Del sueño a la pesadilla americana: Inmigración mexicana en Estados Unidos

Por Ismael García Castro

Esta obra constituye una revisión crítica, con base en un análisis histórico, de la narrativa discursiva a partir de la cual se han justificado, promovido y operado las leyes y políticas sobre inmigración en los Estados Unidos, especialmente aquellas que se han aplicado o dirigido a la población inmigrante indocumentada de México. El estudio de est

• Idioma: Español
• Editorial: Universidad Autónoma de Sinaloa
• Fecha de lanzamiento: 14 may 2024
• ISBN: 9786077374336

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Prólogo

El tema de la inmigración, particularmente la indocumentada o irregular, en Estados Unidos tiene un significado trascendental, pues se trata de un fenómeno que impacta directamente a una población compuesta por decenas de millones de personas, y polariza las opiniones en la sociedad estadounidense, así como las posiciones políticas.

Los inmigrantes indocumentados no viven solos y aislados, sino que están integrados en familias y comunidades, conformadas por personas de heterogéneo origen nacional cuyas circunstancias migratoria son diversas, es decir, que tienen estatus migratorio mixto. Esto quiere decir que engloba a ciudadanos, residentes formales, refugiados, residentes no autorizados y hasta jóvenes con estatus de acción diferida, quienes han sido beneficiarios del programa de acción diferida para jóvenes llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés), creado por decreto del presidente Barak Obama (2009-2017) en 2012.

Esta población es considerada como parte de las minorías étnicas, las cuales han sido discriminadas por la población anglosajona, el grupo político y social dominante. No obstante, una característica adicional de estas comunidades es su larga presencia histórica en Norteamérica, que se extiende hasta antes de la existencia misma del Estado nación estadounidense.

Más aún, residentes legales e indocumentados no solo han formado parte de la historia y la sociedad estadounidense, sino que son una población cuya vigencia y actividad ha sido determinante en el desarrollo económico, social, cultural y político de Estados Unidos. Buena parte de la población inmigrante con estatus irregular, a través de la historia, incluso ha logrado, mediante múltiples procesos, legalizar su situación e integrarse formalmente a la sociedad estadounidense. Sin embargo, desde 1986, año en que se aprobó en Estados Unidos la Immigration Reform and Control Act (IRCA), estos procesos de regularización de inmigrantes indocumentados no han vuelto a ser masivos ni de gran trascendencia, excepto por el DACA.

La IRCA sería la última reforma de inmigración, que permitía regularizar, en el mediano y largo plazo, la situación migratoria de cerca de tres millones de personas, la mayoría de origen mexicano. Sin embargo, más de tres décadas después de aprobada esta reforma migratoria, todavía más de doce millones de inmigrantes indocumentados viven y trabajan en Estados Unidos, padeciendo los embates de leyes y políticas, tanto federales como estatales y locales, que se han vuelto cada vez más excluyentes, discriminatorias y coercitivas, sin que se vislumbren cambios en sentido inverso en un futuro cercano.

Las perspectivas de una reforma migratoria que regularice la situación de esta enorme población han sido poco factibles, durante más de tres décadas, por lo que la condición de clandestinos se ha convertido en una constante para los inmigrantes no autorizados en Estados Unidos. Esta adversa situación constituye no solo el principal obstáculo para la completa integración social y económica de esta población en ese país, sino que establece la condición que ha servido para justificar y legitimar su discriminación social y política y la sobreexplotación económica que se ejerce sobre ellos.

Introducción

Esta obra constituye una revisión crítica, con base en un análisis histórico, de la narrativa discursiva a partir de la cual se han justificado, promovido y operado las leyes y políticas sobre inmigración en los Estados Unidos, especialmente aquellas que se han aplicado o dirigido a la población inmigrante indocumentada de México. El estudio de esta problemática no es un asunto menor si tomamos en cuenta que los Estados Unidos tienen la mayor población inmigrante en el mundo (Budiman, 2020) y que durante gran parte de la historia de ese país, particularmente en las últimas cuatro décadas, la migración procedente de México ha sido uno de los más constantes flujos de población. Asimismo, este fenómeno está sujeto a condiciones muy particulares, como la vecindad geográfica entre el país de origen y el de destino, la complicada historia compartida, de tensiones políticas y asimetrías sociales y económicas. Cabe destacar también el peso de su demografía, que hoy en día constituye la mayor población inmigrante por grupo étnico nacional.

