El Fusible del Fusil: El terrorismo como marco jurídico para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario
Por Rogerio Cietto
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El fusible es un dispositivo de seguridad de un circuito eléctrico, que tiene la función de interrumpir el pasaje de corriente eléctrica en el circuito, cuando la corriente excede el límite permitido por el fusible, evitando así un cortocircuito. En los viejos días era utilizado para proteger la parte eléctrica de las residencias, y fue sustituido por el disyuntor, que simplemente se apaga cuando la corriente es mayor de la que puede soportar. Hoy los fusibles son ampliamente utilizados en electrodomésticos.
El fusil es un arma de fuego portable, de munición retroalimentada, semiautomática o automática, con tubo largo de alma rayada (para mayor precisión) (Decreto 10.030, de 30 de septiembre de 2019, Regulación de Productos Controlados (R-105), acceso el 20 de agosto de 2020). Diferente de una pistola (armamento para defensa personal), el fusil tiene un alcance mayor y más destructivo, siendo el armamento utilizado por las fuerzas armadas de todo el mundo en los conflictos internacionales, no-internacionales e incluso en las situaciones de represión a grupos criminales y terroristas.
Así como el fusible es utilizado para proteger la residencia de un exceso de corriente eléctrica, el fusil (el uso de la fuerza armada) es utilizado para proteger un país de un exceso de tensión político-jurídica. El fusible quema para proteger el conjunto de componentes electrónicos de un dispositivo de una situación de riesgo. El fusil entra en escena para proteger el conjunto de valores políticos, jurídicos e incluso económicos de una sociedad en una situación de riesgo.
Pero es fácil medir la corriente de un circuito y proyectar un fusible compatible con el uso medio. Por otro lado, no es fácil encontrar un indicador seguro para el empleo de la fuerza armada en las diversas situaciones político-jurídicas de tensión de una sociedad. Entre la paz durable y un genocidio existe una nube de hipótesis de tensiones internas, ocasionadas tanto por elementos naturales como antropológicos, incluso la mezcla de ambos.
¿Por qué esta definición es importante? Porque a partir de ella se va a definir el ordenamiento jurídico aplicable para legitimar el uso de la fuerza. Sucintamente, para las situaciones de normalidad institucional (incluso disturbios internos, el combate y prevención al crimen y manifestaciones políticas) las reglas de los Derechos Humanos (DH) son aplicables. Para los casos de ruptura institucional (golpes de Estado, revoluciones armadas y guerras civiles) el Derecho Internacional Humanitario (DIH) es lo más adecuado.
Rogerio Cietto
?? Um livro, Um dólar, Um bambu ??Para cada livro comprado vamos plantar um bambu em uma área degradada no cerrado brasileiro.?? One book, One dollar, One bamboo ??For each book purchased we will plant a bamboo in a degraded area at the Brazilian cerrado (savanna).?? Un livre, Un dollar, Un bambou ??Pour chaque livre acheté nous planterons un bambou dans une zone degradée du cerrado (savane) brésilien.?? Un libro, Un dólar, Un bambú ??Por cada libro comprado plantaremos un bambú en un área degradada en el cerrado brasileño (sabana).Rogério Paiva Cietto was born in a small town in São Paulo, Brazil, and worked as an attorney, language teacher, and also in civil construction.Nowadays he serves the people as a military officer in the Brazilian Army, as a Legal Advisor in International Humanitarian Law.Married to Camila and father of Maísa and Alessa, he is a devoted and caring leader of his family.As a consecrated member of the Holy Family Community in Goiânia, he is the coordinator of a spiritual retreat with physical activities, called Christian Armor Camp (CAC).He's planning to start with some friends a work cooperative in the heart of Brazil, manufacturing Guadua Bamboo for a number of uses, as a way to help the planet and the people.
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El Fusible del Fusil - Rogerio Cietto
1. INTRODUCCIÓN
El fusible es un dispositivo de seguridad de un circuito eléctrico, que tiene la función de interrumpir el pasaje de corriente eléctrica en el circuito, cuando la corriente excede el límite permitido por el fusible, evitando así un cortocircuito. En los viejos días era utilizado para proteger la parte eléctrica de las residencias, y fue sustituido por el disyuntor, que simplemente se apaga cuando la corriente es mayor de la que puede soportar. Hoy los fusibles son ampliamente utilizados en electrodomésticos.
El fusil es un arma de fuego portable, de munición retroalimentada, semiautomática o automática, con tubo largo de alma rayada (para mayor precisión) (Decreto 10.030, de 30 de septiembre de 2019, Regulación de Productos Controlados (R-105), acceso el 20 de agosto de 2020). Diferente de una pistola (armamento para defensa personal), el fusil tiene un alcance mayor y más destructivo, siendo el armamento utilizado por las fuerzas armadas de todo el mundo en los conflictos internacionales, no-internacionales e incluso en las situaciones de represión a grupos criminales y terroristas.
Así como el fusible es utilizado para proteger la residencia de un exceso de corriente eléctrica, el fusil (el uso de la fuerza armada) es utilizado para proteger un país de un exceso de tensión político-jurídica. El fusible quema para proteger el conjunto de componentes electrónicos de un dispositivo de una situación de riesgo. El fusil entra en escena para proteger el conjunto de valores políticos, jurídicos e incluso económicos de una sociedad en una situación de riesgo.
