Reunidos en las instalaciones del Archivo Histórico de Sinaloa, una veintena de familiares de personas desaparecidas por las Fuerzas Armadas y de seguridad durante la Guerra Sucia protestaron ante la Comisión para el Acceso a la Verdad, que depende de la Secretaría de Gobernación, “por no haber sido considerados como colectivo (…) para ser convocados y entrevistados como lo fueron un grupo de familiares de perpetradores”.
Así se lee en la minuta fechada el 26 de octubre de 2022 que la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos en Sinaloa de los Años 70 enviaron al organismo –creado por decreto en 2021– al enterarse de que, la víspera, los investigadores de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (Coveh) se entrevistaron en ese recinto oficial con familiares de perpetradores de graves violaciones a derechos humanos.
La molestia se acentuó cuando los investigadores Daniel Herrera y Laura Rojas, que trabajan de manera directa con el comisionado Carlos Pérez Ricart, intentaron convencer a los familiares de los desaparecidos políticos de que los policías
