Prensa oligopólica, (in)seguridad y Estado: Procesos discursivos de legitimación de una ley antigarantista

Por Daniela Sposito

Este libro hace un aporte a los estudios de la Comunicación y la Cultura Contemporánea en tanto investiga la legitimación de una ley antigarantista que convaliva prácticas de control de la circulación de la población por el territorio en nombre de la seguridad ciudadana. Explora el vínculo entre discursos mediáticos y el debate parlamentario sobre una Ley que habilitó, en 2001, la criminalización de la protesta social, en tiempos de piquetes. A partir del análisis sociosemiótico y de la filosofía política, se estudian las luchas simbólicas por la hegemonía y por la imposición del sentido legítimo de las significaciones, en particular, el de la (in)seguridad ciudadana. Se analizan diversas tecnologías de seguridad y su interacción con dispositivos disciplinarios, de control, jurídicos y legales que apelan a la pasión política del miedo para justificar el empoderamiento del Estado punitivo, basándose en las recetas importadas del think tank Manhattan Institute.
 

• Idioma: Español
• Editorial: Editorial Universitaria Villa María
• Fecha de lanzamiento: 13 feb 2017
• ISBN: 9789876992725

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Agradecimientos

La escritura nunca es una tarea solitaria. En primer lugar, quiero agradecer a mi directora de tesis de Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea, Mirta Antonelli, por sus lecturas atentas y precisas, sus comentarios pertinentes y sugerencias bibliográficas. También, por su pasión que contagió entusiasmo para mi búsqueda. Ella dirigió también mi tesis doctoral, en la que analizo desde la sociosemiótica y la biopolítica las políticas públicas de (in)seguridad ciudadana en la gestión delasotista de gobierno en Córdoba. Antonelli ofició de guía para que los cruces transdisciplinarios de mi investigación convergieran en la perspectiva de la comunicación y la cultura contemporánea. Además, realizó rigurosas observaciones para que el escrito ganara en claridad y concisión. Todos los errores que presenta este trabajo son mi absoluta responsabilidad.

Quiero extender mi agradecimiento a mis amigas e investigadoras: Gabriela Simón, quien hizo observaciones pertinentes para mejorar la calidad de este escrito y siempre me alentó con su optimismo. También a Jimena Massa quien, en una de sus visitas a Córdoba, me animó a retomar y terminar estos escritos. Me siento muy afortunada por haber tenido estas valiosas compañeras de camino. Mónica Gordillo realizó generosas aclaraciones que me permitieron abordar algunos problemas desde otra perspectiva.

A mis compañeros en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, quienes me alentaron con su escucha atenta y generosa, por su mirada interpeladora que me animó para que estas discusiones comenzaran a circular. En particular, a Lucas Crisafulli, que me acompañó en el momento de puesta en circulación de lo investigado, con su aporte constante, sus consejos valiosos y su estímulo firme cada vez que mi voluntad de darle materialidad a estos papeles decaía. Sin su apoyo, este escrito no se hubiera convertido en libro.

Al jurado de la tesis en la cual se inspira este libro: Horacio Etchichurry, Silvia Delfino y Ana Beatriz Ammann, quienes aportaron su valiosa lectura que también me animó a esta publicación.

A la Editorial Universitaria Villa María (EDUVIM), en especial a su director, impulsor fervoroso de proyectos culturales en esta provincia, Carlos Gazzera, que apostó a publicar este trabajo para que las ideas circulen.

Por último, quiero dar las gracias al Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, donde cursé la Maestría. La institución me becó durante mi carrera; sin esa ayuda estas indagaciones no hubieran sido posibles. Y, por supuesto, a quien fuera directora de la carrera, María Cristina Mata, por su estímulo para llegar hasta el final.

En estos agradecimientos quiero dejar constancia que fueron los saberes, pasiones felices y entusiastas y amistosos apoyos compartidos los que permitieron este libro cobrara materialidad para que ustedes, hoy, puedan leerlo.

A todos mis compañeros en este gozoso proceso de escritura, mi afectuoso reconocimiento.

