La desaparición forzada en México: De la represión a la rentabilidad

Por Roberto González Villarreal

El investigador Roberto Gonz lez Villarreal explica en La desaparici n forzada en Mé xico c mo es que se transit de la desaparici n-detenci n por razones pol ticas, de los a os setentas, a la construcci n del negocio escalofriantemente rentable que hoy representa la desaparici n forzada en Mé xico.El autor busca colaborar con esta obra a la visibilizaci n de las personas v ctimas y los circuitos de colaboraci n e impunidad que sostienen la infraestructura de este crimen de la humanidad.

• Idioma: Español
• Editorial: Editorial Terracota
• Fecha de lanzamiento: 2 oct 2023
• ISBN: 9786077135227

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La desaparición forzada en México

De la represión a la rentabilidad

La desaparición forzada en México

De la represión a la rentabilidad

Roberto González Villarreal

La desaparición forzada en México

Portada: Raymundo Ríos Vázquez

Primera edición: noviembre de 2022

© 2022, Roberto González Villarreal

© 2022, Editorial Terracota bajo el sello PAX

ISBN: 978-607-713-522-7

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida,sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright,bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento.

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Col. Santa Cruz Atoyac

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Índice

Introducción: Las desapariciones de antes y las de ahora

La cifra oscura

La paradoja de la desaparición

El trayecto conceptual

Las ondas largas

Lecturas

Herramientas

Fuentes

Composición

Agradecimientos

Nota personal

Parte 1: La primera onda: Una tecnología represiva

1. La contrainsurgencia rural

Una práctica incidental o el acoplamiento del ciclo de la desaparición

Una práctica frecuente o la conformación de campos reprimibles

Una práctica sistemática o los ensamblajes territoriales

2. El giro urbano

Detenidos, no desaparecidos

Las primeras desapariciones de la Liga

Los que venían del mar

Lacandones en Hidalgo

Insurgentes en Acapulc

Las secuelas en Monterrey

La historia de Leonardo, Araceli y su hijo nonat

Desaparecer joven en Sinaloa

Guadalajara: 1977, annus horribilis

Los guerrilleros de la capital

El eclipse de los adolescentes revolucionarios

Mujeres e hijos también

3. La dispersión geopolítica

Estudiantes agitados

Colonos revolotosos

Activistas locales

Militantes partidistas

José Ramón García Gómez: Ocho hipótesis falsas y una desaparición verdadera

Guaymas, un ensayo del porvenir

Parte 2. La segunda onda: Una tecnología rentable

4. El crecimiento reptante: 1991-2004

Los que desaparecen a los suyos

La renovada desaparición de activistas

La emergencia de la femidesaparición

El surgimiento de los levantones

Colima: La primera desaparición de la alternancia

5. El desarrollo rampante: 2005-2009

Oaxaca: Las nuevas desapariciones de siempre

La senda de las femidesapariciones

Coahuila: Levantones a cielo abierto

La cacería de trabajadores

Las víctimas de la guerra

Los agentes perdidos

6. La normalidad difuminante: 2010-2015

Las mutaciones de la femidesaparición

Activistas sociales y medioambientales

A los agentes también los borran

El sucio negocio de los levantones

El paroxismo de las bandas

La guerra de los marinos

Desapariciones en la frontera vertical

Del Bajío a las brumas del norte

Castigo-advertencia a los comunicadores

7. Proliferación y desborde: 2016-2020

Actualidad de los levantones

Multiplicación de las femidesapariciones

La progresiva rentabilidad de las represiones

Los trabajadores desechables

Los círculos del infierno de los migrantes

La disculpa de la Marina

Los agentes olvidados

Más y más periodistas

Discusión: Desaparición forzada, soberanía y necroacumulación de capital

Periodización

Primera onda

Segunda onda

Desaparición forzada y necroacumulación de capital

Epílogo

Bibliografía

Acerca del autor

A las doñas del Comité Eureka:

Rosario Ibarra, Celia Piedra, Guillermina Moreno, Acela Ocaña,

Esperanza Galoz, Matilde González, María Concepción Ávila, Reyna Santiago, Aicela Fernández, Priscila Chávez, Ofelia Maldonado, Sara Hernández,

Luz Henestrosa, Elisa Gutiérrez, Luz Morales, Elda Nevares, Laura Gaytán,

Hilda Soyano, Guadalupe Guzmán, María Guadalupe Muñoz, Martha

Camacho, Martha Murillo, Rita Gaytán, Margarita Velázquez, Consuelo

Carrasco, Catalina Castro, María Pérez, Consuelo Pérez, Juanita y Ofelia de Los

Mochis, Lucina Henestrosa, Elena Sánchez, Delia Duarte, Alicia Vargas,

Thelma Jardón, Rosa María Saavedra, Socorro Varela,

Laura Saldívar… y muchas más.

A las doñas y los dones que continúan la lucha contra

las desapariciones forzadas de hoy.

El problema es que sigue desapareciendo la gente.

Todos los días. Es decir, no solo basta con encontrarlos

o que encuentren más fosas. Necesitamos que

las personas dejen de desaparecer.

Rubén Figueroa Puentes de Esperanza,

Movimiento Migrante Mesoamericano

Introducción: Las desapariciones de antes y las de ahora

Al 15 de septiembre de 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (rnpdno) reconoce 83 310 personas desaparecidas en México desde 1964.¹ 62 450 hombres (75.14%), 20 151 mujeres (24.25%) y 509 casos donde el género no está determinado (0.61%).²

Hay desaparecidos en prácticamente todos los rangos de edad, aunque la mayoría se encuentra entre 15 y 45 años. En las mujeres es diferente. El mayor número de desaparecidas se da entre 15 y 19 años; en esa cohorte, la relación entre hombres y mujeres es similar, a partir de ahí, la desaparición de mujeres disminuye relativamente. A mayor edad, menor porcentaje femenino; por ejemplo, entre 25 y 29 años, son 9 020 hombres y 2 180 mujeres.

Los estados con mayor incidencia acumulada son: Jalisco, 11 545 hombres (h) y 2 123 mujeres (m); Tamaulipas, 8 905 h y 2 550 m; Estado de México, 4 494 h y 3 616 m; Veracruz, 4 122 h y 1 304 m; Sinaloa, 3 914 h y 423 m; Sonora, 3 253 h y 911 m; Guerrero, 2 919 y 642 h y m respectivamente. De atender indicadores más sutiles, Tamaulipas sería el estado con la mayor tasa de desaparición, con 302.3 casos por cada cien mil habitantes, seguido de Colima, con 157, Sinaloa, 153.1, Jalisco, 121.8 y Chihuahua con 109.8; la tasa nacional es 57.7.³

A nivel internacional, esos datos son más que significativos. Por ejemplo, en cincuenta años de confrontación armada entre el ejército colombiano, las guerrillas y el narcotráfico, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (cnmh), contabiliza cerca de 83 000 personas desaparecidas entre 1958 y 2018. Esta cifra aumenta si se toman en cuenta los informes del Registro Único de Víctimas (ruv), que posiciona la cifra de desaparecidos directos por causa del conflicto armado en 47 259.⁴ En Argentina, durante la dictadura entre 1976 y 1983, las fuerzas de seguridad desaparecieron a cerca de 30 000 personas. En Siria, las desapariciones forzadas se calculan en alrededor de 82 000 personas desde 2011. En Sri Lanka, se calculan entre 60 000 y 100 000 personas desde finales de los años ochenta, muchas de ellas al término del conflicto.

