Autonomías. Democracia o contrainsurgencia

Por Gilberto López y Rivas

En este libro, que reúne ocho estudios, el autor examina la situación que se produjo a raíz del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés por parte del Estado y documenta la persistencia de las políticas contrainsurgentes en Chiapas, especialmente la actividad de los grupos paramilitares. Asimismo, en una nueva faceta para los estudios sobre aut

• Idioma: Español
• Editorial: Ediciones Era
• Fecha de lanzamiento: 20 jun 2020
• ISBN: 9786074452600

Gilberto López y Rivas

Antropólogo, ensayista y político mexicano, es profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doctor en Antropología por la Universidad de Utah, de los Estados Unidos, maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), e investigador titular del Centro Regional INAH-Morelos, en Cuernavaca. Ha tenido una activa vida política, en la cual se destacan su participación en el movimiento estudiantil de 1968 y su elección como Jefe del Gobierno del Distrito Federal en la Delegación Tlalpan, en el período 2000-2003. Integró la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y se ha desempeñado como diputado federal de la LIV y LVII Legislaturas del Congreso de la Unión. En 1987 se le otorgó la Medalla Roque Dalton. Participó en la Cruzada Nacional de Alfabetización (1980) y asesoró al Gobierno de Nicaragua en Cuestión Indígena y Autonomía de 1980 a 1990. Fue consejero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) durante el proceso de diálogo que resultó en la firma de los Acuerdos de San Andrés, y es actualmente integrante de la Comisión de Intermediación para el diálogo entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno de México. Es articulista de La Jornada, es miembro del consejo editorial de la revista Contexto Latinoamericano de la editorial Ocean Sur y publica sistemáticamente en periódicos y revistas especializadas. Es autor y editor de múltiples libros.

Vista previa del libro

Bibliografía

Introducción

Los textos aquí reunidos fueron elaborados a lo largo de dos años y presentados para su discusión en diversos foros e instituciones. Se revisaron, actualizaron y ampliaron, en particular en el contexto y en función del proyecto Autonomía multicultural: condición indispensable del desarrollo sustentable, auspiciado por la Unión Europea, y abordan la problemática actual de los movimientos en favor de las autonomías étnicas, así como el tipo de respuesta dada al respecto por los Estados latinoamericanos y en especial por el Estado mexicano contemporáneo.

En primer término se atienden los aspectos teóricos consustanciales a los debates en torno a las posibilidades y las implicaciones antropológicas, políticas y culturales que un proyecto autonómico tendría con respecto a la configuración actual de los Estados nacionales; tanto en el plano histórico, como ante los retos que la dinámica globalizadora actual les impone.

En este trabajo se sostiene que, dado el dominio impuesto por los capitales transnacionales, éstos, en función de sus intereses, presionan y obligan a los Estados nacionales latinoamericanos a reconfigurar su organización, a debilitar su estructura interna, y en definitiva a perder su soberanía. Sobre todo a partir de la guerra de conquista de Irak, el mapa político, económico y militar del mundo se ha transformado de manera regresiva. Asistimos al surgimiento de un nuevo colonialismo de matriz estadounidense que pretende imponerse sobre la humanidad. Ante esta situación se hace cada vez más necesaria, desde abajo y desde las izquierdas y los movimientos populares, la construcción de una alternativa de democracia participativa que reconstituya lo nacional, al tiempo que establezca, a nivel estatal, los derechos políticos y culturales de los pueblos.

A partir de la irrupción del movimiento indígena encabezado por el EZLN, el proyecto autonómico ha cobrado mayor vigencia. No obstante, la posibilidad de su realización se enfrenta al carácter del Estado nacional mexicano, que en su retórica afirma ser pluriétnico y pluricultural, pero en los hechos resulta monocultural y excluyente. Es un Estado fundamentado en concepciones basadas en una nación de ciudadanos y excluyente de la nación de pueblos; configurado en función de los intereses minoritarios de una oligarquía criolla y mestiza que hegemoniza al país desde el periodo colonial, los herederos de aquellos que usurparon a sangre y fuego los territorios de las culturas históricas precolombinas.

En ese sentido, podemos considerar que la autonomía indígena es posible sin tener que violentar ni romper con el Estado mexicano actual, a condición de reconocer los derechos políticos y culturales de los pueblos, otorgando garantías para su vigencia y desarrollo. Lo que un proyecto autonómico debe lograr es la compatibilidad entre los derechos políticos y culturales colectivos de los pueblos provenientes de una tradición distinta al liberalismo decimonónico y el derecho ciudadano instituido por éste.

