La privatización de lo público: Historias de la corrupción oficial y resistencia civil en méxico

Por Melchor Peiro Guerrero

La participación ciudadana para la defensa de lo público y la oposición a su privatización es el factor clave que en México –como en otros países– ha constituido la línea de defensa de la propiedad pública y de reforzamiento de la ciudadanía basada en los dictados de la democracia. Resaltan en estos conflictos las partes actuantes, como son la ciud

• Idioma: Español
• Editorial: Universidad Autónoma de Sinaloa
• Fecha de lanzamiento: 7 jun 2022
• ISBN: 9786077373629

Melchor Peiro Guerrero

Melchor Peiro Guerrero es originario de Pericos, Sinaloa. Estudió la carrera de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la maestría en Desarrollo Urbano en la Universidad Autónoma de Durango y el doctorado en Estudios Regionales con énfasis en América del Norte en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde es catedrático de la Facultad de Arquitectura, de la que también fue director en el periodo 2007-2010. Realizó estancias de investigación en Tijuana, B. C., y en Belo Horizonte, Brasil. Ha colaborado con empresas de diseño y construcción e instituciones públicas, entre ellas el Centro de Ciencias de Sinaloa y El Colegio de Sinaloa, donde fue director de Intercambio y Relaciones Académicas. Actualmente es presidente de “Ciudad y Naturaleza en Armonía”, A. C.,con sede en Culiacán, e integrada a la Alianza Ambientalista Sinaloense; ocupa también la presidencia del Consejo Directivo de “Periqueños por el Desarrollo Integral”,A. C.,con sede en Pericos, Sinaloa; asimismo, se desempeña en la investigación urbana y es colaborador de revistas especializadas y del periódico Noroeste, así como del programa Yo creo, de Canal 3. Diplomado en Archivos Generales e Históricos por el AGN, es cronista, miembro activo de La Crónica de Sinaloa, A. C., y miembro vitalicio de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas (ANACCIM). Además de su asistencia a congresos nacionales y estatales, sus participaciones en el urbanismo sinaloense han quedado registradas en diversos eventos, así como en proyectos realizados y asesorías otorgadas a distintos lugares del estado.

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Agradecimientos

La producción de este libro fue posible gracias al apoyo de muchas instituciones y personas que me acompañaron durante tal proceso, por lo que dejo constancia de mi agradecimiento por sus contribuciones. De manera especial agradezco a la Dra. Mercedes Verdugo López, por ser un ejemplo de dedicación profesional y de investigación continua en sus áreas de conocimiento, que abarcan la historia, el derecho y la ciencia política, ingredientes esenciales en esta obra. Su asesoría representó un enorme apoyo, como el que también me brindaron en México el Dr. Ismael García Castro y la Dra. Jocelyne Rabelo Ramírez, y en Brasil, el Dr. Thiago Duarte Pimentel y el Dr. Braulio Figueiredo Alves da Silva.

Agradezco a la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa por brindarme la oportunidad de realizar los estudios de doctorado y de recibir su apoyo para realizar una estancia nacional en Tijuana, B.C. También a la Facultad de Arquitectura de la UAS por el apoyo brindado para la realización de este proceso, permitiendo la dedicación exclusiva al mismo y manteniendo vigente la apropiada pertenencia a su cuerpo de profesores.

A la Universidad Autónoma de Sinaloa le debo el haber realizado mis estudios de posgrado y, agradeciéndole las facilidades brindadas para cursarlos, hago un reconocimiento a su compromiso social e institucional, el cual muestra incentivando y respaldando el mejoramiento de sus profesores e investigadores. Al Programa de Movilidad de la Red de Macrouniversidades de América Latina y El Caribe (Red MACRO), le agradezco su apoyo para la realización de la estancia internacional en Belo Horizonte MG, Brasil.

En el plano local, en Culiacán, Sinaloa, deseo agradecer la disposición de diversos colectivos y asociaciones civiles que me brindaron el conocimiento de sus experiencias en el tema aquí desarrollado: la participación ciudadana en la defensa del espacio público y el patrimonio colectivo. Aprecio la colaboración de la QFB. Norma Eladia Luna Germán, al Sr. Salomón Monárrez Meraz, al Lic. Manuel Barrantes Tarriba y al Ing. Ernesto Saldaña García. Igualmente, de manera particular agradezco al Lic. Alejandro Sicairos Rivas, al Lic. Berzahí Osuna Enciso y al M.C. Lenin Flores Saavedra —representando a muchos otros ciudadanos—, quienes destacaron en las entrevistas realizadas, por sus amplios conocimientos y atinadas observaciones de la sociedad y el urbanismo.

