El crimen cometido en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo contra migrantes – solicitantes de refugio, para ser precisos– es una tragedia atroz que pudo evitarse. Han fallecido 40 personas, que antes fueron obligadas a salir de sus lugares de origen por diferentes causas, pero todas coincidentes en el propósito de proteger su vida y la de sus familias. No hay manera de que el Estado mexicano escape de ser responsable directo de este crimen, pues las muertes sucedieron en sus instalaciones, en el ejercicio (abusivo) de funciones migratorias y en el contexto de una política migratoria severa, militarizada, marcada