La Constitución y las leyes vigentes deben ser reformadas en consonancia con los acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal y el EZLN, estableciendo la autonomía y la libre determinación, en su calidad de pueblos, y reconociendo a las comunidades como entidades de derecho público y su base territorial, que son en definitiva la condición de su existencia.

Desde luego, no desconocemos que en el camino de un proceso autonómico existen obstáculos políticos, culturales y económicos, además de los del orden jurídico. En primera instancia, se tiene que forjar al sujeto autonómico que tome a su cargo el proceso. La ausencia de este sujeto redundaría en un proyecto condenado al fracaso, o en una mera formalidad de autogobierno.

Los pueblos son los que tendrán que trabajar en la concertación de esfuerzos orientados a la búsqueda de la autonomía; aunque, como lo muestra la experiencia de Nicaragua durante la revolución sandinista, las estructuras de gobierno empeñadas en una voluntad democrática pueden constituirse en facilitadores de las condiciones hacia la forja del sujeto autonómico.

Hasta hoy, han sido las tendencias autoritarias y racistas de los aparatos del Estado mexicano las que se han convertido en el mayor obstáculo del proceso de democratización y de avance en la constitución de un Estado-nación pluriétnico. En este sentido, se analiza también el tipo de respuesta que el Estado mexicano ha dado a las demandas de autonomía de los pueblos indios. Lamentablemente, estamos lejos de observar voluntad política y comprensión de la marginación y exclusión a las que han estado históricamente condenados los indígenas por responsabilidad del Estado mexicano. Los gobernantes respondieron con la mayor insensibilidad a la irrupción del 1° de enero, dispuestos a arrasar a sangre y fuego con la insurrección zapatista. La amplia movilización de la sociedad civil los obligó a detenerse e iniciar el diálogo y la negociación, para más tarde traicionar los acuerdos firmados. La respuesta fue y sigue siendo la represión y la demagogia.

Los tres últimos gobiernos mexicanos, incluido el de Vicente Fox, han actuado contra la lucha indígena con una estrategia de contrainsurgencia, basada en la presencia masiva del ejército y la utilización de fuerzas paramilitares con el objetivo de desgastar al movimiento insurgente y desarticular sus bases de apoyo.

El paramilitarismo se convirtió en una forma continuada de desgaste de las fuerzas insurgentes. Con base en diferentes tácticas de guerra irregular se pretende pasar del control de la población indígena, a su aniquilamiento y posteriormente la ocupación de sus territorios. La presente recopilación presenta datos sobre las acciones criminales de los grupos paramilitares que, cobijados por las fuerzas armadas y el aparato gubernamental, actúan de manera impune en las zonas de conflicto.

En la actualidad el diálogo y la negociación son inexistentes. Este hecho negativo para el logro de la paz es responsabilidad absoluta del gobierno del presidente Fox, por dos causas: la aprobación por parte del Congreso de una ley de derechos y cultura indígenas contraria a los acuerdos de San Andrés, y la continuación, ampliación y profundización de las acciones contrainsurgentes en Chiapas.

Es muy difícil predecir escenarios. El gobierno actual, lejos de avanzar por el camino de satisfacer las demandas de justicia y democracia que dieron origen al conflicto, insiste en políticas excluyentes que profundizan las desigualdades sociales e incrementan la miseria en que vive la mayoría de los mexicanos.

En los Estados nacionales latinoamericanos, al igual que en el mexicano, paralelo al proceso de descomposición interna, transcurre otro: el debilitamiento del estado de derecho y la renuncia a su función social. Si bien los Estados nacionales nunca reflejaron la composición pluriétnica de sus sociedades y por tal razón mantuvieron en su interior un régimen de desigualdades y exclusión, el proceso globalizador técnico y financiero impulsado por los capitales transnacionales ha incidido sobre esa condición endeble y está propiciando un proceso crítico de pérdida de soberanía, presencia cada vez mayor del narcotráfico y el crimen organizado, y pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones.

Como eje articulador de los diferentes escenarios que se analizan en los presentes textos, se encuentra la demanda de reconocimiento de los derechos políticos y culturales de los pueblos indios de México, como condición indispensable de la postergada transición democrática mexicana. Para impulsar un proyecto de reconstitución de lo nacional es necesario construir una gran fuerza unitaria, de carácter patriótico, democrático, nacional y popular. Se trata de forjar un amplio movimiento en el que participen todos los sectores políticos y sociales representativos, es decir, todos los mexicanos honestos que quieran salvar al país de la vorágine neoliberal.