Mucho agradezco también la orientación de los profesores-investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC Campus Tijuana): Dra. Ana Bárbara Mungaray, Dr. Santos López Leyva, Dr. Emilio Hernández Gómez y Dr. Carlos Moreira Betancor, cuyos consejos en mucho contribuyeron para la elaboración de esta obra. En esta misma ciudad, el Arq. Arturo Vergara, encargado de la Unidad de Bienes Municipales del H. Ayuntamiento de Tijuana, me atendió amablemente como funcionario público. Deseo agradecer el apoyo del Mtro. Eliseo Sandoval, el Lic. José Ángel Peñaflor Barrón, la Arq. Carmen López Medina y, en su figura ciudadana, a muchas otras personas, hombres y mujeres que me brindaron un excelente trato durante la estancia de investigación en ese increíble laboratorio urbano; ahí recibí con mucho aprecio la hospitalidad que me dedicaron los señores Laura Chucuán y William Martínez.

Por haberme recibido en sus instalaciones y haberme brindado una invaluable experiencia profesional y personal, agradezco profundamente a la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, en Brasil. Destaco aquí mi agradecimiento por la amable atención y el apoyo recibido del personal de la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI), Elaine, Pollyana, Michelle, Marcelo, y el del Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP), Daniele y Flora, de esta institución. De la misma manera, en la persona de Luana Berti, Eduardo Pulido, Eber Oliveira y Sergio Augusto hago extensivo mi agradecimiento a tantas otras personas que en diversos organismos civiles y de la administración pública de Belo Horizonte MG me brindaron amablemente su apoyo. Con el recuerdo de esta fabulosa urbe, quedo agradecido con la Sra. María Teresa Gomes e Souza y su familia, que me convidaron una inolvidable experiencia de la vida brasileña.

El valioso apoyo técnico que me otorgaron el Dr. Mario Carranza, el Dr. César Burgos, el Lic. Salomón Cárdenas y el Lic. Jorge Valenzuela de la Facultad de Psicología de la UAS, es digno de mi amplio reconocimiento y agradecimiento por su orientación, que fue decisiva en este proceso. Asimismo, agradezco la participación del Ing. Ind. Merlín Peiro Chucuán en la redacción y del LEI Melchor Peiro Chucuán por su apoyo en la traducción de documentos en inglés y portugués al español. Hermanos y familiares, parientes y amigos: su acompañamiento y apoyo en el desarrollo de una exhaustiva obra como esta, que entraña por igual grandes esfuerzos y enormes satisfacciones, es motivo para agradecerles profundamente.

Prólogo

Este es un libro que relata historias acerca de la privatización de lo público, tanto del espacio público como del patrimonio colectivo, expresado en sitios y obras que durante generaciones fueron desarrolladas con el esfuerzo conjunto de la sociedad. No contempla, sin embargo, la dimensión extrema de la privatización de lo público conocida como despojo de la riqueza nacional, lo que ha sido perpetrado contra la población mexicana o la de Brasil. También se habla de resistencia: la participación ciudadana para la defensa de lo público y la oposición a su privatización es el factor clave que en México —como en otros países— ha constituido la línea de defensa de la propiedad pública y de reforzamiento de la ciudadanía basada en los dictados de la democracia. Resaltan en estos conflictos las partes actuantes como la ciudadanía, el Estado y el ente privatizador. A raíz del desacuerdo y la protesta social que emerge frente a los actos de privatización, se conforman diversos movimientos ciudadanos que actúan en nombre de la sociedad y el bien común bajo figuras como el colectivo, el frente, la asociación civil y otras que son consignadas en este libro.

La obra toma como caso de estudio a Culiacán, Sinaloa, y para efectos comparativos se apoyó en una investigación contextualizada del fenómeno que incluye a Tijuana, B.C., en el plano nacional y a Belo Horizonte MG, Brasil, como ejemplo internacional. Las coincidencias legales y las formas de actuación de la autoridad pública en las tres ciudades establecen que la ciudadanía tiene ante sí el grave problema de una falsa representación popular, ya que generalmente por la vía de actos ilegales (alimentados por la corrupción en diversas formas), la privatización continúa avanzando, dejando a su paso graves afectaciones a la sociedad.

