una guerra que no se puede ganar?

¿A quién beneficia el gasto millonario en armamento militar y productos químicos para la fumigación en países productores?

¿Quiénes manejan desde las sombras el verdadero entramado de una red que sigue generando ganancias, beneficiando a los grandes centros financieros y empujando a millones de consumidores a la marginalidad al considerarlos delincuentes y no enfermos?

¿Cuándo llegará el momento de virar el sentido común impuesto por la propaganda mediática y construir, desde sus cimientos, una política de combate contra el narcotráfico que ponga el eje en los grandes beneficiados por la industria?

Quizá, profundizar el estudio de los casos de México