Prólogo

Dra. Silvia Delfino¹

El libro de Daniela Spósito marca un punto de inflexión en los estudios de comunicación en América Latina. Nos propone una serie de desafíos respecto de la investigación en Comunicación y Cultura que interpelan nuestras prácticas políticas. Al explorar el vínculo entre discursos mediáticos y el debate parlamentario sobre una ley que habilitó, en 2001, la criminalización de la protesta, no sólo investiga las luchas simbólicas por la hegemonía sino que interroga el estatuto de los saberes y prácticas universitarias en la historia reciente de Argentina. Producido como tesis de la Maestría en Comunicación y Cultura del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, el libro sitúa el trabajo colectivo como responsabilidad tanto respecto de la pertinencia de sus objetivos como de la producción de estrategias de cambio histórico. Por eso que lo publique, en 2015, la editorial de la Universidad Nacional de Villa María es muestra de la actualidad de los debates que formula sobre los alcances de una formación académica crítica y sobre nuestra capacidad de intervención respecto de las políticas públicas sobre comunicación y derechos políticos.

Su primer desafío consiste en situar el dispositivo mediático como espacio privilegiado para reflexionar sobre las tecnologías de seguridad y su interacción con los dispositivos disciplinarios y jurídico-legales. Pero estos dispositivos, nos indica Spósito, no trabajan en el vacío, ya que al institucionalizar experiencias colectivas del miedo, desde las propuestas importadas de tolerancia cero del Manhattan Institute, articulan los reclamos de orden, vigilancia y represión del Estado neoconservador con la planificación del genocidio en la cultura política del siglo xx. La historia de la resistencia de los organismos de derechos humanos contra la impunidad en nuestro país está tramada por episodios que muestran cómo el conflicto focalizado por las corporaciones de medios a través de la agenda del pánico moral y sexual respecto de la inseguridad enlaza la exclusión y la perpetuación de la pobreza con la constitución del miedo mientras reclama mayor control policial, baja de la edad de imputabilidad, más reclusión o aumentos de las penas. Este modelo de Estado punitivo, señala Spósito, remonta sus raíces a las políticas gestadas durante la última dictadura. La especificidad política de esos discursos institucionales consiste en permitir que sus enunciados excluyentes y discriminatorios sean formulados como incuestionables mientras invisibilizan las condiciones de violencia policial y judicial contra los movimientos colectivos. Por eso la cobertura periodística del proceso político es considerada imprescindible para la administración del orden y la estabilidad hasta convertirse, de hecho, en formas de reclamo empresarial que sostienen el statu quo como elemento de presión y hasta extorsión hacia el Estado por parte de las corporaciones de la industria cultural que siguen postulándose como garantes del derecho a la participación y al disenso democrático. Pero sabemos también que los medios no sólo se expanden sino que son usados y contestados en el marco de nuestras propias formas de acción y organización política. Son las prácticas compartidas las que confieren a esas actuaciones la posibilidad de incluirse en marcos de comprensión dentro de los cuales se definen tanto los límites de la visibilidad como la posibilidad de hacer inteligible un conjunto de sentidos preferentes de la experiencia del disciplinamiento y el control.

El libro de Spósito formula entonces otro desafío clave al poner en primer plano la relación que nuestras investigaciones establecen con el vínculo conflictivo entre Estado y sociedad civil, que fue tratado, durante los ‘90, como un problema de configuración del perfil técnico de los expertos, asesores o especialistas que intervenían, y muchos todavía hoy lo hacen, segmentando y aislando las experiencias de sus marcos de inteligibilidad y acción para amortiguar los conflictos y inhabilitar los proyectos de transformación colectiva. En este sentido tanto la investigación como el libro dan cuenta de una experiencia de especificación de lo simbólico desde el trabajo de cátedra en la universidad pública como desde las instituciones que constituyen las voces corales del texto. Y en esto consiste el reto más auspicioso del libro al formular una inflexión respecto de los alcances de nuestras investigaciones cuando la producción de saberes y prácticas comunicacionales resulta indisociablemente vinculada a las organizaciones políticas que proponen nuevas estrategias para problemas históricos permanentemente renovados.

1 Licenciada en Letras, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (UBA). Miembro de la Liga Argentina por los Derechos del hombre y de la Federación Argentina LGBT. Docente de grado y de posgrado de la UBA, Universidad Nacional de Entre Ríos y Universidad Nacional de La Plata.

Presentación

Genealogía de un encuentro

Corría la primera mitad del 2001. Tiempos de piquetes en Argentina. Este libro empezó cuando, a fines de junio de ese año, fui protagonista de un circunstancial hallazgo. Encontré, en la magra y abandonada biblioteca del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba –primera gestión del gobernador justicialista José Manuel De la Sota–, el libro que sustenta la teoría de la tolerancia cero de la Nueva York del alcalde republicano Rudolf Giuliani (1994-2001) y de su jefe de la Policía de Nueva York (1994-1996), el comisario William Bratton: Fixing broken windows, restoring order and reducing crime in our communities (Arreglando ventanas rotas, restaurando el orden y reduciendo el crimen en nuestras comunidades), de George Kelling y Catherine Coles.

