La gran mayoría de las cárceles mexicanas son manejadas por “grupos de poder” formados por las distintas autoridades carcelarias en colusión con grupos del crimen organizado, principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales en los últimos años han conseguido un mayor control del sistema penitenciario del país.
Dichos “grupos de poder” convirtieron a las prisiones en un nuevo “activo criminal”, pues las están utilizando para cometer distintos ilícitos, como venta y almacenamiento de droga, homicidios, extorsiones telefónicas, secuestros o reclutamiento de sicarios, entre otros.
A estas conclusiones llega el criminólogo Enrique Zúñiga en su libro La pelea por los infiernos: “Las cárceles del país ya se han convertido en un activo criminal muy potente; puesto que, debido a sus muros bajo constante vigilancia, son un lugar de resguardo muy utilizado por los grupos criminales para protegerse de sus enemigos y también para traficar droga”, dice Zúñiga en entrevista con Proceso.
En prácticamente todos los estados del país –asegura–, las cárceles han caído en manos de distintos “grupos de poder” formados siempre de manera bipartita: “por las autoridades carcelarias legalmente constituidas, por un lado, y por bandas delincuenciales fuera de la ley, por el otro. Siempre hay un contubernio entre estas dos partes, la