Revolucion de la muerte: Veinte años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela

Por Luis Izquiel Bermúdez y Fermín Mármol García

Este no es un libro de opinión política, sino el registro de dos especialistas sobre el avance de la criminalidad en Venezuela desde la llegada del presidente Chávez al poder en 1999. Es un retrato de un estado enfermo.

Como bien anuncia el sociólogo Roberto Briceño León, prologuista de esta edición, este trabajo es el resultado de una experiencia

• Idioma: Español
• Editorial: Dahbar
• Fecha de lanzamiento: 30 ago 2021
• ISBN: 9789804250477

Luis Izquiel Bermúdez y Fermín Mármol García

Fermín Mármol García: Nació en Caracas, Venezuela. Estudió Derecho en la Universidad Santa María. Cursó su postgrado en la Universidad de Salamanca, España. Realizó curso de Investigaciones Especiales para latinoamericanos en USA-Colorado. Abogado litigante durante diez años. Vicepresidente Corporativo de Relaciones Institucionales del Grupo Multinacional de Seguros. Director de la Firma Fermín Mármol León & Asociados. Luis Izquiel Bermúdez: Nació en Caracas, abogado especialista en Ciencias penales y Derecho Procesal Constitucional (UMA 2010). Profesor de Criminología (UCV). Coordinador del Plan de gobierno en materia de seguridad ciudadana realizado por la MUD en 2013. Exasesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Redactor de la Ley que Regula el uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos penitenciarios. Ha sido articulista de El Universal, Notitarde y de otros medios de comunicación.

Vista previa del libro

PORTADILLA EBOOK

Revolución de la muerte. Veinte años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela

© De esta edición Editorial Dahbar

© De esta edición Cyngular Asesoría 357, C.A.

Prólogo 

Roberto Briceño-León

Corrección de textos: 

Mauricio Vilas

Diseño de portada: 

Jaime Cruz

Diagramación y montaje:

Liliana Acosta & Gabriela Oquendo 

Depósito legal: DC2019001785

ISBN: 978-980-425-047-7

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistema recuperable, o trasmitida en forma alguna o por ningún medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros sin el previo permiso de Cyngular Asesoría 357, C. A.Diagramación:

Liliana Acosta & Gabriela Oquendo

Índice

Agradecimiento

Prefacio

Prólogo

Roberto Briceño-León

Capítulo I

Venezuela ocupa el primer lugar mundial de homicidios

Más de trescientos treinta mil homicidios en veinte años

Dieciséis ministros y más de veinte planes

Impunidad: homicidas sin castigo

Venezuela: el país más violento del planeta

¿Siempre fue así?

El capitalismo y otras excusas

El hombre araña y las telenovelas

Cifras oficiales de homicidios: la política del silencio y la mentira

¿Camina usted seguro en Venezuela?

Principales víctimas y victimarios en el homicidio

¿Qué mecanismo se utiliza para asesinar?

Caracas: de la sucursal del cielo a la capital mundial del crimen

La necesidad de una mancomunidad policial en Caracas

Caracas: dividida en colores por la inseguridad

Algunas modalidades de homicidios

Capítulo II

Secuestro y extorsión

El secuestro

La extorsión

Capítulo III

Delitos contra la propiedad: robo y hurto

Robo y hurto

Capítulo IV

Delincuencia organizada: ocho bloques criminales

Megabandas criminales

Seudosindicatos de la construcción y mineros

Colectivos armados y violentos

Fuerzas Bolivarianas de Liberación (Boliches)

FARC, ELN y Bacrim

Tráfico ilegal de drogas

Capítulo V

Causas fundamentales de la violencia criminal en Venezuela

Factores sociales

Impunidad

Destrucción del Poder Judicial

EL COPP vigente: un verdadero Frankenstein

Sistema policial

Bibliografía

A mi hijo Pedro Luis, fuente infinita de inspiración para luchar por un país libre y seguro.

Luis Izquiel

A la memoria de mi padre. Descansa en paz; siempre estás presente.A mi madre. Tu fortaleza y rectitud me colman el espíritu.

