No perdón, ni olvido: Sinaloa, reflejo del drama mexicano
Por Miguel Valle
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Sinaloa, polo de desarrollo de México a mediados del siglo XX, entró después en un proceso de desaceleración económica que se acentuó debido a errores de gobiernos federales y estatales contaminados por la ineptitud, pero sobre todo por la corrupción y el lastre de la violencia sin castigo, que alejaron inversiones y destrozó posibilidades de ap
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No perdón, ni olvido - Miguel Valle
NI PERDÓN, NI OLVIDO
Sinaloa, reflejo del drama mexicano
Miguel Valle
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Publicado por Ibukku
www.ibukku.com
Diseño y maquetación: Índigo Estudio Gráfico
Copyright © 2021 Miguel Valle
ISBN Paperback: 978-1-64086-916-5
ISBN eBook: 978-1-64086-917-2
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
ANTIDEMOCRACIA EN LA IMPOSICIÓN DE GOBERNADORES
CORRUPCIÓN EXTENDIDA POR IMPUNIDAD DESVERGONZADA
¿DÓNDE Y CUÁNDO SE ATORÓ LA CARRETA?
VIOLENCIA E INSEGURIDAD, CONVENIENCIA Y NEGOCIO
¿Cobro de piso a mafias amigas?
La peor época en el siglo XXI
La tregua de 4 años
Protección federal y estatal para El Chapo
REUNIÓN CUMBRE
DE LA CONAGO CON EL CHAPO
EL MEJOR TRATO CON LOS CAPOS, LA CONVIVENCIA
PARTIDOS Y GOBIERNO ABRIERON ESPACIOS A LA NARCOPOLÍTICA
Empleada y amante del Chapo
, diputada local
Guzmán pudo moverse libremente en el estado
Escape de Puente Grande con protección de policía federal
UN FRAUDE ELECTORAL, PARTEAGUAS EN 2004
Política pervertida
MILLÁN Y LA USE, RESISTENTE ZONA DE TRANSPARENCIA CERO
Guerra sucia del año electoral, que cobraría facturas
CAMBIO FALLIDO: OLA DE VIOLENCIA Y MUERTE NUNCA VISTA
También para cuates, seguridad y procuración de justicia
Estado represor. Muerte a líderes de movimientos sociales
EN SALUD, PAGO DE FAVORES DE CAMPAÑA CON ILEGALIDAD
Coto de influyentes
DE GRAN INGENIO AZUCARERO A NEGOCIO INMOBILIARIO
Gobierno espléndido con sus aliados
FGR contra La Casta Divina
Teatro del Pueblo, concesión por pago de facturas políticas
EL PAGO MAYOR, CONCESIONAR EL AGUA A EMPRESARIO AMIGO
Luege, cómplice del proyecto
CASTIGO A CORRUPCIÓN NO PASÓ POR GOBIERNO DE QUIRINO
Ruta de total impunidad
A TRAVÉS DE MANDOS DE POLICÍA POSICIONARON A LAS MAFIAS
ASESINATOS DE FUNCIONARIOS Y PERIODISTAS
Peligroso ser amigo y saber demasiado
POLICÍA DE SINALOA, LA PEOR EVALUADA
La verdad descarnada
INSEGURIDAD PERSISTIÓ CON QUIRINO; CULPÓ A MALOVA
CUENTAS PENDIENTES DE QUIRINO EN LA ASF
Tesorero para el Año de Hidalgo
AL ASUMIR GUBERNATURA QUIRINO AÚN NO ACLARABA CUENTAS
En 2010, año de Hidalgo
, pagos indebidos por 169 mdp
En 2019 ex tesorero fue vinculado a proceso y fue perdonado
INEGI MIDIÓ EN 2018 EL GRADO DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
Primer año de Quirino rebasó a Malova
Trámites en gobierno, derrama de mordidas
Enemigo público número uno: seguridad y transportes
NADA PESARON 525 EXPEDIENTES CONTRA ALCALDE CULICHI
Alcaldías devoradas
Desvíos en presupuestos de obras
Olvidaron
enterar retenciones a IMSS, Infonavit y SAT
