La patria de los ausentes: Un acercamiento al estudio de la desaparición forzada en México

Por Rodolfo Gamiño Muñoz

Este libro analiza diacrónicamente el fenómeno de la desaparición y sincrónicamente a los perpetradores en dos contextos excepcionales: la guerra sucia y la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.

• Idioma: Español
• Editorial: Universidad Iberoamericana A.C.
• Fecha de lanzamiento: 26 ago 2021
• ISBN: 9786074177923

Rodolfo Gamiño Muñoz

Rodolfo Gamiño Muñoz. Guadalajara, Jalisco, 1976. Licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara. Maestro en Sociología Política por el Instituto Mora. Doctor en Antropología por el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, Ciudad de México (CIESAS-CDMX). Realizó una estancia posdoctoral en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán. Profesor Investigador del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel I. Sus líneas de investigación son: Historia del Tiempo Presente. Movimiento armado socialista, violencia política y justicia postransicional. Desaparición forzada, políticas de la memoria-olvido y metáforas de ausencia.

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Imagen de portada

La patria de los ausentes

La patria de los ausentes

Un acercamiento al estudio de la desaparición forzada en México

Rodolfo Gamiño Muñoz

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO.

BIBLIOTECA FRANCISCO XAVIER CLAVIGERO

D.R. © Universidad Iberoamericana, A.C.

Prol. Paseo de la Reforma 880

Col. Lomas de Santa Fe

Ciudad de México

01219

[e-mail]

Versión electrónica: mayo 2021

ISBN: 978-607-417-792-3

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Hecho en México.

Digitalización: Proyecto451

Índice de contenido

Portadilla

Legales

Agradecimientos

Desapariciones pasadas, desapariciones presentes

Puerta de entrada

La desaparición forzada de personas durante el movimiento armado socialista rural

La desaparición forzada de personas durante el movimiento armado socialista urbano

La desaparición forzada de personas durante la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado

Baja California

Coahuila

Oaxaca

Ayotzinapa

Puerta de salida

Fuentes

A Romina Gamiño Toledo

con el deseo de que sus tiempos sean mejores tiempos...

Agradecimientos

Este libro comenzó a gestarse en el año 2015 durante una estancia de investigación en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán. Inicialmente, el trabajo tenía por objetivo estudiar las Iniciativas no Oficiales de Memoria elaboradas por algunos familiares de desaparecidos en México. La investigación tomó múltiples giros hasta convertirse en un acercamiento analítico de los patrones de la desaparición forzada en dos contextos diferenciados: la guerra sucia y la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Durante este trayecto los apoyos institucionales recibidos fueron diversos, en primera instancia quiero agradecer a Verónica Oikión Solano, José Antonio Serrano, Luis Alberto Arrioja y Víctor Gayol, colegas del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán. Agradezco también al Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, por darle luz a estas letras, en particular a Ricardo Nava Murcia, director del Departamento de Historia.

Un agradecimiento especial merecen José Raúl Vera y Jackie Campbell Dávila por compartirme una parte de sus investigaciones e información personal. También a Erubiel Tirado, Fabián Campos Her- nández y Rubén Lozano Herrera por leer este manuscrito en sus múltiples fases, realizar agudas observaciones e inteligentes sugerencias.

Durante este transitar, los diálogos con múltiples colegas, amigos y amigas fueron fructíferos para esclarecer, rectificar y sobrellevar esta investigación. Destacan las charlas sostenidas con Verónica Oikión, Eugenia Allier, Raúl Jiménez, Samanta Viñas, Jesús Gutiérrez Jiménez, Carlos Mendoza, Ilán Semo, Jane Dale Lloyd y Eduardo Abedel. Asumo que los errores, deficiencias y necedades expresadas en este libro son responsabilidad mía en exclusiva.

Agradezco profundamente a todas y todos los colegas y amigos las charlas y los momentos de esparcimiento. Sin ellos, todo sería solemne, plano, monótono y un tanto más sufrido.