En 2018, 11 200 000 inmigrantes mexicanos representaban, la cuarta parte del total de los inmigrantes en los Estados Unidos, es decir, casi cuarenta y cinco millones (Budiman, 2020). Los mexicanos representan también la mayoría entre las minorías étnicas en los Estados Unidos, con más de treinta y cinco millones de personas que se identifican a sí mismas con esa nacionalidad, constituyendo más del 11 % de la población total de ese país para el año 2018 (CONAPO, 2018).¹

Esta población, como fuerza de trabajo, se inserta principalmente en mercados laborales que hacen uso intensivo de mano de obra de baja calificación y bajas percepciones, lo que ha favorecido su marginación y sobreexplotación (Telles y Ortiz, 2008), particularmente en el caso de la población indocumentada, a la cual se le utiliza, segrega y desecha, vía deportación, como pragmáticamente y utilitariamente convenga a los intereses económicos y políticos de las élites estadounidenses, al considerarlos personas sin derechos, con base en su irregularidad inmigratoria y su temporalidad.

Lejos de mejorar la situación de las comunidades inmigrantes, en las últimas tres décadas, las administraciones presidenciales y el Congreso estadounidense, así como las legislaturas y Gobiernos estatales y locales, han intensificado la aplicación de políticas y propuestas de ley, cada vez más restrictivas y draconianas, con un claro contenido, además de nativistas, claramente racistas y en contra de la población inmigrante indocumentada de origen mexicano y centroamericano.

Desde principios de la década de los noventa, se multiplicó la instauración y aplicación de políticas disuasivas hacia la inmigración irregular, de corte policiaco y militar, especialmente en la frontera sur de los Estados Unidos, cuyos nombres han sido similares a operativos castrenses como: operación Hold the Line (Bloqueo), operación Gatekeeper (Guardián) y operación Safeguard (Salvaguarda).

En esa última década del siglo XX se aprobaron, además, algunas de las leyes de inmigración más discriminatorias y coercitivas, como fueron la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA)² y la Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act (PRWORA),³ legislaciones que tenían el claro objetivo de impedir a los inmigrantes el acceso a servicios públicos de salud, de asistencia alimenticia y de apoyos educativos, principalmente en el nivel universitario. En el mismo año de 1996 fue promulgada la Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (AEDPA).⁴ Esta junto con la IIRIRA impactarían particularmente a las comunidades inmigrantes y las familias de estatus migratorio mixto, ya que, por un lado, cambiaron el foco de la política de inmigración del Gobierno estadounidense desde las fronteras al interior del país y, por otro, facilitaron los mecanismos de detención y deportación de indocumentados.

Los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 recrudecieron aún más las leyes, políticas y medidas de control de la inmigración, respondiendo y exacerbando, al mismo tiempo, las actitudes xenófobas de grupos nativistas y de supremacistas blancos que siempre han estado presentes en la sociedad estadounidense. Las propuestas de legislación para contener, controlar y criminalizar la inmigración irregular, en particular la procedente del sur, se han multiplicado desde entonces, tanto en el Congreso de los Estados Unidos como en muchas de las legislaturas estatales.

No obstante los numerosos intentos y formas por contener la presencia y arribo de la inmigración indocumentada en los Estados Unidos, esta no ha logrado disuadirse, ni siquiera disminuirse sustancialmente, debido a diversos factores, entre los que sobresalen la presencia y trascendencia histórica de las comunidades migrantes, así como la vigencia de sus mercados laborales.

La poca efectividad de las leyes y la aplicación de políticas para contener la inmigración irregular ha radicado, asimismo, en los objetivos y visión pragmática, utilitarista y excluyente que las élites de la nación estadounidense han propuesto desde sus orígenes para con los inmigrantes, debido a que la inmigración ha sido un componente estructural imprescindible para el desarrollo económico de Estados Unidos. Por tanto, ha resultado necesario un manejo que permita incentivar o limitar la llegada de inmigrantes, con base en las necesidades económicas y las coyunturas políticas por las que esté atravesando el país, pero siempre en última instancia definido en el marco del interés y la visión de sus élites.

Los decretos de acción diferida promulgados por el presidente Obama (2009-2017) hicieron crecer la esperanza en la creación de un proceso de regularización de la población indocumentada y dieron cierto alivio a las comunidades inmigrantes. Sin embargo, la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump (2017-2021), con su desafiante discurso xenofóbico y abiertamente antimexicano, respaldado en un amplio movimiento populista del ala de extrema derecha del Partido Republicano, descarnó e incentivó de nuevo la retórica política de grupos nativistas y supremacistas antiinmigrantes, como el movimiento evangélico blanco y el caso de los partidarios de la ideología del Tea Party, tornaron más sombría y vulnerable la situación de las familias y comunidades migrantes, además de complicar la posibilidad de que se produjera una solución a la extrema vulnerabilidad social y laboral de la población indocumentada, a través de una reforma migratoria integral, es decir, que contemple un proceso de regularización de este enorme grupo social.