Desarrollada con un enfoque cualitativo y apoyada en una base de datos de construcción propia —documentos de información pública y otras evidencias empíricas— se establece durante el proceso narrativo una categoría central denominada la privatización de lo público, junto a otras categorías —temáticas— como la participación ciudadana y los movimientos ciudadanos locales. Bajo figuras llamadas legales, como el comodato, la concesión, la enajenación y otras, se abre paso en el relato a lo que se ha denominado «privatización institucionalizada», impulsada y amparada ahora en recientes leyes de asociación público-privada (APP) en México y de parceria publico privada (PPP) en Brasil. Antes que impactar favorablemente la sociología en el ámbito local, las autoridades —como también la ciudadanía de baja intensidad— se muestran irresponsables al causar el demérito en la calidad de vida y el debilitamiento de la democracia. Enfrentar esa situación es una obligación de los civiles.

Encontrar elementos y dar forma concreta a la presentación de los casos aquí consignados implicaba, desde el origen de semejante tarea, desarrollar esfuerzos considerables para tratar con quienes eran señalados como iniciadores de los conflictos (los funcionarios públicos) y su relación con el ente privado, que ve en la privatización de los bienes públicos una apetitosa forma de obtener beneficios exclusivos, a costa del esfuerzo colectivo. Noam Chomsky es certero al afirmar que «la violencia no surge de la nada [...] siempre viene del poder».

Las experiencias locales y el trabajo de comparación con la realidad nacional y otra de alcance internacional hicieron posible la ampliación del sustento teórico y el reforzamiento de la base empírica del análisis realizado. El manejo de la amplia y diversa información pudo realizarse al encontrar apoyo en la informática, con el uso del programa Atlas.Ti, versión 7.5.4.

Es así que este libro, estimado lector, se constituye en un recurso didáctico y referencia de apoyo tanto para quienes estudian, tratan y son expertos en la temática que se aborda, como para ti y para el ciudadano común, el mismo que aquí se alude en su relación y posturas ante el fenómeno mundial de la privatización del espacio público y el patrimonio colectivo.

Melchor Peiro Guerrero

Introducción

La presente obra expone el fenómeno de la privatización del espacio público y el patrimonio colectivo, analizado en Culiacán, Sinaloa, y comparándolo, en la dimensión nacional con Tijuana, B.C., y en la internacional con Belo Horizonte MG, Brasil, para efectos de una mayor caracterización.

Se refiere esencialmente a casos emblemáticos de transferencia de elementos constitutivos de la propiedad pública (áreas de uso público y edificios del equipamiento urbano) a formas de propiedad privada mediante procesos que, desde la administración pública, se juzgan legales y, regularmente, terminan siendo casos de desviación del ejercicio del poder público o francos arreglos ilegales —corrupción— entre un ente privatizador y el Estado, en perjuicio de la sociedad y su patrimonio.

En la actualidad los gobiernos locales se advierten, además de carentes de suficientes recursos para administrar su territorio, cuestionados por la solución de los problemas de la vida en comunidad. Encima de eso, son presionados por el neoliberalismo económico que, al considerar que todo es una mercancía y tiene valor comercial, sugiere que ha de existir total libertad para el intercambio económico, incluso de bienes patrimoniales de propiedad colectiva a cualquier escala. La iniciativa privada —individuos o grupos de interés particular— ha aparecido en la escena de la administración pública señalándola como ineficiente y presentándose a la vez como la opción adecuada para la administración —explotación comercial y producción de ganancias— de todo aquello que la ciudadanía requiere para satisfacer sus necesidades colectivas como la atención de la salud, la educación y la recreación, entre otras. De hecho, los servicios públicos en el medio urbano y los recursos naturales en el medio rural son también áreas codiciadas por los intereses privatizadores, mas esta investigación no los contempla sino como integrantes de la propiedad pública, la que es asediada por diversos actos de pretendida apropiación particular.

