DERECHOS HUMANOS
Un dron sobrevuela El Parotal, en la sierra de Guerrero, a 40 minutos de la paradisíaca bahía de Zihuatanejo.
Mientras los agricultores apiñan su maíz en el monte y la gente se ocupa en sus labores cotidianas, la aeronave zumba en el aire y deja caer en picada un artefacto explosivo que revienta dentro de una casa.
Es sólo una manera en que grupos criminales esparcen terror entre la población, que no ve otra salida más que huir dejando todo atrás: tierra, muebles, animales… La vida entera.
En México se vive una disputa armada entre grupos de la delincuencia organizada por el territorio y las economías locales. Los narcotraficantes han extendido su poder a la imposición de cobros por la explotación de minas, maderas preciosas, productos agrícolas, tráfico de migrantes y otros productos, que les generan ganancias millonarias.
Aterrorizados por el creciente poderío bélico de estos grupos armados irregulares, cientos de miles de mexicanos se han visto obligados a huir de sus casas y esconderse en montañas, cerca de bosques o incluso en zonas urbanas marginadas en busca de seguridad. Es el resultado de una guerra que inició hace casi ya dos décadas en nombre del combate al narcotráfico y que se ha prolongado con la atomización de los grupos delictivos, pero sin que por muchos años se reconociera oficialmente la existencia de conflictos armados internos.
Tan sólo en 2023, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una organización no gubernamental que forma parteGuerrero, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Estado de México. Esto representa un aumento de 160% con relación a 2022, cuando se presentaron 25 eventos.