Crédito bancario por 315 mdp sin autorización del Congreso
Culichis te quieren en la cárcel
: protesta pública
CORAZÓN AGRÍCOLA
INFARTADO POR LA GRILLA POLÍTICA
REVENTÓ
CORRUPCIÓN EN GUASAVE CON AGUILAR PADILLA
Trataron de ocultar el fondo del problema
GUASAVE ESTANCADO CON ALCALDES EN ESCALA DE MAL A PEOR
Donde había hambre, leyson dejó más hambre
Pagos indebidos a regidores por apoyo a manejos financieros
SILENCIO DE CÓMPLICE ANTE DESVÍOS Y DESFALCOS EN ALCALDÍAS
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EL FISCAL, LA MISMA LÍNEA DE CONDUCTA
FISCALÍA EN MANOS DE CÓMPLICES DEL PASADO; UN CAMBIO EN REVERSA
Sólo cuenta muertes violentas, no las investiga ni las aclara
Impunidad, obvio resultado de la parálisis en la fiscalía
Terror sobre la abogacía sinaloense, competir con higuera
CORRUPCIÓN EN EL CAMPO, NO SOLO EN EL GOBIERNO
Donde siempre pierden los más pobres
HUELLAS DE OTRA ESTAFA MAESTRA
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Cómo fluyó dinero a la ANUR en la era peñista
FUNCIÓN PÚBLICA, SILENCIO DE CÓMPLICE
Otro caso de omisión y complicidad en CONAGUA
Cobro de moches
, acusaron ante la SFP
CORRUPCIÓN DE CONAGUA EN EL DRAMA LEBARÓN
Trasfondo del conflicto que estremeció a México
Un Lebarón priista, diputado federal y delegado de CONAGUA
Se hicieron viejos esperando agua y justicia
FUNCIONARIOS Y GRANDES CAPITALES ACAPARAN BENEFICIOS
Encubrió pérdida
de apoyos de Calderón por gran helada
LA POBLACIÓN SERRANA VIVE SU PROPIO DRAMA
Minería, más perjudicial que el narco
Carencia de servicios como en los países más pobres
El peor lastre económico
En minería, Sinaloa estuvo mejor con Porfirio Díaz
UNA COMPARECENCIA DE CALZADA, SENTENCIA ANTICIPADA AL PRI
SAGARPA, cueva de corruptos sólo ve arder el campo
Calzada violó Ley de Desarrollo Rural y no se enteró
Lo que venía: privatizar el agua; cliente: Coca Cola
En el campo, siembra
de corrupción y crisis
Represión de la Procuraduría a productores
Ni el Covid aplaca inconformidad de maiceros
IMPUESTO QUE REPARTE BENEFICIOS A POCAS MANOS
La insostenible Cuota Liga
Cifras millonarias perdidas en dos pares de manos
A los líderes regionales, migajas
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Caso emblemático, trafique con terreno para industria
En extinción, aún paga impuestos y membresía
EL MAÍZ, DE NUESTRAS RAÍCES A MANOS DE TRANSNACIONALES
GRANDES EMPRESAS DOMINAN EL CONSEJO AGROPECUARIO
GOBIERNO OMISO: BODEGUEROS IMPONEN CASTIGOS Y REGLAS
Ganancia a trasmano que no paga impuestos
NI PERDÓN NI OLVIDO
Perdón y olvido es engañar al ciudadano
A mis compañeros periodistas asesinados por la intolerancia a la verdad y a la libertad de pensar y escribir con sentido crítico y de denuncia.
Por las casi 20,000 víctimas de la violencia de los últimos cuatro sexenios gubernamentales de Sinaloa, y contra la indignante impunidad que las cubre.
PRESENTACIÓN
Imposible guardar silencio ante el drama sinaloense de violencia, impunidad, corrupción y complicidades hilvanadas de un gobierno a otro en los últimos cuatro sexenios y con raíces en otros periodos del siglo pasado.