Una dictadura, dos guerras civiles, una conflagración bélica son las condiciones históricas en las que la desaparición forzada se desarrolla no como una práctica incidental o frecuente, sino como una tecnología sistemática de control poblacional. Esas son las comparaciones internacionales, en magnitud y situación, en las que se desenvuelve la desaparición forzada en México.

La cifra oscura

Los datos son solo signos de un problema. La contabilidad está plagada de dificultades, retrasos, imposibilidades, obstáculos e imprecisiones: ¿alguien sabe lo que cuesta, lo que hay que pasar para lograr el registro de un desaparecido? ¿Las filas que hay que hacer, las caras que hay que soportar, los desdeños con los que hay que lidiar, las mil y una vueltas, las presiones para abandonar, los consejos para desistir? Y luego quedan todavía los procedimientos de oficina, los traspapeleos, las tardanzas en registrar los hechos, las historias y las denuncias de quienes se atreven a hacerlo, ¿y todas las personas que no llegan ahí? ¿Las que fueron amenazadas, las que no pudieron seguir, las que murieron en el empeño, las que no pudieron hacerlo, aunque quisieron? ¿Dónde se registran las prácticas que bloquean la denuncia o los eventos que no se convierten en quejas, que se absorben en el dolor familiar por el miedo o la imposibilidad de asistir a las oficinas de procuración de justicia? Todo eso incide en la cifra oscura de la desaparición forzada.⁵

El subregistro es la diferencia entre los casos reales y los casos denunciados, esa cifra oscura, incognoscible que, sin embargo, se puede estimar de varias formas, por ejemplo, entre los casos registrados y las encuestas victimológicas. A partir de ahí se construye un indicador: el porcentaje de registros en relación con las víctimas, o su inverso, la parte de la sombra. Este indicador es muy variable, pero se sabe, por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (envipe), que la cifra oscura se ha mantenido en un rango entre 91.6 y 93.8 por ciento durante el periodo de 2010 a 2017, lo cual significa que durante el lapso referido nueve de cada diez delitos no fueron denunciados ante el Ministerio Público o no se inició una averiguación previa.⁶

Si se pudiera utilizar este índice, la desaparición de personas en México alcanzaría 700 000 casos en el límite superior del rango. Un número escalofriante. El problema sería mayor si a la baja tasa de denuncia se suman las desapariciones de migrantes. Los colectivos de madres centroamericanas han puesto en evidencia esta cuestión. Aunque nadie sabe el número de algo que apenas se reconoce, el Movimiento Migrante Mesoamericano afirma que son más de 70 000.⁷

La paradoja de la desaparición

Los subregistros no son solo engaños, montos maquillados y recortados por los hacedores de políticas y estadísticas; son algo peor, son constitutivos de la desaparición y de toda la estadística criminógena. Cada registro implica una delicada tarea operativa, conceptual y, sobre todo, política.

Al momento de levantar una denuncia, de procesarla, de subirla a las bases de datos, de transmitirla, se efectúa una serie muy compleja de decisiones inmediatas: ¿dónde asentarla?, ¿cómo?, ¿está bien registrada, los datos corresponden, el género es el correcto, están las circunstancias, cómo se escriben? Estas decisiones minúsculas entran en el proceso de trabajo burocrático cotidiano, en el que se dan todas las triquiñuelas oficinescas: las pérdidas de papeles, los cambios de nombre, la reclasificación de delitos, ¡la expulsión de los registros!, toda esa maraña de escritorio, de malos manejos y peores prácticas, todas esas formas —conscientes y no— del borrado, del trucaje, son propias del circuito burocrático-político de la desaparición. Un ejemplo paradigmático:

La noche del 5 de noviembre de 2004, la joven estudiante Silvia Stephany Sánchez, Fanny, como la llamaba su familia, desapareció en las calles de Torreón, Coahuila.

Lo último que se vio de ella fue su mochila rosa con forma de conejo. Caminaba de prisa para alcanzar el autobús que la llevaría de regreso a su casa, pero nunca llegó.

A ella, dice la familia, presuntamente se la llevó Jesús Ramón Ruelas García, sobrino de Rodolfo García Vargas, el Rudy o el Licenciado.

Esto ocurrió la noche en que inauguraron el club Fox, un bar que era propiedad de Ruelas García.

Al sujeto, quien se encargaba de la contabilidad de Los Zetas en Laredo, Tamaulipas, lo asesinaron el 9 de julio de 2009 en la colonia San Juan de Aragón, Ciudad de México.

El caso de Fanny ha pasado por varias oficinas ministeriales, lo mismo la extinta Agencia Federal de Investigación, que la Subproduraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (

seido

), y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a nivel federal.

A nivel local, la policía de Coahuila también ha investigado el caso. Pero 13 años después, Fanny aún no ha regresado a su casa.

Las autoridades no tienen nada, no tienen ni idea. Nosotros hemos seguimos aportando información para que salga algo, los llevamos, pero es lo mismo, nos ha pasado lo que les pasa a todos… No hay nada, seguimos igual que hace 13 años, dicen sus familiares. Lo único claro es que Fanny no está en los registros del

rnped

. De acuerdo con la madre de la joven, la sacaron del registro bajo el argumento de que es una investigación por trata de personas.

"La

seido

me dijo que salió de la base porque estaban investigando el delito de trata. Y yo les digo: ya lo saben, ya lo confirmaron, ya confirmaron que está en trata, entonces, ¿dónde está mi hija?", cuestiona.

Si ya se está diciendo que es trata, entonces cuál es la línea a seguir. Y si fuera así, que esté en esa condición, eso no impide que esté desaparecida. Desde el momento en que ella no está en su casa, ella sigue siendo una persona desaparecida. Nadie la ha visto, nadie nos ha podido decir nada de ella.⁸

Eso sucede todos los días. De este modo o de otros. Las oficinas, los registros, las comisiones, las procuradurías son un matorral inextricable de técnicas y tácticas en las que también se puede difuminar el rastro de las personas; por eso se dice que la desaparición forzada es un problema inconmensurable, en su misma definición, en su constitución y en su práctica; las cifras son solo las señales de que algo muy grave ocurre en los zócalos de lo social, algo que no alcanza a verse en toda su magnitud, pero que ahí está, y aparece solo cuando se denuncia, cuando se muestran con crudeza las experiencias de una realidad inaguantable: cuando se convierte en problema de la polis: en un problema político.

Una y otra vez se ha dicho: las estadísticas son falsas, tienen muchos subregistros; por eso mismo hay que denunciar, hay que impedir que la desaparición se realice, porque solo se logra cuando borra la existencia del desaparecido. Esa es la paradoja inherente a la desaparición: tiene éxito cuando no se denuncia, cuando nadie reclama a un desaparecido, cuando se difumina su recuerdo y se pone en entredicho su misma existencia; por el contrario, cuando se registra el momento de su aprehensión, cuando se tienen datos de su detención, de su trayecto, de quienes se lo llevaron, de dónde la tuvieron, de sus responsables, la desaparición física tiene lugar, sin duda, pero no la desaparición política, pues se convierte en querella, en demanda, en motivo de lucha. Y eso mismo puede impedir que la desaparición se logre; puede hacer que se malogre la desaparición, que se regrese al desaparecido.