Quedo en deuda con Patricia González y Francisco Toledo por apoyar cada minuto, cada día, cada semana, meses y años esta investigación con su presencia.

Por último, quiero manifestar mi amor y profundo agradecimiento a María Elena Muñoz Romo, a Mónica Toledo y a mis hijos, Diego y Romina Gamiño, por su fortaleza, paciencia y amor a pesar de las distancias y ausencias.

Desapariciones pasadas, desapariciones presentes

El Gobernador del Estado de Guerrero ordenó al Procurador General del Estado entregar a las fuerzas armadas a los recién capturados. Entre los detenidos estaba Pedro Sonora Mendoza, miembro de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Sonora Mendoza fue transferido al comandante de la 35ª zona militar el 5 de febrero de 1974. El Gobernador también solicitó al Procurador guardar absoluta discreción en esta detención y transferencia. Evidentemente, esta acción invirtió el orden legal-judicial, pues son los militares quienes tienen que transferir a los detenidos al poder civil, y no a la inversa. Es importante destacar que Sonora Mendoza, antes de ser entregado a las fuerzas militares, fue interrogado por la Dirección Federal de Seguridad (DFS); existe registro de su declaración. (1) Después de haber sido entregado a las fuerzas castrenses, nunca más se supo de él. Sigue desaparecido. (2)

Elementos policiaco-militares vestidos de civil, bajo el mando del general Francisco Quiroz Hermosillo, ingresaron en vehículos par- ticulares a la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero. Los hombres y mujeres detenidos fueron identificados como guerrilleros o paquetes; los llevaban con los ojos vendados. Más tar- de los ingresaron a una cabaña en la que los militares regulares o de menor rango no tenían acceso. El capitán Francisco Javier Barquín fue el encargado de registrar en un libro de pastas negras a cada persona que entró en dicha cabaña.

A los paquetes se les sentaba en sillas de madera, les decían que todo había acabado y, que, en ese momento, se les tomaría la foto del recuerdo. Por detrás, a la altura de la nuca, una pistola calibre 38 con silenciador acababa con sus vidas. Por lo menos en 200 ocasiones fue Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, por instrucciones de Quiroz Hermosillo, el que jaló el gatillo de la pistola, llamada también la espada justiciera. Los cadáveres eran depositados en bolsas de lona rellenas con piedras, posteriormente se les subía a un avión Arava, del entonces Escuadrón 301. La aeronave despegaba por la noche en una pista iluminada sólo por antorchas. Los Arava emprendían el vuelo sin luces, volaban rumbo a las costas del estado de Oaxaca para tirar al mar su carga: unos 12 cuerpos en cada vuelo. Esta operación fue, en múltiples ocasiones, filmada por algunos militares. Era el último viaje. (3)

La clave para preparar las ejecuciones en un determinado día era tan macabra como irónica: los militares de alto rango se decían unos a otros que irían de fiesta, que se desvelarían matando en un banquillo a los disidentes. Trabajarían mucho cosiendo costales en los cuales introducían los cuerpos de los ajusticiados y, ya de madrugada, los subían a un avión para arrojarlos al mar.

Jorge V. Fonseca reveló que dejaba caer del avión a gente que todavía estaba viva y se quejaba. Después, el teniente Margarito Monroy Candia y el sargento segundo Luis Flores Borbolla lavaban el avión Arava en la playa para que no oliera a sangre. (4)

Las bitácoras de vuelo durante el periodo del presidente Luis Echeverría registran un total de 19 sobrevuelos, mientras que en el lapso de José López Portillo son 11 vuelos más. Es importante subrayar que el total de los viajes corresponden al periodo de Rubén Figueroa como gobernador y al de Acosta Chaparro al frente de las corporaciones policiales; éste, aun como jefe policial, nunca dejó de tener relaciones estrechas con el ejército. (5) Este personaje se desempeñó en dos frentes: como policía que detenía, torturaba e interrogaba y como militar que entregaba a los detenidos a sus homólogos. El ejército tuvo en todo momento la última decisión sobre la suerte de los aprehendidos. Los que no fueron subidos a la aeronave fueron ultimados, o incluso, en estado agónico, sepultados en fosas clandestinas o pozos cavados en los ejidos costeros de Copacabana, Acapulco, cerca del hotel Princess. (6)