Pero es fácil medir la corriente de un circuito y proyectar un fusible compatible con el uso medio. Por otro lado, no es fácil encontrar un indicador seguro para el empleo de la fuerza armada en las diversas situaciones político-jurídicas de tensión de una sociedad. Entre la paz durable y un genocidio existe una nube de hipótesis de tensiones internas, ocasionadas tanto por elementos naturales como antropológicos, incluso la mezcla de ambos.
¿Por qué esta definición es importante? Porque a partir de ella se va a definir el ordenamiento jurídico aplicable para legitimar el uso de la fuerza. Sucintamente, para las situaciones de normalidad institucional (incluso disturbios internos, el combate y prevención al crimen y manifestaciones políticas) las reglas de los Derechos Humanos (DH) son aplicables. Para los casos de ruptura institucional (golpes de Estado, revoluciones armadas y guerras civiles) el Derecho Internacional Humanitario (DIH) es lo más adecuado.
Cuando la situación se presenta claramente, es decir, cuando hay una declaración expresa de un grupo de personas organizadas de que su objetivo es la tomada del poder por medio de las armas, y de hecho este grupo tiene condiciones de realizar su intento, seguramente tenemos un conflicto armado. Pero existen grupos de personas organizadas que no declaran su intento revolucionario al público, tienen condiciones de tomar el poder, están en vías de hacerlo de forma gradual y discreta, y utilizan de las herramientas jurídicas previstas en los Derechos Humanos para realizar su intento.
Por ejemplo, las autoridades estatales y federales brasileñas tienen indicios de que las facciones criminales que operan en el país ya estaban actuando para intentar influir en el proceso electoral de 2018 en al menos nueve estados, repartidos en las cinco regiones de Brasil (Disponible en
Investigadores de São Paulo y Río de Janeiro revelaron que al menos 20 candidatos (diez en cada estado) están siendo investigados por sus presuntos vínculos con facciones criminales como CV (Comando Vermelho) y PCC (Primeiro Comando da Capital). ¿Esos candidatos, caso elegidos, van a defender el interés colectivo de los brasileños por la paz, el progreso económico y la orden social, o el interés de su grupo criminal en proyectar su poder e influencia para alcanzar sus objetivos oscuros?
Utilizar la violencia armada y el poder económico para elegir candidatos está lejos de lo que se entiende como elecciones libres, y esa práctica corrompe las bases del Estado democrático. Aún más, el PCC en mayo de 2006 he practicado actos criminosos sistematizados e indiscriminados contra la populación paulista, lo que puede ser cualificado como atentado terrorista por su magnitud y consecuencias, en una rara demonstración de poder (Disponible en
¿Esos dos grupos criminales (PCC y CV), organizados con una estructura de personal, de logística y financiera, alguna vez declararon que intentan tomar el poder en Brasil, contra la voluntad del pueblo brasileño? No hay noticia de tal declaración. ¿Esas dos organizaciones criminales, por medio de las reglas electorales y bajo el Estado de Derecho brasileño, están buscando subvertir el Estado brasileño para obtener ventajas para sus actividades ilícitas? Seguramente la respuesta es afirmativa. No se declara, pero lo está haciendo gradualmente su proyección de poder como en una típica revolución.
El terrorismo es un fenómeno reciente en la historia de Brasil. El primer caso de atentado contra la populación civil mientras el Estado democrático moderno de 1988 fue el practicado por el PCC en mayo de 2006, pero este no es reconocido como acto terrorista por el gobierno, sino como acto criminal común. El asunto se hizo evidente después de los llamados Grandes Eventos de Brasil, como los Juegos Mundiales Militares en 2011, la Conferencia de Medio Ambiente Río + 20 en 2012, la Copa de las Confederaciones en 2013, la Jornada Mundial de la Juventud en 2013, la Copa Mundial de la FIFA en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016 hicieron el tema de terrorismo ganar evidencia, no por la ausencia de capacidades contraterroristas o de inteligencia, sino por respaldo jurídico insuficiente.
La ausencia de una disposición legal para el delito de terrorismo hasta la promulgación de la Ley de Terrorismo en Brasil (Ley 10.260, de 16 de mayo de 2016 (Disponible en
El preámbulo de la actual Ley de Terrorismo en Brasil establece que regula lo dispuesto en el ítem XLIII del art. 5º de la Constitución Federal, disciplinando el terrorismo, atendiendo las disposiciones investigativas y procesales y reformulando el concepto de organización terrorista (...)
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El párrafo 2 del Art. 2 de la citada ley establece que NO es terrorismo la conducta individual o colectiva de personas en manifestaciones políticas, movimientos sociales, sindicales, religiosos, de clase o de categoría profesional, dirigidos con fines sociales o reivindicativos, con el objetivo de impugnar, criticar, protestar o apoyar, con el objetivo de defender los derechos, garantías y libertades constitucionales, sin perjuicio de la tipificación penal contenida en la ley
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Se percibe que la intención del legislador en ese momento no era prevenir, combatir o enfrentar el terrorismo, sino únicamente disciplinarlo, es decir, enumerar las hipótesis en las que sería ilegal el uso de la violencia contra civiles con el propósito de lograr un cambio político, dejando lugar a otras hipótesis en las que el mismo hecho típico del terrorismo no se tipificaba como delito en teoría.
Mismo después de los Grandes Eventos la amenaza terrorista continua entre los brasileños. El candidato elegido a la presidencia de la Republica, Jair Bolsonaro, fue atacado por puñaladas en la ciudad de Juiz de Fora durante la corrida presidencial en el 6 de septiembre de 2018, (víspera de las conmemoraciones de la Independencia) (Disponible en