Vale la pena insistir: el registro de una desaparición es el inicio del fracaso del poder, de quienes detuvieron a la víctima, de quienes se la llevaron, de quienes intentaron borrar su rastro en el mundo y se les regresa como consigna, como demanda, como bandera.⁹ Esa es la primera cuestión a atender: no solo la magnitud del problema, sino todas las tácticas, todos los subterfugios, todas las vallas que hay que superar para realizar una denuncia, para lograr un reconocimiento, para exigir la búsqueda y presentación con vida de las personas desaparecidas.

El trayecto conceptual

Ahora tenemos cifras sobre las que podemos discrepar, discutir o afinar; tenemos registros que son objeto de debate, estudio y perfeccionamiento; tenemos conceptos, legislación, organismos, comisiones y una suerte de consenso virtual para prevenir, buscar y atender a las personas víctimas directas y a las indirectas de la desaparición forzada. Son fundamentos jurídicos, organizativos e institucionales: de ahí en adelante, los problemas son de implementación, diseño y evaluación. Como todas las políticas públicas; con sus particularidades, sin duda, pero como todas las políticas. Al menos eso es lo que dice su diseño institucional.

No siempre fue así. De hecho, no fue así como se inició todo esto. Por el contrario, a mediados de los años setenta, en México, como en muchos lugares de América Latina y del mundo, desaparecían personas sin dejar rastro, sin saber su rumbo o su destino; era una práctica que se conocía entre familiares, se padecía en ciertas comunidades o regiones, pero siempre a sottovoce; no hay que olvidarlo, el silencio, la secrecía, el desconocimiento y la falsedad siempre han sido partes consustanciales de la tecnología de la desaparición forzada.

Así fue hasta que de la impotencia y la indignación familar, se pasó a la congregación, a compartir historias y experiencias; luego a gritar, como todos los inicios de las resistencias. Siempre empiezan con un grito, con una denuncia, con una llamarada. Es lo que hicieron los distintos colectivos de madres, hijas y compañeras de desaparecidos; las que insertaron su lucha dentro de las demandas de cese a la represión, de libertad a los presos políticos y a los perseguidos; se trata de una historia que todavía no conocemos más que en sus aspectos generales, pero que valdría la pena reconstruir todo ese trabajo molecular de organización de las resistencias, de creación de colectivos y modos de integración molar; todo ese trabajo que va de los comités locales al Comité Eureka, por ejemplo, o a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), de sus ligas nacionales e internacionales, de sus conflictos y sus grandes logros.¹⁰

Es un trabajo fundamental para comprender cómo una práctica que se había vuelto frecuente y luego sistemática a mediados de los años setenta, empezo a denunciarse, a nombrarse y relacionarse con otras experiencias similares, nacionales e internacionales. Es lo que lograron los colectivos; su primer triunfo fue conceptual: identificar, reconstruir, nombrar esa práctica elusiva. Al inicio la pensaron como una forma del secuestro, para marcar la privación de la libertad; más tarde destacaron el momento de la detención y luego la desaparición de sus huellas, entonces la llamaron detención-desaparición; con este concepto se elaboraron los registros del Comité Eureka; luego, cuando las denuncias internacionales llegaron a la Organización de las Naciones Unidas (onu) y se formaron grupos de expertos,¹¹ se tipificó como desaparición forzada, a partir de entonces así se conoce, con ese concepto empezaron los procesos de institucionalización (la creación de una definición compartida, grupos de trabajo y comisiones ad hoc); más tarde declaraciones, acuerdos y demás formas jurídico-administrativas, hasta llegar, en México, a los tipos penales, leyes específicas, organismos, presupuestos, registros, burocracias y todas las modalidades de acción pública al respecto.

El 18 de diciembre de 1992, la Asamblea General de la onu aprobó una Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; en el tercer considerando se encuentra una definición del término:

en muchos países, con frecuencia de manera persistente, se produzcan desapariciones forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.¹²

Los elementos básicos de la definición están muy claros y no han cambiado desde entonces: detención contra la voluntad de las personas; privación de la libertad, por parte de agentes gubernamentales o grupos organizados apoyados directa o indirectamente por el gobierno; negativa a revelar la suerte o el paradero de las personas; en otras palabras, la desaparición forzada implica el arresto, la detención, por parte de agentes del Estado o por grupos que cuentan con su apoyo, consentimiento o negativa a proporcionar el paradero de las personas detenidas.

La misma onu identifica el conjunto de violaciones a los derechos humanos que esto implica, y han sido la base para el tratamiento del tema por parte de los Estados miembros, de las legislaciones nacionales, las comisiones de derechos humanos y la gestión nacional e internacional del problema de las desapariciones forzadas.

En el caso mexicano, en 2017 se promulgó la última Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, donde se desarrollan algunos aspectos conceptuales importantes para el caso nacional. El artículo 4, fracción XV, entiende como Persona Desaparecida: a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausensia se relaciona con la comisión de un delito, y como Persona No Localiza: a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito.

Un largo trayecto conceptual de poco más de treinta años: de una práctica desconocida, a un grupo de trabajo que investiga y proporciona la primera definición de la desaparición forzada; luego, una declaración internacional, tipos penales y un desarrollo particular, al diferenciar la desaparición forzada de la cometida por particulares, así como los delitos y responsabilidades vinculados a la desaparición de personas.

Las ondas largas

Hoy se hacen historias de la desaparición forzada que empiezan en cualquier momento. En la revolución de 1910, en los años cuarenta, cincuenta o sesenta del siglo xx; o mucho antes, esto nos llevaría a un viejo debate entre el realismo y el nominalismo. Un debate superado, sobre todo cuando se considera que la desaparición forzada, como concepto, surge una vez que se denuncia y se reconoce como problema político. En México, como en otras partes de América Latina, esto se hace a mediados de los años setenta, con los colectivos que demandaban la presentación con vida de los y las desaparecidas.

Los registros de las víctimas de desaparición, que fueron elaborados por el Comité Eureka y Afadem, más tarde acumulados, valorados, expurgados y reconocidos por diferentes instancias del gobierno y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), son las fuentes materiales de un problema político. A partir de ahí se pueden trazar las coordenadas de la desaparición forzada. En otras palabras, la historia de la desaparición no es la historia de las oficinas ni las agencias desaparecedoras, sino la historia de las víctimas directas e indirectas de la desaparición; es a partir de ellas como se descubre una práctica, como se arma y denuncia una tecnología; es a partir de ellas como se producen conceptos, instituciones, organismos y conversaciones.

Con esta perspectiva se pueden identificar dos grandes periodos, dos grandes ondas de la desaparición forzada en México, a la manera como son estudiadas en la economía y la política.¹³ La primera onda va de 1969, fecha del caso índice, hasta 1990.¹⁴ Podría decirse que va desde la lucha contra la guerrilla rural de fines de los años sesenta hasta las derivas del fraude electoral de 1988. En una leyenda urbana se atribuye a Salinas de Gortari la frase: cuesta más un desaparecido que un muerto; tal vez por eso en su sexenio fueron asesinados cerca de 300 perredistas, muchos campesinos y luchadores sociales, también políticos de gran renombre.¹⁵ Quizá el dicho sea falso; lo cierto son las víctimas y sus circunstancias.