A las 13 horas del 25 de abril de 1974, en Tlalnepantla, Estado de México, la patrulla número 33 trató de interceptar a algunos jóvenes, quienes recibieron a balazos a los oficiales. Los uniformados repelieron la agresión e hirieron a aquéllos. Juan de Dios Martínez Castro recibió un impacto de bala en la femoral izquierda, y su acompañante un rozón en la vena yugular. Los heridos fueron trasladados al hospital Ceylán, ubicado a pocos metros del lugar de los hechos. Según informes de la DFS, el hecho fue tratado como un enfrentamiento con armas de fuego entre elementos de la policía uniformada de Tlalnepantla y algunos jóvenes, destacando entre ellos Juan de Dios Guadalupe Nevares (a) Bringas, José Guadalupe Nevares (a) Santiago y Juan de Dios Martínez Castro, presuntos miembros de la Liga 23 de Septiembre.

El sujeto herido e internado en el hospital Ceylán, después de negarse a proporcionar su identidad, aceptó ser Ignacio Arturo Salas Obregón y haber nacido en Aguascalientes el 19 de julio de 1948. De acuerdo con un documento de la DFS fechado en mayo de 1974, Salas Obregón declaró que la Liga Comunista 23 de Septiembre dependía de una coordinadora nacional de la cual él formaba parte; que de esta coordinadora dependía un buró de dirección, el brazo ejecutivo de dicha Coordinadora. La Organización se encuentra constituida por diferentes Comités Coordinadores Zonales Político Militares y son los siguientes [...] Comité Coordinador Zonal Político Militar del D. F. y Estado de México [...] el Comité Coordinador Zonal Político-Militar del Noroeste, que abarca los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y parte de Durango [...] el Comité Coordinador Zonal Político- Militar del Noreste, que abarca los estados de Nuevo León y Tamaulipas, tiene como responsables a Héctor Torres González (a) Mario o Teto, Jesús Piedra Ibarra (a) Arturo, Edmundo Medina Flores (a) Ricardo y a Estela Ramos Zavala, en estos estados no cuentan con guerrilla rural pero operan con el nombre de Comandos Urbanos del Comité Estudiantil Revolucionario [...] el Comité Coordinador Zonal Político-Militar del Sur, que comprende los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Guerrero [...] el Comité Coordinador Zonal Político-Militar de Occidente que abarca los estados de Jalisco y Michoacán. (7)

Posteriormente, la DFS estableció en otro expediente que Ignacio Arturo Salas Obregón había sido identificado como el fundador y principal dirigente de la Liga 23 de Septiembre, pero que desconocían su paradero. Al ser interrogados al respecto otros miembros de la Liga, manifiestan haber conocido a conocido Salas Obregón, pero argumentan que desde 1974 no sabían de su militancia en ese grupo subversivo. Las corporaciones policiacas lo registraron como prófugo, aunque se supone –según el mismo informe– que murió el 25 de abril de 1974 y que fue inhumado de manera clandestina por otros miembros de la Liga.

La ficha de identificación de Ignacio Arturo Salas Obregón, que de origen fue elaborada por la extinta DFS, sólo concluye que murió en Tlalnepantla, Estado de México, en un enfrentamiento armado el 25 de abril de 1974 y que fungía como coordinador general de los comités zonales de la Liga 23 de Septiembre. (8) Desde entonces, nunca más se volvió a saber de él. Continúa desaparecido.

Una de las primeras versiones de los hechos acaecidos el 26 de septiembre de 2014 (9) relata cómo una asamblea estudiantil de la escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa decidió que una comisión de alumnos fuera a retener autobuses que serían utilizados para visitar comunidades de las siete regiones del estado donde realizarían prácticas docentes: estudiar el entorno, observar a los maestros dar clases y ayudar a los niños de lento aprendizaje. Pretendían trasladarse a la Ciudad de México para participar en la marcha del 2 de octubre.