Descubrí en su primera página una sugestiva dedicatoria: "El primer libro de la futura biblioteca del ministerio de Justicia". El ejemplar había sido un regalo hecho, dos años atrás, al primer ministro de Justicia de De la Sota, Carlos Julio Lascano. No fue fácil conocer quiénes habían sido los responsables de semejante obsequio. Fue imposible. Las firmas de las dedicatorias me resultaron incomprensibles, unos garabatos que nunca lograré descifrar. Ese regalo constituía un gesto inaugural para la nueva gestión del Estado cordobés. En él se hacía legible una lógica gubernamental que redujo la Justicia a la aseguración policial de la propiedad privada. Empecé a traducir el libro con avidez.

A fines de ese mes, leyendo los diarios nacionales me encontré con que la Legislatura Nacional había aprobado una Ley sustentada en la tolerancia cero. Decidí, entonces, comenzar a investigar de qué manera dicha teoría estaba echando anclas en nuestro país y cómo la prensa gráfica hegemónica se estaba posicionando ante su importación.

Luego vendría el diciembre trágico. Más tarde, el impostor ingeniero Juan Carlos Blumberg¹ entraría en escena. Acontecimientos que, leídos en continuidad con mi objeto de estudio, me conducen hacia un lugar común: lo que había estado investigando era un momento de la gestación del huevo de la serpiente. Hasta ahora, no he podido encontrar una figura mejor para referirme a esa época de nuestro país.

1 En la provincia de Córdoba, Blumberg dejó marcada su huella con su asesoramiento al gobernador De la Sota, en 2004, para la sanción la Ley de Seguridad Pública de la provincia Nº 9235-4/5/05. En mi tesis doctoral analicé esta ley cordobesa, teñida también de la doctrina de la tolerancia cero como la ley nacional que aquí estudiamos. Para un análisis de la Ley de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba, cfr. BOUVIER, H. y COSACOV, G., La ley de Seguridad provincial: la violación abierta del estado de derecho democrático. ¿Está seguro?, Sociodicea, Revista de enfoque crítico del derecho y la justicia penal, Año III, nº 4, 2005, págs. 8-12; ANTONELLI, M. (coord.), Colaboración desde Córdoba, para Alerta Argentina, Segundo Informe sobre la situación de los Derechos Humanos. Gobierno de Kirchner 2005. 2006, [en línea] Dirección URL http://lavaca.org/seccion/actualidad/1/1335.shtml [Consulta: 10 de febrero de 2008] y ANTONELLI, M., Espectro de la época oscura que está por llegar. En torno a la Seguridad Pública en la Provincia de Córdoba a 30 años del golpe de Estado, Revista Escribas Nº III, Escuela de Letras. Facultad de Filosofía y Humanidades, Córdoba, 2006c, págs. 17 a 30.

Introducción

La (in)seguridad en la era neoliberal

¿Qué es lo que hace tolerable la presencia de la policía, el control policial a una población si no es el miedo al delincuente? (...) Si aceptamos entre nosotros a estas gentes de uniforme, armadas, mientras nosotros no tenemos derecho de estarlo, que nos piden nuestros papeles, que rondan delante de nuestra puerta, ¿cómo sería esto posible si no hubiese delincuentes? ¿Y si no saliesen todos los días artículos en los periódicos en los que se nos cuenta que los delincuentes son muchos y peligrosos?

Michel Foucault

La crónica de sucesos criminales, por su redundancia cotidiana, vuelve aceptable el conjunto de los controles judiciales y policíacos que reticulan la sociedad.

Michel Foucault

¿Qué estado de derecho es el que asigna a la vez el poder de prevención, represión y justicia?

Mirta Antonelli

La puesta en discurso público de la inseguridad

Este libro aborda el proceso de puesta en discurso público de la (in)seguridad como significante clave para la legitimación mediática de la Ley N° 25.434/01, sancionada el 13 de junio de 2001¹ que modifica el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). Esta nueva legalidad otorgó mayor poder como fuerza legítima a la institución policial, incluso por sobre el poder Judicial, recortando así derechos consagrados por la Constitución Nacional (CN) y los tratados internacionales que la Carta Magna instituye y tutela. La Ley funcionó como condición institucional de producción de los artículos seleccionados en la prensa gráfica hegemónica que aquí aparecen, que interpelé y me interpelaron para llevar adelante este trabajo.