Como reflejo de lo que ha ocurrido en la nación, en Sinaloa los vicios del poder son ocultados en mitos que pretenden vendernos la imagen de bienhechores públicos que en realidad desempeñaron papeles de villanos en tragicomedias de alto costo social y económico.
Esta obra contiene algunos de los hechos reprobables más notorios del siglo XXI que encontró este reportero en el ejercicio de su profesión, reconociendo la imposibilidad de hacer un repaso exhaustivo de todos ellos, porque la mayoría está sepultada en trasfondos de archivos vedados a la luz pública y otros se esconden en la memoria de los protagonistas que ocultan sus actos en la oscuridad permitida por el sistema oficial, omiso y opuesto a la rendición de cuentas.
Farsas evidentes como la persecución
y búsqueda
de Joaquín Guzmán Loera, desde su fuga de Puente Grande, pero con libertad para asistir en Mazatlán a una reunión secreta de la Comisión Nacional de Gobernadores, según revelaciones provenientes de Estados Unidos, con libertad de movimientos que permitió al hombre más buscado en el mundo descansar en residencias o departamentos enclavados en zonas céntricas de las tres principales ciudades del estado. Farsa que prevaleció hasta que el gobierno del vecino país del norte reclamó la captura del capo mayor.
Entonces se supo que El Chapo
no estaba oculto ni en calidad de fugitivo: se refugiaba en Sinaloa el tiempo que deseara, protegido por una red de complicidades de funcionarios y mandos de policía federales, estatales y municipales. Además, a través de Genaro García Luna pudo haber tenido derecho de picaporte para conocer las intimidades del primer círculo de gobierno de Felipe Calderón y los planes para su búsqueda y captura en Sinaloa.
Aquí contó Guzmán con un trato de residente VIP preferencial
cuando se desató la lucha del gobierno contra otros grupos delincuenciales.
Queda expuesta, igualmente, la parcialidad en la lucha contra el narco, que sólo trajo al estado un baño de sangre como nunca lo había sufrido, con una policía estatal que el gobernador presentaba como la tercera mejor del país y que, según pruebas fehacientes posteriores, resultó ser la peor calificada.
Se desnuda también el tema nacional del gran negocio de los administradores de los fondos para el retiro de los trabajadores, un tema que puede convertirse en un conflicto de próximo estallido, por lo que representa ese capital que sólo deja grandes dividendos a pocos magnates y sólo migajas a la clase laboral. Y los manejos en fondos de pensiones y ahorro de burócratas y maestros sinaloenses.
Se incluye también el trasfondo de corrupción en el caso LeBarón, que estremeció a México y al mundo, en el cual se mezclaron abusos de la CONAGUA en el manejo de autorizaciones para extracción de agua del subsuelo en zonas de Sonora y Chihuahua vedadas a ejidatarios desde hace 70 años.
Aquí se señalan también desviaciones de recursos públicos que constituyen delitos y que, sin embargo, le dan a Sinaloa el primer lugar negativo por el grado de impunidad casi absoluta, que se ensaña sólo con servidores públicos de bajo nivel jerárquico.
Polo de desarrollo fallido a causa de los malos gobiernos, la entidad con mayor capacidad hidroagrícola de México es hoy un paraíso de confort para ex gobernadores, funcionarios federales y estatales poseedores de grandes fortunas, sin haber mejorado las condiciones de vida de dos millones de personas en condición de pobreza, dos tercios de la población estatal. Los grandes sectores ejidal, pesquero y magisterial, que antes de las crisis financieras del siglo pasado vivían en aceptable nivel económico, con acceso a créditos comerciales privados, incluso para la compra de vehículos de agencia, se encuentran estancados en crónica precariedad, subyugados por caciques empoderados gracias a sus alianzas políticas.
La industria no avanza y los grandes ingenios azucareros desaparecieron en las zonas centro y norte del estado, por saqueos de sus ganancias, ineptitudes y ambiciones personales de políticos y empresarios voraces.