Un día antes, en Chilpancingo, los policías merodeaban la Central de Autobuses. Los estudiantes que fueron a cumplir la misión de retener camiones fueron disuadidos por los cuerpos policiales que, en acto intimidatorio, les solicitaron que se retiraran de ahí. Los alumnos, para evitar confrontaciones, decidieron dirigirse a Iguala; ahí retendrían los tres camiones que tenían como consigna.

Los estudiantes se movilizaron en dos autobuses que antes habían tomado. Al llegar a la zona urbana de Iguala se dieron cuenta de que había un retén de policías municipales a la entrada; estos efectivos serían los que después los atacarían. No los detuvieron, no los revisaron, los dejaron pasar.

Cuando los estudiantes llegaron a la central Estrella Blanca, previo aviso a los encargados de la empresa, procedieron a tomar tres camiones, uno perteneciente a Estrella Blanca y dos a Costa Line. Los dos autobuses en los que llegaron se dirigieron hacia Periférico Sur, mientras que los estudiantes que habían tomado los tres autobuses decidieron cruzar el Zócalo en dirección a Periférico Norte.

Al pasar frente al Zócalo, cinco patrullas de la policía municipal siguieron a los tres autobuses. Un estudiante narró que bajó del autobús para hablar con los vigilantes y fue cuando éstos comenzaron a tirar balazos, primero a los pies de los jóvenes y a continuación a los autobuses. Los estudiantes subieron apresuradamente a los vehículos y emprendieron la huida, presionando a los choferes a ir más rápido.

Minutos más tarde, cuando iban llegando a la esquina de la calle Álvarez y Periférico, alrededor de las 9 de la noche, una mujer policía colocó una patrulla en medio de la calle para obstruir el paso y se retiró con otros colegas. Los estudiantes bajaron y apedrearon la patrulla para que la quitaran, un alumno incluso trató de encender el motor, pero no pudo; entre varios trataron de empujarla, pero les fue imposible moverla. Fue entonces cuando empezaron las detonaciones: es cuando vimos cómo cayó nuestro compañero Aldo Gutiérrez (que estaba en la calle frente al autobús) a él le dan un balazo en la cabeza y es cuando todos nos hicimos para atrás. Incluso yo me metí abajo del autobús. De acuerdo con los estudiantes, en este segundo ataque les dispararon más de 400 balas, los cartuchos percutidos eran de 9 milímetros y de AR-15. Otro estudiante dijo que en dos ocasiones marcó el 066 para pedir una ambulancia, pero la operadora le dijo que no sabía en donde estaba la dirección, ni las señas del lugar y le preguntó: ¿para qué la quieren? ¿De dónde son? ¿A qué vinieron? ¿Por qué quieren la ambulancia?.

La ambulancia llegó 40 minutos después del ataque, los policías le advirtieron a los paramédicos que sólo levantaran al primer herido, Aldo, a quien en un momento dieron por muerto, pero quedó en coma.

A diez minutos del segundo ataque llegaron tres patrullas en camioneta tipo RAM de doble cabina.

En ese momento un comandante solicitó dialogar con nosotros, pero de manera ofensiva nos dijo: a ver hijos de la chingada vamos a hablar. Les insistimos que bajaran sus armas para poder dialogar. Después el mismo oficial dijo Como quieran, ahorita los voy a venir a levantar. Fue cuando vimos que a los compañeros del tercer autobús (que traía aproximadamente a 35) los empezaron a subir a las patrullas 018, 020, 023, 027, 028, y la 302 con las manos en la cabeza. Se los llevaron detenidos.

Alrededor de las 12:30 de la madrugada del 27 de septiembre, algunos estudiantes que sufrieron el primer ataque, junto con dirigentes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), ofrecían entrevistas a algunos reporteros cuando de nuevo fueron agredidos con armas de fuego. Los disparos provenían del lado oeste del Periférico; segundos más tarde, hombres con los rostros cubiertos se apostaron de frente, donde estaban los autobuses y siguieron disparándoles.

