Entre el control de la criminalidad y el debido proceso: Una historia del proceso penal colombiano

Por Astrid Liliana Sánchez Mejía

Este libro presenta un análisis original y profundo de los códigos de procedimiento penal colombianos expedidos desde 1938. La autora nos invita a estudiar estos códigos a partir de dos modelos opuestos de valores, principios y creencias frente al sistema de justicia penal: el control de la criminalidad y el debido proceso. Usando estos modelos, el libro revela las decisiones políticas y elecciones valorativas en cada código, teniendo en cuenta el contexto de su aprobación y reforma. Entre el control de la criminalidad y el debido proceso, título con el que se celebran diez años de la Colección Fronteras del Derecho, permite entender cómo se ha moldeado la cultura jurídico-procesal penal y cuáles son los procesos histórico- políticos que han dado lugar al diseño contemporáneo del proceso penal colombiano. Su objetivo, más allá de explicar el pasado, es ofrecer elementos para analizar y repensar la justicia penal actual.

• Idioma: Español
• Editorial: Editorial Pontificia Universidad Javeriana
• Fecha de lanzamiento: 4 oct 2017
• ISBN: 9789587810073

Vista previa del libro

ASTRID LILIANA SÁNCHEZ MEJÍA

Reservados todos los derechos

©Pontificia Universidad Javeriana

©Astrid Liliana Sánchez Mejía

Primera edición:

Bogotá, D. C., febrero de 2017

ISBN: 978-958-781-006-6

Número de ejemplares: 400

Impreso y hecho en Colombia

Printed and made in Colombia

Editorial Pontificia Universidad Javeriana

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Desarrollo ePub:

Lápiz Blanco S.A.S

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Sánchez Mejía, Astrid Liliana, autora

Entre el control de la criminalidad y el debido proceso : una historia del proceso penal colombiano /

Astrid Liliana Sánchez Mejía. -- Primera edición. – Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2017.

184 páginas ; 24 cm

Incluye referencias bibliográficas (Páginas 167-179).

ISBN : 978-958-781-006-6

1. PROCEDIMIENTO PENAL - COLOMBIA. 2. REFORMA JUDICIAL - COLOMBIA. 3. DEBIDO PROCESO DE DERECHO. 4. SISTEMA ACUSATORIO. 5. DERECHOS HUMANOS. I. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas.

CDD 345.6861 edición 15

Catalogación en la publicación - Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J.

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inp 06 / 12 / 2016

Prohibida la reproducción total o parcial de este material, sin autorización por escrito de la Pontificia Universidad Javeriana.

A mis padres, Marco Julio

y María Eugenia

Agradecimientos

El proceso de escritura de este libro inició hace varios años, durante este tiempo conté con el apoyo y la generosidad de muchos colegas y amigos. La versión preliminar de este texto fue escrita como tesis en el programa de Maestría en Derecho de la Universidad de los Andes, bajo la guía de Diego López, a quien le agradezco mucho las innumerables conversaciones y sus valiosos comentarios, pero sobre todo su paciencia con mis búsquedas iniciales de un camino académico. En la Universidad de los Andes, también estoy muy agradecida con Helena Alviar e Isabel Cristina Jaramillo, sus clases y las conversaciones sobre la tesis hicieron contribuciones importantes a este texto. En la defensa de la tesis, Ricardo Posada y Alejandro Aponte hicieron muchas y muy útiles sugerencias para esta publicación.

Este libro forma parte de una carrera académica que ha sido apoyada firmemente por tres decanos académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana: Luis Fernando Álvarez, S. J., Carlos Ignacio Jaramillo y Julio Andrés Sampedro. A ellos les debo una enorme gratitud por su confianza a lo largo de estos años. También estoy muy agradecida por el apoyo de la Vicerrectoría Académica, en particular, del equipo que implementa el Plan de Formación Permanente del Profesor Javeriano.

Este libro es en parte producto de los diálogos y discusiones permanentes en el Departamento de Filosofía e Historia del Derecho y el Grupo de Investigación en Justicia Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. En estos espacios de construcción colectiva del conocimiento, muchas personas contribuyeron significativamente a este texto y me enseñaron que el trabajo académico es un proceso colaborativo y acumulativo, gracias a todas ellas. En el Departamento de Filosofía e Historia del Derecho, además de construir una agenda de investigación, he conocido grandes amigos: Carolina Olarte B., Catalina Rivera, Jorge González, Juan Felipe García y Roberto Vidal.

Por su generosidad intelectual en conversaciones que aparecen reflejadas en algunas partes del libro, agradezco a Augusto Ibáñez, Bernardo Gaitán, Felipe Vergara, Gustavo Cote, Jairo Parra, Máximo Langer, Neil Walker, Richard A. Leo y los miembros del Centro de Estudios en Criminología y Victimología Jorge Enrique Gutiérrez Anzola.

