El debate sobre la prisión preventiva de oficio, la cual se impone sólo porque una persona esté acusada de determinados delitos establecidos en la ley, y la posibilidad de que esta figura resulte violatoria de los derechos humanos, revivió el conflicto entre el Ejecutivo federal y el Poder Judicial de la Federación (PJF).
El 23 de agosto último, el ministro Luis María Aguilar Morales repartió entre sus compañeros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de resolución en el cual propone dejar de aplicar la prisión preventiva de oficio en el país, al considerar que esta medida, prevista en la Constitución, es desproporcionada y atenta contra la presunción de inocencia.
El Pleno discutirá la propuesta el lunes 5 y se requieren ocho votos -mayoría calificada- para que la inaplicación nacional de la prisión preventiva de oficio sea una realidad.
El proyecto coincide con la posición pública del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien desde hace una semana anunció el debate que sostendría el Pleno sobre dicho tema, y