La elección del presidente Joe Biden (2021-2025), en noviembre de 2020, ha despertado esperanzas y estimulado expectativas, quizás demasiado optimistas, entre las minorías étnicas y los grupos inmigrantes, particularmente de quienes permanecen en ese país como indocumentados, especialmente los jóvenes dreamers.

No obstante que todos estariamos de acuerdo con que después del periodo de xenofobia, descarnada de la Era Trump, existen razones, con base en las actitudes de resiliencia de los inmigrantes, para ser optimistas en términos generales. Es importante también reflexionar que la xenofobia, el racismo y el utilitarismo hacia los inmigrantes y minorías étnicas en los Estados Unidos han sido parte de un sistema histórico y pragmático, aún vigente en la sociedad y particularmente en la política de los Estados Unidos, por lo que aún hay más razones y elementos que nos indican que debemos moderar nuestro optimismo por el futuro.

Con base en estas consideraciones, el presente trabajo reflexiona sobre la compleja realidad en la que se desenvuelven actualmente las comunidades inmigrantes y las minorías étnicas, así como sus perspectivas futuras, por medio de una revisión y análisis histórico de los discursos políticos y los contextos, tanto generales como específicos, de los espacios donde se han promovido y desarrollado las leyes y las políticas sobre inmigración en Estados Unidos, en especial las que aplican a las comunidades de origen mexicano. Además del discurso y las acciones del Gobierno y del liderazgo político en los Estados Unidos, en esta obra se plasman las posiciones, consideraciones y contradicciones que se manifiestan en la opinión pública estadounidense, particularmente en los últimos años, como respuesta a los lineamientos de las leyes y políticas migratorias de la nación, ya que, sin duda, la sociedad estadounidense, a través de su voto y de lo que se expresa en los medios, influye en las decisiones que se toman en la Casa Blanca, así como en el Congreso federal y en las legislaturas y Gobiernos estatales y locales. Esta influencia puede llegar a ser determinante, debido a que el sistema político estadounidense, además de tener una agenda prácticamente constante, permite y promueve la reelección permanente en, básicamente, todos los cargos públicos.⁵

La historia de Estados Unidos muestra que, cuando la situación económica, las coyunturas políticas o los conflictos bélicos han derivado en la necesidad de captar población inmigrante, su arribo masivo e intensivo acaba por ser promovido sin importar las posiciones ideológicas personales de los políticos o las plataformas de los partidos. Partiendo de la evidencia que proporciona un balance y análisis histórico sobre esta materia, nuestra tesis sostiene que, para que en el futuro cercano se presente un escenario favorable a la regularización masiva de inmigrantes indocumentados, particularmente los de origen étnico no europeo, tendrían que darse circunstancias coyunturales, ya sean políticas o económicas, que compelen a los hacedores de las leyes y políticas en los Estados Unidos a impulsar esta propuesta, independientemente de las necesidades, problemas o derechos que tenga la propia población inmigrante.

No obstante, es importante reconocer que existen múltiples matices y contextos concretos a tomar en consideración, en materia del tema de inmigración, con base en las ideologías partidistas, las posiciones de quienes conducen la política, así como las acciones que se realizan en la sociedad estadounidense. En este sentido, y con fundamento en lo antes planteado, el primer capítulo de este libro titulado «Marco teórico contextual de la inmigración méxicana en los Estados Unidos» pretende ubicar el problema a analizar y el marco teórico y contextual con el que se aborda.

En un segundo capítulo, «Estados Unidos: una historia de reclutamiento intensivo, explotación y exclusión de inmigrantes», iniciamos un recuento histórico y el análisis sobre esta temática, desde la conformación de la nación estadounidense a finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, periodo donde los Estados Unidos implementaron una política que incentivó la llegada masiva de inmigrantes. Este apartado sobre el sistema de reclutamiento intensivo de inmigrantes considera, entre otras cosas, el contexto del establecimiento de un sistema de enganche que prevaleció en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras dos décadas del XX, periodo en que los propios empleadores estadounidenses promovieron el reclutamiento de trabajadores inmigrantes del sur.

Cabe aludir que aun cuando el Gobierno y el Congreso estadounidense implementaron algunas restricciones legales para regular la entrada de inmigrantes, como fue, por ejemplo, la Ley de Exclusión China de 1882, ninguna de estas limitaciones afectó considerablemente a la población de origen mexicano; por el contrario, debido a razones pragmáticas, como la cercanía en la disposición de esta fuerza laboral, este tipo de medidas tendieron a incentivar el ingreso de un mayor número de trabajadores mexicanos a Estados Unidos, particularmente en la región del suroeste de ese país.