Ante los actos de privatización del patrimonio colectivo, que se constituyen como un despojo social, la ciudadanía consciente desarrolla la participación ciudadana orientada a manifestar su desacuerdo y a oponer resistencia a las intenciones de retirar de la dimensión colectiva cualquier elemento que se juzga una propiedad pública, todo aquello que ha sido construido u obtenido con el esfuerzo y los recursos de diversas generaciones de urbanistas. Actuando ciertamente de manera reactiva, toda vez que el Estado y el ente privatizador actúan en la opacidad y sin información previa a la sociedad, los ciudadanos comúnmente se integran en la figura del colectivo —agrupación espontánea, informal pero solidaria— para conformar, además, un movimiento ciudadano local, un «MOVICILO» (término acuñado por el autor) que pone de manifiesto la actuación colectiva y no individual en el interés por defender y conservar el patrimonio.

Motivados por mantener el sentido del bien común y el beneficio plural del uso del espacio público, lo ciudadanos proceden a enarbolar y a sostener sus demandas contra las otras partes actuantes en el conflicto: los gobernantes que promueven y facilitan la privatización y el individuo o grupo privado (que pretende apropiarse de tales bienes), mismo que se reconoce protegido y apoyado por las actuaciones de la estructuras de gobierno, habida cuenta de que previamente habrían establecido entre ellas acuerdos ilegales —cochupos—¹ fincados en el ofrecimiento y la aceptación de «moches» u otras formas de beneficio indebido para los funcionarios públicos.

En Culiacán, Sinaloa, resalta el caso del nuevo estadio de beisbol, construido en terreno municipal y con recursos públicos —tras la demolición cuestionada del estadio Ángel Flores— para entregarlo vía contrato-concesión a un particular y su empresa deportiva. Otros casos emblemáticos son tratados para describir las formas que en la localidad ha tomado la privatización de los bienes comunes. En Tijuana, B.C., igualmente se hace referencia a casos especiales o ejemplares, entre los que resalta la pretendida destrucción del Parque Benito Juárez. En Belo Horizonte, Brasil, el fenómeno de la privatización del espacio público y el patrimonio colectivo es señalado como causante del demérito en la calidad de vida del pueblo brasileño en los últimos veinte años, con la radicalización de la forma en que el neoliberalismo económico ha penetrado en el Estado brasileño. En los distintos contextos es evaluada la participación ciudadana en defensa del patrimonio público.

En México, y prácticamente en toda América Latina, se padece y permanece como un problema estructural la invasión y ocupación del espacio público en su versión más reconocida: la calle, la plaza, el parque. El comercio informal basa su existencia en la ocupación impune de esos espacios públicos en franco perjuicio de la colectividad. De la misma manera, otras actividades como los negocios privados de todo tipo o la construcción de vivienda de distinto rango económico, incurren en violaciones a la normatividad urbana en cuanto al uso del suelo o los niveles de construcción permitidos se refiere, cuando no ocurre que están invadiendo suelo de reserva o áreas naturales de propiedad pública.

El libro se compone de cinco partes. La primera de ellas expone los antecedentes y el marco contextual latinoamericano, mexicano y local de la privatización de lo público, observado como un fenómeno de presencia global y de incidencia cada vez mayor en América Latina. La segunda parte está integrada por un marco teórico en el que se revisan diversas posturas y observaciones respecto al fenómeno de estudio, a partir de trabajos representativos del pensamiento de autores como, Mancur Olson, Alberto Melucci, Henri Lefebvre y el impacto universal que han tenido en trabajos de investigación como el presente. La tercera parte describe el método y el proceso —así como el trabajo de campo—desarrollados para integrar esta investigación. Se presenta la manera en que fue integrada la base de datos de construcción propia que fue ordenada, clasificada y procesada para convertirla en el argumento firme al señalar las actuaciones de las partes en conflicto: a fin de contar con una visión amplia y completa del fenómeno de la privatización de lo público, se recurrió a la obtención de datos y al conocimiento de experiencias diversas a partir de la aplicación de entrevistas a actores clave y otros participantes en los litigios sociales derivados del fenómeno en estudio. En la cuarta parte, se analizan con detalle los resultados de las indagaciones y se reafirman los hallazgos. Por último, en la quinta parte se exponen las reflexiones finales y las orientaciones para reencauzar las actuaciones de los participantes en estos hechos.