En el proceso editorial, agradezco a Javier Celis por su coordinación desde la Facultad de Ciencias Jurídicas de este número de la Colección Fronteras del Derecho. Una mención especial merece el arduo trabajo de Nicolás Morales Thomas y su colaborador Marcel Roa en la Editorial Pontificia Universidad Javeriana, todos sus aportes ayudaron a que este fuera un mejor libro.

El agradecimiento más importante es a mi familia por su apoyo en este largo proceso. El compromiso con la administración de justicia de dos funcionarios judiciales intachables, Marco Julio Sánchez y María Victoria Parra, ha inspirado mi agenda académica sobre la justicia penal. El ejemplo de vida de María Eugenia Mejía y su generosidad con los más necesitados han llevado a que mi agenda de investigación incluya preocupaciones por la justicia social. Marco Javier Sánchez ha sido un gran cómplice durante toda la vida.

Finalmente, quiero agradecer a Luis Orlando Sánchez por su apoyo y compañía durante las muchas horas que pasé frente al computador en la etapa final de este libro. Siempre es mejor cuando estamos juntos.

Presentación

En el 2017, la Colección Fronteras del Derecho celebra sus primeros diez años con la publicación de Entre el control de la criminalidad y el debido proceso. Una historia del proceso penal colombiano, de la profesora Astrid Liliana Sánchez Mejía. Este libro representa la propuesta de la colección desde sus inicios: una mirada que pretende dar un nuevo aire a temas tradicionales en la formación de los abogados. Ese nuevo aire que ha caracterizado a la colección consiste principalmente en publicar textos jurídicos en los que se aborden las temáticas desde al menos una de las siguientes perspectivas epistemológicas: la crítica, la interacción entre lo global y lo local y la temporalidad del derecho.

Por crítica la colección ha entendido, desde sus inicios, que es necesario acudir a diferentes metodologías con el fin de mostrar que nuestras instituciones jurídicas actuales no son simplemente el resultado de un proceso de evolución pacífica del derecho. El espacio jurídico se construye y, a su vez, ayuda a construir una serie de tensiones sociales, económicas y políticas de diversos actores que se disputan el poder en la sociedad. Así, el aspecto crítico de la colección siempre ha querido resaltar la disputa de poder que se expresa en el espacio jurídico y entender, desde esta perspectiva, el derecho como un lugar de lucha política. En consecuencia, la colección muestra que en la discusión jurídica está en juego la distribución de recursos en la sociedad, y no simplemente el desarrollo de una técnica jurídica pura.

En segundo lugar, la interacción de lo global y lo local como premisa metodológica implica una apuesta por entender que no es posible pensar el derecho contemporáneo si no se aborda la manera como las normas, instituciones y teorías actuales construyen, y también son parte o reflejo, de unas geopolíticas del conocimiento jurídico. Ello quiere decir que nuestro campo jurídico se construye en medio de una intensa lucha: el derecho que enfrenta a culturas jurídicas prestigiosas, que generalmente coinciden con comunidades políticas con un alto grado de poder político, económico y social en el concierto global, con culturas jurídicas menos poderosas en este espacio mundial. Este enfrentamiento se produce de diversas maneras en distintas áreas jurídicas y, por ende, varios libros de la colección han pretendido afrontar esta problemática sobre la producción del derecho enfatizando los espacios de enfrentamiento, imposición, resistencia y globalización de ideas jurídicas ocurridos en América Latina y, en especial, en Colombia.

El tercer aspecto, la temporalidad del derecho, está relacionada con las otras dos perspectivas. La idea de mostrar el derecho como una herramienta en donde está en juego la distribución de recursos en una sociedad y de prestigio entre culturas jurídicas se ha expresado, principalmente, recurriendo a estudios de historia del derecho. Así, los textos de la colección, en su mayoría, entienden que estas tensiones y políticas del derecho pueden verse más fácilmente analizando ciertas problemáticas en el tiempo. Esta postura implica un marcado anticonceptualismo: no hay esencias en los conceptos jurídicos, sino que sus contenidos son llenados contingentemente de acuerdo a las disputas de cada época y las fórmulas lingüísticas vigentes brindan principalmente una fuerza legitimadora, pero no un contenido exacto.