El compendio de los numerosos hechos aquí expuestos corresponde casi exclusivamente al trabajo reporteril y al análisis del autor, con excepciones en que se reconoce el crédito y la fuente. Este resumen se ofrece como testimonio personal para conocimiento de los ciudadanos que aún defienden y reclaman la transparencia, la honestidad en el gobierno y la sana distancia
entre éste y los medios de comunicación para un limpio ejercicio del periodismo crítico.
Esta denuncia es un acto de conciencia obligado por el deterioro que, en el curso de apenas una generación, han causado las conductas gubernamentales y las políticas públicas a la sociedad, con execrables daños a la justicia, la seguridad, la salud, la educación, el medio ambiente y al universo de las actividades económicas de Sinaloa, principalmente al campo, la pesca y la minería.
Es un tributo a los tres grandes periodistas que tuve como directores y maestros en la primera década de mis 51 años de labor periodística: Lorenzo Valdez López, de El Debate en su primera época, ajeno a la negociación de obras y servicios con el sector público; Herberto Sinagawa Montoya, en el arranque fulgurante de Noroeste, y Antonio Pineda Gutiérrez, formador de periodistas, primero, en la etapa más influyente de El Sol de Sinaloa –del que fui corresponsal en Los Mochis- y luego en El Diario de Culiacán.
Son eventos que este reportero ha plasmado con su firma, ajeno a las recomendaciones de las oficinas de prensa y a pesar de la intolerancia que existe en ellas para el libre ejercicio de la comunicación de denuncia. En ningún momento recibí reclamo de falta de veracidad en los asuntos tratados en este compendio, esperando que sirva este esfuerzo para mantener viva la memoria y despierta la conciencia colectiva acerca de los cambios que requiere el sistema político y la administración pública, sobre todo en la procuración de justicia para servidores públicos de todos los niveles; de efectiva transparencia administrativa, y con auditorías autónomas del gobierno, como debe ser igualmente el fiscal general. Todo ello, para evitar la impunidad que es propicia para el mal uso de finanzas y atribuciones en el ejercicio de cualquiera cargo de los tres niveles de gobierno y en las funciones legislativas.
Apartarse del boletín oficial y escribir libremente sobre los temas que incomodan al régimen, es ganarse la repulsa de los altos funcionarios y jefes de la comunicación gubernamental, exponerse a perder el empleo en el medio en que se labora y hasta a forzar el cierre de empresas editoras por ocultas consignas de más alto nivel, a espaldas de los periodistas.
¿Hay represión? Sí. En los gobernadores sinaloenses que he conocido en el ejercicio periodístico, observé y comprobé que, en unos más que en otros jefes del estado, el poder les distorsiona la realidad y rechazan a quienes tengan visión y opinión diferentes, lo que provoca la intolerancia a la crítica y hasta al pensamiento que no sigue al de ellos. Y resulta peor cuando una denuncia es contra el desvío y afectación del interés social para favorecer consignas y apetitos propios o de sus socios y subordinados.
Aquí aparece el saldo de la información propia recabada en cinco años de libre práctica noticiosa, del periodo en que serví al semanario Proyecto 3, distante de la casi siempre deformada versión oficial de los hechos, recordando que en nuestros gobiernos no se cumple la palabra, que se miente al hacer y se deforma aún más el decir. Y no encontramos excepciones.
ANTIDEMOCRACIA EN LA IMPOSICIÓN DE GOBERNADORES
El largo proceso de descomposición de la moral política de los grupos gobernantes en Sinaloa puede situarse en 1968, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz y el PRI engañaron al dirigente estatal del partido, Miguel Leyson Pérez, con el señuelo de concederle la candidatura a gobernador.
Era el tiempo del partido hegemónico y absolutista, sin adversarios políticos capaces de inquietar al coloso revolucionario e institucional, también antidemocrático e intolerante, que al año siguiente cobraría la vida de Carlos Alberto Madrazo Becerra por alentar ideales reformistas.