Una de las dos Urvan (vagoneta) perteneciente a la escuela, en la cual llegaron los dirigentes, fue baleada y quedó con los vidrios rotos tras el segundo ataque.

Un estudiante que iba en uno de los dos autobuses que se adelantaron y salieron a Periférico Sur relata que recibió un llamado por celular donde les avisaron que los compañeros que iban en los tres autobuses, que estaban tratando de salir de Iguala, habían sido agredidos por policías municipales. Los estudiantes de los dos autobuses dieron vuelta para regresar a Iguala. Trataron de llegar a Periférico Norte, pero tres patrullas les cerraron el paso. Los ocupantes se bajaron de los camiones y de inmediato los policías les apuntaron directo al pecho: 14 estudiantes corrieron, un grupo de cuatro se dirigió hacia el cerro y el resto lo hizo hacia la avenida Dr. Arturo Beltrán Ortega. Cuando los estudiantes trataron de huir, la policía los persiguió –en todos los casos– tratando de aniquilarlos.

El mismo estudiante declaró que vieron al chofer de un autobús Estrella de Oro herido y una patrulla al lado. Él cree que los policías pensaron que eran uno de los autobuses que habían retenido y dispararon, pero ahí iban civiles, de eso nadie ha dicho nada.

La policía, en su afán de aniquilar a los estudiantes, disparó contra varios autobuses donde no viajaban éstos, sino pasajeros, como fue el caso del vehículo que transportaba al equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo.

Del ataque de policías a los dos autobuses –el cuarto y el quinto– se supo por notas periodísticas que hablaban de que se oían disparos por diversas calles de la ciudad: cerca del mercado, de una tienda Aurrerá, de un Oxxo, por el Periférico, en la calle Álvarez. Casualmente, esos disparos no fueron escuchados por las diversas policías y los militares, a pesar de que estos últimos se encontraban cerca de donde fueron asesinados algunos estudiantes. Nadie escuchó ni atendió las llamadas telefónicas que los estudiantes y algunos ciudadanos realizaron para solicitar la presencia de las autoridades y auxilio. Ninguna de las fuerzas del orden se movió de sus bases; dejaron que los policías municipales se encargaran de los estudiantes.

Entre la primera y la tercera agresión, el Ejército dejó pasar tres horas. Omar García, representante del Comité Estudiantil, declaró que luego de ser agredidos a balazos por la policía municipal, efectivos castrenses sometieron a los normalistas. Omar también narró que al hospital Cristina –a donde llevaron al estudiante Édgar Andrés Vargas con un balazo en la boca– los soldados llegaron en minutos, cortando cartucho, insultando. Nos trataron con violencia y nos quitaron los celulares. Al médico de guardia le prohibieron que atendiera a Édgar.

A las 7 de la mañana del 27 de septiembre apareció uno de los estudiantes que habían sido detenidos. Con un bisturí le habían quitado la piel de la cara y le habían vaciado las cuencas de los ojos; según informaciones del forense, todo esto lo hicieron cuando el estudiante aún vivía.

El resto de los jóvenes fueron entregados por los policías municipales a los Guerreros Unidos, (10) para que éstos se hicieran cargo de ellos, y, bajo el argumento de considerarlos miembros del gru- po contrario, Los Rojos, los asesinaron e incineraron en un basurero. Desde entonces, 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa siguen desaparecidos.

Eduardo Escudero Flores, de 18 años, fue desaparecido el 13 de junio de 2014 en Matamoros, Tamaulipas. Es pescador y se dirigía a su casa después de ayudar a descargar una lancha con mariscos. Iba en una camioneta con Cuauhtémoc Rodríguez Aguilar y Julio César Martínez Loredo. Este último, de 22 años, es ciudadano estadounidense y capitán de un buque pesquero.