Durante todo el siglo XIX, la situación sobre inmigración en Estados Unidos fue manejada en un doble nivel: el informal, que se regía por las leyes de la oferta y la demanda que imponía el mercado de trabajo, y el nivel formal, sujeto ya para finales de ese siglo al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés), creado en 1891 como la agencia federal encargada de aplicar las leyes sobre inmigración.

A partir de los primeros años del siglo XX, la inmigración procedente de México se intensificó, ya que tanto empleadores como los autores de las políticas migratorias de ese país valoraron las ventajas que ofrecía contratar trabajadores mexicanos. La razón fue que ante la reducción del número de trabajadores de origen europeo y asiático, la fuerza laboral mexicana fue vista como la solución a la enorme necesidad de mano de obra excedente que exigía la economía estadounidense en pleno proceso de expansión.

Posteriormente, se aborda como debido al gran incremento de la inmigración, hacia 1917 se adoptaron medidas cuyo objetivo era crear restricciones a la llegada de personas procedentes de ciertas regiones geográficas, prohibiendo, prácticamente en su totalidad, la entrada de población originaria de los países de Asia y limitando la proveniente de naciones de África, Latinoamérica y de algunos países europeos.

«Reclutamiento y expulsión utilitaria y racista de fuerza de trabajo inmigrante (1882-1941)», revisa y examina con mayor detalle un escenario donde la expulsión masiva de inmigrantes asiáticos y las presiones generadas por la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial consolidaron la presencia de inmigrantes mexicanos en dicho país, al grado de llevar al Gobierno norteamericano a iniciar conversaciones sobre inmigración con el Gobierno de México, las cuales culminaron con la aprobación de un primer acuerdo de importación temporal de mano de obra, que prevaleció aun ya finalizado el conflicto bélico mundial. Se exponen también los efectos de la gran depresión económica iniciada en el año de 1929, que tuvo como consecuencia un proceso de deportaciones masivas de inmigrantes e incluso no inmigrantes pertenecientes, mayormente a las comunidades de origen mexicano.

«Reclutamiento y explotación intensiva de trabajadores agrícolas migratorios. Los Acuerdos de Braceros (1942-1964)» inicia con el análisis de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, cuando el Gobierno estadounidense promovió de forma casi unilateral el Programa de Trabajadores Braceros, que inició en 1942 y se extendió en la posguerra hasta 1964. Bajo este programa de trabajadores migrantes temporales, se institucionalizó la importación masiva de mano de obra mexicana, por parte de su vecino país del norte.

Evidentemente, los acuerdos de braceros jugaron un papel muy importante al incentivar la inmigración indocumentada, ya que no todos los mexicanos podían ser admitidos bajo los lineamientos formales del programa, por lo que Estados Unidos empezó la aplicación de medidas restrictivas a la migración como fue la primera operación fronteriza que empleó tecnología militar: operación Wetback. Ese mismo periodo comprende el surgimiento de distintas legislaciones que impusieron un rígido sistema de cuotas por nación que pretendieron limitar la inmigración legal de origen europeo principalmente.

La finalización del Programa de Trabajadores Braceros dio pie al auge de la inmigración indocumentada en Estados Unidos en el momento en que, paradójicamente, la demanda de mano de obra de baja calificación e ingresos se incrementó considerablemente debido a nuevos procesos de expansión y reestructuración de la economía estadounidense. Este es el tema que aborda el quinto capítulo «Inmigración indocumentada, utilitariamente simulada como ilegal (1965-1986)», donde se plasma a detalle como los Estados Unidos dieron por terminados, de manera unilateral, por razones políticas utilitarias, los acuerdos de trabajadores braceros, convirtiendo de la noche a la mañana en indocumentados a millones de trabajadores inmigrantes por causas pragmáticas y utilitarias. El capítulo se extiende hasta la especificación y descripción de las reformas implementadas en materia de migración, que se dieron en el Congreso de los Estados Unidos en esos años y colocaron por primera vez al hemisferio occidental bajo el sistema de cuotas por nación, afectando particular y considerablemente el número de visas para el ingreso de mexicanos. Finalmente, se abordan las principales iniciativas de legislación que se discutieron en el Congreso estadounidense en la década de los setenta y ochenta, en contra de la inmigración no autorizada, en especial aquella proveniente del sur.

