PARÍS.— Rusia, Estados Unidos, Ucrania y la Unión Europea coinciden por lo menos en un punto: las explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream 2 y Nord Stream 1 los pasados 26 y 27 de septiembre en el Báltico, cerca de la isla danesa de Bomholm y de las costas suecas, no fueron accidentales.
Hasta ahí llega la unanimidad.
El mismo día 26 los gobiernos de Dinamarca y Suecia encargaron la investigación de los hechos a sus respectivos servicios secretos; las primeras conclusiones, presentadas el 30 de septiembre ante el Consejo de Seguridad de la ONU -reunido a petición de Rusia- revelaron que la “magnitud de estas explosiones alcanzó respectivamente los niveles 2.3 y 2.1 en la escala de Richter; es decir el equivalente a una carga explosiva de cientos de kilos”.
Sin acusar a nadie, las autoridades políticas escandinavas precisaron que “todas las informaciones disponibles indican que dichas explosiones son la consecuencia de un acto deliberado”.
Dos días más tarde Berlín advirtió que un grupo especial de investigadores, encabezados por los servicios de inteligencia alemanes, se apresta a trabajar en estrecha colaboración con sus pares daneses y suecos.
Moscú abrió enseguida un caso penal por “terrorismo internacional”.
“Las acciones intencionadas encaminadas a dañar los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 causaron pérdidas económicas considerables a la Federación de Rusia”, denunció la fiscalía rusa, que confió las pesquisas sobre las fugas ocurridas