Fermín Mármol García

Agradecimiento

A todas aquellas personas, mujeres y hombres, ciudadanos, no habitantes, que con perseverancia, abnegación y mística profesional luchan contra el crimen y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Prefacio

Los venezolanos sabemos que nuestro país es una tierra hermosa y generosa, con gente buena y alegre; esa esencia está allí, es parte de esa genética popular que nos ha caracterizado y aún nos define. Ahora bien, en estos más de veinte años hemos transitado un accidente histórico, una revolución de la muerte que destruyó el tejido institucional y social, llevando a Venezuela a ocupar el primer lugar mundial de inseguridad. 

Como autores de esta obra deseamos contribuir con lo que consideramos una necesidad histórica: la documentación de la ola criminal que se desató en nuestro país desde 1999 hasta 2019. No se trata simplemente de plasmar un diagnóstico oscuro del crimen, la violencia y la impunidad, que galopan como jinetes del Apocalipsis en nuestras tierras, sino que la intención también va dirigida a definir las causas de lo ocurrido, para que de esta manera en el futuro Venezuela pueda reorientar con éxito el camino y convertirse en la nación segura y de paz que nos merecemos. 

Si conocemos qué sucedió, el porqué de lo obsceno, criminal, atroz y perverso de las acciones y omisiones de los tiempos contemporáneos patrios, podremos, entre todos, desmontar la propaganda, los mitos y las invenciones de un modelo que en políticas públicas fracasó y que nos hizo retroceder hacia el primitivismo.

Esta obra también tiene como norte la orientación del ciudadano que, ante la incapacidad del Estado para brindarle seguridad, debe tener conocimiento sobre los modus operandi criminales. De ese modo, a través de la prevención individual, podrá utilizar herramientas para sortear con éxito los peligros de la intensa actividad delictiva que campa actualmente en nuestras calles. Por ello hemos agregado, en varios de los capítulos, recomendaciones para que las personas puedan reducir las posibilidades de ser víctimas de distintos delitos como el secuestro, la extorsión y el robo, entre otros.  

Con este libro, que compila años de estudios, debates y comprobaciones, queremos ofrecer un modesto aporte para la definición de la vía que transitaremos en democracia para reducir significativamente el crimen, la violencia y la impunidad en Venezuela. Estamos convencidos de que el futuro de nuestro país es promisorio. La verdad siempre triunfa y la justicia siempre llega.

Los autores   

Prólogo

Roberto Briceño-León

Este libro es el resultado de una experiencia de colaboración de dos inteligencias y de dos experiencias. Y el resultado fue exitoso.

Revolución de la muerte es un libro escrito al alimón por Fermín Mármol García y Luis Izquiel, en el cual se retrata de manera sencilla y dolorosa los resultados de veinte años de políticas de seguridad equivocadas y malsanas, que prometieron vida y prosperidad y solo lograron pobreza y muerte.

En las páginas que siguen el lector encontrará fundidas dos experiencias excepcionales que se combinaron para ofrecer una mirada múltiple de la situación singular de violencia y criminalidad del país. La experiencia de la actividad privada de la seguridad ciudadana y empresarial, con su conocimiento práctico de las situaciones delictivas reales, el manejo de los riesgos potenciales, el trato compasivo con las víctimas y cauteloso pero firme con los victimarios. Y la experiencia del servicio en el sistema público de justicia, en el tratamiento jurídico del crimen por las oficinas del Estado encargadas de la justicia penal, aquellas que deben realizar los procedimientos conducentes para conocer las evidencias que permitan el esclarecimiento de los casos criminales y una presunta culpabilidad que haga posible acusar y, luego, en juicio, establecer un castigo para los imputados.

Sin las camisas de fuerza de un texto académico, pero bien documentado, pródigo en informaciones y referencias de estudios realizados por ellos mismos y otras organizaciones nacionales e internacionales, el libro se pasea por los grandes delitos que amenazan la vida cotidiana de los venezolanos: los homicidios, los secuestros, los robos y hurtos, la extorsión…

El texto constituye un diálogo continuo entre el marco jurídico existente en el país y la realidad atroz que se vive en todo el territorio nacional. Las referencias continuas a las leyes, decretos o sentencias ilustran al lector no experto en derecho penal sobre el deber ser previsto en nuestra institucionalidad. No es extraño que así sea, pues los dos autores tienen formación y son profesores de las escuelas de derecho. Pero, a su lado, viene el análisis social y político, el dato y la interpretación de las situaciones de quienes no solo desean diagnosticar los problemas, sino buscar caminos para su solución.