El capítulo sexto, llamado «Escalada de leyes y políticas antiinmigrantes y consolidación de comunidades mexicanas transnacionales (1986-2001)», parte del análisis de los antecedentes y las consecuencias de la que sería la última legislación en materia de migración en la historia de los Estados Unidos, que permitió la regularización masiva de inmigrantes indocumentados: el Immigration Reform and Control Act (IRCA).⁶ Por tanto, se profundiza en aspectos como la aplicación de sanciones a empleadores que contrataran trabajadores indocumentados, impuesta por la IRCA y la amnistía con la que fueron beneficiados, la cual promovió la reunificación de sus familias y permitió la regularización, hasta la actualidad, de más de tres millones de inmigrantes. Puesto que esta legislación estableció, asimismo, un proceso de constantes incrementos significativos al presupuesto y los recursos de las agencias sobre inmigración de Estados Unidos, para que se aumentara año con año la vigilancia de las fronteras, entre otras disposiciones, se incluyeron en el estudio las agencias competentes: el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, instancias gubernamentales que hoy día conforman la Customs and Border Protection (CBP);⁷ se cuentan también la Immigration and Customs Enforcement (ICE)⁸ y el US Citizenship and Immigration Services (USCIS).⁹ Todas estas agencias gubernamentales forman parte del US Department of Homeland Security (DHS),¹⁰ creado en el año 2003.

Este apartado lleva su análisis hasta la década de los noventas del siglo XX cuando se suscitó el resurgimiento del movimiento conservador nativista, lo que generó un ambiente antiinmigrante, cuya consecuencia principal en materia de legislación fue la promulgación de la IIRIRA, aprobada por el Congreso estadounidense en 1996. Esta ley tenía como principal objetivo lograr el control de la inmigración indocumentada por métodos coercitivos.

En un septimo capítulo, denominado «Control pragmático y utilitario de la inmigración por medio de la violencia institucionalizada (2001-2020)», se abordan las reacciones antiinmigrantes en los Estados Unidos, suscitadas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, entre ellas cómo la situación fue aprovechada con gran éxito por los políticos antiinmigrantes para fines utilitarios electorales. Se analiza la relevancia del tema migratorio en los discursos de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de 2004, 2008, 2012 y 2016, especialmente, con base en los contextos que rodean la elaboración y aplicación de la política inmigratoria estadounidense en el presente siglo.

En conclusión, se pretende demostrar, a partir del análisis del contexto histórico en que se han formulado las leyes y política inmigratoria de los Estados Unidos, particularmente la dirigida a México, que durante épocas de prosperidad económica y estabilidad política, o bien en tiempos de crisis, las administraciones de gobierno del vecino país del norte han aplicado políticas de inmigración semejantes basadas en una visión de utilitarismo económico y pragmatismo político, en un contexto ideológico permanente de exclusión social sistémica.

La situación actual está contextualizada por un reposicionamiento de la visión nativista y de supremacismo blanco, de etnocentrismo antiinmigrante, que, a pesar de su crudeza y ser reaccionaria, continúa redituando sendos dividendos electorales a muchos políticos conservadores, principalmente, aunque no de forma exclusiva del Partido Republicano. Por tanto, resulta complejo que en el Congreso estadounidense se pueda avanzar en la construcción de una propuesta seria, amplia e integral de reforma sobre inmigración, la cual contemple soluciones en la situación de los millones de inmigrantes indocumentados que, en los hechos, son ciudadanos estadounidenses, integrados en familias que no solo han vivido durante largos periodos de tiempo en los Estados Unidos, sino que están involucradas en el desarrollo de prácticamente todas las actividades y logros económicos, sociales y culturales de ese país.

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1 En 2018, de acuerdo con la Current Population Survey (

CPS

), realizada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos, se estimó que alrededor de 38.5 millones de personas que viven en los Estados Unidos son de origen mexicano. 12.3 millones corresponden a personas nacidas en México y 26.2 millones son mexicanos de segunda y tercera generación, es decir personas con uno o ambos padres nacidos en México y personas que se autodefinen de ascendencia mexicana, constituyendo, actualmente, más del 11 % de la población total de los Estados Unidos (

CONAPO

, 2018).

2 Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Resonsabilidad del Inmigrante.

3 Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo.

4 Ley contra el Terrorismo y la Pena de Muerte Efectiva.

5 En los Estados Unidos, las elecciones federales son cada dos años y en ellas se ponen en juego la totalidad de las posiciones de la Cámara de Representantes y la tercera parte del Senado, además de posiciones vacantes en esta Cámara.

En el caso de la presidencia del país, las elecciones se realizan cada cuatro años. La reelección se permite por una sola ocasión, a partir de la Enmienda Vigésimo Segunda de la Constitución de los Estados Unidos, vigente desde febrero de 1951, la cual limita a dos los periodos presidenciales.

A nivel estatal y local, prácticamente cada año hay una agenda electoral, ya que se vota por múltiples iniciativas de ley y todo tipo de cargos públicos, en los tres poderes y niveles de Gobiernos locales y estatales.

6 Acta de Control y Reforma de la Inmigración de 1986.

7 Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos continúo operando como una subagencia de la

CBP

.