La relevancia de este análisis se justifica en el hecho de que la Ley mencionada constituye una norma regresiva desde la perspectiva garantista del derecho. La nueva legalidad –que sustituye el artículo 231 del CPPN, modifica los artículos 184, 186, 224 y 392 e incorpora el artículo 230 bis–, establece que la policía queda habilitada para efectuar requisas en lugares públicos o de acceso público sin mediación de orden judicial (se otorga a la policía la potestad de un funcionario mayor, un juez, en este caso), a cualquier persona, sus cosas y vehículos bajo la ambigua y arbitraria figura de la sospecha. La 25.434 continúa vigente y se sigue aplicando. Tiene competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para todos los delitos y en el resto del país, en delegaciones de la Policía Federal, para delitos federales como tráfico de drogas o contrabando.²

Las Fuerzas de Seguridad, habilitadas por esta "fuerza de ley"³, pueden requerir del presunto sospechoso noticias o indicaciones sumarias en el mismo lugar del hecho; pueden entrar solos a hacer un allanamiento (con dos testigos que deben quedar afuera) y, también, secuestrar pruebas distintas a las que buscan sin que medie un pedido del Juez.

Con esta sanción, el Estado argentino redefinió las relaciones con la ciudadanía, impactando en el estado de derecho desde la Doctrina de la Seguridad Ciudadana⁴, que lleva ínsita la memoria de la Doctrina de Seguridad Nacional de la última dictadura y abreva en la teoría de la tolerancia cero o de las ventanas rotas, explícitamente sustentada, promovida y vendida a diferentes países de la región por el Manhattan Institute (MI)⁵, think tank que se define por su capacidad pragmática para asesorar a la clase política y funcionarios de gobierno a fin de re-enunciar el Estado de derecho hasta entonces consagrado. Se analizan en este libro las estrategias favorables a la sanción de la Ley por parte de los dos diarios de mayor alcance nacional en la República Argentina en 2001: Clarín y La Nación⁶ por el impacto de estos medios hegemónicos para la condición de ciudadanía.

Así formulado, este problema presenta varias aristas a considerar. Por un lado, la necesidad de abordar críticamente la teoría de la tolerancia cero, en tanto condición de producción de la puesta en discurso público de la inseguridad. En tal sentido, al menos dos operaciones fueron realizadas:

el reconocimiento de los principios que sustentan esta teoría transnacional enmarcada en una racionalidad política neoliberal y el accionar del think tank que la promueve, no solo en nuestro país, sino a escala regional, la réplica a dicha doctrina, tal como lo señala el aporte crítico señero de Löic Wacquant desde la "sociología de la miseria".⁷

las críticas producidas en nuestro contexto nacional y local por organizaciones no gubernamentales y por especialistas del derecho, a partir de cuyos aportes se fundamenta el antigarantismo que institucionalizan las leyes que en dicha doctrina encuentran sus criterios de legitimación.

La producción de la cultura constituye un lugar privilegiado de análisis de los conflictos en la producción de hegemonía⁸ que, en las sociedades contemporáneas, adquiere su legitimación mediante imaginarios que apelan de manera insistente a la pasión del miedo. El problema que recorre este trabajo –inscripto en el campo de la comunicación/cultura y la política– se aborda a través de herramientas que permiten "articular, de manera sistemática el análisis de los procesos históricos donde emergen y se desarrollan las prácticas comunicativas estudiadas, con el análisis de las nociones provenientes de diferentes áreas de conocimiento que posibilitaron dicha emergencia".⁹

Como señala María Cristina Mata, "es innegable la multidisciplinariedad desde la cual se construye la comunicación en tanto objeto de estudio (…) no se trata de un problema sino tal vez de una de sus riquezas y potencialidades".¹⁰ Jesús Martín-Barbero, por su parte, sostiene que el estudio de la comunicación y la cultura constituyen un campo con un estatuto transdisciplinar.¹¹ Este ensayo toma también préstamos de la filosofía política, la socioantropología y la sociosemiótica. Es desde esta caja de herramientas¹² compleja que los fenómenos estatales/mediáticos, serán interrogados. Es por esto que esta investigación se inscribe (…) en torno a la inescindible vinculación existente entre las tecnologías y medios de comunicación y los procesos de producción de significaciones en la que se incluyen perspectivas históricas, sociosemióticas y filosóficas acerca de la naturaleza de la técnica y los procesos de producción social de sentido,¹³ si bien analizaré los medios de comunicación¹⁴ como instituciones privilegiadas de actualización de los sentidos del orden social.¹⁵