Aunque el duro título del libro pudiera inducir al error de creer que se trata de un texto ideológico, una proclama para el debate político, al pasar las páginas el lector encontrará que se trata de un escrito técnico sobre la inseguridad y criminalidad en la sociedad venezolana. Es un texto técnico, pero se encuentra escrito de una manera sencilla, de fácil lectura para cualquier no especialista. El libro consiste en secciones breves, cortas o muy cortas, con un estilo directo, cercano al artículo de prensa. Este formato le permite al lector saltar de un lado a otro del libro, sin tener que seguir un camino único o riguroso, de principio a fin, pues cada sección o subtítulo son autosuficientes y permiten su lectura de manera continua o pausada. El lector no requiere disponer de mucho tiempo libre para sentarse a leer el libro, pues lo puede ir leyendo por partes, en tiempos cortos, algo que muchos lectores agradecerán en los acelerados tiempos actuales, tan acostumbrados a los 140 caracteres.

Al lado de la normatividad jurídica o del diagnóstico de problemas, el lector encontrará también las recomendaciones prácticas que ofrecen los autores. Son diversas, variadas y esparcidas a lo largo del libro. Hay recomendaciones ofrecidas al nivel microsocial: a las personas para evitar ser focos de atracción y víctimas de un delito, o sobre el manejo de las angustiosas situaciones de secuestro. Hay también propuestas a nivel macrosocial: sobre las policías municipales o la mancomunidad policial en ciudades grandes, el aprovechamiento de las experiencias de otros países, como el grupo antisecuestro Gaula de Colombia,  o la autonomía del sistema de justicia con el concurso para funcionarios de carrera. El propósito es evidente, los autores quieren ofrecer una alternativa democrática y práctica a la revolución que ocasionó tanta muerte.

En las páginas donde se analiza esa aberración de las políticas de seguridad que se llamó las zonas de paz y la muerte de los funcionarios policiales por el hampa, se le recuerda al lector las instrucciones que fueron dadas por los mandos a los funcionarios policiales y militares, en las cuales se les prohibía que vistiesen en las ciudades su uniforme de reglamento, pues pudieran ser atractivas víctimas de los delincuentes. El uniforme, que debería ser el orgullo de sus portadores y símbolo que inspira respeto ante la sociedad, se convirtió en un riesgo y peligro. 

Y los autores entonces se preguntan:  ¿qué pueden esperar los civiles en un país en el que los propios policías y militares deben tomar medidas especiales para evitar ser victimizados por el hampa? Dura pregunta. Pues cuando los policías del país tienen que andar escondiéndose de los delincuentes, recuerdo lo que decían los mayores de mis tierras andinas: ¡Cómo estará el infierno cuando el diablo dice Ave María!. 

Tristemente, los civiles, y también los policías y militares, solo pueden esperar que continúe el mismo trágico saldo de pobreza y huérfanos que ha dejado la revolución de la muerte.  

Por eso la esperanza de la sociedad civil venezolana, que este libro y sus autores pretenden alentar, es la de poder conquistar y construir con el esfuerzo de todos una democracia para la vida.

Fortaleza, octubre de 2019

cap i

Venezuela ocupa el primer lugar mundial de homicidios

Más de trescientos treinta mil homicidios en veinte años

El artículo 43 de nuestra Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable[1], pero la realidad y las estadísticas demuestran que en veinte años de Revolución Bolivariana esta garantía ha sido letra muerta. 

En diciembre de 1998 la mayoría de los votantes en nuestro país eligieron al teniente coronel Hugo Chávez, entre otras razones, porque compraron la promesa electoral de que el nuevo gobierno iba a mejorar la seguridad ciudadana (que en ese entonces se encontraba en niveles similares al promedio de la región), pero terminó ocurriendo todo lo contrario. En ese tiempo estaba muy arraigada en Venezuela la tesis de que un militar en el poder sería algo positivo para la disminución de la criminalidad, pero los que creyeron esto, probablemente añorando en este sentido la época del dictador Marcos Pérez Jiménez, se equivocaron, ya que a partir de 1999 se desató la peor ola criminal de nuestra historia. 