8 Agencia de Inmigración y Aduanas.

9 Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

10 Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos.

I. Marco teórico contextual de la inmigración mexicana en los Estados Unidos

¿De qué estamos hablando? ¿Qué se está enfrentando?

Si bien es cierto que los seres humanos se han desplazado por el planeta desde los orígenes de la humanidad, el contexto de la migración internacional es relativamente reciente, ya que data de la aparición histórica y conceptual de los Estados nación modernos. En Europa, la mayoría de los Estados nacionales se consolidaron después de la Revolución francesa. Los Estados Unidos se constituyen como nación independiente a finales del siglo XVIII. En América Latina los Estados nación se formaron desde principios del siglo XIX, con base en una geografía y una herencia cultural determinada por los imperios europeos, particularmente de España y Portugal. En África y Asia, la mayor parte de las naciones surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, luego de poner fin a una dependencia colonial de los europeos (Pries, 2002; 2017).

Con la globalización económica y el desarrollo de nuevas tecnologías de información, comunicación (Castells, 1989; 1996) y de transporte, el movimiento de personas en el mundo se volvió más intenso, masivo y crecientemente interconectado, adquiriendo un carácter transnacional en las migraciones contemporáneas,¹ que han sido producto de profundos cambios económicos y sociales. Esto ha conllevado el extenso e intenso proceso de mundialización del capitalismo a partir del último cuarto del siglo XX (Glick-Schiller et al., 1992; Castles, 1997; Sassen, 1998).

Para Arango (2000), aunque las migraciones internacionales contemporaneas no son las de mayores dimensiones, en términos relativos, en la historia de la humanidad sí han alcanzado mayor atención y relevancia para los gobiernos y los organismos internacionales que pretenden, sin mayor éxito, gestionar y controlar los flujos migratorios y sus implicaciones económicas, políticas y sociales.

El desarrollo de comunidades transnacionales

En el contexto actual de globalización de la economía y las migraciones, las nuevas tecnologías de información y comunicación y los medios de transporte, cada vez más rápidos, eficientes y económicos, han dado cabida a tener un nuevo tipo de migración internacional a la que se le ha llamado transmigración. A las formas tradicionales de emigración y de retorno entre los Estados nacionales se ha agregado la lógica de «vivir» en dos o más países. En este caso, la migración ya no es un evento singular, transitorio o excepcional, sino que se convierte en la forma de vida de los transmigrantes (Pries, 2002: 572). Glick-Schiller, Basch y Blanc-Szanton (1992) definen la transmigración o migración transnacional como:

los procesos mediante los cuales los inmigrantes construyen campos sociales que unen países de origen y destino [...] Quienes construyen esos campos sociales, se denominan «transmigrantes» [...] que desarrollan y mantienen múltiples relaciones familiares, económicas, sociales, organizativas, religiosas y políticas que traspasan las fronteras nacionales. Realizan acciones, toman decisiones, comparten sus problemas y preocupaciones y desarrollan identidades, dentro de redes sociales que les conectan con dos o más sociedades simultáneamente, con base en la posibilidad que otorgan las tecnologías modernas (pp. 1-2).

Las regiones de origen y destino, así como las prácticas de los migrantes internacionales, son concebidas hoy en día como componentes integrados de una misma comunidad transnacional. En palabras de Pries (2002): «Las comunidades transnacionales son parte de espacios sociales que se extienden más allá de los Estados-nación y de las sociedades nacionales, que surgen en el tiempo y en el espacio como resultado de los flujos migratorios internacionales masivos y circulares» (p. 578).

En este enorme, creciente y complejo proceso de movilidad social global, impulsado por la expansión capitalista, los individuos y grupos que se mueven, cumpliendo con las características necesarias para insertarse con éxito en los nuevos mercados globales, ya sea por su poder económico o su capital humano, son formalmente incluidos en los países de acogida como residentes legales, con derechos, civiles y sociales. Por el contrario, quienes no se adecuan a estas características, que son la inmensa mayoría de los desplazados y marginados sociales y económicos, son excluidos tanto en sus países de origen como en los de tránsito y lugares de destino, negándoseles, en ocasiones, hasta los derechos más elementales (Castles y Vezzoli, 2009). Es decir, el proceso de globalización ha excluido económica y socialmente a personas, familias y comunidades enteras, quienes se ven obligadas a abandonar sus localidades y hasta sus países de origen para tratar de subsistir. Como perspicazmente lo sintetiza Castles (1997), las migraciones contemporáneas —realizadas por comunidades transnacionales— son al mismo tiempo resultado de los cambios provocados por la globalización de la sociedad capitalista, y una fuerza de respuesta y cambio social ante estas circunstancias.