Este libro de Astrid Liliana Sánchez, con el que se celebran los diez años de esta colección, propone una lectura de la historia del proceso penal combinando precisamente estas tres perspectivas reseñadas. La autora nos muestra la construcción del proceso penal colombiano desde 1938 como una tensión entre el control de criminalidad y la defensa de los derechos individuales. Esta tensión expresa una disputa por la mejor manera de distribuir recursos judiciales. La elección de estos discursos sobre el proceso penal determinó, en diversos momentos, que la balanza se inclinara a favor de diferentes actores. A su vez, estos discursos fueron formados por unas ideas trasnacionales sobre el proceso penal, las cuales fueron releídas, reinterpretadas, resistidas o asimiladas por élites jurídicas y políticas locales. Quien lea este libro tendrá un nuevo entendimiento polémico del proceso penal colombiano y comprenderá que varias dimensiones no pueden ser captadas con las simples lecturas de los manuales y códigos con los que se enseña la materia. Las múltiples virtudes de este libro reflejan que detrás de él se encuentran las manos de una profesora que en los últimos años se ha abierto de manera paciente, novedosa y creativa un lugar en la producción académica nacional e internacional del derecho procesal.

Invito a los lectores a celebrar entonces los diez años de la Colección Fronteras del Derecho de la mano de Liliana y de este libro que mucho nos enseña.

JORGE GONZÁLEZ JÁCOME

Profesor de la Facultad de Derecho

Universidad de los Andes

Introducción

La implementación de la reforma a la justicia penal adoptada por el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004 ha sido criticada por ser excesivamente garantista. Algunos sectores de la opinión pública y los promotores de agendas fundamentadas en la seguridad pública y el control de la criminalidad señalan que la reforma ha reducido la eficiencia del sistema penal, ha generado impunidad y ha afectado la seguridad ciudadana. Así las cosas, se han promovido contrarreformas para ampliar las restricciones de los derechos al debido proceso y a la libertad personal con el fin de evitar el colapso de la justicia penal. A su vez, sectores progresistas, defensores de derechos humanos y la Corte Constitucional han criticado algunas reglas del nuevo Código de Procedimiento Penal —en adelante, CPP de 2004— y de sus reformas, argumentando que vulneran derechos fundamentales. Este debate reproduce los extremos de la tensión básica de la ideología penal liberal: el control de la criminalidad y la protección de los derechos individuales del procesado.

En un Estado de derecho, los polos de esta tensión se consideran complementarios. Por lo tanto, la justicia penal debe atender los intereses sociales en la seguridad pública y la persecución efectiva de los delitos y, simultáneamente, debe respetar los intereses individuales en la protección de los derechos del indiciado o procesado. En este sentido, la legitimidad del proceso penal depende de que se logre una óptima acomodación de dichos intereses sociales e individuales. Importa mencionar que la regulación de tales polos es una decisión fundamental de política criminal, la cual está en disputa permanente e implica elecciones profundamente valorativas. De manera que no es el resultado de un proceso neutral, técnico y progresivo.

La legislación procesal penal colombiana ha intentado acomodar los extremos de la tensión básica del proceso penal. Cada reforma al procedimiento penal ha realizado elecciones particulares debido a las interacciones entre los actores y la influencia de los contextos histórico, social y político en cada momento determinado.

El análisis de los códigos de procedimiento penal evidencia que la acomodación de los extremos de la tensión es el resultado de la competencia entre múltiples actores y agendas. Es de resaltar que en las reformas al procedimiento penal, los abogados compiten por el monopolio de definir dicha acomodación, teniendo en cuenta su agenda y tradición jurídica. En esta competencia, los abogados interactúan con las variables del contexto histórico, social y político que enmarcan el proceso de reforma.¹

Este libro presenta una historia de las reformas al proceso penal colombiano, la cual describe el contexto de expedición y reforma de los códigos de procedimiento penal, identifica la manera en que estos códigos han intentado acomodar los extremos de la tensión, descubre sus elecciones valorativas y expone la tendencia predominante en cada código hacia alguno de los extremos.²

Esta historia del proceso penal colombiano pretende entender cómo se ha moldeado la cultura jurídica procesal penal en el país y cuáles son los procesos históricos y políticos que han dado lugar al derecho procesal penal contemporáneo.³ La metodología de esta investigación combina la aproximación histórica con la reflexión teórica con el fin de enriquecer el estudio de las instituciones jurídicas contemporáneas de la justicia penal.⁴

A efectos de identificar las elecciones valorativas en estos códigos, este libro propone un marco de análisis que articula la tensión básica que subyace al proceso penal liberal, entre el control de la criminalidad y la protección de los derechos individuales del procesado. Un marco de análisis de la legislación procesal penal fundamentado en esta tensión tiene enorme poder explicativo, ya que permite identificar el núcleo valorativo de las normas y las decisiones relacionadas con el proceso penal.