En los veinte años que lleva en el poder la llamada Revolución Bolivariana, más de trescientos treinta mil homicidios se han ejecutado en el país. Esta cifra ya supera la cantidad de personas fallecidas en la guerra federal (1859-1863)[2] y en la guerra de independencia (1810-1823)[3]. Aunque las estadísticas oficiales sobre criminalidad están prácticamente ausentes desde 2004, el trabajo de muchos comunicadores sociales y el de algunas ONG nos permite conocer la magnitud del problema. 

En este sentido, podemos analizar el Cuadro 1, elaborado con los datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)[4], en el que se refleja la impresionante incidencia de homicidios, año tras año, desde 1999 hasta 2018 en Venezuela.

La escalada de los asesinatos ha sido exponencial en las últimas dos décadas.  En 1998, año anterior a la llegada del chavismo al poder, hubo 4.550 homicidios en el territorio nacional. Ya en 1999, durante el primer año de gobierno, los asesinatos habían aumentado a casi seis mil; en el segundo ascendieron a más de ocho mil (casi se duplicaron en dos años) y así sucesivamente siguieron creciendo hasta llegar al nivel actual, superior a los veintitrés mil homicidios. Los asesinatos se multiplicaron casi seis veces desde que la revolución de la muerte comenzó su proceso de destrucción en Venezuela. En esto han influido varias causas, que iremos analizando en los próximos capítulos. 

Los 23.047 homicidios reportados por el Observatorio Venezolano de Violencia en 2018 evidencian que, en la actualidad, en promedio, 63 personas son asesinadas por día en nuestro país, es decir, ocurre un homicidio cada veinte minutos, lo que equivale a tres asesinatos por hora. A la par de esta situación, muchas personas son lesionadas gravemente con armas de fuego u otros mecanismos y, aunque no lleguen a morir, en algunas oportunidades pueden quedar lisiadas. 

CUADRO 1

Si bien el auge de los homicidios y de la criminalidad en general comenzó con el ascenso de Hugo Chávez al poder, durante la gestión de Nicolás Maduro el alza se ha mantenido o incluso ha empeorado. Entre 2012 y 2018, más de 177 mil personas han sido asesinadas en Venezuela. Estos números no deben ser vistos con frialdad. Detrás de ellos existen miles de familias enlutadas, niños huérfanos y una población que vive aterrorizada, bajo una especie de toque de queda, ante la posibilidad de ser víctima de uno de los tantos homicidas que la impunidad mantiene al acecho en las calles de Venezuela.

Una simple operación matemática permitiría concluir que, si a partir de la llegada al poder del chavismo se hubiera mantenido cada año, de manera inalterable, el mismo número de homicidios que hubo en 1998 (4.550), más de doscientas treinta mil personas no hubiesen perdido la vida por la acción delictiva en estas dos últimas décadas. Esta cifra es el equivalente a 12 o 13 estadios universitarios de béisbol de la Universidad Central de Venezuela completamente llenos de gente, como ocurre en la mayoría de los juegos entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. Toda esa cantidad de personas podrían hoy estar vivas si la catástrofe de la revolución no hubiera destruido el sistema de seguridad ciudadana y de justicia en el país.

Aunque los 23.047 homicidios de 2018 representan una cifra impresionante, significan en realidad una disminución numérica con respecto a los asesinatos anuales en el pasado reciente. A nuestro entender, el punto clave ha sido la gigantesca emigración producida en los últimos años en Venezuela por la crisis económica y social, calculada por Acnur en más de cuatro millones de personas (número que aumenta todos los días). Dentro de esta gran masa humana, la gran mayoría son personas que salen buscando un mejor futuro trabajando o estudiando en otros países, pero también se encuentran algunos criminales[5]. Esto ha hecho que en el país actualmente existan muchas menos víctimas potenciales, pero también menos victimarios. 