Una segunda dimensión del problema formulado llevó a abordar el uso político y la instrumentación autoritaria de las pasiones, especialmente el miedo y la esperanza, cuestión esta de larga tradición en la filosofía política, en la forma de retóricas de la seguridad implícitas en la teoría del Estado¹⁶ y el estudio de las violencias diferenciales. El uso político de estas pasiones no es solo prerrogativa del Estado sino también de los medios, que construyen el "efecto de actualidad¹⁷ como presente en devenir, en tanto experiencia colectiva".¹⁸ En efecto, y a partir del relevamiento inicial tanto del corpus teórico como del análisis, aspecto sobre el que volveré, se hizo pertinente abordar los usos políticos del miedo y su contracara, la esperanza, a propósito de la díada especular seguridad/inseguridad, la cual sustenta en buena medida la aceptabilidad de la teoría del MI: el miedo al "otro¹⁹, el otro como amenaza, a violencia del otro. Pero, además, y en especial por sus efectos locales, interesa ver su importación en 2000 y sus efectos en el escenario del primer semestre de 2001, tiempos de la Argentina piquetera" y del gobierno de de la Rúa, que concluiría anticipadamente en un contexto signado por la represión en el diciembre trágico de ese mismo año.

Secuelas de una década regresiva

Para investigar 2001 es preciso remontarse a la década de los noventa, denominada por el CELS como regresiva²⁰ en términos de derechos. Este período se inaugura con el gobierno de Carlos Menem (1989–1999), momento histórico en que comienza a consolidarse en Argentina un modelo neoliberal, neopopulista y conservador. Este modelo tendió a naturalizar las desigualdades sociales a la vez que implicó una progresiva mutación de un Estado benefactor garante de los derechos básicos de salud, educación y trabajo (entre otros garantizados constitucionalmente), hacia un Estado neoliberal, preocupado solo por garantizar seguridad de la propiedad privada y las personas a los sectores más favorecidos. En esa etapa se fue fortaleciendo como Estado técnico y punitivo. Este Estado no es autónomo; en tanto administración jurídico-administrativa, es ‘socio’ o ‘cliente’ de las instituciones del mercado y constituye una entidad interpelada por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y think tanks como el Manhattan Institute (MI).²¹

Los mecanismos de integración tradicional como la escuela, el trabajo y las instituciones políticas, jurídicas y religiosas comenzaron a debilitarse a partir de los ‘90²². Al respecto, Antonelli alude al informe del CELS²³ para considerar el Estado de esa década, al cual califica como predatorio (…) en tanto dispositivo de fuerza autorizada para instituir la regresividad de derechos.²⁴ En tal contexto, los medios hegemónicos que aquí analizo actuaron como instituciones que produjeron operaciones de codificación y decodificación de valores comunitarios compartidos pero simultáneamente como espacio de producción y legitimación de las distinciones culturales (…) como ámbitos administradores de la desigualdad y las diferencias.²⁵

En este proceso de transformación, el Estado ha ido dejando de ser un agente de integración para convertirse en agente del mercado²⁶. Desde esta función de gendarme obediente al mercado y a las agencias multilaterales de cooperación internacional, el Estado excluye a quienes no tienen capacidad de consumo o los contiene en redes de beneficencia.

Durante la década menemista se observa la pauperización de la clase media: los nuevos pobres²⁷, mientras se opera el enriquecimiento de una minoría: los "ganadores²⁸, generando una fragmentación en el seno del sector más importante de la población. En ese marco, no solo los pobres estructurales sino los nuevos pobres aparecen para los ganadores" como amenaza.

En los noventa, el país asiste a un proceso acelerado de privatizaciones de empresas públicas²⁹, al desmantelamiento del aparato sindical y a la instauración de la denominada flexibilización laboral, bajo las directivas de lo regido por el FMI y el BM, apelando a discursos que legitiman la necesidad de hacer más eficiente un Estado que se califica, desde los sectores privatizadores, como ineficiente y sobredimensionado, y a la urgencia de que Argentina ingrese al Primer Mundo en el marco de lo que se conoce como globalización. Otro de los componentes de la consigna privatizadora es la transparencia privada versus la corrupción estatal. Mientras el Estado benefactor camina hacia su extinción, se incrementa el presupuesto para mantener y fortalecer el aparato punitivo del Estado³⁰.