El pecado que costó la vida al político tabasqueño fue plantear la necesidad de democratizar al partido, por elemental congruencia con los postulados del movimiento social de 1910 contra la dictadura de Porfirio Díaz.
En el año del movimiento estudiantil y de la Olimpiada en México, Leyson Pérez era visto como el seguro candidato priista a la gubernatura del estado. Era casi una certeza que creció cuando fue llamado a México para ser notificado de su postulación, como lo había planteado el delegado nacional, Agapito Domínguez Canabal, quien había realizado una gira por los principales municipios de la entidad para tomar el pulso a líderes naturales y militancia del partido, encontrando que la mayoría esperaba el destape de Miguelón
.
El presidente Gustavo Díaz Ordaz atendía aquel año otros asuntos más importantes que el caso político de Sinaloa. Para resolverlo confiaba en el oficio del gobernador Leopoldo Sánchez Celis y de su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. El manejo de prioridades de Díaz Ordaz costó la gubernatura a Leyson Pérez.
El secretario Echeverría, metido de lleno entre los aspirantes a la sucesión de GDO, pactó con Sánchez Celis para asegurar el apoyo de Sinaloa a sus planes políticos y, en un acuerdo secreto con el cenecista gobernador del estado, engañaron al guasavense, que –esto sí literalmente- se acostó una noche siendo el virtual candidato al gobierno del estado y a la mañana siguiente se encontró con la novedad de que debía regresar a Culiacán a preparar el pronunciamiento a favor del tesorero de Polo
, el siempre ensimismado Alfredo Valdez Montoya, de escasa experiencia política.
Sánchez Celis prefirió impulsar una figura de ese bajo perfil, subordinado y más manejable que un gallo muy jugado
y con apoyo en las bases como el líder estatal priista.
El clan Leyson jamás perdonó esa curva final que sacó del camino a su padre. Sus hijos José Luis y Armando se encargarían de exigir puestos de elección popular cuando consideraron propicias las condiciones políticas de Guasave y del estado, hasta acaparar entre ambos seis cargos de representación y uno de dirigencia partidista estatal para el primero –el mayor- de los mencionados, que asumió el mando del sector popular priista en la era de Renato Vega Alvarado.
A pesar de haber sido recompensados por el sistema priista, los Leyson guardaron siempre el rencor hacia el Revolucionario Institucional y lo descargarían en la primera oportunidad que la política les brindó para cobrar lo que consideraron una burla a su padre.
Alfredo Valdez no fue líder político de masas. Se rodeó de un selecto grupo de amigos del sector privado, gobernando con y para ellos, trascendiendo más como reformador del aparato gubernamental que como gestor de la sociedad.
Cuando llegó su sucesión, sobre el proceso prevaleció la sombra de Fidel Velázquez, que pidió la candidatura priista para Alfonso Genaro Calderón Velarde, algo a lo que Echeverría, ya presidente de la república, no quiso o no pudo negarse.
También fue sorpresiva la imposición del cetemista, porque en todos los círculos sociales del estado predominaba la inclinación hacia el ingeniero Gilberto Ruíz Almada, la más sólida figura sinaloense en la administración pública federal en 1974. Él contaba, como Leyson seis años antes, con el consenso ciudadano y hasta el de los columnistas políticos de la época.
En su trayectoria por tres secretarías de estado, Gobernación, de la Presidencia y de Hacienda y Crédito Público, Ruiz Almada El Caminante
(por el trabajo que desempeñó en la primera de esas dependencias, en las fronteras norte y sur de México) fue un impulsor de reformas que modernizaron las áreas importantes que dirigió dentro del gobierno.