A partir de 1991, las desapariciones empiezan otra vez de manera incidental.¹⁶ Once ese año, diez el siguiente, once en 1993, trece en 1994, dieciocho en 1995;¹⁷ sin embargo, desde 1996 son frecuentes, 22 ese año, 28 en 1998, 24 en 1999, 43 en el año 2000. Desde esa fecha, las desapariciones fueron creciendo de manera continua, y se aceleraron entre 2006 y 2007, cuando se pasa de 227 a 973, ¡más de 400 por ciento en doce meses! En adelante, las desapariciones por año se cuentan por miles; entre 2015 y 2017 otra vez se doblan las tasas, hasta llegar a 2019, cuando se registraron 8 928 personas desaparecidas. En el primer año de la pandemia de covid-19, los reportes de desapariciones disminuyeron a 5 197 hombres, 1 621 mujeres y 24 casos en los que no se especifica el género. Hasta el 15 de septiembre de 2021 los casos para lo que va del año son 3 092.

La cuestión a resaltar puede resumirse del siguiente modo:

1. La primera onda de la desaparición forzada comienza en 1969 y termina en 1990; el ciclo ascendente va de 1971 a 1974 cuando alcanza el punto máximo, a partir de entonces empiezan a disminuir paulatinamente.

2. En 1991 empieza otra onda, con un crecimiento sostenido, pero pausado, hasta 2005-2007, cuando se acelera.

3. Entre 2010 y 2015 se da una suerte de meseta, con niveles muy altos de incidencia anual.

4. De 2016 a 2019 comienza otra fase acelerada, hasta alcanzar el mayor monto anual de la historia; los dos años de la pandemia han visto reducidos los casos, pero por su particularidad no pueden considerarse propiamente una tendencia.

El problema con los datos agregados es que homogeneizan todo con un solo indicador, el número; pueden servir de referencia inicial, pero nada más; lo cierto es que tras el número se encuentran condiciones particulares que hay que develar; prácticas, agencias, circunstancias que deben establecerse para comprender las tendencias y no igualar lo que podría ser distinto.¹⁸

Además, sabemos que el surgimiento de la desaparición forzada en México se produjo en la lucha contrainsurgente en el estado de Guerrero y que progresivamente fue utilizada contra la guerrilla urbana, las luchas populares y los adversarios político-ideológicos de un gobierno populista. Más tarde se puso a disposición de todas las agencias que enfrentaban demandas populares y movimientos sociales. La mayoría de los casos que van de 1969 a 1990 se adaptan a este modelo, lo que podría considerarse la primera onda larga de la desaparición forzada en México; sin embargo, ¿puede aplicarse también a la segunda onda, esa que se inicia en la segunda mitad de los años noventa, pero se sostiene y acelera en los gobiernos de la llamada transición democrática, la restauración priísta y lo que va de la IV Transformación Nacional?

En la primera onda, en todas las fases intervienen agencias, personajes y organismos del Estado, desde las policías hasta los responsables de inteligencia, los jueces, los políticos y los burócratas; desde los que identifican, los que aprehenden, los que detienen y toda la parafernalia desaparecedora responde a diferentes personajes y flujos pragmáticos del Estado; ¿en la segunda onda también?

La dinámica de la primera onda estuvo asociada a las mutaciones en el campo reprimible; ¿en la segunda también? ¿Desaparecen los peligrosos para el gobierno o no solamente ellos? ¿Quiénes son los de antes y quiénes los de ahora? ¿Se trata de los mismos procesos, del mismo procedimiento, de las mismas agencias, las mismas tácticas, las mismas estrategias? ¿Los mismos motivos? ¿Los mismos efectos? ¿Cuáles son las fuerzas que incrementan, sostienen y aceleran la desaparición en la segunda oleada? ¿Cuál es su morfodinámica, sus elementos constitutivos, sus agencias? ¿De qué modo se ha gestionado? ¿Cómo se ha resistido? ¿Qué innovaciones administrativas, jurídicas y organizativas ha ocasionado?

En suma: se trata de analizar el surgimiento y desarrollo de las dos ondas largas de la desaparición forzada en México, la que va de fines de los años sesenta hasta 1990 y la que comienza en 1991-1992 y continúa hasta la fecha.

Lecturas

En los estudios sobre la desaparición forzada en México, que se han multiplicado en el último lustro, la mayoría de las veces se pasa desapercibida la continuidad o ruptura de las desapariciones desde los años sesenta hasta la actualidad. Son pocos quienes las refieren explícitamente, pero a fines de los años noventa ya se escuchaban voces y se escribía sobre el tema. Como suele suceder, son los reporteros y periodistas quienes rastrean los casos y encuentran investigaciones y posturas que dan a conocer. En 2002, Alberto Nájar recuperó un estudio del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos (Cefprodhac), Desapariciones, secuestros y ejecuciones en la frontera de Tamaulipas en el año 2000 para interrogar a Rosario Ibarra y al presidente del Cefprodhac, Arturo Solís. Doña Rosario lo dice claramente:

Ahora proliferan casos de personas que desaparecen y lo primero que dicen es que es narco, ha de ser ratero… Sea lo que sea, el delito o crimen que haya cometido, no tienen por qué desaparecerlo, para eso están la ley, las garantías constitucionales. Son seres humanos […] no es admisible que se archiven las investigaciones de estos desaparecidos con el argumento de que están relacionados con el narcotráfico.¹⁹

Arturo Solís señala: si pudieran contarse todas las desapariciones por el narcotráfico que han ocurrido en el país durante la última década […] probablemente sean más que las de la guerra sucia de los setentas. Otro investigador, de El Colegio de la Frontera Norte, fue más enfático: Parecerá una exageración, pero los que se rasgan las vestiduras por los desaparecidos del 68 —y está bien que lo hagan, yo los apoyo— deberían fijarse en estas cosas, que también reclamen y con más fuerza por lo que está ocurriendo ahorita.²⁰

Desde entonces se establecieron rupturas y continuidades en las desapariciones de la guerra sucia y de la guerra con el narcotráfico,²¹ mucho antes de la de Felipe Calderón. En Historia de la desaparición (2012), al analizar la dinámica morfológica de las desapariciones posteriores a los años noventa, advertimos una nueva forma, a la que llamamos virtual, en la que se modifican las víctimas, los perpetradores, las razones y la jerarquía de los circuitos del proceso desaparecedor. Las fases de los circuitos de la desaparición podrán ser las mismas, pero los agentes no, tampoco la noción de peligrosidad; desde ese momento cualquiera puede desaparecer, por parte de cualquier persona; el riesgo se vuelve inmanente a las relaciones sociales.

En 2013, Víctor M. Quintana S. publicó un capítulo en el libro Chihuahua hoy, en el que periodiza la evolución de las desapariciones forzadas en Chihuahua, a partir de dos oleadas.²² Se trata de un texto importante; quizá sea la primera vez que se utilice la perspectiva de las ondas para estudiar el desarrollo de la desaparición forzada, esta vez en una perspectiva regional y de ciclos cortos; la relación con la onda previa no es explícita, sino en los antecedentes generales; la recopilación de fuentes hemerográficas da un panorama general del problema y sus referencias a los colectivos quizá sea la parte más importante.