Para Pries (2002) a la:

lógica de cambio de país para sobrevivir, se agrega [...] la lógica de vivir cambiando de país. En este caso, la migración ya no es singular, transitoria y excepcional [...] se convierte [...] en una forma de existir, de vivir y de sobrevivir. El espacio social de la vida cotidiana de los transmigrantes y de las instituciones sociales que lo estructuran no se limita a lo uni-local, sino que las vidas de estos trasmigrantes se ubican y entretejen en diferentes espacios geográficos; se hallan en un espacio social pluri-local y transnacional (p. 572).

Como lo sugiere la idea de la «globalización desde abajo» (Castles, 1997; Smith y Guarnizo, 1998; Portes, Guarnizo y Landolt, 2003), la movilidad poblacional es hoy en día una fuerza inexorable que se presenta como respuesta a las necesidades y aspiraciones humanas, generadas por los procesos de exclusión social, tanto a nivel regional como internacional.

Por otra parte, debemos entender que la globalización y las migraciones que produce van a tener, como consecuencia, una mayor diversidad étnica y cultural en prácticamente todos los países, transformando las identidades y desdibujando las líneas fronterizas, así como las condiciones políticas y sociales tradicionales, en las sociedades de origen y en las receptoras. Los impactos de los migrantes se manifiestan en el nivel económico, las relaciones sociales, la cultura, el derecho y la política nacional y las relaciones internacionales (Castles, 1997).²

De acuerdo con Pries (2002; 2017), la globalización representa un reajuste entre los espacios geográficos y los espacios sociales. Los Estados nación, como espacios de contención geográfico-territoriales, pierden fuerza frente a otros niveles geográfico-espaciales. Por tanto, ganan relevancia en la reestructuración espacial social los espacios geográficos supranacionales, esto es, las ciudades globales (Sassen, 1991 y 1998) y las macrorregiones, como la Comunidad Europea o el TLCAN.³

Por otra parte, debido a la intensificación de los flujos económicos y, en especial, los humanos a nivel internacional, la población migrante para muchos gobiernos, particularmente los del mundo desarrollado, representa más en el discurso retórico que en la realidad un instrumento económico y de política exterior (Miller, 1998) e interior (García, 2018), a la vez que un riesgo de seguridad nacional y una afectación a su soberanía.

Este escenario se define, actualmente, por tener cada vez mayor complejidad, debido al constante incremento en los desplazamientos y flujos internacionales de personas, a la par de un ascenso en la ansiedad de los nativos contra los discursos sociopolíticos multiculturales de integración y en las posturas nativistas y xenófobas, cuando no abiertamente racistas, de muchos de los políticos en países receptores de migrantes (Farina, 2018). De acuerdo con Benhabib (2004, citada en Nicholls, 2019), esta situación conflictiva se explica, en parte, porque la globalización ha implicado el surgimiento y avance de actores económicos, políticos y sociales no estatales que limitan el ejercicio de la soberanía estatal, incentivando, a su vez, reacciones nacionalistas que demandan el fortalecimiento de las fronteras y el control de la población dentro del territorio del Estado nacional.

De acuerdo con Castles y Davidson (2000), en los Estados modernos, la pertenencia está determinada por poseer un estatus de ciudadanía, el cual se certifica mediante documentos que confieren derechos civiles y políticos. En el Estado democrático ideal, todos los habitantes son miembros; sin embargo, en la historia siempre ha habido grupos excluidos a los que se les segrega u obliga a asimilarse para lograr la pertenencia. Incluso a quienes poseen membresía formal se les discrimina por su raza, género, clase o religión. La lucha por la integración es considerada la clave de la democracia, no obstante, también la globalización crea nuevos desafíos para el reconocimiento de derechos, tanto en los estados emergentes como en las «democracias consolidadas».

La globalización, y en particular la de las migraciones, provoca que la heterogeneidad social crezca más rápidamente que los procesos de asimilación, cuestionando las bases de control del Estado nación. El concepto tradicional del Estado nación se erosiona cuando millones de personas, actualmente, tienen más de una ciudadanía o no residen en su país de origen nacional, mientras viven simultáneamente en más de un país o Estado nacional (Castles y Davidson, 2000). Es decir, estamos ante procesos de transnacionalización del mundo social (Pries, 2017), donde los individuos y las comunidades tienen vidas compartidas en dos o más países, con base en prácticas transnacionales que cotidianamente realizan con toda la complejidad o simplicidad que esto conlleva (García, 2007).