Se trata de una cultura política signada por la dictadura que el país vivió como poder fáctico durante casi una década. Estado post dictatorial y transformado por el neoliberalismo que indultó a los represores de la última dictadura, invirtiendo el esquema crimen/castigo, delito/justicia. Esta democracia post dictatorial y post-transformación neoliberal del Estado, con su instalación de la "impunidad, corrupción e inseguridad"³¹ constituyó una condición de posibilidad del proceso que analizamos en esta tesis. Sus huellas se encuentran presentes en las memorias que se activan/desactivan en el discurso parlamentario y en las notas de opinión que aquí trabajo.

El modelo de Estado punitivo remonta sus raíces a las políticas gestadas durante la última dictadura. Erigido sobre las ruinas del Estado benefactor, este paradigma considera, entre algunos de sus principios, que la delincuencia se combate con mayor presupuesto en control represivo –más mano dura y tolerancia cero– antes que generando un más equitativo acceso a la riqueza. Se trata de una visión del mundo que criminaliza la pobreza –la juvenil, en particular–, como bien lo demuestran los trabajos de Löic Wacquant y Rossana Reguillo– y supone el achicamiento del aparato estatal, relegándolo a sus meras funciones de seguridad (entendida como control social) y punitivas.

Desde mediados de la década del noventa, estas políticas se intensifican. Como consecuencia de los procesos privatizadores de las empresas del Estado, se empiezan a registrar niveles de desocupación inéditos y un aumento de la precariedad de las condiciones de empleo. El Estado intenta contener la pobreza mediante planes asistenciales, a la vez que refuerza planes represivos y judicializa y criminaliza la protesta social ³² ³³, que en los últimos años de la década y comienzos del nuevo siglo toma la forma de piquetes, escraches, estallidos sociales, manifestaciones, cortes de calle y de rutas.

Según documentos de organismos de distintos Derechos Humanos³⁴, los abusos policiales se hacen más notorios a partir de la última década del siglo pasado. Antes que reducir los poderes de esta institución, a partir de 1999 el Estado nacional comienza a hacer reformas a nivel de la Policía Federal y le otorga mayores atribuciones. También las policías provinciales comienzan a aumentar sus poderes al finalizar esa década.³⁵

La mediatización de lo político

La agenda del Estado –entendido este como cooptación o aceptación de intereses corporativos y de obediencia a las agencias multilaterales internacionales de cooperación– y la mediática de actualidad se retroalimentan en particulares relaciones de convivencia funcional y producen lo que llamaremos imaginarios sociales³⁶ de la (in)seguridad.

En el escenario en el que esta investigación delimita su marco, la particular imbricación del dispositivo mediático³⁷ conformado por los diarios Clarín y La Nación y del dispositivo estatal –en orden a la construcción de legitimidad de la regresiva Ley 25.434 y del uso político de las pasiones que actualizara en sus imaginarios sociales–, situaron o hicieron focalmente pertinentes el aporte del estado de excepción y la gubernamentalidad, por parte de la lógica estatal, como así también la construcción del efecto-estado de excepción que los medios (y estos dos diarios en particular) inscribieran en el régimen semiótico (sociosimbólico) y en la dimensión fenomenológica (percepciones y aprehensiones sociales), según el tempus de la urgencia/emergencia que alimentaría una cultura política y ciudadana antigarantista no explicitada o, mejor, denegada. La importación y la institucionalización de la doctrina de la tolerancia cero devenida Ley se ancla en condiciones político-institucionales y sociales de las que ambos diarios construirían sus temporalidades, evaluaciones y efectos de "crisis"³⁸.

Un particular dominio de análisis teórico-conceptual respecto a las dos dimensiones del problema expuestas más arriba sobre inseguridad se sitúa en el campo de lo que Michel Foucault ha considerado la problematización de lo social, categoría que refiere a la emergencia o disrupción de una problemática social en una red de discursos e instituciones, a su puesta en discurso, al modo en que circula por distintos espacios sociales y también a las relaciones de poder que posibilitan su emergencia en el dominio público³⁹.

En tal sentido, la indagación que se propuso en esta obra se sitúa en el campo del dispositivo mediático y sus relaciones con el dispositivo estatal. En este punto, vale anticipar que el análisis, cuyos criterios de configuración explicitamos más adelante, se centra en el discurso de opinión de ambas instituciones de prensa, por su lugar privilegiado para la editorialización como enunciación institucional e inscripción deontológica respecto a la democracia y al "contrato de lectura" ⁴⁰ que propone.