El libro de Federico Mastrogiovanni se sumó a quienes hablan de un nuevo tipo de desapariciones en el presente siglo.²³ El corte temporal lo realiza a partir de 2007, es decir, al inicio de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón tras las denuncias de un fraude monumental en las elecciones de 2006. Esto es problemático, las referencias históricas dicen otra cosa; pero Federico niega la casualidad de las desapariciones y recoge casos, experiencias y, sobre todo, interpretaciones de los colectivos en lucha, para elaborar su tesis de que la desaparición forzada es una estrategia violenta para proteger intereses geopolíticos y económicos, en particular los vinculados al gas shale en los estados del noreste, también a la minería y todas las formas del extractivismo; aunque también reconoce una continuidad con la Guerra Sucia de los años setenta, para eliminar a personas que pertenecen a movimientos sociales, líderes comunitarios que se oponen a los megaproyectos, activistas que organizan al pueblo contra la explotación de su tierra y periodistas incómodos.²⁴

La aportación de Mastrogiovanni es significativa, da voz a las interpretaciones y a las vivencias de familiares, compañeros y asociaciones de víctimas indirectas de la desaparición forzada; identifica, además, la continuidad y la diferencia entre las desapariciones del siglo xx y las del xxi; sin embargo, la metodología casuística y el modelo de reportaje sobregeneralizan las explicaciones, dejan de lado otras modalidades de la desaparición, otras víctimas, otras vivencias y otras luchas, que demandan visibilidad y reclaman estatuto epistémico y político.

En Ayotzinapa, la rabia y la esperanza (2015), las características esenciales de la nueva forma de la desaparición quedaron expuestas, además fueron analizadas y denunciadas por la multitud en las consignas Fue el Estado, Ya me cansé y Que se vayan todos;²⁵ a pesar de que ese caso es paradigmático de la importancia del circuito burocrático en las desapariciones, no advertimos explícitamente la periodización en la historia de la desaparición forzada.

Karina Ansolabehere, Barbara Frey y Leigh Payne reconocen dos olas —así las llaman— en la historia de la desaparición forzada en Mexico:

Luego de las desapariciones de los opositores políticos de izquierda durante los gobiernos autoritarios en las décadas de 1960 y 1970, en los últimos años se observa una nueva ola de desapariciones. En este último caso, el contexto es el incremento de la violencia producto de la actividad criminal, específicamente el crimen organizado.²⁶

Aunque las características de una ola y otra están subsumidas en explicaciones de corte general y no sistemáticas, como oposición de izquierda y actividad criminal, también establecen la ruptura y la continuidad entre las ondas; sin identificar ni cortes temporales, ni elementos dinamizadores, menos aún multiplicidades.

En una contribución reciente, Spigno y Zamora estudian la evolución de la desaparición forzada a la luz de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vale la pena citarles in extenso para reconocer sus aportaciones:

En México, la desaparición forzada de personas se ha ido desarrollando y evolucionando desde la que se puede definir como concepción tradicional, hacia una práctica con características y objetivos nuevos. Las desapariciones de la guerra sucia, donde agentes del Estado detienen y luego desaparecen a personas disidentes o incómodas para el gobierno, se quedaron en el olvido por mucho tiempo. No fue sino hasta muchos años después que las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante este momento fueron conocidas por gran parte de la sociedad mexicana, sin que a la fecha existan cifras claras y precisas sobre el número de personas desaparecidas en esta oscura fase de la historia de México.

La década de 1990 trae consigo nuevas características del fenómeno: la desaparición de personas afecta a las mujeres. México se convierte en un Estado incapaz de cumplir con su deber de garantía y de prevención previsto en el artículo 1.1. de la Convención Americana. Ya no es el Estado quien, de manera directa, a través de sus agentes, cometía las desapariciones, sino que estas eran mayormente realizadas por particulares, pero en un contexto, si no de complicidad, sí de aquiescencia por parte de las autoridades. Finalmente, la militarización del país, como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico, introdujo nuevos rasgos distintivos a la desaparición forzada de personas. Actualmente, gran parte de las desapariciones forzadas se han cometido en un contexto de intervención de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, como medida de combate a los grupos delincuenciales. Este contexto ha facilitado la confusión y la poca claridad en las razones que originan este crimen, así como sobre los autores que lo cometen, pues tanto las organizaciones criminales como en muchos casos los agentes del Estado han aprovechado dicha confusión para desaparecer personas, lo que hoy en día mantiene al país en una grave crisis humanitaria. Es decir, en la mayoría de los casos ocurridos en esta fase, se desconoce si los autores son agentes del Estado, o bien particulares que cometen las desapariciones con autorización o aquiescencia de las autoridades.²⁷

Lo relevante es incorporar la desaparición de mujeres como una de las características de la nueva etapa de las desapariciones forzadas, lo que habían hecho también la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh),²⁸ Víctor Quintana,²⁹ la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,³⁰ Amnistía Internacional, feministas e investigadoras de la Frontera Norte y en documentales, reportajes y libros, como El silencio que la voz de todas quiebra³¹ y el de Diana Washington,³² así como las desapariciones propias de la guerra del narcotráfico, algo sobre lo que habían llamado la atención Quintana, José Reveles, Nájar y otros periodistas.

El problema es que no se atienden las particularidades ni la multitud de campos específicos de desaparición. El más claro es el de los levantones, una modalidad de la desaparición previa a la guerra con el narcotráfico; una modalidad que surge en el mismo campo de las industrias criminales, a partir de la sinergia entre los cuerpos de seguridad estatales y los intereses geoestratégicos de estas industrias.

Quizá sean los colectivos quienes han identificado mejor las características de la segunda onda de las desapariciones forzadas. Así lo dice Juan López, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (fundem):

a diferencia de los casos de desaparición forzada típicos —como los de la Guerra Sucia— en los que claramente el Estado mexicano va por las personas opositoras al régimen, "ahora se están llevando a todo el mundo. Refiere, asimismo, que para los últimos seis o siete años, en un contexto de sinergia y descomposición generalizada",

fundem

ha identificado al menos tres vertientes de desapariciones forzadas: aquellas en que la delincuencia organizada desaparece a la persona; en las que las estructuras del Estado hacen lo propio y luego entregan a las víctimas a los grupos criminales; y en las que la autoridad conoce quién, cómo, cuándo, dónde y para qué fue desaparecida la víctima.³³

Herramientas

A menudo, los análisis de la desaparición forzada se inician con una definición jurídica; específicamente con el tipo penal, tal como aparece en el artículo 27 de la Ley General:

Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

El 29 añade la responsabilidad a la cadena de mando: Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable.

El 34 define otro tipo de desaparición: Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

En el capítulo V se encuentran otros delitos relacionados con la desaparición de personas. El 37: A quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito, se le impondrá pena de quince a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días multa.

El 38 extiende la responsabilidad de la desaparición:

Se impondrá pena de dos a cinco años de prisión, de cien a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la búsqueda de Personas Desaparecidas o de la investigación de los delitos establecidos en los artículos 27, 28, 31, 34 y 35 de la Ley a cualquier mueble o inmueble de las instituciones públicas.