De acuerdo con familiares de los pescadores, los jóvenes fueron detenidos por miembros de la Marina cuando circulaban por la carretera Playa Costa Azul, a la altura del kilómetro 16, frente a un ejido llamado El Refugio.

Juana Flores Pérez, madre de Eduardo, acudió a la zona naval de Matamoros junto con familiares de los otros dos pescadores. Los oficiales les negaron que estuvieran ahí, a pesar de que, frente a las instalaciones, estaba estacionada la camioneta en la cual viajaban los jóvenes.

Días después, Juana Flores y una veintena de familiares y amigos de los pescadores se presentaron a la entrada del hotel Holiday Inn, donde el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezaba la tercera reunión del Gabinete de Seguridad Nacional. En las fotografías que publicó la prensa local se les ve gritando hacia la entrada del hotel, mostrando cartulinas con letreros elocuentes: Marinos, regrésenme a mi hijo. Quiero a mi hijo, Lo tienen los Marinos. Pero ni Osorio Chong, ni el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torres Cantú, los recibieron. (11) Desde entonces, Eduardo Escudero sigue desaparecido.

El 10 de octubre de 2012 Christopher Ortiz Jiménez, promotor musical en la escena metalera capitalina, salió de su casa en Satélite a bordo de su BMW, con rumbo al Centro Histórico. Eran las 18:30 horas y circulaba por Periférico, desde donde realizó una llamada a sus abuelos, luego de una hora de iniciado su recorrido.

A los familiares del joven de 34 años, y también locutor de radio, nada les hacía pensar –según sus diálogos con él– que estuviera pasando por una situación anormal y, de hecho, expresó su plan de volver a Satélite para encontrarse con su novia, tras cumplir una supuesta cita que tenía en la calle Madero del Centro Histórico.

Treinta minutos después, se perdió todo rastro de Christopher.

¿Es una desaparición, es un secuestro, es un levantón? –Se pregunta Georgette, su madre– No sé cómo se le llame a esto. Sólo sé que mi hijo desapareció, con todo y su auto, un BMW serie 325I y que ninguna autoridad nos ha ayudado: la PGR y las procuradurías del DF y del Estado de México dicen que no está involucrado el crimen organizado y que por eso no hay nada que hacer, pero no es posible que lleguen a esta conclusión sin haber realizado ninguna investigación; además, el Instituto Federal Electoral se negó a facilitarnos la huella digital de mi hijo, que en hospitales nos han solicitado, para hacer una búsqueda efectiva… y he pasado así cuatro meses de angustia y sufrimiento, buscándolo sólo con apoyo de nuestros amigos. (12)

La denuncia por la desaparición de Christopher fue admitida por la Procuraduría del Estado de México, pero no para iniciar una indagatoria formal, sino, para incluir el caso en su lista de personas extraviadas y, acusó su madre: aun cuando la familia ha recabado información valiosa para su búsqueda, las autoridades mexiquenses "no han hecho absolutamente nada: no han solicitado los videos de las cámaras de vigilancia que hay en Periférico, ni tampoco pidieron el historial de llamadas de su celular, que posteriormente yo logré obtener y le proporcioné a la PGJEM y, ni aun así, han investigado los teléfonos desconocidos desde los que mi hijo recibió llamadas, durante el lapso en que desapareció". (13)

Por su parte, la Procuraduría del DF emitió una ficha de búsqueda, aunque –afirma la señora Georgette– días después el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes le anunció que abandonaba el caso, porque nada les hacía pensar que la desaparición ocurriera en el territorio del Distrito Federal.

En la misma línea, la PGR descartó en automático que se trate de un caso de desaparición forzada y se negó a atendernos, mientras que en el Instituto Federal Electoral se negaron a proporcionarnos la huella digital de Christopher y, a pesar de que les llevé toda la documentación judicial sobre su desaparición, me dijeron que sólo con la orden de un juez podrían ayudarme y, tal vez, ni siquiera con eso, tal como me lo advirtieron. (14)

Además –abunda la señora– la Presidencia de la República, a la que hemos escrito en distintas ocasiones, solicitando su auxilio, incluso a través de la cuenta personal del presidente Enrique Peña Nieto en ‘Twitter’, nos ha ignorado tajantemente.