Sobre la disminución de los homicidios en 2018, el OVV señaló en su último informe cuatro causas. La primera tiene que ver con el exterminio policial, representado por las ejecuciones extrajudiciales que han reducido el número de potenciales homicidas, aunque con el inmenso costo de inocentes asesinados y otras graves violaciones a los DD. HH. En segundo término mencionan la variación que hubo en las modalidades del delito, los cada vez más oscuros mecanismos de conteo y clasificación de las víctimas y del registro de muertes violentas en general. Por último, lo que ya mencionamos, la emigración. Sobre esto señalan que aunque la gran mayoría de la masiva emigración de venezolanos es gente honesta que se ha visto obligada a buscar trabajo y un futuro mejor allende las fronteras, entre ellos han emigrado también muchos delincuentes. Unos porque no ven rentabilidad en sus acciones delictivas en Venezuela y deciden que es preferible, por el mismo riesgo, obtener más beneficios en otros países; otros porque han visto una oportunidad de huir de los contextos violentos donde viven y tienen cuentas pendientes. Otros quizá buscando genuinamente poder rehacer su vida.

Garantizar la seguridad de la ciudadanía[6] es una obligación del Estado. El artículo 55 de la Constitución establece que 

toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

Está claro que durante los últimos veinte años el Estado venezolano ha incumplido con su obligación constitucional de garantizar la vida, la integridad física y los bienes de los venezolanos.

Dieciséis ministros y más de veinte planes

Durante todo este cruento desastre de homicidios y criminalidad desbordada, iniciado en 1999, han pasado dieciséis ministros por el Ministerio de Interior y Justicia, principal organismo encargado de elaborar las líneas maestras de la seguridad ciudadana en el país. Estos numerosos cambios ejemplifican la improvisación y la falta de continuidad que desde 1999 han tenido las políticas de lucha contra el crimen en Venezuela.

CUADRO 2

Cada uno de estos ministros ha llegado o ha regresado (en el caso de los que repitieron en el cargo) con su particular plan bajo el brazo, dejando el anterior sin efecto. Todos fueron aplicados sin ningún éxito. Los ciudadanos hemos pagado las terribles consecuencias de este fracaso.

Como puede observarse en la lista anterior, en los últimos veinte años doce ministros de Interior y Justicia han sido militares (en situación de retiro o en actividad). Esto evidencia el fracaso de la participación de militares en la dirección y diseño de estrategias de seguridad ciudadana. El efectivo castrense tiene como base fundamental de su formación el combate del enemigo y las políticas públicas de seguridad ciudadana deben ser ideadas y aplicadas desde una lógica muy diferente. Quizás muchas personas piensen todavía que los militares sí son eficientes para combatir la criminalidad, pero la práctica y la doctrina internacional indican todo lo contrario. 

La profundidad de los problemas de inseguridad en Venezuela ameritaría más bien la continuidad de las políticas públicas de seguridad ciudadana. Lo ideal sería que en el país se diseñaran medidas de consenso, verdaderas políticas de Estado, en las áreas de prevención del delito, sistema policial, combate contra la impunidad y sistema carcelario, que se mantuvieran en el tiempo, independientemente de la fuerza política que esté en el poder.

Impunidad: homicidas sin castigo

El artículo 405 del Código Penal establece que el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de doce a dieciocho años. Se trata de una sanción importante prevista por nuestra ley penal para el que asesine a alguien, pero por la ausencia de eficientes instituciones de justicia este castigo en la mayoría de los casos queda sin aplicación.  

A diferencia de lo que ocurre con otros delitos, la gran mayoría de los homicidios en Venezuela son denunciados o llegan por cualquier vía a ser tramitados inicialmente por las autoridades. Se trata de uno de los delitos con menor cifra negra (hechos punibles que no llegan al conocimiento del sistema de justicia), ya que es muy difícil ocultar el cuerpo del delito, que en este caso está constituido por el cadáver de la víctima. A pesar de esto, las fallas en el funcionamiento de las policías, de la Fiscalía y del Poder Judicial han generado que casi la totalidad de los asesinatos permanezcan impunes en el país.