Y según el 39,

Se impondrá pena de dos a siete años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de búsqueda e investigación a que se refiere el artículo anterior.

Los elementos están identificados: privación de la libertad, por parte de agentes del Estado o por particulares que cuenten con su apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a proporcionar información de su paradero. El dispositivo jurídico se robustece con los artículos relacionados a la participación de particulares y de los servidores públicos que entorpecen la búsqueda y localización.

Este tipo de abordaje jurídico-administrativo tiene dificultades. Quizá la mayor sea ontológica. La definición penal traduce un modo de regulación del problema; así, es posible identificar la violación a la ley y asignar una pena. Esto produce responsabilidad y castigo al victimario. Muy bien, pero hay algunas dificultades para comprender la dinámica de la desaparición a partir de esto. Se considera como un acto, como una acción que lleva consigo el destino. Es un efecto de los análisis ex post facto. Como se conoce el desenlace, entonces el acto inicial parece llevarlo consigo, la linealidad se asume por descontada; sin embargo, la historia efectiva muestra otras cosas. En realidad, la desaparición es un proceso; un conjunto de acciones que se van ensamblando de manera agonista y contingente. Para entender eso hay que romper drásticamente con la linealidad implícita de las definiciones jurídico-administrativas, muy focalizadas en la acción individual del victimario, y sobre todo en algunas fases del proceso desaparecedor, frecuentemente la aprehensión y la detención.

En algunos textos anteriores desarrollamos varias aproximaciones teóricas y metodológicas para estudiar la desaparición, alejadas de los modelos parciales, deterministas y lineales.³⁴ Surgen del análisis de las demandas y denuncias de los colectivos, del modo como son armados los registros, de su trayectoria y de las respuestas gubernamentales. Se trata de una teorización in situ, fundamentada en las acciones de las resistencias. Como dice Deleuze: la teoría es el sistema regional de una lucha.³⁵

Menos que una teoría, se trata de una analítica de la desaparición forzada. Resulta de las experiencias, las reflexiones y los registros de los colectivos en resistencia. A partir de ellos puede redefinirse la desaparición forzada como un conjunto de acciones, técnicas, procedimientos, saberes e instituciones que tiene como propósito detener a una persona y borrarla de los circuitos políticos, económicos y vitales, realizada por agentes del Estado, o protegidos por ellos, que niegan su participación, esconden, confunden, suprimen o entorpecen la búsqueda y el destino de las víctimas.

Una definición de este tipo tiene consecuencias: hay que entender que se trata de una tecnología racional, lo que significa que es un conjunto de técnicas y discursos orientados, hacia un fin: desaparecer a una persona; lo que a su vez implica varias fases y procedimientos, desde identificar a la persona, perseguirla, buscarla, aprehenderla y detenerla, hasta borrar su rastros. Se trata de un conjunto de acciones que se van ensamblando y organizando de manera azarosa, que se modifican según las circunstancias y las condiciones.

No es un acto, como señalamos antes, sino un proceso inestable e incierto que, sin embargo, se va tejiendo por una miríada de decisiones tácticas y estratégicas, en el que intervienen múltiples agencias y distintos personajes, que van articulando distintos modos de coordinación y decisión jerárquica en varias fases de desarrollo. En ese sentido, la analítica de la desaparición acentúa seis cuestiones: la desaparición forzada como un proceso con fases de articulación inestables; en el que participan múltiples agencias y personajes; que se puede descomponer en circuitos distintos; se desarrolla por lo que hemos llamado morfodinámica de campos; y se manifiesta de múltiples formas.

Las fases del proceso desaparecedor

Desde el primer registro, el de Epifanio Avilés Rojas, se pueden identificar las distintas etapas por las que atravesó su desaparición:

Identificación — Búsqueda — Aprehensión — Detención — Desaparición

I ~ B ~ A ~ D ~ Des

La I es todo el trabajo previo de identificación de un sujeto peligroso, que implica un riesgo en un campo particular determinado. En el caso de Epifanio era un militante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (acnr) acusado del robo a un banco. B, son las labores de investigación y búsqueda de su paradero, lo que implica la reticulación de sus deplazamientos, horarios, relaciones e interacciones. A, las acciones para aprehenderlo, la coordinación de agencias, la planeación y organización, el diseño de alternativas, la delimitación de responsabilidades, entre otras. D, es la detención, las técnicas, tácticas, instrumentos, mecanismos, personajes, objetivos, que intervienen en el sujeto aprehendido. Des implica una serie de decisiones políticas, por ejemplo, de investigar o no, pero también de crear narrativas alternas, de mentiras, de negativas, de borraduras, de traspapeleos, de procedimientos burocráticos para cambiar el delito, cambiar el nombre, cambiar el género, la fecha, el lugar, con el propósito de crear incertidumbre, de producir zozobra y de dificultar la búsqueda y la localización de la víctima.

El signo ~ indica la no linealidad, la indeterminación inmanente al proceso desaparecedor. No todos los aprehendidos desaparecen, no todos los detenidos desaparecen. Tampoco todos los identificados son perseguidos o aprehendidos, y es posible que algunos aprehendidos sean inmediatamente desaparecidos sin ser detenidos; el proceso es inestable y el desenlace obedece a diferentes circunstancias y condiciones, la mayoría de las veces indescifrable.

Los circuitos de la desaparición

Las fases de la desaparición forzada son complejos de saberes, procedimientos, técnicas y agentes. Todas tienen su función y sus sujetos, sus técnicas y sus procedimientos; se van enlazando por agentes, decisiones y estrategias. De este modo se pueden distinguir dos circuitos distintos según su función y su articulación táctica. El circuito I, lo llamamos policiaco-militar, implica las labores de inteligencia, rastreo, coordinación operativa, asalto y detención, se identifica claramente por los agentes participantes, que son miembros de agencias de seguridad y de las fuerzas armadas, su función es identificar a los sujetos peligrosos, perseguirlos, aprehenderlos y detenerlos.

Circuito I: policiaco-militar: I ~ B ~ A ~ D ~

Las decisiones sobre tiempos, espacios, gradaciones, jerarquías y demás se toman tácticamente, es decir, antes y después de los flujos de acciones: las contingencias se resuelven directamente por los mandos inmediatos e intermedios.

Circuito II: burocrático-político: D ~ Des

Es una multiplicidad de decisiones ensambladas teleológicamente: el borrado de huellas, la negativa de la desaparición, la desacreditación de la denuncia, la prórroga de la atención, la confusión burocrática, los errores administrativos, la confusión, la invención de explicaciones alternas, la mentira y el cinismo, la negativa, todas las modalidades de la revictimización, el uso exacerbado del poder del locutor, toda la parafernalia menuda de las oficinas que confunden nombres, géneros, lugares, que alargan tiempo; engarzada con la verborrea de los políticos que prometen, que mienten en la cara o que se burlan; también las prácticas de escritorio de quienes se rehúsan a levantar la demanda, que la reclasifican, que esconden los documentos o los pierden; todas esas prácticas burocráticas y políticas que conribuyen, que son parte esencial de la desaparición efectiva, y que se encuentran alejadas de los operativos militares y policiacos, pero que se enlazan con ellos para convertir a un detenido en un desaparecido.