Por Último, incluimos un texto surgido de la experiencia del primer gobierno democráticamente electo en la delegación de Tlalpan. En el mismo se presenta una propuesta de desarrollo autonómico para los pueblos originarios de esta delegación, ubicada al sur de la ciudad de México. Mediante un proyecto de esta naturaleza es posible impulsar un proceso de reconstitución de estos pueblos, que hoy viven una profunda crisis social, económica y cultural, que pone en riesgo su supervivencia a causa del avance de la mancha urbana y los graves conflictos que este fenómeno ocasiona.

Tanto para el caso de Tlalpan, que refiere a una situación de crisis que se repite en todos aquellos pueblos que están siendo absorbidos por las ciudades, como para el de los pueblos indios mexicanos y latinoamericanos, que durante tanto tiempo han sido objeto de despojos y exclusión, y que sin embargo, muy a pesar de los colonizadores, han resistido, la opción de un proyecto autonómico se presenta como una de las pocas alternativas de supervivencia. La opción de las autonomías representa también, y en ese sentido los movimientos indios adquieren en favor de éstas un carácter vanguardista, la posibilidad de una reconfiguración de lo nacional puesto en crisis por el neoliberalismo, en la medida en que en su origen apela a la demanda de reconocimiento de la condición pluriétnica de las naciones latinoamericanas.

Así, lo mejor para el país sería avanzar en esa dirección por la vía de los consensos y la legalidad. Esto es, la encrucijada que México enfrenta en el ámbito de la cuestión étnico-nacional y el ejercicio de las autonomías es: democracia o contrainsurgencia. En Última instancia, serán los propios indígenas, como lo muestra la insurgencia encabezada por el EZLN, quienes al no encontrar eco a sus demandas, establezcan de facto sus autonomías. Este libro puede contribuir a la comprensión de ese proceso.

1. La antropología y los pueblos indígenas de México

Si la antropología como ciencia nace con el pecado original de haber estado estrechamente ligada al colonialismo y a los esfuerzos por imponer en el ámbito mundial las relaciones capitalistas,¹ en México la disciplina antropológica surge de su relación fundamental con el llamado indigenismo. El indigenismo tiene sus orígenes más cercanos en los momentos posteriores al movimiento armado revolucionario de 1910 a 1917, cuando la Escuela Mexicana de Antropología, encabezada por Manuel Gamio, comienza a elaborar los marcos de referencia conceptual que permitieran darle contenido a la política del Estado para con los diversos pueblos indígenas que se distribuyen en todo el territorio nacional.

Gamio expresaba los planteamientos ideológicos de una burguesía ya apuntalada como la fuerza hegemónica de ese proceso revolucionario y la necesidad de darle coherencia a un proyecto de nación acorde con los intereses de dicha clase. El tardío desarrollo de la antropología científica en nuestro país hereda los preceptos teóricos que respaldaron el proceso de colonización. Así, lejos de una aceptación tácita de la condición pluricultural de la naciente nación, el proyecto antropológico de Gamio se ciñe sin más al paradigma colonial del indio atrasado.

Para este padre fundador de la antropología mexicana, la nación no se consolidaría como tal en tanto siguiera persistiendo el carácter heterogéneo de su composición, expresado en al menos sesenta pequeñas patrias, con sus respectivas lenguas y culturas, planteando la necesidad de la incorporación del indígena a la vida nacional.

Para Gamio, la marginalidad de los indígenas se debía al estancamiento provocado por la diferenciación lingüística, por lo que la solución para el problema era la conveniente intervención del Estado a fin de establecer una política que pretendía ir en auxilio del indígena, pero que en los hechos buscó su asimilación a la nacionalidad dominante y la homogeneización cultural y lingüística de la nación mexicana a los criterios burgueses de desarrollo y progreso, para los cuales los territorios mesoamericanos se hallaban vacíos de historia, de comunidades y de vida; carentes de un proyecto de civilización, como atinadamente refiere Bonfil, y de modelos de incorporación al curso de la naturaleza y la historia.