Un estudio del OVV ejemplifica claramente lo que ha sido la evolución de la impunidad de los homicidios desde que el chavismo llegó al poder. En 1998 se producían más detenciones que homicidios (debido a que muchas veces varias personas estaban involucradas en un solo caso). A partir de 1999 la realidad fue cambiando drásticamente, hasta llegar al extremo de que en 2008 solo nueve de cada cien homicidas era detenidos, es decir, había una impunidad de 91%, que pudiera ser mayor por las alcabalas de corrupción o de ineficiencia que con frecuencia se presentan en el transcurso del proceso. La investigación del OVV llegó hasta ese año, pero con toda seguridad la realidad actual es aun peor. La falta de castigo es uno de los principales motores de los asesinatos en el país. 

CUADRO 3

La impunidad de los homicidios ha causado, entre otras cosas, que proliferen los asesinos múltiples en el país. Se trata de delincuentes que matan la primera vez y no son investigados, ni acusados ni mucho menos condenados. Luego lo hacen la segunda, la tercera, la cuarta vez, y así sucesivamente sin ser capturados ni castigados por el Estado. Esto no solo envalentona a los asesinos, sino que envía un mensaje muy negativo a una sociedad cada día más vulnerable. Buena parte de nuestra juventud crece observando que los que matan o cometen otros graves delitos se mantienen libres haciendo desastres en nuestras calles, obteniendo cierto reconocimiento y un extraño respeto en parte de la comunidad. 

Es conocido que la aplicación efectiva de la pena genera consecuencias en el plano individual y en el ámbito general. La primera se trata de la denominada prevención especial, referida al efecto ejemplarizante que la sanción penal produce en el propio individuo que cometió un delito, la cual, en la mayoría de los casos, debería servir como una limitante para la repetición de la conducta desviada. La prevención general se relaciona con la percepción de la sociedad, que observa cómo el que violó la norma penal recibió la sanción correspondiente y, en teoría, esto debería funcionar como un freno para evitar que otros incursionen en la carrera delictiva.  

Con la impunidad reinante, se pudiera afirmar que hoy los criminales delinquen sencillamente porque tienen pocas o ninguna razón para no hacerlo.

Venezuela: el país más violento del planeta

Los 23.047 homicidios registrados en 2018 por el Observatorio Venezolano de Violencia en el territorio nacional representan una tasa de 81,4 asesinatos por cada cien mil habitantes, la cual es hoy la más alta del planeta. Así lo podemos ver en el Gráfico 1. 

En los últimos años Honduras y El Salvador[7] se habían turnado el deshonroso primer lugar de la lista de asesinatos entre las naciones del mundo, pero una disminución importante de homicidios en estos dos países centroamericanos, lograda a través de una transformación en sus sistemas policiales, carcelarios y de justicia, ejecutada con la ayuda y asesoría internacional, combinada con un aumento de este delito en nuestro país, hizo que Venezuela encabece hoy por más de treinta puntos este tenebroso listado planetario de la muerte.

GRAFICO 1

Tal como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el índice de homicidios por cada cien mil habitantes es un indicador universalmente aceptado para medir el nivel de violencia en una determinada sociedad[8]. Para calcular este parámetro se toman en cuenta solo los homicidios intencionales y se excluyen, por ejemplo, las muertes producidas en conflictos bélicos, los suicidios, las muertes ocurridas por una causa de justificación –como la legítima defensa– los homicidios culposos y las muertes producidas mediante una actuación de la autoridad apegada a la ley.

Este marcador de asesinatos por cada cien mil habitantes es comúnmente utilizado por los organismos internacionales como termómetro de la intensidad de la criminalidad en una nación, ya que, entre otras cosas, sirve para hacer comparaciones entre países con poblaciones de distintos tamaños. Se entiende que si los homicidios están en un nivel alto, la incidencia de otros delitos graves, como los secuestros y robos, será también significativa, que es lo que precisamente sucede hoy en Venezuela.

La ONU ha determinado que la tasa de homicidios promedio entre todos los países del mundo es de 6,1 por cada cien mil habitantes[9]. Esto significa entonces que el índice de 81,4 que hoy tiene Venezuela es más de trece veces el promedio mundial. También más de cinco veces el de las Américas (17,2) y casi treinta veces el de Europa (3).

GRAFICO 2

Venezuela es el único país cuya tasa