Ruíz Almada fue también un formador de hombres. Se cuentan por cientos los jóvenes sinaloenses que con dificultades cursaban estudios en el Distrito Federal y que buscaban una ocupación para sobrevivir a la sombra del paisano generoso. El despacho de Ruiz Almada fue siempre una puerta abierta a la muchachada que llegaba del estado a solicitar empleo que hiciera posible la terminación de sus estudios. Francisco Labastida Ochoa fue uno de los que recurrieron a esa sombra protectora, que por egoísmos políticos no fue recompensada ni suficientemente reconocida por quienes se beneficiaron del desprendimiento de El Caminante
.
Aunque fue senador de la república en el sexenio 1976-1982, la del culiacanense distinguido fue una trayectoria que bien mereció la candidatura, entregada por motivaciones políticas coyunturales al nativo de Calabacillas, Chihuahua.
Los de Valdez y Calderón fueron gobiernos más bien austeros y honestos, clasificación que no alcanzan los mandatarios que llegaron después.
Más cercano a la gente por sus orígenes obreros, con un estilo expansivo y expresivo, el favorito de Fidel Velázquez se significó como el mandatario que dio prioridad a las carencias de los altos de la entidad. No existe un político sin mancha y Calderón no es visto como una excepción, pero sí puede afirmarse que se interesó más por los marginados. Y fue trascendente su decisión de crear DIFOCUR, el primer intento serio por promover la cultura regional y universal en la entidad.
A Calderón le correspondió enfrentar un repunte de la violencia en Sinaloa, que encontró fuerte respuesta del gobierno de la república con la implementación de la llamada Operación Cóndor, realizada por una brigada de paracaidistas del ejército al mando del general José Hernández Toledo, protagonista en la histórica jornada de represión ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas de Ciudad de México, que siempre alegó que aquel 2 de octubre de 1968 el ejército fue llevado a una trampa –sin decir de quien- que sirvió para echar toda la culpa de la matanza al instituto armado.
Hernández Toledo, pocos saben, confesó en una reunión de trabajo en palacio de gobierno, ante Calderón, que se compadecía de los pobres campesinos
de la sierra. Por eso ordenaba su ejecución cuando eran detenidos en flagrancia de algún delito. El reconocimiento de las atrocidades que cometían los cóndores le costó la remoción. Según crónicas del Estado Mayor, el general conocido entre mandos y tropa como El naranjero
, fue herido en Tlatelolco por una bala que lo alcanzó en el cuello… por la espalda. Es decir, fue víctima de fuego amigo, lo que refuerza su tesis de la trampa al instituto armado. Pero en Sinaloa sí permitió la ejecución de un número imposible de precisar de personas que, con pruebas o sin ellas, fueron conectados con el trasiego de droga. Es un expediente cerrado, perdido en el archivo secreto del instituto armado.
Fue el ex electricista del ingenio azucarero de Los Mochis quien incorporó en la Dirección de Tránsito a Juan Sigfrido Millán Lizárraga, como figura política juvenil, que tendría larga y trascendente carrera, con diferentes rangos de influencia, pero siempre visible, perceptible e influyente en el estado a lo largo de las últimas cinco décadas.
Millán fue figura en la cúpula de la CTM, no sólo en Sinaloa, posición que le permitió llegar al Senado y a la secretaría general del CEN del PRI. Antes, provocó un distanciamiento de Calderón Velarde para justificar su cambio de sombra protectora. Así se acercó exitosamente al máximo jerarca histórico de la central obrera procurando, sobre todo, abrir brecha hacia su liderazgo vitalicio en el estado.
Disciplinado y leal a sus orígenes políticos, Calderón fue un espectador en el proceso de su sucesión, con la candidatura definida y anunciada anticipadamente a favor de Antonio Toledo Corro, colaborador cercano al presidente José López Portillo, como director de Servicios Ejidales (SESA), empresa de beneficio del sector social, que en el libertinaje del sexenio repartió sin comprobación maquinaria y recursos multimillonarios entre campesinos y para uniones de ejidos integradas como empresas agropecuarias, terminando su ciclo en el gobierno federal en la sólida plataforma de la Secretaría de la Reforma Agraria. Toldo dispuso de grandes poderes y vastos recursos públicos provenientes del auge petrolero, que pudo manejar discrecionalmente sin ser alcanzado por la renovación moral de la sociedad
próxima a incorporarse a la agenda nacional con Miguel de la Madrid Hurtado.