Como deriva no menor de la perspectiva adoptada, un conjunto de decisiones teórico-conceptuales de naturaleza discursiva han sido necesarias para dar cuenta de la "construcción del espectáculo político"⁴¹ de la inseguridad y la actualización de imaginarios relativos al Estado, y de la especificidad de esta dimensión de las luchas por los sentidos dominantes.

En síntesis, esta obra se interroga por la administración y gestión de los sentidos dominantes y su puesta en circulación hegemónica por dos instituciones que se retroalimentan: el Estado y el dispositivo mediático⁴². Como lo demostraremos, las réplicas garantistas que podrían disputar el sentido dominante no son respondidas por dichas instituciones, quedan desplazadas y negadas políticamente su posibilidad de entrar al debate en condiciones simétricas.

Una Ley que fomenta la represión de la protesta social

La modificación del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 25.434/01) que atribuye mayores poderes a la Policía Federal pretendería, antes que reducir el delito callejero, disminuir la amenaza al poder hegemónico que la protesta social representa para un Estado condicionado por el mercado interno y las acreencias externas. En el contexto de legitimación legal de una inconstitucionalidad por parte del Estado implicada en la sanción de esta legalidad, los medios administran y gestionan los sentidos de la (in)seguridad en términos de vulnerabilidad de la propiedad privada y como obstrucción a una circulación que, aunque unidireccional, es nominada como libre. Así, contribuirían más al control social y a la legitimación de una política de seguridad estatal –funcional al pago de la deuda a los acreedores externos– que a la interpelación del Estado.

Los medios hegemónicos regulan los antagonismos sociales, naturalizan un derecho que beneficia a los incluidos y neutralizan las diferencias. Mediante la imposición de corrientes interpretativas preferenciales, administran y gestionan imaginarios sociales ya circulantes e insistentes de los significantes seguridad e inseguridad social, al tiempo que elaboran hipótesis sobre sus posibles causas y construyen el deber ser del Estado y de las leyes para paliar sus efectos. Esos imaginarios, actualizados en relación con un eje central seguridad/inseguridad cuyos contenidos semánticos se relacionan con las pasiones políticas del miedo y la esperanza, funcionarían como una de las condiciones de posibilidad del Estado en la medida en que operan como legitimadores de su política de seguridad.

En este libro, me propongo analizar qué significado le asignan los medios estudiados al significante (in)seguridad; cuál es su definición y alcance; qué causas y pasiones se invocan cuando se trata de explicar el fenómeno que se conjura; qué efectos positivos se plantean como esperables del Estado y la legislación; qué semejanzas y diferencias pueden observarse, mediante un análisis contrastivo, entre los periódicos estudiados y cuál es su posición/función política respecto a la nueva ley que se busca instituir.

El corpus de artículos seleccionados constituye un producido, una positividad investida de sentido con una manifestación material que constituye una configuración espacio temporal de sentido, un paquete de materias sensibles o productos que están actualizados sobre un soporte material (en este caso, el texto), que son fragmentos de la red semiótica⁴³.

Analizaré en estos discursos⁴⁴ cómo estos artículos actualizan los imaginarios sociales de (in)seguridad (su definición, alcance, causas) y del deber ser esperable por parte del Estado y la legislación para combatir dicha inseguridad. Estableceré una distinción entre Discurso-objeto (D1) integrado por el corpus de seis editoriales aparecidos en los periódicos masivos de interés general La Nación y Clarín en el mes de la sanción y puesta en vigencia de la Ley 25.434 (en adelante la Ley) y que constituyen la totalidad de artículos de ese género que abordan el problema aquí planteado de manera explícita o implícita⁴⁵ y discursos periodísticos en Condición de Producción al corpus configurado por el D1.

El criterio de selección del corpus (D1) de editoriales obedece a que Clarín y La Nación eran, en 2001, los diarios de mayor tirada en Argentina, además de ser los de más amplio alcance y distribución a nivel nacional. En ese sentido, en el espectro de los medios gráficos nacionales y en tiempos en los que las redes sociales todavía no ejercían el impacto que hoy plantean, eran los que tenían mayor capacidad para fijar agenda. Tomo el período indicado porque, haciendo un barrido exploratorio de los periódicos de ese año, es el mes en el que se concentran las discusiones sobre el proyecto de otorgar mayores poderes a la policía. Analizaré también otros artículos aparecidos en estos dos diarios, que serán entendidos como discursos en condición de producción (DCP) al corpus configurado por los seis editoriales seleccionados. En tanto, de manera ocasional, incluiré algunos de Página/12 y Ámbito Financiero, solo a los fines contrastivos cuando lo considere necesario.

