Los informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exhiben la compleja realidad delictiva que padece México y las alianzas entre los 81 grupos criminales y altos funcionarios que despachan en presidencias municipales, gobiernos estatales -especialmente en las oficinas de gobernadores, sus fiscalías y policías- y en las instituciones federales como la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y el propio Ejército.
Aparte de los informes que señalan los vínculos entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y tres personajes que Adán Augusto López Hernández -ahora titular de la Secretaría de Gobernación (Segob)- nombró al frente de la seguridad de Tabasco cuando era su gobernador, Proceso tiene reportes de inteligencia sobre los nexos criminales de los más altos mandos de seguridad de Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC), con el grupo criminal.
Del de millones de documentos de la Sedena, cometido por el colectivo Guacamaya, también emergieron informes que señalan la cooptación de funcionarios del gobierno morelense del exfutbolista