Sin embargo, quizá sea el circuito II el que define la desaparición forzada más propiamente; la secuencia inicial la comparte con muchas técnicas represivas; desde el encarcelamiento hasta los asesinatos todas transitan de distinta manera por el I ~ B ~ A ~ D ~ …; la desaparición consiste en negar que se aprehendió y se detuvo a alguien, en borrar sus huellas, en confundir sus rastros, en impedir que se registre, en mentir, mentir y mentir; esa es la tarea de burócratas y políticos, esa es la especificidad técnica y política de la desaparición.

Dinámica de campos

El desarrollo de la desaparición forzada se da por modificaciones desiguales y combinadas en las técnicas, las agencias y, sobre todo, los campos reprimibles; lo que implica alteraciones en las nociones de riesgo y peligro. La tecnología desaparecedora se expande geográfica y políticamente al crear y ensamblar distintos campos, al redefinir las funciones y los objetivos, al rediseñar la distribución de acciones entre agencias y sujetos participantes, al jerarquizar sus funciones y responsabilidades.

La morfodinámica de la desaparición forzada se da por alteraciones histórico-políticas que producen cambios sintácticos, técnicos, institucionales y conceptuales; no solo en las fases y los circuitos desaparecedores, sino en las agencias que intervienen, en los sujetos que se aprehenden, en las respuestas gubernamentales, en las configuraciones de los riesgos y los peligros.

A partir de estos registros se puede construir un conjunto de operadores para una analítica de la desaparición forzada, que pueda restituir tanto sus aspectos formales como su evolución histórica:

1. El campo de lo reprimible: un espacio político de interacciones situadas.

a) Conceptualizar el peligro

b) Geolocalizar los territorios peligrosos

c) Identificar sujetos, células u organismos peligrosos

2. Técnicas de la aprehensión

a) Ocupación del espacio, arrasamiento y control territorial

b) Identificación de los desplazamientos y de las relaciones

c) Operaciones quirúrgicas con participación multisectorial

d) Coordinación agonista de agencias estatales y paraestatales

3. Objetivos de la desaparición

a) Tamizar las resistencias

b) Propiciar el miedo

c) Delimitar los campos de protesta

d) Regular los comportamientos

Morfología

Como es evidente, los circuitos pueden mezclarse, alterarse, acelerarse o suprimir algunas fases, según sea la forma que asuma la desaparición.

La forma elemental, por ejemplo, suprime la D, para indicar los casos en que la desaparición es expedita: I ~ A ~ Des; prácticamente no se detiene, sino que se pasa directamente a la desaparición; en esos casos, el circuito burocrático-político es el más importante porque da pie a las múltiples hipótesis de lo que sucedió, o sencillamente niega la desaparición.

En la forma ampliada, I ~ B ~ A ~ D ~ Des, intervienen nuevos agentes, responsables de la detención, de los interrogatorios y la tortura. Aparecen los celadores, los carceleros, los guardias y custodios, los agentes de seguridad, los expertos en interrogatorios, los técnicos del dolor, los médicos y psicólogos encargados de mantener a los presos vivos y útiles; un arsenal de especialistas en las más diversas disciplinas, responsables de modular las sensaciones, quebrar las resistencias y obtener las confesiones necesarias para elaborar la cartografía de la insurgencia, las zonas de riesgo en las que habitan o circulan los individuos peligrosos. Junto a estas figuras de la represión se forma una nueva institución, que resguarda a los detenidos, un lugar opaco, secreto, que no aparece nunca como tal, que se encuentra subsumido en otras instituciones en las que no se puede ver: los centros de detención, los campos de concentración, las cárceles clandestinas, los sótanos de tortura, las oficinas de interrogación.

La forma general desarrollada: rastreo – aprehensión – detención – desaparición, morfológicamente no se distingue de la ampliada, la diferencia se da en el contenido de la Identificación, es decir, en el campo reprimible, que va de la guerrilla rural a la urbana —en la general simple, lo que implica el campo de todas las guerrillas—, pero en la desarrollada se trata de la conformación de nuevos campos reprimibles, ya no ubicados en la guerra insurgente, sino en la movilización social, por eso el término de rastreo, en lugar de la convencional identificación de los sujetos a desaparecer.

Por último, a principios de los años noventa se empieza a percibir una nueva forma a la que llamamos equivalente o virtual, en la que se modifica la sintaxis de la tecnología, así como los espacios de riesgo. La forma equivalente es una forma inmanente, que puede regresar a la forma elemental, porque en cualquier momento cualquiera puede desaparecer, ni siquiera es necesaria una confrontación, ni siquiera ser un peligro, basta que deambule en un territorio localizado, que tenga utilidad táctica o estratégica en el desenvolvimiento de prácticas económicas, políticas y sociales. La forma virtual anula, de hecho, la noción de peligro, de enfrentamiento o de agonismo, y es sustituida por la de aprovechamiento, ventaja táctica o estratégica.

La desaparición se virtualiza, se vuelve una tecnología neutra, cuando todo el mundo puede desaparecer, como han dicho los colectivos, sea por las agencias estatales, las fuerzas armadas, los guardias blancos, las industrias criminales o las bandas anómicas. Ocurre una

suerte de trivialización de la existencia, de inmanencia de la desaparición en cualquier juego estratégico: en un momento dado, cualquiera puede desaparecer, basta una sencilla detención para que nunca más se sepa de nosotros, y puede ser por un conflicto político, de negocios, criminal o personal. El Estado creó la práctica en una situación particular, luego la generalizó en los enfrentamientos políticos, y a través de ligas con algunos generales —hoy en prisión— el narco la retomó, el crimen organizado la generalizó y ya se encuentra disponible para toda la sociedad.³⁶

Fuentes

Ahora bien, una vez que contamos con algunas herramientas conceptuales, el problema es cómo reconstruir la evolución de una tecnología que solo puede descubrirse a partir de las denuncias de las víctimas, cuando los subregistros son inmanentes al proceso desaparecedor. Esta es una limitación fundamental, que en la primera onda pudo ser cubierta por la sistematicidad —aunque parquedad— de los registros del Comité Eureka y Afadem, porque lograron que se formaran organismos de derechos humanos, como la cndh, y agencias de procuración de justicia, como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que realizaron investigaciones con presupuesto y, en el caso de la primera, con profesionalidad, aunque sin olvidar su compromiso con los poderes públicos. La segunda es un caso proverbial de foxismo: incompetencia y corrupción; a pesar del trabajo admirable de muchos militantes e investigadores.