El marco analítico propuesto en este libro se basa en los dos modelos de proceso penal formulados por Herbert Packer: el modelo del control de la criminalidad y el modelo del debido proceso.⁵ Los modelos de Packer reflejan los polos de la tensión fundamental del proceso penal liberal, el control de la criminalidad y la protección de los derechos individuales del procesado. Ambos modelos se fundamentan en valores opuestos y proponen dos visiones del proceso penal en competencia. Así, cada modelo describe un conjunto de valores, creencias e ideas acerca de la justicia penal.⁶ Cabe aclarar que ninguno de estos modelos corresponde a una descripción exacta de la realidad; en la práctica, los sistemas penales tienen características de ambos modelos simultáneamente. Además, dichos modelos no agotan todas las posibles tensiones que se presentan en el proceso penal, por ejemplo, no incluyen los intereses de las víctimas. Sin embargo, los modelos de Packer son herramientas teóricas útiles para analizar tendencias en el proceso penal frente a la protección de los derechos del indiciado o procesado.

Este esquema de análisis de los regímenes de procedimiento penal ha sido considerado como una alternativa al marco más tradicional de análisis que divide el proceso penal entre los sistemas acusatorio e inquisitivo.⁷ Esta dicotomía genera algunos inconvenientes para el análisis de la protección de derechos en el proceso penal, ya que el sistema acusatorio se asocia con el garantismo y el inquisitivo, con el autoritarismo. Por la misma razón, este marco teórico muchas veces aplana las discusiones al desconocer las luchas o las alternativas políticas en cuanto a la protección de derechos. Adicionalmente, las categorías inquisitivo y acusatorio se han convertido en significantes casi vacíos.⁸

Este libro se divide en tres capítulos. El primero expone el marco de análisis del proceso penal fundamentado en la tensión básica entre el control de la criminalidad y el debido proceso. Propongo como variables para el análisis las respuestas que los modelos de control de criminalidad y debido proceso presentan frente a cuatro problemas centrales de la etapa de investigación: las restricciones al derecho a la libertad personal, la terminación anticipada por aceptaciones de culpabilidad, la activación del derecho de defensa y el tratamiento de las evidencias ilícitas. El estudio de los códigos se enfoca en problemas que se presentan en la etapa de indagación o investigación debido a que en esta fase usualmente son más vulnerables los derechos del procesado.

En los capítulos segundo y tercero, presento una aproximación histórica a los códigos de procedimiento penal colombianos, a partir del primer código autónomo la Ley 94 de 1938.⁹ En esta historia se identifican dos fases. La primera fase es la defensa de lo social, en la que se expidieron los CPP de 1938 y 1971 (capítulo 2). En la segunda fase, al lado de los discursos locales, hay dos discursos transnacionales que han impactado los CPP expedidos a partir de 1987: los derechos humanos y la lucha contra el narcotráfico. En esta segunda fase se expidieron los CPP de 1987, 1991, 2000 y 2004 (capítulo 3).¹⁰

A través de esta historia pretendo ilustrar cómo cada código llevó a cabo la acomodación de los extremos de la tensión básica del proceso penal, de acuerdo con los actores involucrados y los contextos social, político e histórico que influenciaron su expedición y reforma. Veremos que los códigos de 1938 y 1971 tenían una tendencia moderada hacia el control de la criminalidad, el código de 1987 se movió un poco hacia el debido proceso, el código de 1991 profundizó el control de criminalidad, el código de 2004 presentó una tendencia más marcada hacia el debido proceso y, finalmente, que las contrarreformas al código de 2004 se inclinaron hacia el control de la criminalidad. Esta historia de las reformas al procedimiento penal evidencia que la regulación de los extremos de la tensión se encuentra en debate permanente como resultado de las luchas políticas en cada momento específico.

La construcción del modelo

de proceso penal

La ideología penal liberal ha fundamentado las constituciones políticas de Colombia desde la república temprana.¹¹ Por lo tanto, las legislaciones procesales penales en el país involucran la tensión básica del liberalismo entre la seguridad pública y la libertad individual. Los extremos de esta tensión se traducen en el proceso penal como la persecución efectiva de los delitos y la protección de los derechos individuales del indiciado o procesado.

El modelo de proceso penal es el resultado de la regulación de esta tensión. En un Estado de derecho, el modelo de proceso penal ideal implicaría la síntesis de los extremos de la tensión. El sistema penal perdería legitimidad si únicamente propone control de la criminalidad sin protección de derechos, o si solo promete una protección excesiva de los derechos sin preocuparse por los intereses sociales de represión del delito.

La definición del modelo en las legislaciones procesales penales involucra procesos de redistribución de poder y de reacomodación de la relación Estado-ciudadano. Por lo tanto, el modelo de proceso penal es una decisión política que surge de las luchas políticas en un momento histórico determinado, es decir, no es el resultado de decisiones técnicas, neutrales y progresivas.

Este primer capítulo del libro explora los elementos relacionados con la definición del modelo de proceso penal. En la primera sección se analizan algunas ideas fundantes del Estado moderno, las cuales son relevantes para