A propósito de esta iniciativa tan loable e indispensable de la revista abogacía de contar con un número especial sobre la educación y, particularmente, acerca de la educación jurídica, es buen momento para hacer notar los momentos complicados que en diversas latitudes viven algunas instituciones encargadas de garantizar los derechos fundamentales, entre ellos, el de acceso a la información pública, el de protección de datos personales y, desde luego, el derecho a la educación.
En principio, se debe afirmar que en la estructura institucional del Estado mexicano existen diversas instituciones públicas que si bien buscan satisfacer las necesidades de la sociedad mexicana, lo hacen de distintas maneras y bajo diferentes formas, demostrando que en un país con una tradición presidencialista la lógica democrática de la desconcentración del poder ha generado la necesidad de que las instituciones transiten por una descentralización. De esta manera se busca que la verticalidad característica del presidencialismo se reduzca e igualmente lo hagan los sesgos políticos presentes en el quehacer cotidiano de aquellas personas servidoras públicas que acceden a los cargos que ocupan por la vía del voto popular, es decir, las titulares de los poderes ejecutivos federal y locales, así como también los congresos federal y locales.