En los últimos años han aparecido muchísimos estudios sobre lo que se ha llamado la guerra sucia, sobre las organizaciones político-militares y sus militantes. Sus aportes son fundamentales para corregir datos, abundar informaciones, proporcionar materiales para comprender su lucha y los contextos de la desaparición forzada. Los textos de Fernando Pineda, Fritz Glockner, Alberto Ulloa Bornemann, Martha Maldonado, las historias de organizaciones político-militares, como las de Adela Cedillo sobre las Fuerzas de Liberación Nacional; las de Gustavo Hirales, Alejandro Peñaloza y Lucio Rangel sobre la Liga Comunista 23 de Septiembre; de Jesús Zamora, sobre las Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (frap); de Andrés Morales y Agustín Evangelista sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias (far); los estudios y compilaciones de Verónica Oikón y Martha Eugenia García sobre los movimientos armados en México; de Enrique Condés Lara; de Alberto López Limón sobre una figura legendaria de la guerrilla: David Jiménez Sarmiento; las crónicas de Hugo Esteve Díaz; los textos de Rodolfo Gamiño y de Jorge Mendoza; las investigaciones de Adela Cedillo sobre casos individuales; las de César Rodríguez Garavito y Meghan L. Morris sobre el activismo y la justicia; el de Carlos Fernando López de la Torre sobre los responsables de la desaparición de cientos de militantes; todas ellas y muchísimas más forman un corpus historiográfico indispensable para comprender la desaparición forzada de la primera onda larga, la que va de 1969 a 1990, y se sintetiza diciendo que son las desapariciones forzadas de la guerra sucia y sus resonancias.³⁷

En los últimos años se han abierto algunos archivos del Archivo General de la Nación (agn), con dificultades y tropiezos, con la vigilancia durante muchísimos años del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); algunos pueden pueden consultarse en línea, sin tener que enfrentar al guardián aquel que todo visitante de la galería 1 del agn conoció y padeció hasta el año de su muerte, en 2011; pero que dejó a sus seguidores y, sobre todo, su voluntad encubridora.³⁸ Esa es una fuente muy importante de consulta y estudio, sin olvidar que son los archivos de las agencias de seguridad, no documentos impolutos, menos aún referencias académicas, sino fichas del poder, acciones, narrativas e instrumentos del poder. Eso hay que tenerlo presente una y otra vez.³⁹

La cuestión se vuelve más difícil al estudiar la segunda onda larga de la desaparición. Si en la primera los casos son cientos, ahora son decenas de miles, con información dispersa, no sistematizada, sin datos públicos y con graves deficiencias en la organización, la presentación y el mismísimo registro de las denuncias. Nos faltan fichas y filiaciones; no tenemos las demandas, ni un registro sistemático y comprehensivo, con clasificaciones claras, con conceptos depurados; también hacen falta archivos continuos de los colectivos — que trabajan con tantas carencias y gran determinación.

Los casos son decenas de miles, muy pronto se llegará a los cien mil reconocidos, con todo el subregistro a cuestas; además, las desapariciones son tan diversas como las víctimas, las circunstancias, los campos en que se desarrollan, los desaparecedores y las agencias. Nada de esto sabríamos sin la labor valiente, arriesgada y meticulosa de periodistas, reporteros, fotógrafos, blogueros, internautas y, sobre todo, familiares, activistas, amigos, que frente a las agencias de la desaparición (estatales y criminales, mediáticas y políticas), han levantado la palabra, oral y escrita, las acciones, los sentimientos y los pensamientos. Difícil nombrarlos a todos y a todas a las que debemos las narraciones, experiencias, denuncias y noticias; los hay legendarios, como José Reveles, cuyo nombre se asocia a la historia de la primera desaparición en 1969; o más recientes, como Nájar, Villalpando, Ballinas, Aranda, Igartúa, Ruiz Parra, Franco, Juárez, Rodríguez, García Hernández, Zavaleta, Veledíaz, Ernst, Peterson y, de manera sobresaliente, al trabajo indispensable de mujeres periodistas, comprometidas hasta la vida misma, como Marcela Turati, Blanche Petrich, Fátima Monterrosa, Tania Mesa, Ana Lilia Pérez, Sanjuana Martínez, Daniela Rea, Gloria Leticia Díaz, Patricia Mayorga, Claudia Beltrán, Alejandra Guillén, Judith Correa y tantas otras.

Sin embargo, hay que proceder con calma, sabiendo de antemano que cualquier conjetura está en entredicho, que a lo más que se puede aspirar es a organizar la información y trazar algunas líneas de visibilidad, algunas líneas de enunciación, algunas hipótesis. De eso trata este texto, llamémoslo una indagación inestable, los prolegómenos para una interpretación de las ondas largas de la desaparición forzada en México, que no parta de las disquisiciones precedentes, tan localizadas como generalizantes, sino de las experiencias de la desaparición, que son los materiales propios de los senti-pensamientos; que tome partido, que escuche a las víctimas, a los familiares y los activistas, quienes han armado los expedientes, hecho las denuncias, organizado las resistencias, elaborado estrategias conceptuales y metodológicas; incluso, en una de sus grandes creaciones, tomado la búsqueda en sus manos; que para oprobio gubernamental sean las propias madres, padres, familias y activistas quienes se encarguen de organizar averiguaciones, diseñar mecanismos y procedimientos, emprender operativos, al mismo tiempo que continúan sus reclamos, sus acciones civiles y sociales. Es a partir de todo eso como se pueden trazar algunas hipótesis del desarrollo, expansión y profundización de las ondas largas de la desaparición forzada en México.

De ese modo tuvimos que organizar archivos con la información disponible en las páginas, los documentos y las denuncias de algunas decenas de asociaciones —siempre, pero siempre incompletas—, por años y por estados. También dispusimos un sistema de alertas de desapariciones, desapariciones forzadas, levantones y femidesapariciones en periódicos y revistas de todo el país; además, recuperamos las resoluciones y recomendaciones de la cndh y sus reportes anuales, los informes de Amnistía Internacional, los de Human Rights Watch —que son esenciales para el periodo 2006-2015—, las publicaciones del Centro de Estudios Fronterizos de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (Cefprodhac) y del Comité Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y, por supuesto, algunos libros, tesis, capítulos, artículos y reportajes que se han escrito sobre el tema en los últimos años.

Ante las dificultades para armar un registro alterno comprehensivo, como hicimos en Historia de la desaparición…, a partir de los archivos del Comité Eureka y otros colectivos, de los hallazgos de la cndh, de otros investigadores y nuestras propias pesquisas en los archivos de los organismos de seguridad, ahora es prácticamente imposible hacer un recuento pormenorizado de las desapariciones forzadas de este siglo, no solo por la inmensidad de casos, sino también por su heterogeneidad, por la diversidad de campos de desaparición, por los perfiles de las víctimas, por las características tan complejas de los contextos, los tiempos y los responsables de la desaparición. Por eso hay que proceder con prudencia, utilizar los materiales disponibles, reorganizarlos, rearmarlos e intentar desarrollar algunas figuraciones intelectivas. Nada más.

Composición

El libro se divide en una introducción, dos partes, siete capítulos, una discusión y un epílogo. La primera parte trata la onda larga que se inicia con el primer desaparecido en 1969 y termina alrededor de 1990. Esta onda se caracteriza por el surgimiento, desarrollo y declinación de la desaparición forzada como una tecnología represiva utilizada en la lucha contra la insurgencia armada en el campo y la ciudad, y también contra activistas de muy diversos campos. El capítulo uno revisa el surgimiento de la desaparición, sus características esenciales y su desarrollo en la contrainsurgencia rural. El segundo se detiene en el giro urbano de la desaparición forzada; el tercero, la dispersión geopolítica, para referir la expansión geográfica y política, cuando se utiliza en múltiples conflictos sociales locales.

La segunda parte estudia la onda larga que comienza alrededor de 1991-1992 y continúa hasta la fecha, proponiendo una periodización por inflexiones en la curva de incidencia anualizada. El capítulo cuarto analiza el nuevo impulso de las desapariciones, pero no solo por los números registrados, sino por las transformaciones en los campos de la desaparición, que desde ese momento demandan una