¹ Cochupo: término que se usa para designar un acuerdo deshonesto, implícito o tácito, mediante el cual dos personas o más resultan beneficiadas de una acción al margen de la legalidad y/o de los intereses de la sociedad. Palabras relacionadas: t mordida, moche , consultado el 26 de agosto de 2017).

Primera parte

Espacio público, debate social y apropiación privada del patrimonio colectivo

Toda nación es reconocida por su territorio, su población y su gobierno. Sus integrantes y los extranjeros reconocen en ella un sentido de propiedad sobre un espacio definido y la pertenencia a un ente colectivo, una sociedad. En cada país de las diversas regiones del mundo, los antecedentes históricos de su conformación brindan claros ejemplos de defensa de los dos primeros conceptos —territorio y población— como la esencia misma de su identidad ante los demás, los otros. Su gobierno es la imagen que representa a esa población en sus conductas y aspiraciones, así como en lo concerniente a la propiedad del territorio. En la escala subnacional, la fuerza de tales conceptos —territorio y población—, así como su sentido no individualista sino plural, son percibidos en los estados, municipios y ciudades como un patrimonio colectivo que se considera valioso, motivo por el que su cuidado, protección y eventual defensa es vista como la defensa del espacio que pertenece a todos y al cual todos pertenecen.

Los gobiernos nacionales habían sido fieles custodios de la identidad y la soberanía de las naciones hasta la llegada de la actual forma de globalización, la que se distingue por debilitar las características locales difuminando la imagen del territorio y la población propios; las fronteras no logran detener la implantación de ideas y esquemas de desarrollo ajenos, que contrastan o contradicen lo local. La globalización, entendida como «la homologación del mundo», permite la operación y el control del mismo desde cualquier sitio, por parte de grupos u organismos con poder suficiente para hacerlo. El fenómeno de la globalización ha llevado aparejada la implantación del neoliberalismo económico en el espacio ahora compactado. La esencia de este modelo económico es la obtención de la mayor ganancia posible, sin reparar en las formas y los medios con los que haya de obtenerse: más allá de esquemas de inversión «productiva» —que en realidad reproducen formas de explotación del trabajo humano con enormes ventajas para los dueños del capital—, otras formas se han abierto paso en la frenética búsqueda de maximizar el beneficio de entes privados, perjudicando a las mayorías, a la colectividad. El control de los gobiernos —léase de los gobernantes en turno— ha sido hasta ahora su mayor éxito y la peor pesadilla para las sociedades locales.

En América Latina, desde los años 80 el capital privado ha encontrado el socio estratégico para alcanzar sus fines de apropiación de recursos y obtención de beneficios a costa de la población: el gobierno. Desde sus niveles federal, estatal y local, la llamada «representación popular» ha desarrollado acciones contrarias al bien común —el bienestar de la población y su territorio, los que dice representar— toda vez que, aduciendo presiones económicas y políticas desde diferentes puntos del planeta (ahora compactado), se entrega sin más a tales dictados, sin que medie algún ánimo de soberanía nacional, eficiencia gubernamental o dignidad humana para enfrentar situaciones de dominación y expoliación. La idea neoliberal de operar libremente con «más mercado y menos Estado» ha sido internalizada en buena parte de las naciones sin oponer resistencia, a tal grado que tienden a diluirse en la homogeneidad que es controlada por los detentadores mundiales del poder económico. El costo de esa actuación ha sido la pérdida del sentido de propiedad sobre el territorio propio, el debilitamiento de la conciencia nacional —reflejada en la incertidumbre de su población— y, lo más grave, la desprotección de todo aquello que es público por parte de su gobierno, que ahora sigue los dictados de otras naciones, defraudando a sus representados y manteniendo en ellos una idea de democracia¹ y de desarrollo que resulta ser, finalmente, falsa.

Cuando se percibe que el Estado se ha desentendido —o ha pretendido desentenderse— de la suerte de las ciudades y sus habitantes, un camino clave para que esto no suceda es la manifestación de la opinión pública en contra de tal proceder, así como la realización de acciones colectivas en defensa del territorio, del patrimonio colectivo —base de la identidad nacional y local—, para intentar llegar al mejoramiento integral de los conglomerados humanos y sus condiciones de vida, a través de los espacios físicos que la colectividad ha construido para habitar, trabajar, circular y recrearse a lo largo del tiempo: es mediante la inclusión, la participación y la justicia social que la población ha de conservar su patrimonio (territorio y elementos identitarios), aún a costa de oponerse a su propio gobierno.