Aquella renovación fue un lema de campaña, una letra muerta, que incorporó a una nueva generación tecnócrata que afectó a los grandes sectores sociales de México.
Luego de su paso por los gobiernos federal y estatal, fue visible que Toledo Corro logró amasar una enorme e inmedible fortuna, la cual desbordó los límites de su rancho Las Cabras y fue ostensible en posteriores proyectos de inversión en Mazatlán.
Pero tampoco él pudo influir en su relevo constitucional, que el presidente De la Madrid resolvió con la candidatura de Francisco Labastida Ochoa, quien aspiraba a ser ejecutivo, pero del nivel federal. A la distancia se percibe claramente que aquella fue una vana ilusión personal del ahomense, sin sustento en la realidad en que se fraguó la transición hacia Carlos Salinas de Gortari.
Existió un hilo secuencial que dio una similitud a las trayectorias de Sánchez Celis, Valdez Montoya, Calderón Velarde y Toledo Corro: los cuatro se retiraron de la política estatal en cuanto entregaron el poder, fieles a la regla vigente por aquellos tiempos de que el mejor ex gobernador era el que, en el retiro, sabía ser discreto y prudente, lejos de los reflectores públicos y sin afanes de protagonismo propio de los nostálgicos del poder.
Labastida Ochoa fue el primero de los gobernadores que rompieron esa norma no escrita y no pudieron ni supieron sustraerse a la adicción al ejercicio de la influencia perniciosa, tratando de ser competidores del o de los sucesores ungido por la Constitución.
Algunos de ellos ni siguiera mantuvieron la lealtad a su partido, arrastrados por la ambición egocentrista.
Durante el gobierno de FLO influyeron los chismes de palacio en el desarrollo de sus actividades, fracturando el gabinete con renuncias y remociones que ocurrieron más por envidias, rencillas personales y celos de protagonismo que bien supieron explotar los más cercanos al gobernador, principalmente Marcos Bucio Mújica y Gustavo Guerrero Ramos, éste último con ilusiones sucesorias.
Las primeras grandes figuras del equipo de trabajo, Diego Valadés Ríos, secretario General de Gobierno, y Esteban Moctezuma Barragán, oficial mayor, decidieron separarse y regresar a sus actividades en la capital del país, para alejarse de la fuerte influencia de rumores sin freno en el tercer piso de palacio de gobierno de Culiacán que sólo procuraban explotar la sensibilidad del mandatario a ese tipo de comentarios impropios –se supone- de altos funcionarios públicos.
Diego Valadés, con visión profunda de los prejuicios y ambiciones personales de la especie política en la administración labastidista, entendió lo que pasaba en el primer círculo del gobierno de su amigo, tal vez recordando y aplicando lo que plasmó en su reconocida y meritoria tesis profesional titulada El Control del Poder
.
Juan Burgos Pinto llegó a ocupar el lugar de Valadés Ríos, para encontrarse con la misma embestida de los mitotes que trataban de conducir las preferencias personales y las animadversiones de su gobernador. Burgos fue visto por la élite íntima de Labastida como un advenedizo incómodo.
Ni imaginarse que con esa sensibilidad al chismorreo Labastida hubiera llegado la presidencia de la república. Ni pensar en Los Pinos convertido en palacio de una reducida y poderosa corte de aduladores y rumorólogos protagonizando una tragicomedia nacional más, que por cierto no habría sido la primera ni la última.
Como Burgos Pinto no fue considerado nunca como del equipo
que llegó con FLO. Aunque con anticipación se pronunció por esa candidatura, pronto recibió el implacable ataque de los colaboradores cercanos a Pancho
, más pendientes de lo que hacía y decía el guasavense que de atender cada quien sus propias responsabilidades.