La única autoridad que ha brindado algún apoyo a la familia del locutor es la Comisión de Derechos Humanos del DF, la cual, narra Georgette:

me orientó y acompañó a presentar la denuncia nuevamente ante la PGR, pero no ya en sus oficinas centrales en la capital del país, sino en una delegación estatal, para obligar así a que inicie el trámite de recepción, declaración de no competencia y posterior turnado a la sede principal de la Procuraduría General de la República… sólo así logramos que la PGR se involucre, aunque yo me pregunto ¿cuánto tiempo deberá pasar para que el expediente dé toda esa vuelta y llegue, por fin, al mismo punto al que, desde hace meses, acudí sin obtener respaldo? Las autoridades en todas partes sólo han complicado las cosas, con sus trámites burocráticos, su despotismo, su indolencia y su desgano ante el dolor que vivimos. (15)

Desde entonces, Christopher Ortiz sigue desaparecido.

Olga Esparza dice que aún espera —como todas las madres— que su hija esté de regreso en casa: no nada más nosotras sobrevivimos por ellas, también nuestras familias, nuestras hijas e hijos, desde que mi hija desapareció, nuestra vida cambió totalmente y nunca será igual. (16)

Mónica Janeth Alanís Esparza estudiaba el segundo semestre de la carrera de Administración de Empresas. Desapareció en el tramo que comprende las inmediaciones de la Central Camionera de Chihuahua, en el fraccionamiento El Vergel, hasta la avenida Jilotepec, a donde se dirigía con una compañera de escuela para hacer tareas, pero nunca llegó.

Como en la mayoría de los casos que se han denunciado en la entidad, desde 1993, es la familia quien tiene que hacer las labores de búsqueda, cuenta Olga. Ella recuerda que, cuando fue a denunciar la desaparición de su hija en la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, levantaron el acta y realizaron las pesquisas, pero la familia es quien ha llevado a cabo la búsqueda: Así es, nosotras, las familias, somos las que andamos pegando los carteles en la ciudad con nuestros familiares, hermanos, para que la gente nos llame. (17)

Según información de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, de 2008 a la fecha se calcula que existen 91 mujeres desaparecidas, 55 de ellas menores de edad; 29 de los casos están vigentes desde 2008; 28 desde 2009; y 34 corresponden a mujeres que han desparecido en los últimos cuatro meses.

Olga dice sentir un acoso sutil de parte de las autoridades. Muchas veces nos revictimizan a nosotras como madres, en lugar de que haya un avance, la autoridad está siempre sobre el entorno familiar y a nosotras nos hacen sentir de lo peor. A nosotras nos quieren sacar a nuestras hijas, es algo ridículo y frustrante, y agregó que la Procuraduría ha enviado agentes con perros entrenados para la búsqueda de cadáveres para ver si no está el cuerpo de su hija en la casa, de igual manera lo hicieron con el novio de Mónica y personas cercanas a ella y que creen que puedan estar involucrados. Tanto la madre como el padre descartan una huida voluntaria, por lo que acudieron a interponer la denuncia. En su momento, las autoridades no emitieron alguna alerta respecto a la desaparición, ya que no fue en la zona centro. Aparte de nuestro dolor nos dan otro, no se sensibilizan, ¡es increíble! ya no sabes si llorar o reírte. Es una tristeza horrible, muy grande, en lugar de ayudarnos nos dan la espalda, nos critican y también a nuestras hijas, diciendo que se fue con el novio, comentarios de ese tipo que un funcionario público no debe de hacer. Ya no creemos en las autoridades, ya no creo en ellas, se rompen todas las ilusiones, la única que no se rompe, es que nuestras hijas estén de regreso en casa. (18)