El interés privado se introdujo ya hace tiempo en el Estado, debilitándolo y distrayéndolo de sus obligaciones ante la colectividad, pero con la clara intención de apropiarse de los bienes comunes. La toma de conciencia entre la sociedad civil ha implicado la conformación de organizaciones que analizan las necesidades públicas y actúan en diferentes temáticas de defensa de lo público —lo colectivo—, y si bien parece que esto ha generado una dispersión de energía y enfoques para obtener soluciones comunes, es posible apuntar a la conformación de mecanismos más efectivos para dar cauce a esas participaciones. Al conformar la figura colectiva, la que actuaría en nombre de todos —o de un interés generalizado— para resolver alguna situación, el individuo estaría comprometiéndose solidariamente con la operación de todo aquello que es público. El carácter público de los espacios públicos, su valoración y su defensa serán los indicadores de una sociedad que busca superar aquellas condiciones de «ciudadanías de baja intensidad» o «con un débil sentido de lo público» (Rabotnikof, 2005) para motivar el ejercicio regular de la participación ciudadana, la opinión pública y la autorregulación en la esfera privada.

El espacio público y los bienes comunes representan al territorio sobre el cual la población —el colectivo— tiene derechos de propiedad. Su apropiación comunitaria y su uso libre son orientados por la complementariedad que significan para el desarrollo del individuo, más allá de la esfera privada: el espacio abierto, las plazas, los parques y todo elemento del equipamiento urbano tienen como función principal el proveer satisfacción a las necesidades colectivas como el encuentro social, la práctica del deporte, la atención de la salud, la educación y muchos otros aspectos que atañen al crecimiento de la sociedad como conjunto; su otra función, la de dotar de imágenes de identidad para construir la memoria colectiva, es tan importante como la primera: lo que se defiende en los espacios públicos es su expresión como propiedad colectiva y el valor distintivo que otorgan a la comunidad local. El espacio público, desde la perspectiva del bien común, es entendido como «aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos, utilizándolo de manera común y sin distinción alguna; es la morada de la democracia y sitio ideal para el ejercicio de la ciudadanía, donde las personas se advierten libres e iguales» (Borja, 2013).

El Estado ha adoptado los dictados del neoliberalismo y ha establecido políticas en las que prevalece el afán de privatizar lo público, a partir de diversas formas: la concesión, el comodato, la enajenación y la asociación público privada (APP), que figuran entre los mecanismos «legales» con los que los gobiernos —en perjuicio directo de la población— entregan los múltiples formatos de propiedad colectiva a grupos de interés particular, mediando en ello, las más de las veces, actos de corrupción y abuso del poder. La sociedad civil ha tenido que actuar protestando y resistiéndose al despojo de aquello que se juzga propio, aun cuando el gobierno sea el depositario de esa propiedad. La movilización social y las formas de protesta como las marchas locales, los mítines, los reclamos a las instancias involucradas y la difusión de escritos son el establecimiento de una línea de defensa contra la privatización del espacio público y el patrimonio colectivo.

La falta de más y mejores acciones señalando los delitos que cometen los gobernantes en turno al realizar una mala administración de lo público —en contra del bien común y a favor del interés particular— es causa de la impunidad que se advierte en los conflictos por la privatización de lo público. Actuando de manera autoritaria, el poder público, en su vertiente ejecutiva, niega la división de poderes y, vía otorgamiento de recursos económicos, somete al legislativo y al judicial de tal forma que entre ellos mismos se aloja la corrupción y el solapamiento de actos ilegales, llevados al extremo de aplicarse contra el ciudadano y sus derechos. En México, el espacio público y, por añadidura, el patrimonio colectivo son objeto de especial tratamiento en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DOF, 28 de noviembre de 2016) estableciendo en su artículo 75 —como parte de la fracción XII— que «Todos los habitantes tienen el derecho de denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier acción que atente contra la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute del espacio público». Por su parte, en la esfera estatal —Sinaloa— la Constitución Política del Estado de Sinaloa hace referencia a la defensa del patrimonio colectivo, señalando en su artículo 133 que «son causas que podrán motivar la instauración del juicio político en