Juan Burgos resistió, pero al final debió retirarse del contaminado ambiente que envolvió al grupo de funcionarios de primer nivel. Y se escapó de ser enjuiciado porque se defendió atacando al mandatario con hacer pública revelación de lo que ocurría detrás de la corte
y de situaciones que podrían comprometer al gobernador. No aclaró Burgos si esto fue un ardid para enfriar las intenciones de Labastida o si efectivamente reunió información que hubiera detonado un escándalo.
Labastida tampoco pudo dejar sustituto, porque Millán le arrebató el timón del PRI antes de la elección de alcaldes y diputados locales en 1990. El presidente Carlos Salinas de Gortari no permitió que FLO, mal cubierta su inconformidad por la decisión presidencial de descartarlo de la carrera por la grande
, tuviera manos libres para dejar heredero en el estado. En ese proceso se confirmó la falta de oficio político de Labastida.
Así surgió la postulación de Renato Vega Alvarado, subsecretario de la Reforma Agraria, forjado en la vieja escuela de la política mexicana. Ex director del Banco Nacional de Crédito Ejidal y cercano desde entonces a la CNC, Vega llegó a tejer fino en la relación con sus encumbradas relaciones oficiales, pero atento sólo a la voluntad de quien lo impulsó desde la cúspide del gobierno federal. Cometió el error de confiar la política interna a su secretario General de Gobierno, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, quien aprovechó la circunstancia para elaborar su propio plan hacia los 12 años siguientes.
Las diferencias de Labastida y Salinas por ganar las preferencias del presidente De la Madrid persistieron en todo el gobierno estatal 87-92 e influyeron a favor de Renato, una decisión política que comenzó a perfilarse en el ánimo del hombre de Agualeguas
desde antes de 1992, el año de las definiciones partidistas para el proceso sinaloense.
Personajes que después serían miembros del primer equipo de Vega Alvarado, como el mencionado Frías Castro y Adalberto Castro Castro, llegaron con anticipación a cargos públicos que permitieron a Renato empezar anticipadamente la operación política en el estado. Frías fue rector de la Universidad de Occidente y Adalberto se instaló en la Delegación de Pesca.
Por iniciativa propia, Frías pactó acuerdos con Juan Millán (verdadero líder cetemista estatal hasta la actualidad), quien ya había empezado a construir su proyecto político de ser gobernador del estado después de Renato Vega. Esto fue evidente en dos momentos cruciales del sexenio renatista, de 1993 a 1998.
El primero fue en 1995, cuando Frías Castro, secretario General de Gobierno y encargado de gran parte de los asuntos políticos, tal vez de todos ellos, condujo el proceso interno priista, dictando directrices y nombres al dirigente estatal, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, y al delegado del CEN del PRI, Héctor Yunes Landa, sin que ambos pudieran alguna vez cruzar información con el distante jefe del ejecutivo estatal.
A veces por comodidad y otras por problemas de salud, Renato Vega confió a su más cercano colaborador una carga de trabajo mayor de la conveniente, porque le permitió hacer su propio juego político.
Cuidando todas las cazuelas en la estufa del poder, Frías manipuló el proceso electoral intermedio del 95 para provocar la primera gran derrota del PRI en Sinaloa y dejar fuera del escenario a importantes figuras del revolucionario, sobre todo labastidistas, que hubieran sido contendientes o colaboradores de otras opciones de ese partido a la gubernatura tres años después.
Esto era más fácil para los grupos priistas locales porque el presidente de rebote, Ernesto Zedillo Ponce de León, carente de sensibilidad e interés por la política, marcó una sana distancia
respecto del partido y, por consiguiente, de los asuntos electorales en los estados.
Entre los objetivos impuestos al radar de Francisco Cuauhtémoc Frías, destacaban Lauro Díaz Castro –que sería protagonista sentenciado de antemano en el proceso interno priista por la sucesión en 1998- y Aarón Irízar López -ex oficial mayor de FLO-, el candidato tricolor más afectado de esa lucha interna, aspirante a la alcaldía