Olga Esparza afirmó que ante la violencia que priva en Ciudad Juárez vive en un miedo constante. Tiene otro hijo que estudia la preparatoria; vivo en una continua psicosis, si sale a algún lado. Me la paso preguntándole dónde está, con quién, voy por él, pero lo mismo hacía con mi hija, la llevaba y traía de la escuela y, en un instante, desapareció. Es algo que no te esperas, hay muchas madres y personas que creen que nunca les va a pasar esto, porque una nunca se imagina estar así. Respecto a los medios de comunicación, dijo que apoyan los primeros días que se reporta la desaparición, es decir, el día que desaparece la joven y otros dos días publican sus fotos, pero no más. Olga Esparza hace un llamado a su hija y a quienes la tengan: a las personas que tengan a mi hija Mónica, yo les digo que voy a manejar todo a discreción, nada más quiero saber de ella. Yo te amo hija, donde quiera que estés, aquí está tu casa. Y a la persona o personas que la retienen en contra de su voluntad les quiero decir que yo no voy a meter a nadie a la cárcel, sólo quiero saber de mi hija y de su vida.

1- Archivo General de la Nación, Galería Número 1. Fondo de la Dirección Federal de Seguridad,

DFS

100-10-16, Legajo (

l

.) 9 hoja (

h

.) 26 y 42.

2- ¡Que no vuelva a suceder! Comisión de Trabajo para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Último Borrador, t.

VI

, La guerra sucia en Guerrero, p. 280.

3- Ibidem, p. 337; y El Arava, el avión de la muerte, Proceso, no. 1356, 26 de octubre de 2002, pp. 22-24.

4- Ibidem, p. 339.

5- Ibidem, p. 337.

6- Ibidem, p. 340.

7- Jesús Hernández Morales. Memorias de un guerrillero. Versión electrónica, Guadalajara, 2006. En .

8- Idem.

9- Todas las citas de este caso corresponden a la comunicación personal que sostuve, vía electrónica, con José Luis González, el 13 de octubre de 2014.

10- Los Guerreros Unidos es un grupo criminal que se formó en el año de 2011 con la disolución del cártel de los Beltrán Leyva. Tienen presencia en dos estados de la república: Morelos y Guerrero.

11- El país de los desaparecidos, Proceso, no. 1997, 8 de febrero de 2015, p. 13.

12- Cfr. El locutor Christopher Ortiz desaparecido desde octubre, en . Consultado el 24 de noviembre de 2017).

13- Idem.

14- Idem.

15- Idem.

16- Gladis Torres Ruiz, Vivir con miedo y dolor en Juárez, 29 de noviembre de 2010, en .

17- Idem.

18- Idem.

Puerta de entrada

La desaparición forzada de personas en México es un fenómeno siempre presente y continuo el cual, a través de dos coyunturas –por contradictorio que parezca– se ha vuelto visible, se ha convertido en un asunto público. Estas coyunturas son: la guerra sucia acaecida durante las décadas de los sesenta y ochenta y la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, declarada por el Es- tado durante los primeros años del siglo XXI. (1)

Es importante subrayar que ambas coyunturas han tenido lugar en un Estado que se ha asumido como democrático. Si así fuera, estaríamos ante un Estado democrático de excepción, un Estado donde lo político ha sido la permanencia de una excepcionalidad. Estrategias violentas que se han refinado al paso del tiempo. A pesar de ello, históricamente el Estado se ha asumido como democrático, definido como un Estado en armonía y orden constitucional, como un Estado en el que nunca se han suprimido los derechos; por el contrario, se avalan.

Cuando el estado de derecho se garantiza a través de la actividad, tanto de los gobernados como de los gobernantes, se halla garantizada y limitada a la vez por una norma superior, que es la constitución, y por las leyes que emanan de ésta. El estado de derecho consiste en la vigencia efectiva de un orden constitucional, con leyes estables e iguales para todos, que el gobierno respeta en forma cabal y que reducen al mínimo la coerción necesaria para que los ciudadanos las cumplan. (2)

Sin discusión, más allá de la normatividad, México no