Estas ideas tenían un consenso en el ámbito latinoamericano, como puede inferirse de la siguiente resolución adoptada en la viii Conferencia Panamericana de Educación que tuvo lugar en Lima en 1938, en la que se declaró que los indígenas tienen un preferente derecho a la protección de las autoridades públicas para suplir la deficiencia de su desarrollo físico y mental, por lo que los gobiernos debían desarrollar políticas tendientes a la completa integración de aquéllos en los respectivos medios nacionales. El objetivo claramente planteado es la integración, de ninguna manera aparece en las propuestas de estos intelectuales la posibilidad del desarrollo autonómico.

Así, a partir del primer Congreso Indigenista Interamericano que tiene lugar en Pátzcuaro, Michoacán, en abril de 1940, el indigenismo integracionista se afianza no sólo como la política del Estado mexicano para con los indios, sino que se extiende a escala latinoamericana a partir de su adopción por muchos países como Perú, Ecuador, Guatemala y Bolivia, con el establecimiento de organismos de asuntos indígenas, llamados desde entonces Institutos Nacionales Indigenistas, que toman la función de idear y poner en práctica las bases para la acción de los Estados. En este Congreso se acuerda la creación del Instituto Indigenista Interamericano, en el cual participan en la actualidad diecisiete Estados (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela).

Cabe destacar el papel protagónico que jugaron los antropólogos en la elaboración de estas políticas, desde el momento en que Gamio definió a la antropología como la ciencia del buen gobierno, iniciándose un maridaje entre los antropólogos y el Estado mexicano que no fue roto en parte sino hasta el movimiento estudiantil-popular de 1968, que creó las condiciones para que las corrientes críticas antropológicas se manifestaran y denunciaran el papel de complicidad de nuestros colegas en los procesos etnocidas iniciados hace varias décadas.²

El indigenismo de Estado ha pasado por diversas fases y sus características ideológicas han ido adaptándose a las transformaciones de las sociedades latinoamericanas, persistiendo, sin embargo, la esencia definitoria que le dio vida: el indigenismo es una política de unos para otros; esto es, una política de un Estado criollo-mestizo para con los pueblos o etnias indígenas y, en consecuencia, el indigenismo en todas sus variantes es por naturaleza autoritario y verticalista. Los renovados discursos no logran anular este carácter. El indigenismo constituye un sistema teórico-práctico que se impone a las etnias desde los aparatos burocráticos de los Estados latinoamericanos como una fuerza objetivamente opresiva, manipuladora y disolvente. A pesar del reiterado fracaso que ha significado la puesta en práctica de las políticas indigenistas, que lejos de haber logrado la instauración de un orden armónico en el interior de las comunidades y un desarrollo favorable de las mismas han llevado hacia una agudización de los conflictos y hacia la ruina de sus condiciones de vida –ruina que significa también el fracaso del proyecto modernizador que las sustentaba. A pesar de ello no ha habido la voluntad, hasta la fecha, de asumir un proyecto como el que aquí se propone, fundado en el principio innegociable del reconocimiento de la alteridad, y con ello del respeto a las formas autogestivas de desarrollo de los pueblos indios.

Esto es importante reiterarlo, porque el Estado mexicano –en éste como en otros aspectos– ha sido lo suficientemente hábil en el ámbito internacional como para encubrir su naturaleza real, de forma que muchos antropólogos europeos o estadounidenses no son conscientes del contenido profundamente antindígena de las prácticas del indigenismo.

Desde sus inicios, el indigenismo asumió un relativismo cultural restrictivo, en definitiva racista, como uno de sus componentes; de tal manera que se consideró que en las culturas indígenas había aspectos que merecían ser conservados y que merecían respeto y protección por parte de los Estados, y otros negativos que debían ser eliminados por no ser compatibles, ya sea con la modernidad o con los sistemas jurídicos vigentes.³

Así, la burocracia indigenista se convertía en seleccionadora del destino que tendrían los procesos de incorporación del indígena a la sociedad nacional, sin tomar en cuenta los derechos de estos grupos a decidir su propio rumbo. El indigenismo se caracterizó desde entonces por el uso de una retórica de respeto a las lenguas y costumbres indígenas, la cual era acompañada con una práctica de destrucción de las estructuras étnicas de los pueblos indios. Basta mencionar que casi 90 por ciento de las resoluciones de los Congresos Interamericanos no se han cumplido desde la fundación del Instituto Indigenista Interamericano, para darnos cuenta del contraste entre la teoría y la práctica del indigenismo.

Con retóricas de este tipo se ha caído en el ocultamiento de la realidad de los pueblos indios. Por un lado, la exaltación emblemática del glorioso pasado indio, con la cual el indio vivo, su