Mi periodización corresponde al proceso legislativo por el cual este proyecto devendría Ley mediante su sanción. La condición determinante de esta periodización es el proceso instituyente de la nueva legalidad. Como analista y, para dar cuenta de cómo los medios construyeron legitimidad para la sanción de la Ley, privilegié condiciones institucionales de producción mediatas: el proceso preelectoral de 1998 y la primera visita del Manhattan Institute (MI) a Argentina ese mismo año y su puesta en discurso en los diarios estudiados. Asimismo, los discursos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)⁴⁶ y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)⁴⁷, antagónicos al MI y a su doctrina.

También, condiciones de producción inmediatas: el escenario parlamentario de mayo y junio de 2001, previo a la sanción de la Ley. En tal sentido, desde la posición de analista, recorté las relaciones interdiscursivas entre la Legislatura y la prensa, la cual realizó apropiaciones y uso instrumental de las argumentaciones polémicas de Diputados y Senadores; y, además, las inter e intradiscursivas en las que los medios construyeron un escenario de inseguridad y peligrosidad social a propósito de la llegada de los primeros piquetes a la provincia de Buenos Aires y a Capital Federal. En estas últimas, di cuenta de cómo los medios operaron una extrapolación que relacionó delito callejero con piquete, para inteligir prácticas que fueron vistas por el Estado como lesivas al derecho.

La periodización organiza este proceso instituyente en etapas: la primera llegada del MI a Argentina; el proceso de tratamiento del proyecto y la relación de intertextualidad con el debate parlamentario⁴⁸ que se retroalimenta con el dispositivo mediático⁴⁹; y el dispositivo mediático que construye el debate parlamentario y su dispositivo estatal. Por último, trataremos la post-sanción en ambos diarios⁵⁰.

El análisis de la materialidad del corpus (D1) en relación con sus condiciones de producción mediáticas (DCP) permitió demostrar mi hipótesis inicial, según la cual los imaginarios sociales ya circulantes e insistentes en las agendas estatal/política y la mediática de actualidad se retroalimentan en particulares relaciones de convivencia funcional. En dicha retroalimentación, los medios actualizaron los significantes de seguridad e inseguridad social en relación con las pasiones del miedo y la esperanza. En lo aquí investigado, los medios funcionaron en un sentido consensual, como condiciones de posibilidad del Estado en tanto legitimadores de sus políticas de seguridad. Esta hipótesis inicial fue enriquecida por un nuevo interrogante que se planteó cuando comencé a indagar en artículos contemporáneos a los del corpus inicial. Si bien en los artículos que se refieren directamente a la Ley no hay alusiones a la protesta social, observé que en otros artículos contemporáneos a los analizados y, en los diarios estudiados, se insistía en la protesta social (en este caso, el piquete) como amenaza al orden establecido.

Así, establecí analogías entre los artículos analizados que relacionan la inseguridad con el delito y otros que plantean la amenaza del piquete. Luego, demostré que la nueva legalidad que atribuye mayores poderes a la policía Federal pretende disminuir la amenaza al poder hegemónico que representa la obstrucción de la circulación de bienes en el mercado protagonizada por la protesta social –que pretende impedir, entre otras cosas, el pago de las acreencias a las agencias de préstamo trasnacionales⁵¹– y no solo el delito común contra la propiedad privada y las personas.

Intenté –en orden a los objetivos propuestos– probar cómo los medios estudiados contribuyeron más al funcionamiento de control social y a la legitimación de una política de seguridad que a la interpelación del Estado y, en tal sentido, funcionaron como reguladores de los antagonismos sociales, naturalizaron el derecho y neutralizaron las diferencias y las desigualdades.

A fin de situar al lector, este libro presenta sus desarrollos en una primera parte en la que se abordará la doctrina del MI, los think tanks¸ la dislocación del Estado nacional Leviatan y las réplicas desde otras miradas. Luego, me detendré en el Estado Leviatan: el miedo y el poder policíaco en el escenario de un Estado neoliberal o técnico-administrativo; los imaginarios sociales del miedo en los medios; las mutaciones de la ciudadanía y, por último, caracterizaré algunas notas en torno al Estado post-transformación neoliberal sobre la base de los