Surgimiento de la dualidad de jurisdicciones en Colombia. Entre la regeneración, la dictadura y la unión republicana
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Surgimiento de la dualidad de jurisdicciones en Colombia. Entre la regeneración, la dictadura y la unión republicana - Juan Pablo Sarmiento Erazo
A Carolina y a mis padres,
quienes justifican cuanto hago.
© Editorial Universidad del Norte, 2012
© Grupo Editorial Ibañez, 2012
© Juan Pablo Sarmiento Erazo, 2012
Coordinación editorial
Zoila Sotomayor O.
Diseño y diagramación
Luis Vásquez
Diseño de portada
Munir Kharfan de los Reyes
Corrección de textos
Isaías Molina Jácome
Versión ePub
Hipertexto
www.hipertexto.com.co
El autor
JUAN PABLO SARMIENTO ERAZO
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Derecho de la Universidad de los Andes y actualmente cursa doctorado en la misma Universidad. Profesor de la Universidad del Norte. Este trabajo es desarrollado en el Grupo de Investigación de la Universidad de los Andes en Derecho Público, bajo la dirección del Dr. Gustavo Quintero Navas.
Agradecimientos
Este documento es el resultado de la labor de investigación en el marco de estudios de Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes, bajo la dirección del Dr. Gustavo Quintero Navas, que consiste en el estudio del papel de la justicia administrativa en las dictaduras de mediados del siglo XX en Colombia. La aguda lectura y los importantes aportes del Dr. Quintero son los que han hecho posible esta producción bibliográfica; su acompañamiento, generosidad y apoyo intelectual y personal han sido fundamentales para lograr este aporte, a quien por demás, quiero expresarle mis profundos sentimientos de gratitud y afecto.
Ha sido también esencial para la redacción y enriquecimiento de esta disertación el acompañamiento de los profesores de la Universidad de los Andes, Antonio Barreto Rozo, Miguel Alejandro Malagón, Helena Alvear García, Isabel Cristina Jaramillo, Julieta Lemaitre Ripoll y Jaime Zuluaga Nieto, que desde los estudios de maestría y doctorado hicieron aportes y fueron piezas clave para mi desarrollo académico. A partir de distintos escenarios académicos, formales e informales, alimentaron no sólo el texto que ahora se propone, sino el deseo de realizar una disertación seria, con la rigurosidad propia de la excelencia que caracteriza a cada uno de ellos.
Desde mi estancia doctoral en la Universidad de Nantes (Francia), los profesores René Hostiou y Jacques Fialaire, en el Laboratorio de Derecho y Cambio Social, hicieron críticas y lecturas que se han reflejado en el contenido y la contribución epistemológica que se recoge en este libro. La agudeza e inteligencia del profesor Hostiou, así como su constante sustento académico, supuso un enriquecimiento científico que provocó un importante giro en la disertación doctoral que ahora se plantea.
Desde la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de la Sabana, la Dra. Lina Marcela Escobar ofreció, con la generosidad que siempre la ha caracterizado, una guía constante, honesta y responsable. Su amistad ha sido clave para mi desarrollo académico y profesional.
Invaluable, desde luego, el apoyo institucional y personal que me ha dado la Universidad del Norte, pues con generosidad esta institución ha confiado en este estudio y en su contribución a nuestra comprensión, lectura y descripción del Derecho como un fenómeno historizado, que contó, por demás, con inquietudes, preguntas y opiniones que han alimentado el texto que ahora se propone.
Este agradecimiento se queda corto en el reconocimiento que merecen quienes realizaron, desde diferentes experiencias académicas, importantes críticas metodológicas y teóricas a mi investigación. A todos ellos, que no menciono aquí porque mi memoria no me alcanza, les expreso el más sincero agradecimiento; cada página escrita es en realidad el resultado de un esfuerzo conjunto más allá de cualquier empeño personal.
Introducción
Este documento se presentará la disertación realizada como parte de la investigación de Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes, bajo la dirección del Dr. Gustavo Quintero Navas, que consiste en el papel de la justicia administrativa en las dictaduras de mediados del siglo XX en Colombia. La aguda lectura y los importantes aportes del Dr. Quintero son los que han hecho posible esta producción bibliográfica. El acompañamiento del profesor Quintero, su generosidad y apoyo intelectual y personal han sido fundamentales para lograr este texto.
La historia de la justicia administrativa colombiana se ha caracterizado por la narración y superposición de normas que se exponen como evoluciones naturales del derecho administrativo, enmarcado en el desarrollo institucional francés{1}. Sin embargo, dicha manera de explorar y exponer a la institución analizada trae consigo un problema de limitación sobre el objeto y el método que impide comprender la esencia y la estructura misma de la justicia administrativa colombiana.