Con la consolidación del Estado nación, se desarrolló, asimismo, la idea de sociedades nacionales integradas, caracterizadas por una lengua y valores comunes que provocan un fuerte sentimiento identitario relacionado con un mismo origen étnico (Pries, 2017). En este sentido, el ejemplo de los Estados Unidos resulta muy ilustrador. En esta nación, entre la década de los veinte y la de los sesenta del siglo pasado, prácticamente, dos generaciones fijaron sus vidas como ciudadanos a un sistema cultural, político y económico nacionalizado en términos raciales.

Los intereses y valores nacionales en los Estados Unidos fueron definidos a partir de la cultura y expectativas de la población de origen europeo, tanto los descendientes de los anglosajones protestantes —fundadores del mito original de la nación— como de los inmigrantes europeos blancos, quienes llegaron a lo largo del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, asimilándose a la cultura principal anglosajona, que se convirtió en sinónimo de la identidad nacional estadounidense (Ngai, 2004; Hing, 2004; Lytle Hernández, 2010; Molina, 2014; Lee, 2019; Nicholls, 2019).

Por otra parte, durante el periodo en mención, la inmigración, que había sido un componente esencial en la formación e historia de los Estados Unidos, estaba en mínimos históricos. La inmigración que existía se limitaba a trabajadores agrícolas temporales mexicanos, coloquialmente conocidos como «braceros», quienes regresaban cada año a su país o se establecían en la nación vecina en comunidades segregadas, barrios étnicos y pequeñas poblaciones rurales, alejados de la mayoría de los estadounidenses blancos, de manera semejante a otros grupos de las llamadas «minorías étnicas», como afroamericanos o indígenas americanos (Nicholls, 2019).

La década de los sesenta del siglo XX parecía constituir un momento de consolidación de la ciudadanía nacional y de la democracia en los Estados Unidos, con base en el auge económico de la nación imperialista hegemónica, después de la segunda posguerra que apuntaló el sistema de Estado benefactor. Asimismo, influyeron cambios sociales y políticos, provocados por la lucha de las minorías, particularmente, de los afroamericanos por el reconocimiento de sus derechos civiles.

Sin embargo, el surgimiento explosivo del sistema de competencia global, con acelerados intercambios económicos y acuerdos internacionales de libre comercio, así como la deslocalización, o descentralización productiva y la reorganización de los procesos industriales⁴ provocaron una reestructuración espacial de la producción, orientando los capitales hacia lugares con sectores de servicios logísticos y el desarrollo de nuevos productos y sistemas de producción flexible, que utilizan, de manera coyuntural e intensiva, fuerza laboral inmigrante (Zlolniski, 2000). Por otro lado, los años setenta del siglo XX representaron un periodo de recuperación económica y gran crecimiento para Japón, Italia y Alemania (Piore y Sabel, 1984), amén de un explosivo crecimiento de los llamados «tigres asiáticos» (Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwán) (Martín-Cabello, 2013). Estos países, apoyándose en formas de organización productiva flexible,⁵se convirtieron en una seria competencia para el resto del mundo, especialmente en cuanto a la fabricación de productos como automóviles, muebles, ropa, electrodomésticos, artículos electrónicos y productos ópticos. En los Estados Unidos esta situación se tradujo en procesos de pérdida de competividad, que significaron el cierre y relocalización de miles de empresas dedicadas a estos rubros de producción e implicó, asimismo, cambios en las relaciones entre el capital y los trabajadores, en detrimento de estos últimos.

En las regiones industriales tradicionales de producción fordista de los Estados Unidos, la economía se deprimió,⁶ particularmente en la zona de los Grandes Lagos y en el nordeste norteamericano, el llamado Rustbelt o Snowbelt. Por el contrario, se dio un considerable crecimiento económico y de población en el sur y en la costa del Pacífico, región conocida como el Sun Belt (Storper y Walker, 1984; Benko, 1998), en especial, en los estados de California, Arizona, Texas y Florida, donde la presencia masiva de mano de obra inmigrante jugaría un rol central en este cambio de la dinámica económica y regional de los Estados Unidos.

La deslocalización y descentralización de la producción, incluyendo la fragmentación de los tiempos y de los procesos laborales, así como el empleo de trabajadores inmigrantes, benefició principalmente a las empresas globales y a las grandes firmas industriales, al disminuir sus costos de producción. Por otro lado, la flexibilización y segmentación de los procesos de producción alteró la estructura social de las ocupaciones, por lo que «los empleos estables y bien remunerados, se redujeron, a la vez que coexistieron con otros de carácter predominantemente informal y ocasional» (Canales y Zlolniski, 2001, p. 417). Estos consistían en tareas de baja calificación y remuneración precaria, principalmente en la rama de los servicios y de la manufactura ligera, donde se insertó fuerza laboral inmigrante de manera masiva con gran porcentaje femenino. En el caso de Estados Unidos, esa fuerza laboral estaba conformada por población