Con esta crítica en mente, no propondré la exposición de normas como una narración conservadora{2} o desde el normativismo puro{3} que ha predominado en la explicación y desarrollos doctrinales del derecho administrativo, sino de situaciones políticas e históricas, especialmente, la lucha por la cooptación del poder constituido que se dio con posterioridad a las disputas armadas de la segunda mitad del siglo XIX, las luchas partidistas y los pactos políticos, en una región en la que se contendía, incluso de maneras violentas, la determinación del poder entre conservadores y liberales. En efecto, el surgimiento y estabilización de la justicia administrativa demuestra un progreso problemático, que indica que el alejamiento profundo entre derecho y sus contextos es particularmente dañino y reduccionista en áreas muy sensibles del derecho público{4}, olvidando que la dualidad de jurisdicciones{5} pudo consolidar formas de resistencia social o de oposición desde la institucionalidad, o por el contrario, afirmó y legitimó el derecho, la unificación nacional y la centralización desde decisiones judiciales que derrotarían posiciones regionales contrarias al régimen central imperante en ese momento.
Con este estudio argumento que la justicia administrativa ha nacido no por la imitación o trasplante desinteresado de instituciones europeas, menos aún, que ha adquirido distintas atribuciones porque las normas que la regulaban tendían a un desenvolvimiento más civilizado de la ciudadanía y del Estado{6}. Por el contrario, demostraré que la jurisdicción administrativa emerge por las necesidades antagonistas que existían al inicio del siglo XX, por una parte, de instituir un organismo que contribuía a la centralización del poder y a la consolidación del partido contra-federativo, y por otra parte, de abrir espacios que admitieran el debate de decisiones del poder hegemónico del partido de turno, que por demás, tendía al centralismo y a la exclusión del partido de oposición.
El argumento expuesto buscará demostrar hasta qué punto es posible considerar que el acuerdo político y el diseño institucional extraído del primero, harían posible la ya difícil tarea de controlar al poder. Esto por demás extiende el interés en el aporte que se pretende hacer, en tanto, como lo resalta el autor argentino Juan Carlos CASSAGNE, el grado de repercusión social y de vinculación del interés público es más que evidente cuando se habla de la jurisdicción administrativa, acompañada de la constante demanda de una justicia especializada, capaz de controlar racionalmente
a la Administración{7}, postulado por supuesto dudoso, pero aceptable cuando se plantea una institucionalidad en crisis por el contexto de violencia en el que se centra este estudio y una periodización en torno a un ejecutivo desbordado. En realidad, el hallazgo en la doctrina y el contexto de producción normativa coincide en construcciones dogmáticas afirmativas de una autonomía del derecho administrativo insostenible efectivamente.
Expondré también la forma en que la configuración de la justicia administrativa demandó, en estados hegemónicos, un tribunal especializado o una dualidad de jurisdicciones, en naciones donde la centralización administrativa y unificación regional predominó, toda vez que tal configuración facilitaría el control del órgano judicial por parte del ejecutivo, y así, reducir o eliminar los avances hacia el federalismo o la independencia territorial.
En este sentido, se observará por oposición, que la experiencia argentina y venezolana, donde triunfó el federalismo, la dualidad fue innecesaria y se conservó en la justicia ordinaria la competencia de juzgar a la administración. Sin embargo, este trabajo de investigación no pretende profundizar ni describir exhaustivamente el funcionamiento o el desarrollo normativo y político de la justicia administrativa en los países analizados ni tampoco su estado actual, se acude al estudio comparado con el objeto de poder descubrir la institucionalización y las ideas políticas, más bien análogas, de la jurisdicción especializada como instrumento o control del poder.
El texto está estructurado en cinco partes. Primero, expongo brevemente el contexto y las experiencias de naciones representativas de América Latina y el predominio centralizador o federal en cada una de estas naciones (I), para luego explorar cuál era el proyecto inicial de la dualidad de jurisdicciones colombiano destinado al centralismo y la soberanía del poder central (II), para así, observar mi interpretación de lo que parecería ser la versión consensuada pero breve de los partidos políticos (III), proyecto que se vería atenuado y modificado por la Unión Republicana, que consolida la institución estudiada en los primeros años del siglo XX (VI). Finalmente, presento el nivel de utilización y las principales materias que estudiaron la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, luego de los primeros siete años de existencia, encabezando la jurisdicción contenciosa administrativa (V). Con esto último, intentaré exponer cuál fue el uso que se le dio a la dualidad de jurisdicciones y a la jurisdicción ordinaria como juez administrativo, situación que escapaba por completo al control de quienes proponían la creación de una dualidad jurisdiccional, por cuanto se trata de una justicia rogada y cuya independencia fluctuaba según la capacidad estabilizadora de la doctrina y del precedente.
La experiencia comparada y de referencia común, la francesa, demuestra el papel y la etapa representativa de la dictadura napoleónica en la construcción del Derecho Administrativo, y en especial, la correspondencia que se constata entre la institucionalización del Consejo de Estado y un poder ejecutivo fuerte{1}. Con la Constitución del 13 de diciembre de 1799 (Año VIII) se crea el Consejo de Estado francés con el objeto primigenio de desagregar el conocimiento de materias administrativas del juez ordinario, para trasmitirlo a un juez retenido contencioso administrativo, distribuyendo las mismas competencias al nuevo órgano especializado, que tuvo vida legislativa el 17 de febrero de 1800{2}.
En los términos del artículo 52 de la Constitución se estableció que, bajo la dirección de los cónsules
, el Consejo de Estado estaría encargado de redactar los proyectos de ley y los reglamentos de la administración pública, y de resolver las dificultades que se presenten en materia